viernes, 10 de julio de 2026

Recaudaciones de Aduanas crecen RD$3,290 MM durante el primer semestre de 2026


Recaudaciones de Aduanas crecen RD$3,290 MM durante el primer semestre de 2026

Los recaudos de junio representan un nivel de cumplimiento de un 100.9 %, equivalente a un superávit de RD$218 millones.

Santo Domingo, R.D. 9 de julio 2026. - La Dirección General de Aduanas (DGA) recaudó RD$129,236 millones durante el primer semestre de 2026, una cifra que implica un crecimiento de un 2.6 % y un aumento absoluto de RD$3,290 millones con relación a igual período del año pasado, a pesar de un escenario más retador por el impacto en el comercio exterior que han provocado las tensiones geopolíticas.

Durante el pasado junio, los ingresos de la DGA ascendieron a RD$24,162 millones, monto que representa un alza interanual de un 15.4 % al compararse con el mismo mes de 2025, equivalente a RD$3,225 millones adicionales.

Un hecho que debemos resaltar es que al realizar análisis encontramos el día de mayor recaudación de la historia, con RD$1,880.91 millones, superando el récord previo que era de RD$1,853.72 millones, alcanzado en el 2022.

El director de Aduanas, Nelson Arroyo, al referirse al balance positivo de los ingresos durante la primera mitad del año, declaró que este aumento en las recaudaciones de la entidad que dirige es producto del compromiso que asumimos de continuar impulsando iniciativas dirigidas a facilitar y agilizar el despacho de mercancías en los puertos y aeropuertos del país. Como muestra de ello, indicó que entre enero y junio de 2026 los contenedores importados bajo el régimen de consumo registraron un incremento de 1.5 % en comparación con el mismo período de 2025 que, aunque es una cifra moderada, fue lograda en medio de un contexto internacional adverso. 

“En este contexto, los resultados reflejan los esfuerzos de mejora en la gestión recaudadora y control aduanero, como las limitaciones impuestas por un entorno externo complejo que condicional desempeño del comercio exterior”, expresó el titular de la DGA.



Aduanas, comercio exterior y resiliencia fiscal: la señal de una economía que sigue avanzando

El crecimiento de RD$3,290 millones en las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas durante el primer semestre de 2026 no es solo un dato fiscal positivo; es una expresión de confianza, eficiencia institucional y capacidad de respuesta de la República Dominicana frente a un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, disrupciones logísticas y mayores desafíos para el comercio internacional.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

La Dirección General de Aduanas ha presentado un resultado que merece ser leído con profundidad estratégica, más allá de la cifra inmediata y del titular coyuntural. Recaudar RD$129,236 millones durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento de 2.6 % y un incremento absoluto de RD$3,290 millones respecto a igual período del año anterior, constituye una señal importante de fortaleza institucional, dinamismo económico y capacidad de gestión en medio de un escenario internacional que no ha sido favorable para el comercio exterior.

El dato adquiere mayor relevancia porque no se produce en un contexto de normalidad global. La economía mundial atraviesa una etapa de tensiones geopolíticas, reacomodos comerciales, costos logísticos cambiantes, conflictos regionales y presiones sobre las cadenas de suministro. En ese marco, el hecho de que la República Dominicana mantenga una evolución positiva en sus recaudaciones aduaneras indica que el país conserva una base económica activa, una estructura comercial funcional y una administración aduanera con capacidad para sostener resultados aun bajo condiciones externas complejas.

El desempeño de junio refuerza esa lectura. Los ingresos de la DGA ascendieron a RD$24,162 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 15.4 % frente al mismo mes de 2025, equivalente a RD$3,225 millones adicionales. Más aún, esos recaudos significaron un nivel de cumplimiento de 100.9 %, con un superávit de RD$218 millones. No se trata simplemente de haber recaudado más; se trata de haber cumplido y superado la meta en un período donde la incertidumbre internacional continúa afectando los flujos comerciales.

En materia fiscal, estos resultados son relevantes porque las recaudaciones aduaneras forman parte esencial de la sostenibilidad financiera del Estado. Cada peso captado con eficiencia fortalece la capacidad pública para financiar servicios, obras, infraestructura, seguridad, salud, educación y programas sociales. Pero el sentido moderno de una aduana no puede limitarse a recaudar. Una aduana del siglo XXI debe recaudar sin frenar, controlar sin entorpecer, fiscalizar sin paralizar y facilitar sin renunciar a la seguridad económica del país.

Ahí reside el valor estructural de estos resultados. Si la DGA logra mayores ingresos mientras impulsa iniciativas para facilitar y agilizar el despacho de mercancías en puertos y aeropuertos, entonces el país avanza hacia un modelo más inteligente de administración aduanera. La eficiencia ya no consiste únicamente en cobrar más, sino en reducir tiempos, simplificar procesos, fortalecer controles, mejorar la trazabilidad, cerrar brechas de evasión y ofrecer mayor previsibilidad a los operadores económicos.

El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, ha vinculado este crecimiento al compromiso institucional de continuar impulsando medidas dirigidas a facilitar y acelerar el despacho de mercancías. Esa visión resulta clave, porque en una economía abierta como la dominicana, cada demora logística tiene un costo, cada trámite innecesario resta competitividad y cada mejora operativa puede traducirse en más inversión, más comercio y mayor confianza.

También merece atención el incremento de 1.5 % en los contenedores importados bajo el régimen de consumo entre enero y junio de 2026, en comparación con igual período de 2025. Aunque se trata de una cifra moderada, su importancia se encuentra precisamente en el contexto en que se produce. Crecer, aunque sea de forma prudente, en medio de un ambiente internacional adverso, demuestra que la demanda interna mantiene señales de movimiento y que la economía dominicana continúa conectada con los circuitos del comercio regional y global.

Uno de los elementos más simbólicos del informe es el registro del día de mayor recaudación en la historia de la DGA, con RD$1,880.91 millones, superando el récord anterior de RD$1,853.72 millones, alcanzado en 2022. Este tipo de marca no debe verse solo como una anécdota estadística. Un récord diario de recaudación puede reflejar mayor eficiencia operativa, mejor control, mayor cumplimiento, más dinamismo comercial y una administración con capacidad para procesar volúmenes importantes de actividad económica.

Sin embargo, el éxito también impone nuevas responsabilidades. La República Dominicana no puede conformarse con buenos resultados semestrales. El reto es convertir la eficiencia recaudadora en una política sostenida de modernización aduanera, vinculada a la competitividad nacional, la seguridad fronteriza, la transparencia comercial y la atracción de inversiones. Las aduanas son hoy un punto neurálgico para el desarrollo: por ellas pasan mercancías, insumos productivos, bienes de consumo, materias primas, tecnología, medicamentos, alimentos y equipos esenciales para la economía.

Por eso, cuando Aduanas mejora, no solo mejora una institución; mejora el ecosistema productivo. Ganan los importadores formales, los exportadores, los consumidores, el Estado, los sectores industriales, las mipymes y los inversionistas que necesitan reglas claras, procesos ágiles y controles confiables. La competitividad de un país no se define únicamente por sus incentivos fiscales o su ubicación geográfica, sino también por la calidad de sus instituciones operativas.

La frase del titular de la DGA resume bien la dualidad del momento: los resultados reflejan tanto los esfuerzos de mejora en la gestión recaudadora y el control aduanero, como las limitaciones impuestas por un entorno externo complejo que condiciona el desempeño del comercio exterior. Esa lectura es madura y necesaria. No todo depende de la voluntad interna. Pero precisamente por eso, mientras más incierto sea el entorno global, más eficiente debe ser la respuesta nacional.

La República Dominicana tiene ante sí una oportunidad histórica: consolidarse como plataforma logística, comercial e industrial del Caribe. Para lograrlo, necesita una aduana moderna, tecnológica, transparente, interoperable y orientada al servicio. Las recaudaciones del primer semestre de 2026 muestran que se avanza en esa dirección, pero también recuerdan que la transformación debe ser permanente. En el comercio global, la eficiencia no es un lujo administrativo; es una condición de supervivencia competitiva.

El crecimiento de RD$3,290 millones en las recaudaciones de Aduanas no debe interpretarse únicamente como una victoria fiscal. Es una señal de que el país puede sostener resultados aun en tiempos difíciles; de que la institucionalidad aduanera tiene margen para seguir elevando su desempeño; y de que la economía dominicana continúa mostrando capacidad de adaptación frente a los vientos cruzados del escenario internacional.

En definitiva, una aduana que recauda más, facilita mejor y controla con mayor inteligencia no solo fortalece las finanzas públicas: contribuye a construir una República Dominicana más competitiva, más confiable y mejor preparada para insertarse con éxito en la economía global. Ahí está la verdadera dimensión de este balance: no en la cifra aislada, sino en lo que esa cifra revela sobre el presente y el futuro del país.

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

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Plan anticrisis: responsabilidad fiscal para proteger la estabilidad y el bolsillo dominicano


Plan anticrisis: responsabilidad fiscal para proteger la estabilidad y el bolsillo dominicano

Frente a una economía abierta, importadora y expuesta a choques internacionales, la Ley 30-26 no debe reducirse a una lectura alarmista sobre nuevos costos, sino entenderse como una respuesta preventiva para preservar la estabilidad macroeconómica, sostener la confianza, evitar más endeudamiento y fortalecer la capacidad del Estado para proteger a familias, empresas y sectores productivos.

El debate sobre el plan anticrisis del Gobierno dominicano exige serenidad, profundidad y responsabilidad pública. En tiempos de incertidumbre global, ninguna economía abierta puede darse el lujo de reaccionar tarde. La República Dominicana, por su alta dependencia de importaciones, combustibles, financiamiento externo, turismo, remesas, comercio internacional y estabilidad cambiaria, necesita instrumentos fiscales que le permitan anticiparse a los choques antes de que estos se conviertan en crisis internas. Por eso, reducir la Ley 30-26 a una simple carga contra el bolsillo de la gente es mirar apenas una parte del problema y ocultar la dimensión estratégica de una política concebida para proteger la estabilidad nacional.

Es legítimo que economistas, sectores productivos y ciudadanos expresen preocupaciones sobre el impacto de cualquier medida fiscal. Toda política tributaria debe ser examinada, corregida si produce distorsiones y aplicada con sensibilidad social. Pero una cosa es advertir riesgos técnicos y otra muy distinta es presentar el plan anticrisis como si fuera una improvisación sin propósito. La Ley 30-26 fue promulgada como una norma orientada al crecimiento económico, la simplificación fiscal y la mitigación de la crisis internacional, con énfasis en preservar la estabilidad económica, fortalecer la disciplina fiscal y mejorar la capacidad del Estado para responder ante la volatilidad externa. [abogadom.net], [diariolibre.com]

La pregunta de fondo no es si una medida fiscal resulta cómoda. Ningún ajuste lo es. La verdadera pregunta es cuál sería el costo de no actuar. ¿Debe el Estado seguir financiando subsidios, programas sociales, inversión pública, servicios esenciales, estabilidad de precios y compromisos institucionales mediante más endeudamiento? ¿Debe esperar a que el petróleo, las tasas internacionales, los fletes, los alimentos importados o las tensiones geopolíticas impongan un ajuste más duro, más abrupto y más regresivo? Gobernar no consiste en evitar decisiones difíciles, sino en adoptarlas antes de que la realidad obligue a medidas más traumáticas.

Quienes afirman que el plan anticrisis encarece la vida deben reconocer que lo que más golpea el bolsillo de la gente no es una política fiscal preventiva, sino la inflación descontrolada, la devaluación, la pérdida de confianza, el deterioro de los servicios públicos, el aumento acelerado de la deuda y la incapacidad del Estado para responder ante una emergencia. La estabilidad macroeconómica no es un concepto abstracto reservado a técnicos y banqueros; es la condición que permite que el salario conserve valor, que las empresas planifiquen, que el crédito fluya, que la inversión llegue y que los hogares no sean arrastrados por una crisis de precios, incertidumbre y desempleo.

La República Dominicana ha construido una reputación regional basada en crecimiento, estabilidad, dinamismo turístico, atracción de inversión, expansión de zonas francas y resiliencia frente a choques externos. Esa posición no se mantiene con discursos, sino con disciplina. Un país competitivo no es simplemente aquel que cobra menos impuestos; es aquel que ofrece reglas claras, cuentas públicas manejables, infraestructura, seguridad jurídica, paz social, estabilidad cambiaria, servicios funcionales y confianza institucional. La competitividad no depende solo de la carga tributaria, sino de la calidad del entorno económico que el Estado es capaz de garantizar.

Desde esa perspectiva, el plan anticrisis debe entenderse como una herramienta de protección, no como una agresión al ciudadano. La propia orientación oficial de la Ley 30-26 destaca el manejo responsable de los recursos públicos, el cumplimiento tributario sobre principios de equidad, progresividad y capacidad de pago, así como la necesidad de preservar la confianza de inversionistas y contribuyentes en medio de un contexto internacional incierto. Ese enfoque no niega que existan costos, pero establece una lógica superior: ordenar las finanzas públicas para evitar que mañana el país pague una factura más pesada. [abogadom.net], [diariolibre.com]

También debe matizarse el argumento de que la ley castiga indiscriminadamente a hogares y empresas. Informaciones públicas sobre la norma han señalado que incluye mecanismos de amnistía fiscal temporal, acuerdos de pago con la DGII, medidas de simplificación, facilidades para micro, pequeñas y medianas empresas, incentivos a la inversión empresarial y beneficios para sectores como el agropecuario. Esto permite comprender que no estamos ante una pieza exclusivamente recaudatoria, sino ante una arquitectura fiscal que combina regularización, ordenamiento, incentivos, cumplimiento y sostenibilidad. [siemprealdia.co], [eldinero.com.do]

El aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas también ha sido presentado como una amenaza directa a la bancarización. Esa preocupación merece seguimiento, pero no debe convertirse en una conclusión absoluta. La propia discusión pública ha reconocido que la ley mantiene exenciones relevantes, incluyendo transferencias entre cuentas de una misma persona, consumos con tarjetas de crédito, pagos a la seguridad social, transacciones de fondos de pensiones, pagos de impuestos al Estado y transferencias del propio Estado. En una economía cada vez más digitalizada, el desafío no es abandonar la formalidad financiera, sino garantizar que los costos sean razonables, que la administración sea transparente y que el sistema siga estimulando el uso de canales bancarios. [elnacional.com.do]

Por supuesto, defender el plan anticrisis no significa otorgar un cheque en blanco. El Gobierno tiene el deber de acompañar la aplicación de la ley con pedagogía pública, transparencia, eficiencia del gasto y resultados visibles. La ciudadanía acepta mejor los sacrificios cuando percibe que sus aportes se convierten en carreteras, escuelas, hospitales, seguridad, agua potable, apoyo al campo, crédito productivo, empleos formales y protección social bien focalizada. La legitimidad de toda medida fiscal descansa en una ecuación simple: quien paga debe sentir que el Estado responde.

Por eso, la mejor defensa del plan no será retórica, sino administrativa. El Gobierno debe acelerar la inversión pública de alto impacto, reducir gastos improductivos, fortalecer la calidad del gasto, mejorar la fiscalización, combatir la evasión, ampliar la base de contribuyentes y garantizar que la ley no se convierta en una carga desproporcionada para los sectores más sensibles. La responsabilidad fiscal debe caminar junto a la responsabilidad social. No basta recaudar; hay que ejecutar bien. No basta estabilizar; hay que proteger. No basta ordenar; hay que transformar.

También resulta importante destacar que una política pública seria puede corregirse sin perder sentido estratégico. Si algún artículo genera distorsiones, debe revisarse. La Cámara de Diputados ya aprobó la derogación del artículo 61 de la Ley 30-26, lo que demuestra que el sistema institucional tiene capacidad de ajustar aspectos específicos sin desmontar el objetivo general del plan. Esa flexibilidad no es debilidad; es madurez democrática. Un Gobierno responsable no es el que nunca rectifica, sino el que sabe preservar el rumbo corrigiendo los mecanismos cuando sea necesario. [hoy.com.do]

La crítica económica cumple una función necesaria en toda democracia. Pero la crítica también debe responder a una exigencia de honestidad intelectual: si se rechaza una medida fiscal, hay que decir cómo se financiarán los subsidios, las obras, los servicios, la protección social y la estabilidad. Si se cuestiona la recaudación, hay que explicar cuál deuda se asumirá o qué gasto se eliminará. Si se plantea que no hay crisis, hay que reconocer que en una economía abierta los riesgos no siempre esperan a materializarse para exigir previsión. La prevención no es alarmismo; es prudencia.

En este momento, la República Dominicana no necesita demagogia fiscal ni complacencia irresponsable. Necesita equilibrio. Necesita cuidar el bolsillo de la gente, pero también proteger la estabilidad que permite que ese bolsillo no sea destruido por una crisis mayor. Necesita incentivar la inversión privada, pero también garantizar finanzas públicas sanas. Necesita escuchar a los sectores productivos, pero sin renunciar al deber de gobernar con visión de largo plazo. Necesita crecer, sí, pero crecer sobre bases sostenibles.

El plan anticrisis del Gobierno dominicano debe ser leído como una apuesta por la anticipación. Su valor no está solo en lo que recauda, sino en lo que puede evitar: mayor endeudamiento, pérdida de confianza, presión cambiaria, deterioro fiscal y vulnerabilidad frente a choques externos. En política económica, a veces la decisión más responsable no es la más popular, sino la que impide que el país termine pagando un precio mucho más alto.

La estabilidad no se improvisa. Se construye con disciplina, previsión y sentido de Estado. En un mundo convulso, donde las crisis viajan más rápido que las respuestas, el Gobierno dominicano tiene la responsabilidad de blindar la economía nacional, sostener la confianza y proteger a las familias, las empresas y los sectores productivos. La Ley 30-26 puede y debe ser perfeccionada en su implementación, pero su sentido estratégico es claro: actuar antes de que el golpe llegue con más fuerza. Y en tiempos de incertidumbre, anticiparse no es castigar al ciudadano; es defender el futuro de la nación.

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

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Reforma

Plan anticrisis del Gobierno impacta el bolsillo de la gente

Economistas observan ley encarece los costos de empresas y las familias y la forma de hacer negocios. Plantean revisar la Ley 30-26 en breve, porque resta competitividad frente a otros países.

Santo Domingo, RD 08/07/2026 00:00 | Cándida Acosta

Si alguien se preguntara el motivo por el cual el Gobierno no asume las reformas impositivas igual como en los países desarrollados la respuesta varía. En realidad, la presión por nuevos recursos es una facultad cíclica por la que atraviesan las administraciones, aunque en países como República Dominicana, donde casi todo es importado, los salarios son precarios y no hay reembolsos generalizados, lo primordial es prestar atención a los técnicos y a la gente que tributa.

La Ley 30-26 fue aprobada sin muchas discusiones, pero esa medida está muy lejos de ser inofensiva al bolsillo de la gente común, del “sándwich” de la economía (clase media baja), razón que motiva a varios economistas a pedir una revisión de la pieza.

La llamada Ley anticrisis, incluso, fue titulada este semana como “Un dinosaurio impositivo”, por el reconocido economista Andrés Dauhajre hijo, en su artículo semanal en El Caribe, al referirse específicamente a la Tasa Efectiva de Tributación (TET), que se aplica a todos los sectores y, que según la publicación las grandes empresas pagarían una proporción menor que un pequeño negocio. Define como un absurdo el proyecto de ley aprobado.

Impacto negativo

Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), asegura que la Ley 30-26, pro crecimiento, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, tendrá un impacto negativo sobre hogares y empresas.

Reconoce que hay elementos de simplificación, pero estos son pocos en comparación con aquellos que elevan tasas e introducen costos o elevan las existentes.

“La rentabilidad de las empresas se verá afectada, las inversiones y los precios de bienes y servicios, impactando a los hogares. Vivir y hacer negocios será más caro”, afirma.

Respecto a las retenciones o el impuesto a transferencias y cheque aduce que “son elementos con efectos negativos, sin importar tamaño de los emprendimientos”. El aumento del impuesto de 1.5 a 2.0 por mil aumentaría los costos operativos, dice.

Y, tendrían, además, un efecto sobre la bancarización, ya que las personas toman decisiones de incorporarse formalmente o de realizar transferencias en efectivo de acuerdo a los costos.

A juicio del economista, los puntos que quitan competitividad introducidos en la Ley 30-26 deberán ser revisados con una transformación tributaria futura, que debe ser en poco tiempo. República Dominicana se torna en un destino menos competitivo con esta legislación, asegura.

En tanto que la economista Ellen Pérez Ducy opina que no queda claro cuál es la crisis que ha habido.

“Hubo un aumento temporal de precios de hidrocarburos que impactó la inflación en un punto porcentual desde el inicio de la contienda del Medio Oriente a pesar de que fue sobrellevado con subsidios; el PIB creció 4.2% para enero-mayo”, indica.

Afirma que si se observa el comportamiento internacional el comercio continúa y las exportaciones dominicanas crecieron un 14.4%, ayudados por altos precios de rubros como el oro.

Pérez Ducy aduce que lo que ha habido es un desbalance fiscal que es estructural, el cual deberá ser enfrentado con una verdadera reforma eventualmente.

Para Pérez Ducy esta ley es apenas una reforma tributaria que aumenta algunos impuestos, en general de manera progresiva con la excepción del efecto por tramos del impuesto para residuos sólidos, pero la considera mejor que continuar con el endeudamiento externo.

“Pero lo crítico será revisar el gasto, como lo señalado hace tiempo. Cómo justificar una reforma para RD$40,000-50,000 millones gastando RD$11,000 millones en publicidad?

Respecto al aumento del impuesto de 0.15 a 2.0 sobre transacciones bancarias dice que no le luce que tendrá ningún impacto, debido a que los usuarios no volverán a usar cheques solo por esto, debido a que la gente no dejará de hacerlo para ir al banco por el tiempo y el gasto en combustible que implica.

Falta de plan

El economista Luis Vargas considera que esa ley no responde a ningún plan, porque es una pieza anti-crecimiento que carece de un diagnóstico de los impuestos, crea confusión y viola la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pues no la deroga.

Entiende que la ley presenta un problema de carácter jurídico y de carácter técnico y por tanto cree que no toca los problemas fundamentales, incluyendo el control de la evasión.

Suelto

Cheques y transferencias

La Ley 30-26, sobre medidas, simplificación fiscal pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, establece un aumento del impuesto de 1.5 por mil (0.0015) aplicado a los cheques y transferencias electrónicas a 0.002 por mil (2.0 por mil).

Mantiene exento el retiro de efectivo, las transferencias bancarias entre cuentas de una misma persona, consumo con tarjetas de crédito, pagos a la seguridad social, transacciones pagos de los fondos de pensiones, pagos impuestos al Estado y las transferencias del Estado.

https://listindiario.com/economia/finanzas/20260708/plan-anticrisis-gobierno-impacta-bolsillo-gente_912911.html

Cómo esconderse de los drones asesinos

The economist

Cómo esconderse de los drones asesinos

En la guerra de Ucrania, las tácticas anti-IA están produciendo formas extrañas de camuflaje

Por The Economist | 10 Jul, 2026 01:39 a. m. EST

Ilustración: The Economist/Exilenova+
Ilustración: The Economist/Exilenova+

En los últimos meses, los camiones militares rusos en Ucrania han comenzado a lucir un llamativo esquema de colores con franjas blancas y negras intensas. Como camuflaje, no resulta muy efectivo contra la vista humana. Pero claro, no pretende engañar a la vista humana. Su objetivo es frustrar los sistemas de visión artificial instalados en los drones ucranianos que sobrevuelan los campos de batalla en busca de presas.

Las franjas recuerdan al camuflaje deslumbrante utilizado por la Marina Real Británica en la Primera Guerra Mundial. Pero mientras que el camuflaje deslumbrante tenía como objetivo disimular la silueta de un barco, dificultando así calcular su velocidad y rumbo, la nueva variante pretende engañar a las máquinas haciéndoles creer que un camión no es, en realidad, un camión.

La visión artificial se basa en el reconocimiento de patrones. Un modelo se entrena exponiéndolo a imágenes, algunas de las cuales contienen camiones (o tanques, o aviones) y otras no. Tras incontables exposiciones, el ordenador deduce reglas que le permiten identificar aquello que sus entrenadores quieren enseñarle. Dado que es improbable que aparezcan camiones con franjas de cebra en los datos de entrenamiento, explica Todd Humphreys, ingeniero de la Universidad de Texas en Austin, una IA que se encuentre con uno en el mundo real podría no darse cuenta de lo que está viendo.

Las computadoras suelen basarse en características muy específicas para reconocer un objeto. Esto genera un problema conocido como “fragilidad”, en el que pequeñas variaciones pueden provocar clasificaciones erróneas extrañas. Los “ejemplos adversarios”, diseñados para explotar las peculiaridades de la visión artificial, existen desde hace años. Uno de ellos, desarrollado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2017, presentaba una tortuga de plástico. Engañada por el patrón de su caparazón, una computadora la clasificó erróneamente como un rifle. En otro proyecto, los investigadores crearon pegatinas que, al colocarse en las carreteras, provocaban que el software de conducción autónoma de un Tesla se desviara hacia el carril contrario.

El Dr. Humphreys afirma que los esfuerzos para contrarrestar la visión artificial en el conflicto de Ucrania se basan en el mismo principio: ocultar las características esperadas con otras inesperadas. Se han observado aviones rusos estacionados con filas de neumáticos viejos en sus alas para confundir el software de reconocimiento de imágenes de los drones. Algunos drones rusos también cuentan ahora con su propio camuflaje deslumbrante, presumiblemente para dificultar su identificación por parte de los drones interceptores ucranianos.

Es probable que estas tácticas se vuelvan más comunes. Actualmente, la mayoría de los drones de combate todavía son operados a distancia por un operador humano, quien difícilmente se dejará engañar por las marcas. Pero a medida que los drones se multipliquen —Ucrania tiene como objetivo producir 10 millones este año— y la tecnología mejore, la IA asumirá una mayor parte del trabajo.

El resultado probable será una carrera armamentística que enfrentará a sistemas de visión artificial cada vez más sofisticados contra métodos cada vez más ingeniosos para engañarlos. La ventaja de cualquier patrón de camuflaje en particular probablemente sea temporal. Después de todo, una vez que los camiones con rayas de cebra sean lo suficientemente comunes, comenzarán a aparecer en los datos de entrenamiento y los modelos comenzarán a verlos como lo que realmente son. Un portavoz de Brave1, una rama del gobierno ucraniano que busca acelerar la tecnología militar, reconoció que los rusos se estaban adaptando, pero afirmó que Ucrania se estaba adaptando más rápido.

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https://www.infobae.com/economist/2026/07/10/como-esconderse-de-los-drones-asesinos/

Zonas francas: la inversión que está redefiniendo el mapa productivo dominicano | Inversión en zonas francas se ha triplicado en dos décadas

República Dominicana: invertir donde el futuro ya empezó

La presentación del presidente Luis Abinader ante el Congreso Mundial de Zonas Francas en Panamá trascendió la promoción económica: fue la expresión de una visión-país que coloca a la República Dominicana en el centro del nearshoring, la manufactura avanzada, la economía digital, las cadenas globales de valor y la competencia hemisférica por capital, tecnología y empleo de calidad.

La participación del presidente Luis Abinader en el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas, celebrado en Panamá, debe interpretarse como una declaración estratégica sobre el lugar que la República Dominicana aspira a ocupar en el nuevo mapa productivo global. Al presentar al país como “una de las mejores decisiones de inversión en el hemisferio”, el mandatario no apeló a una frase de circunstancia, sino que sintetizó una narrativa económica construida sobre estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, ubicación geográfica privilegiada, capacidad logística, talento humano, zonas francas consolidadas y una visión de futuro orientada hacia la manufactura avanzada, los servicios globales, la innovación y el nearshoring.

En un mundo donde las cadenas de suministro se reconfiguran, las empresas buscan reducir riesgos geopolíticos y la cercanía a los mercados se ha convertido en una ventaja competitiva central, la República Dominicana tiene ante sí una oportunidad histórica. Ya no se trata únicamente de atraer empresas por costos laborales o incentivos fiscales, sino de ofrecer un ecosistema integral: parques industriales, infraestructura, conectividad, acceso preferencial a mercados, estabilidad institucional, reglas claras y una cultura de articulación público-privada capaz de convertir la inversión en operaciones reales. Esa es la diferencia entre ser un destino más y convertirse en una plataforma estratégica para producir, exportar y escalar.

El mensaje presidencial adquiere mayor fuerza cuando se contrasta con los datos recientes del régimen de zonas francas. La inversión acumulada del sector alcanzó US$8,169.8 millones al cierre de 2025, el nivel más alto registrado, con un crecimiento de 5.6 % frente al año anterior. En dos décadas, esa inversión pasó de US$2,471.7 millones en 2006 a más de US$8,169 millones en 2025, una expansión superior a US$5,600 millones que confirma la madurez del modelo y la confianza sostenida de capitales nacionales e internacionales.

Ese crecimiento no es accidental. Es el resultado de una política económica que ha entendido que las zonas francas son mucho más que espacios de exención tributaria. Son motores de empleo formal, exportaciones, transferencia tecnológica, disciplina productiva, formación laboral, integración comercial y modernización industrial. El régimen genera más de 200,000 empleos, representa más del 60 % de las exportaciones nacionales y reúne una amplia red de empresas y parques industriales que han contribuido a diversificar la economía dominicana. Esa realidad convierte a las zonas francas en una columna vertebral del desarrollo nacional y en una de las principales evidencias de que el país puede competir con éxito en mercados exigentes.

La fortaleza del sector también se refleja en la composición de la inversión. La manufactura de productos médicos y farmacéuticos concentra US$2,360.8 millones, equivalente al 28.9 % del total; tabaco y derivados acumulan US$1,753.2 millones; confecciones y textiles suman US$615.3 millones; y los centros de llamadas y BPO alcanzan US$552.2 millones. Estos datos muestran una economía que avanza desde la manufactura tradicional hacia actividades de mayor complejidad, valor agregado y exigencia regulatoria. La República Dominicana ya no solo produce bienes; empieza a producir soluciones, servicios, procesos especializados y confianza industrial.

El dinamismo exportador confirma esa tendencia. En el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones de zonas francas alcanzaron US$2,803.3 millones, con un crecimiento interanual de 4.3 % y un incremento absoluto de US$115.2 millones respecto al mismo período de 2025. Ese desempeño estuvo impulsado por sectores estratégicos como productos médicos y farmacéuticos, tabaco y derivados, así como productos eléctricos y electrónicos, lo que demuestra que el país no solo mantiene capacidad exportadora, sino que amplía su presencia en segmentos sofisticados del comercio internacional.

Por eso, cuando el presidente Abinader afirma que en la República Dominicana “invertir es sencillo, operar es eficiente y crecer es posible”, coloca sobre la mesa una propuesta de valor que va más allá de la promoción comercial. El país ofrece cercanía a Estados Unidos, acceso a mercados mediante acuerdos comerciales, estabilidad política, experiencia exportadora, talento en formación, infraestructura portuaria y una institucionalidad sectorial que ha permitido sostener el régimen de zonas francas a lo largo del tiempo. En el contexto del nearshoring, esas condiciones adquieren un valor extraordinario.

La afirmación presidencial de que quien invierte en República Dominicana encuentra “un socio, no solo un destino”, resume una idea fundamental para la nueva economía global. Los inversionistas no buscan únicamente territorios baratos; buscan aliados confiables. Buscan países capaces de cumplir, adaptarse, resolver, acelerar procesos y garantizar continuidad. En ese terreno, la República Dominicana ha construido una ventaja reputacional que debe preservarse con rigor: estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, diálogo público-privado y apertura a sectores emergentes como inteligencia artificial, semiconductores, economía digital, logística avanzada y servicios globales.

Sin embargo, la visión expuesta en Panamá también plantea desafíos internos. Si el país quiere consolidarse como una de las mejores decisiones de inversión del hemisferio, debe elevar de manera sostenida la calidad de su capital humano. No habrá manufactura avanzada sin técnicos especializados. No habrá servicios globales sin bilingüismo, habilidades digitales, certificaciones internacionales y formación continua. No habrá industria 4.0 sin una alianza profunda entre Infotep, universidades, empresas, Gobierno y centros tecnológicos. La próxima frontera de competitividad no estará solo en los parques industriales, sino en las aulas, laboratorios, institutos técnicos y programas de capacitación.

En esa ruta, el país debe definir con claridad cuáles sectores priorizar para aprovechar plenamente el nearshoring. La oportunidad no está en atraer cualquier inversión, sino en captar aquella que eleve la productividad, incremente el valor agregado y coloque a la República Dominicana en industrias de futuro. Los dispositivos médicos y farmacéuticos, los productos eléctricos y electrónicos, la logística avanzada, los semiconductores, la inteligencia artificial aplicada, los servicios globales, el BPO de nueva generación, la agroindustria de exportación, la manufactura ligera especializada y las tecnologías vinculadas a energías limpias deben ocupar un lugar central en esta estrategia.

El nearshoring no debe concebirse únicamente como relocalización geográfica de empresas, sino como relocalización inteligente de capacidades. La República Dominicana tiene ventajas evidentes por su cercanía a Estados Unidos, su conectividad regional, sus acuerdos comerciales, su estabilidad macroeconómica y su experiencia exportadora; pero esas ventajas deben traducirse en una política industrial moderna que seleccione sectores estratégicos, forme talento especializado y promueva encadenamientos con proveedores nacionales. Si el país quiere pasar de competir por costos a competir por capacidades, debe atraer industrias que demanden conocimiento, certificaciones, innovación, trazabilidad, cumplimiento ambiental y mano de obra técnica de alta calidad.

La distribución territorial de la inversión es otro punto decisivo. La concentración de capital en la región Ozama y en el norte, especialmente en Santiago, demuestra la fortaleza de polos industriales ya consolidados, pero también revela la necesidad de ampliar el mapa productivo hacia zonas con menor participación. El sur, la frontera y provincias con bajo nivel de inversión no pueden quedar al margen de la nueva etapa de las zonas francas. Para lograrlo, el país necesita parques industriales estratégicamente ubicados, infraestructura vial y portuaria funcional, energía estable, conectividad digital, seguridad jurídica territorial, incentivos diferenciados y una política de promoción focalizada según las vocaciones productivas de cada región.

Mejorar la distribución territorial no significa dispersar inversiones sin criterio, sino construir polos productivos con sentido económico. Una provincia con potencial agroindustrial debe vincularse a cadenas de procesamiento, empaque, frío y exportación; una zona fronteriza puede convertirse en espacio de manufactura, logística y comercio binacional regulado; una provincia turística puede desarrollar servicios globales, industrias creativas y suplidores especializados; y una región con tradición manufacturera puede escalar hacia dispositivos médicos, componentes eléctricos o procesos de mayor complejidad. El desarrollo territorial será real cuando cada parque industrial funcione como núcleo de empleo formal, formación técnica, proveedores locales, innovación y arraigo comunitario.

En esa transformación, el Infotep juega un papel estratégico. No habrá zonas francas de nueva generación sin técnicos de nueva generación. La institución debe convertirse en el gran brazo formativo del nearshoring dominicano, articulando sus programas con las necesidades reales de las empresas instaladas y de aquellas que el país aspira a atraer. La certificación de trabajadores, los programas especializados para zonas francas, la formación dual, las competencias digitales, el bilingüismo operativo, la mecatrónica, la automatización, la logística, la calidad industrial y las habilidades para la industria 4.0 deben formar parte esencial de la agenda productiva nacional.

El país ya cuenta con señales positivas en esa dirección. Los procesos de certificación de trabajadores de zonas francas y los programas de formación vinculados al sector muestran que la capacitación técnica no puede ser vista como un componente accesorio, sino como una plataforma de competitividad. Mientras más sofisticadas sean las inversiones, más decisivo será el talento humano. En consecuencia, Infotep debe operar como puente entre juventud, empresas, territorios y futuro productivo, especialmente en provincias donde la instalación de nuevas zonas francas puede cambiar la estructura económica local.

La verdadera ventaja dominicana en el nearshoring no será únicamente producir cerca de los mercados, sino producir mejor: con talento certificado, eficiencia logística, seguridad jurídica y visión territorial. Si el país articula inversión, formación, infraestructura y tecnología, las zonas francas podrán convertirse en una poderosa herramienta para reducir desigualdades regionales, elevar salarios, diversificar exportaciones y consolidar una economía más resiliente. Esa es la dimensión más profunda del desafío: no solo traer empresas, sino construir capacidades nacionales duraderas.

La República Dominicana tiene, además, el reto de pasar de la atracción de inversión a la sofisticación productiva. Cada nueva inversión debe generar más encadenamientos locales, mayor transferencia tecnológica, más proveedores dominicanos, mejores salarios, mayor productividad e innovación. La inversión extranjera directa debe ser bienvenida, pero su verdadero valor se multiplica cuando se conecta con la empresa nacional, con las mipymes, con la academia y con una estrategia industrial de largo plazo.

En ese sentido, la presencia del presidente Abinader en el Congreso Mundial de Zonas Francas no fue un gesto ceremonial. Fue una jugada de diplomacia económica. Fue colocar a la República Dominicana en el escaparate correcto, ante los actores correctos y en el momento correcto. Cuando el comercio global busca nuevas rutas, cuando la inversión demanda destinos confiables y cuando el nearshoring redefine prioridades, el país debe hablar con voz propia, ambición clara y sentido estratégico.

La República Dominicana no puede conformarse con ser una economía que crece. Tiene que ser una economía que sabe hacia dónde va. Y el rumbo señalado por las zonas francas apunta hacia una nación más integrada a las cadenas globales, más sofisticada en su producción, más competitiva en sus exportaciones y más audaz en su capacidad de atraer sectores del futuro. El discurso de Panamá, en ese sentido, no debe quedar como una pieza de promoción internacional, sino como una hoja de ruta para profundizar la transformación productiva nacional.

El país tiene razones para proyectarse con confianza. Ha triplicado la inversión acumulada en zonas francas en dos décadas, ha sostenido exportaciones robustas, ha diversificado sectores, ha fortalecido su reputación y ha demostrado capacidad para competir. Pero la verdadera prueba será convertir esa confianza en desarrollo sostenible, empleos de calidad, innovación, expansión territorial y mayor valor agregado.

La República Dominicana está ante una coyuntura excepcional. Puede limitarse a celebrar cifras o asumirlas como punto de partida para una nueva etapa industrial. Puede seguir siendo un destino atractivo o convertirse en una plataforma imprescindible. Puede competir por costos o liderar por capacidades. La diferencia dependerá de la visión, la continuidad institucional y la ejecución.

Cuando el presidente Abinader afirma que la República Dominicana es un lugar donde “el futuro ya empezó”, está definiendo una aspiración nacional. Esa frase obliga a actuar con coherencia: invertir en talento, fortalecer infraestructura, garantizar seguridad jurídica, acelerar innovación, expandir parques industriales, conectar territorios y sostener la confianza. Porque el futuro no llega solo por declararlo; se construye con decisiones.

Y en esa construcción, las zonas francas tienen un papel decisivo. Son la vitrina productiva de un país que quiere ir más lejos. Son la prueba de que la República Dominicana puede insertarse con éxito en la economía global. Son, también, una advertencia positiva: cuando hay estabilidad, visión y alianza entre Estado y sector privado, el país no solo atrae inversión; atrae futuro.

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

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Zonas francas: la inversión que está redefiniendo el mapa productivo dominicano

El crecimiento histórico de la inversión acumulada en zonas francas confirma que la República Dominicana ha dejado de ser solo una plataforma de manufactura tradicional para convertirse en un territorio estratégico de producción, servicios, tecnología, empleo formal y atracción de capital global; el reto ahora es distribuir mejor ese dinamismo, elevar el valor agregado y convertir cada parque industrial en un motor de desarrollo territorial.

La inversión en zonas francas de la República Dominicana no solo ha crecido: ha cambiado la escala estratégica del modelo productivo nacional. Que el capital acumulado en este régimen haya alcanzado US$8,169.8 millones al cierre de 2025, con un incremento de 5.6% frente al año anterior y el nivel más alto registrado por el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, no es un dato menor ni una simple estadística sectorial. Es una señal potente de confianza, continuidad y madurez institucional en uno de los pilares más dinámicos de la economía dominicana. [eldinero.com.do]

En dos décadas, la inversión acumulada pasó de US$2,471.7 millones en 2006 a más de US$8,169 millones en 2025, lo que implica un aumento superior a US$5,600 millones. Ese salto revela que las zonas francas han dejado de ser vistas únicamente como enclaves de bajo costo laboral para convertirse en plataformas de producción sofisticada, integración comercial, logística, servicios globales y encadenamientos industriales. La manufactura dominicana ya no puede analizarse con la mirada limitada del pasado; hoy forma parte de cadenas de valor que compiten en sectores sensibles, exigentes y de alto estándar internacional. [eldinero.com.do]

El liderazgo de Estados Unidos como principal origen del capital invertido, con US$2,614.4 millones, equivalente al 32% del total acumulado, confirma la importancia de la relación económica dominico-estadounidense y la posición del país como socio confiable en el Caribe. Pero también resulta significativo que la inversión dominicana ocupe el segundo lugar, con US$1,830.7 millones, un 22.4% del total. Ese dato habla de una clase empresarial local que no solo acompaña el modelo, sino que lo sostiene, lo expande y lo convierte en instrumento de acumulación productiva nacional. [eldinero.com.do]

La presencia de capital procedente de Alemania, Reino Unido, Suiza, Canadá, China, España, Dinamarca y Suecia evidencia, además, que las zonas francas dominicanas tienen una vocación cada vez más diversificada. En un mundo donde las empresas buscan reducir riesgos, acercar producción a mercados estratégicos y asegurar estabilidad operativa, la República Dominicana aparece como un destino atractivo por su ubicación geográfica, su conexión marítima y aérea, su marco legal especializado, su estabilidad macroeconómica y su experiencia acumulada en comercio exterior. [eldinero.com.do]

Uno de los cambios más relevantes está en la composición sectorial de la inversión. La manufactura de productos médicos y farmacéuticos concentra US$2,360.8 millones, equivalente al 28.9% del total, seguida por tabaco y derivados con US$1,753.2 millones, confecciones y textiles con US$615.3 millones, y centros de llamadas y BPO con US$552.2 millones. Este perfil demuestra que el régimen de zonas francas combina tradición exportadora con sectores de mayor complejidad tecnológica, servicios modernos y manufactura especializada. [eldinero.com.do]

Ese giro es fundamental. El país no puede conformarse con atraer inversión; debe aspirar a atraer inversión de mayor calidad. Las zonas francas del futuro no pueden limitarse a ensamblaje, exenciones y empleo básico. Deben convertirse en ecosistemas de innovación, formación técnica, desarrollo de proveedores locales, investigación aplicada, digitalización, cumplimiento ambiental y transferencia tecnológica. La ventaja competitiva dominicana debe moverse desde el costo hacia la calidad, desde la ubicación hacia la sofisticación, desde el volumen hacia el valor agregado.

La concentración territorial de la inversión revela, sin embargo, uno de los grandes desafíos del modelo. La región Ozama o metropolitana concentra US$2,759.7 millones, un 33.8% del total, mientras la región norte acumula US$2,540.7 millones, impulsada sobre todo por Santiago, que reúne US$2,055.1 millones. Esta distribución confirma la fortaleza del Gran Santo Domingo y del Cibao productivo, pero también plantea la necesidad de una política más agresiva de expansión hacia provincias con menor participación industrial. [eldinero.com.do]

El sur, con US$1,716.2 millones, tiene en San Cristóbal su principal polo receptor, mientras que la región este suma US$1,153.1 millones, encabezada por La Romana y San Pedro de Macorís. Estos datos muestran avances, pero también desigualdades territoriales evidentes. Si las zonas francas son una herramienta de desarrollo, entonces deben ayudar a cerrar brechas, no a consolidarlas. El país necesita que más provincias participen de esta dinámica con parques bien conectados, energía estable, formación técnica pertinente, infraestructura logística y políticas de atracción focalizadas. [eldinero.com.do]

La inversión en zonas francas debe ser entendida como una política de Estado. Su impacto no se mide únicamente en dólares acumulados, sino en empleos formales, seguridad social, capacitación laboral, exportaciones, encadenamientos productivos, transferencia de conocimiento y dinamismo regional. En una economía que necesita diversificar sus fuentes de crecimiento, este sector representa una plataforma concreta para reducir dependencia, ampliar la base exportadora y fortalecer la inserción internacional del país.

Pero el éxito acumulado no debe inducir complacencia. Las zonas francas enfrentan retos globales: automatización, competencia regional, costos logísticos, presión por sostenibilidad ambiental, exigencias laborales, cambios en reglas comerciales, relocalización de cadenas productivas y necesidad de talento técnico avanzado. La República Dominicana tiene una oportunidad excepcional si logra conectar mejor la formación del Infotep, la educación superior, la política industrial, la innovación tecnológica y la diplomacia comercial con las necesidades reales del régimen.

Triplicar la inversión en dos décadas es un logro. Convertir ese logro en transformación productiva nacional es el próximo paso. El país debe mirar las zonas francas no solo como espacios de exportación, sino como laboratorios de modernización económica. Allí se juega parte del futuro del empleo formal, de la manufactura avanzada, de los servicios globales, de la competitividad logística y de la capacidad dominicana para capturar oportunidades en un mundo que reorganiza sus cadenas de suministro.

La República Dominicana ha demostrado que puede atraer capital, sostener reglas, competir y generar confianza. Ahora debe demostrar que puede distribuir mejor ese crecimiento, elevar su contenido tecnológico y convertir la inversión extranjera y nacional en desarrollo territorial sostenible. Las zonas francas no son un capítulo aislado de la economía; son una de sus columnas vertebrales.

El gran desafío es claro: pasar de ser un país atractivo para invertir a ser un país imprescindible para producir, innovar y exportar. Si se logra ese salto, las zonas francas no solo habrán triplicado su inversión en dos décadas; habrán contribuido a redefinir el destino productivo de la nación.

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

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Inversión en zonas francas se ha triplicado en dos décadas

Según datos del CNZFE, el capital alcanzó los US$8,169.8 millones en 2025

Por Luis David Flores  9 July, 2026 en Industria 

La inversión acumulada mantiene tendencia ascendente desde 2006.

La inversión acumulada en las empresas de zonas francas de República Dominicana alcanzó US$8,169.8 millones al cierre de 2025, equivalente a un incremento de 5.6% frente a los US$7,735.7 millones registrados un año antes.

Estos datos están contenidos en el Informe Estadístico de Zonas Francas 2025 del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el cual establece que en 2025 la inversión acumulada alcanzó máximos históricos desde que se tiene registro.

Estados Unidos se mantiene como el principal origen del capital invertido en este régimen, con US$2,614.4 millones, equivalentes al 32.0% del total acumulado. La inversión de origen dominicano ocupa el segundo lugar, con US$1,830.7 millones (22.4%), seguida por Alemania con US$622.3 millones (7.6%); Reino Unido con US$465.2 millones, así como Suiza con US$462.7 millones.

Canadá con US$281.5 millones, República Popular China con US$279.3 millones, España con US$223.9 millones, Dinamarca con US$173.3 millones, así como Suecia con US$169 millones se destacan al registrar la mayor inversión en el sector en Quisqueya.

Actividad

Acorde con los datos, la manufactura de productos médicos y farmacéuticos concentra la mayor parte de la inversión, al acumular US$2,360.8 millones, el 28.9% del total. Le siguen el sector de tabaco y sus derivados, con US$1,753.2 millones (21.5%); las confecciones y textiles, con US$615.3 millones (7.5%); y los centros de llamadas (call centers/BPO), con US$552.2 millones (6.8%).

Se destacan, también, la actividad económica de productos agroindustriales, que registró US$529.8 millones, o sea, un 6.5% del total; servicios con US$337.4 millones; artículos de plástico con US$265.7 millones; cartón, impresos y papelería con US$234.6 millones; así como otras con US$1,520.4 millones, lo cual implica una ponderación de un 18.6%.

La categoría “otras” incluye actividades de elaboración de bebidas alcohólicas, calzados, joyería, productos químicos, reciclaje y clasificación, materiales de construcción, metales y sus manufacturas, alimentos, así como azúcares y artículos de confitería, entre otras.

Concentración

El informe del CNZFE detalla que la región Ozama o metropolitana, integrada por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, concentra US$2,759.7 millones, equivalente al 33.8% de la inversión acumulada. Asimismo, la región norte ocupa el segundo lugar con US$2,540.7 millones (31.1%), impulsada principalmente por Santiago, que reúne US$2,055.1 millones.

Duarte, La Vega y Valverde, en el Cibao, registran una inversión acumulada de US$145.2 millones, US$93.7 millones, US$91.9 millones, respectivamente. A estas les siguen Espaillat (US$60 millones), Monseñor Nouel (US$55.6 millones), así como Puerto Plata (US$20.3 millones).

Más abajo, también en el norte, están Monte Cristi con US$8.2 millones, María Trinidad Sánchez con US$5.2 millones, Hermanas Mirabal con US$3.1 millones, así como Sánchez Ramírez con US$1.5 millones y Samaná con US$204,476.

Según el documento, la región sur registra una inversión acumulada de US$1,716.2 millones (21.0%), con San Cristóbal como la principal provincia receptora al sumar US$1,473.1 millones.

Además, Peravia y Barahona alcanzan US$120.2 millones y US$58.4 millones, respectivamente. También, San Juan, Azua y Pedernales suman US$24.1 millones, US$15.8 millones y US$11.2 millones, respectivamente.

Independencia y San José de Ocoa presentan menor inversión acumulada en el sur, ya que totalizan US$7.5 millones y US$5.5 millones, respectivamente. La región este completa la distribución con US$1,153.1 millones (14.1%), encabezada por La Romana, donde la inversión asciende a US$596.6 millones. Seguida de San Pedro de Macorís, la cual recibió una inversión acumulada de US$447.4 millones.

Por debajo se ubican La Altagracia (US$72.4 millones), Monte Plata (US$28.6 millones), El Seibo (US$6.4 millones), así como Hato Mayor (US$1.6 millones).

Evolución

De acuerdo con el documento de la dependencia de Industria y Comercio, la inversión acumulada en las zonas francas ha mantenido una tendencia ascendente durante los últimos 20 años. En 2006 registraba US$2,471.7 millones y, para 2025, el monto se elevó hasta US$8,169.8 millones, lo que representa un incremento de más de US$5,600 millones en ese período.

La serie histórica muestra que el crecimiento se aceleró tras la pandemia. En 2021 la inversión acumulada aumentó 13.8%, mientras que en 2022 registró el mayor avance del período analizado, con 21.3%. Desde entonces, el indicador ha continuado creciendo, aunque a un ritmo más moderado: 4.7% en 2023, 3.2% en 2024 y 5.6% en 2025.

En la región

Los países de América Latina que se destacan por tener capital invertido en el sector zonas francas de República Dominicana son México con US$119.6 millones, Venezuela con US$99.3 millones, Haití con US$88 millones, Panamá con US$53.3 millones; así como Honduras con US$46.9 millones. A estos le siguen Brasil (US$15.8 millones), Costa Rica (US$14.3 millones), Ecuador (US$14.2 millones) y Guatemala (US$9.5 millones).

https://eldinero.com.do/371546/inversion-en-zonas-francas-se-ha-triplicado-en-dos-decadas/

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