jueves, 5 de marzo de 2026

Editorial | Prepararse no es tranquilizar: es anticipar, ejecutar y rendir cuentas

Editorial | Prepararse no es tranquilizar: es anticipar, ejecutar y rendir cuentas

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

En un contexto internacional marcado por la escalada bélica en Medio Oriente, el Gobierno dominicano ha transmitido un mensaje de preparación y calma ante eventuales repercusiones económicas. Esa postura, en principio, es pertinente: en economías abiertas y dependientes de importaciones energéticas, el riesgo no suele llegar por los titulares, sino por la factura del petróleo, los fletes, los seguros y la volatilidad financiera. Sin embargo, un país no se blinda con exhortaciones; se protege con planes verificables, medidas oportunas y una comunicación que informe sin generar pánico. 

El conflicto, según reportes internacionales, ha elevado la incertidumbre sobre rutas estratégicas y sobre el abastecimiento energético global. Varias coberturas periodísticas han señalado la gravedad de la escalada y el impacto geopolítico de las operaciones militares, así como alertas sobre el Estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita una proporción significativa del comercio petrolero mundial. Esa sola posibilidad —cierre formal o “cierre de facto” por riesgo y costos de seguro— introduce una prima inmediata de riesgo en los precios.

La reacción de los mercados ya ofrece un anticipo del “primer golpe” que suelen recibir países importadores netos de hidrocarburos: el alza del crudo. En los últimos días se han reportado incrementos del Brent y del WTI asociados a la intensificación del conflicto y a la disrupción de rutas marítimas, con movimientos que reflejan nerviosismo global. A la República Dominicana esto le importa no por curiosidad financiera, sino porque el precio del petróleo se filtra en cadena hacia transporte, alimentos, electricidad, manufactura y expectativas inflacionarias. 

En ese escenario, la primera obligación del Estado es convertir la previsión en herramientas concretas de mitigación. Hay un precedente inmediato que muestra capacidad de intervención: la política de subsidios para contener variaciones de combustibles esenciales. Para la semana del 28 de febrero al 6 de marzo de 2026, se informó de un subsidio de RD$188 millones con el objetivo de mantener estables varios derivados de alto consumo, precisamente para amortiguar el traspaso de choques externos al bolsillo y a los costos de producción. Este tipo de medidas, bien calibradas y temporalmente acotadas, pueden comprar tiempo mientras se define la magnitud real del shock.

Ahora bien, el subsidio por sí solo no es una estrategia: es un “colchón” fiscal que se vuelve costoso si el conflicto se prolonga o si el crudo se dispara. En momentos así, la discusión madura debe ir más allá del “se puede” y entrar en el “cómo”: ¿se tiene un esquema de cobertura (hedging) más robusto para amortiguar picos de precios? ¿se prioriza un subsidio focalizado que proteja a los más vulnerables y al transporte público sin distorsionar señales de consumo? ¿existe un plan de ajuste gradual para evitar que el Estado quede atrapado en una factura insostenible? Estas preguntas no buscan criticar por criticar; buscan evitar que la estabilidad de hoy se pague con tensiones fiscales mañana. 

La segunda obligación del Gobierno es fortalecer la coordinación técnica. Se ha dicho que existe planificación y monitoreo para evaluar impactos económicos, y ese enfoque es el correcto: la incertidumbre no se enfrenta con intuición, sino con seguimiento diario de variables críticas (precio del crudo, fletes, primas de seguro, tipo de cambio, inventarios, expectativas). Pero esa planificación debe traducirse en un tablero de control público, aunque sea simplificado, que permita a ciudadanía y sectores productivos entender el escenario y prepararse. Transparencia no es revelar lo sensible; es compartir lo necesario para sostener confianza. 

La tercera obligación es cuidar el “frente interno” con medidas que reduzcan vulnerabilidades estructurales. Un shock externo se vuelve crisis doméstica cuando coincide con debilidades internas: pérdidas eléctricas altas, ineficiencias logísticas, informalidad en cadenas de distribución y baja resiliencia productiva. En este punto, la respuesta pública debe integrar acciones inmediatas (contención de precios críticos, vigilancia de prácticas especulativas, apoyo temporal a sectores más expuestos) con acciones de mediano plazo (eficiencia energética, diversificación de matriz, reducción de pérdidas en distribución, promoción de movilidad más eficiente). Preparación real es usar la crisis como catalizador de reformas, no como excusa para la improvisación.

También hay un componente de comunicación que no se puede subestimar. Pedir calma puede ser útil para evitar compras nerviosas o expectativas desbordadas, pero la calma se sostiene con información consistente: qué escenarios se contemplan, qué medidas se activan en cada escenario, cómo se protegerá el poder adquisitivo y qué señales debe observar la población. Cuando el Estado comunica con datos, reduce el ruido; cuando comunica con generalidades, deja espacio al rumor. Por eso, lo responsable no es solo tranquilizar, sino explicar, educar y actualizar con periodicidad.

En síntesis: la preparación del Gobierno dominicano frente a los impactos de la guerra no debe medirse por la serenidad del discurso, sino por la eficacia de su ejecución. Hoy, el país necesita tres garantías: una estrategia energética-fiscal que amortigüe el choque sin comprometer las finanzas públicas; una gestión técnica que monitoree riesgos y anticipe decisiones; y una política social inteligente que proteja a los más vulnerables sin generar distorsiones permanentes. Si esas piezas se alinean, la República Dominicana puede atravesar la tormenta con estabilidad. Si no, la factura terminará aterrizando —como siempre— en el costo de vida de la gente. 

Presidente recibe al destacado estudiante Hensel Aquino García, apodado “Pico de Oro” por su elocuencia y seguridad al expresarse

Presidente recibe al destacado estudiante Hensel Aquino García, apodado “Pico de Oro” por su elocuencia y seguridad al expresarse

Santo Domingo, 5 de marzo de 2026.– En un gesto de reconocimiento al talento y la determinación de la juventud dominicana, el presidente Luis Abinader recibió este jueves al estudiante de 13 años Hensel Aquino García, a quien el mandatario bautizó como “Pico de Oro” por su notable elocuencia y seguridad al expresarse.

Durante el encuentro celebrado en el Salón Privado del Palacio Nacional, el jefe de Estado estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, con quien conversó con el joven sobre sus aspiraciones académicas y la situación de su centro educativo.

El presidente Abinader valoró la determinación y claridad del joven al expresar sus metas y lo motivó a continuar esforzándose en sus estudios, destacando la importancia de la educación, la disciplina y la preparación para contribuir al progreso del país.

Asimismo, el mandatario destacó que jóvenes como Hensel representan el talento y el potencial de la juventud dominicana cuando cuentan con el respaldo de su familia y su formación educativa, y lo exhortó a continuar preparándose y desarrollando sus capacidades.

Durante la conversación, Hensel Aquino García expresó su interés de continuar sus estudios superiores en las áreas de Relaciones Internacionales y Derecho, con el propósito de aportar desde su formación académica al desarrollo de la sociedad dominicana.

El joven, quien cursa el segundo de bachillerato en la Escuela Felicia Cuesta Díaz, ubicada en la comunidad de Básima, municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, estuvo acompañado de sus padres, Jenrry Aquino Caraballo y Estela Margarita García, así como de su hermano gemelo, Hendel Aquino García, durante el encuentro, lo que reflejó el respaldo familiar en este importante momento.

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Editorial | “Pico de Oro”: cuando el talento juvenil obliga a mirar la escuela que lo formó

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Que un estudiante de 13 años, con claridad de ideas y confianza al hablar, llegue al Palacio Nacional y se convierta en símbolo público de superación no es un hecho menor. La recepción de Hensel Aquino García —apodado “Pico de Oro” por su elocuencia— coloca en primer plano una verdad que a veces la rutina nacional opaca: la República Dominicana tiene talento joven de sobra, pero ese talento necesita condiciones, acompañamiento y oportunidades para no quedarse en una anécdota.

Más allá del gesto protocolar, la escena contiene un mensaje potente: la palabra también es mérito. En un país donde el reconocimiento suele concentrarse en el deporte, el espectáculo o la coyuntura política, distinguir a un adolescente por su capacidad de expresarse con seguridad y por sus aspiraciones académicas —Relaciones Internacionales y Derecho— resalta una dimensión esencial del desarrollo: la formación de ciudadanía. Hablar bien no es vanidad; es una herramienta de liderazgo, de negociación, de defensa de derechos, de construcción de consensos y de resolución de conflictos. En sociedades complejas, saber argumentar y escuchar es tan determinante como saber calcular.

Sin embargo, todo reconocimiento público plantea una pregunta inevitable: ¿qué viene después? El país no necesita únicamente historias inspiradoras; necesita convertirlas en políticas consistentes. Hensel estudia en la Escuela Felicia Cuesta Díaz, en Básima, Villa Altagracia. Al mencionar el centro educativo y la “situación” de su escuela, el encuentro revela otra realidad: el mérito individual muchas veces florece a pesar de las limitaciones estructurales. Y ahí está la oportunidad: que el foco no se quede en el aplauso, sino que ilumine los desafíos cotidianos de miles de planteles que requieren mantenimiento, equipamiento, conectividad, bibliotecas funcionales, clubes de debate, orientación vocacional y condiciones mínimas para aprender con dignidad.

Este caso también confirma el valor del entorno familiar. La presencia de sus padres y de su hermano gemelo no es un detalle decorativo; es un recordatorio de que los logros escolares suelen ser una construcción compartida. Cuando la familia acompaña, el estudiante persevera; cuando la escuela sostiene, el estudiante crece; cuando el Estado amplía oportunidades, el estudiante trasciende. El desarrollo humano ocurre en esa alianza. Por eso, el reconocimiento debe ir acompañado de un compromiso: respaldar a la familia y a la comunidad educativa para que la historia de Hensel no sea una excepción, sino un espejo donde se miren muchos.

Ahora bien, la elocuencia puede ser un don, pero también puede —y debe— ser una competencia enseñable. En el sistema educativo, la oratoria, la lectura crítica y la escritura argumentativa todavía no ocupan el lugar estratégico que merecen. La escuela dominicana necesita fortalecer la cultura del debate respetuoso, la exposición oral, la comprensión lectora, la investigación y la presentación de ideas con rigor. No solo para formar futuros abogados o diplomáticos, sino para formar ciudadanos capaces de participar con inteligencia en los asuntos públicos, defender la legalidad y enfrentar la desinformación. En tiempos donde el ruido compite con los hechos, educar la palabra es educar la democracia.

En ese sentido, el apodo “Pico de Oro” funciona como metáfora: el país está urgido de “oro cívico”, es decir, de valores públicos que no se improvisan: disciplina, preparación, responsabilidad y ética. La admiración por un joven que habla con seguridad debe empujar a la sociedad a preguntarse cuánto estamos invirtiendo en bibliotecas escolares, en talleres de lectura, en formación docente, en programas de liderazgo estudiantil y en plataformas para que la voz juvenil se escuche en su comunidad. Porque el verdadero mérito de una nación no se mide por un evento puntual, sino por la frecuencia con que los talentos emergen y por la facilidad con que pueden avanzar.

Hay, además, una dimensión de equidad que no debe ignorarse. Cuando un estudiante de una comunidad específica logra visibilidad nacional, surge el reto de no centralizar el reconocimiento en unos pocos. La política pública debe ampliar el radio: más concursos regionales de debate y oratoria, más ferias científicas, más olimpiadas de lectura y escritura, más acompañamiento psicológico y vocacional, más becas de mérito, y más seguimiento a trayectorias educativas prometedoras. En otras palabras, que la excelencia sea una avenida con muchos carriles, no una calle angosta reservada a quienes logran “romper el techo” por su cuenta.

El país tiene aquí una oportunidad simbólica y práctica. Simbólica, porque eleva el valor del estudio y del esfuerzo. Práctica, porque permite abrir una conversación concreta sobre cómo mejorar la escuela: infraestructura, calidad docente, recursos pedagógicos y programas extracurriculares que desarrollen habilidades blandas y competencias comunicativas. Reconocer a un estudiante es positivo; crear condiciones para miles es transformador.

Al final, lo más importante del episodio no es la foto ni el salón donde ocurrió. Lo más importante es que un adolescente haya podido decir con claridad quién quiere ser y cómo quiere servir. Esa claridad es un activo nacional. Cuidémosla. Y sobre todo, no la dejemos sola.

Que “Pico de Oro” sea inspiración, sí; pero que también sea compromiso: con su escuela, con su comunidad y con cada aula del país donde hoy hay una voz joven esperando una oportunidad para brillar.

República Dominicana en PDAC 2026: minería, inversión y una ventana estratégica hacia el futuro


Opinión | República Dominicana en PDAC 2026: minería, inversión y una ventana estratégica hacia el futuro |

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La participación de la República Dominicana en la convención minera PDAC 2026, celebrada en Toronto, Canadá, marca un punto de inflexión en la proyección internacional de su sector minero. No se trata únicamente de presencia institucional en el principal escenario global de la minería, sino de una señal clara de que el país busca consolidarse como un destino confiable, competitivo y alineado con los más altos estándares internacionales de inversión, sostenibilidad y gobernanza.

Los datos hablan por sí solos. En 2025, la inversión extranjera directa (IED) en minería creció en torno a un 775 %, según cifras del Banco Central, superando los USD 337 millones. Este salto cuantitativo no es casual: responde a un entorno macroeconómico estable, a un marco jurídico más predecible y a una estrategia deliberada de promoción internacional que ha encontrado en Canadá —potencia minera global— un socio natural.

La presencia dominicana en PDAC 2026, encabezada por una misión multisectorial que integró actores públicos, privados y académicos, refleja una visión moderna de la política minera: la de un ecosistema donde convergen inversión, conocimiento, innovación tecnológica y responsabilidad social. En ese contexto, el rol de ProDominicana como plataforma de atracción de capitales y facilitación de negocios resulta clave para traducir el interés internacional en proyectos concretos y sostenibles.

Más allá de la narrativa institucional, los resultados económicos refuerzan el argumento. El sector minero alcanzó en 2025 exportaciones récord superiores a USD 2,590 millones, con un crecimiento interanual del 52 %, representando más del 18 % de las exportaciones nacionales de bienes. Oro, plata y otros minerales continúan siendo pilares de esta dinámica, contribuyendo de manera significativa a la generación de divisas y al equilibrio de la balanza comercial.

El vínculo con Canadá merece una lectura estratégica. Las exportaciones dominicanas hacia ese país superaron los USD 757 millones, de los cuales cerca del 90 % correspondieron a productos mineros. En paralelo, la inversión canadiense acumulada entre 2019 y 2025 ronda los USD 2,000 millones, posicionando a Canadá como el tercer mayor inversor en la economía dominicana. Esta relación no solo es comercial o financiera: es también tecnológica, normativa y cultural, especialmente en lo relativo a estándares de minería responsable.

En ese sentido, los acercamientos con organizaciones como la Mining Association of Canada (MAC) y su programa Towards Sustainable Mining abren una oportunidad relevante para fortalecer prácticas de transparencia, gestión ambiental y relacionamiento comunitario. Para un país con una riqueza geológica diversa pero socialmente sensible, adoptar y adaptar estos estándares no es un lujo reputacional, sino una necesidad estratégica.

Un capítulo aparte merece el larimar, piedra semipreciosa única en el mundo y símbolo de identidad nacional. El aumento de sus exportaciones —más de 291 mil libras en 2025, triplicando el volumen del año anterior— y el hecho de que aproximadamente el 50 % se procese localmente en joyería, apuntan a un camino correcto: agregar valor en origen, generar empleo creativo y conectar minería con industrias culturales y turísticas. El gesto simbólico de donar piezas de larimar a una institución científica canadiense refuerza esa narrativa de identidad, ciencia y economía.

Sin embargo, el desafío está lejos de concluir. El crecimiento acelerado de la inversión minera exige fortalecer la institucionalidad, la fiscalización ambiental, la participación comunitaria y la formación de capital humano especializado. La sostenibilidad no puede quedarse en el discurso internacional; debe traducirse en beneficios tangibles para las comunidades, en encadenamientos productivos locales y en una gestión transparente de los recursos.

PDAC 2026 deja, en definitiva, una lección clara: la minería dominicana ha entrado en una nueva fase de visibilidad y atractivo global. La tarea ahora es convertir ese interés en desarrollo inclusivo, innovación y confianza a largo plazo. Si el país logra equilibrar crecimiento económico, responsabilidad social y valor agregado local, la minería puede consolidarse no solo como un motor de exportaciones, sino como un pilar estratégico del desarrollo nacional en el siglo XXI. / @LuisOrlandoDia1 @GUASABARAeditor
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🌎⛏️ Opinión | República Dominicana en PDAC 2026: minería, inversión y una ventana estratégica hacia el futuro

La participación de la 🇩🇴 República Dominicana en PDAC 2026, en Toronto 🇨🇦, marca un antes y un después para el sector minero nacional. No es solo presencia institucional en la principal convención minera del mundo, sino una señal clara de que el país apuesta por una minería confiable, competitiva y alineada con estándares internacionales de inversión, sostenibilidad y gobernanza.

📊 Los números respaldan el mensaje:
✅ En 2025, la IED en minería creció un 775 %, superando los USD 337 millones.
✅ Las exportaciones mineras alcanzaron un récord de USD 2,590 millones, representando más del 18 % de las exportaciones nacionales.

🤝 Canadá emerge como socio estratégico:
🔹 Más de USD 757 millones en exportaciones dominicanas, 90 % mineras.
🔹 Cerca de USD 2,000 millones en inversión canadiense acumulada (2019–2025).
🔹 Cooperación en minería responsable, tecnología y estándares ambientales.

💎 El larimar, piedra única en el mundo y símbolo nacional, también gana protagonismo:
📈 Exportaciones triplicadas en 2025.
👩‍🎨 50 % procesado localmente en joyería, generando valor agregado y empleo creativo.

⚠️ El reto ahora es claro:
Fortalecer la institucionalidad, la fiscalización ambiental y la participación comunitaria para que la sostenibilidad pase del discurso a los beneficios reales.

🔎 PDAC 2026 confirma que la minería dominicana entra en una nueva etapa de visibilidad global. Convertir ese interés en desarrollo inclusivo y confianza a largo plazo será la clave del éxito.

✍️ Por Luis Orlando Díaz Vólquez
📲 @LuisOrlandoDia1 | @GUASABARAeditor

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Gómez Mazara aboga en Barcelona por una regulación de las telecomunicaciones firme y centrada en protección de usuarios

Gómez Mazara aboga en Barcelona por una regulación de las telecomunicaciones firme
y centrada en protección de usuarios.

Gómez Mazara aboga en Barcelona por una regulación de las telecomunicaciones firme y centrada en protección de usuarios

El presidente del Indotel y de Regulatel destacó el rol arbitral del regulador, la defensa del usuario, la competencia efectiva y la modernización del marco normativo dominicano

5 de marzo de 2026 

Barcelona, España. – El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, resaltó la necesidad de fortalecer el rol arbitral de los órganos reguladores, garantizar la competencia efectiva y colocar la protección del usuario en el centro de la política pública, durante su participación en la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) celebrada en Barcelona. 

En su condición de presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel), Gómez Mazara encabezó el diálogo regional sobre la evolución de los entes reguladores en América Latina, destacando que el contexto actual obliga a superar la concepción tradicional de un regulador pasivo y avanzar hacia un modelo más dinámico, que funcione como puente de entendimiento entre todos los actores del ecosistema digital.

El funcionario subrayó que la protección del usuario constituye un principio irrenunciable en la experiencia dominicana, y aseguró que toda política regulatoria debe orientarse a resguardar derechos, promover la calidad de los servicios y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema.

Asimismo, resaltó la importancia de preservar la armonía entre los distintos actores (Estado, empresas y usuarios) como base para consolidar un entorno sostenible e innovador. En ese sentido, defendió la competencia como motor de eficiencia y crecimiento, advirtiendo que sin reglas claras y supervisión efectiva no es posible garantizar mercados justos.

Durante su intervención, compartió además los avances de República Dominicana en materia de impulso a las habilidades digitales, destacando que el rol del regulador también implica acompañar los procesos de transformación tecnológica con una visión inclusiva, que contribuya al cierre de brechas y al fortalecimiento del capital humano.

Gómez Mazara se refirió igualmente a las perspectivas de modernización del marco normativo de las telecomunicaciones en el país, indicando que la nueva legislación en discusión busca responder a los desafíos de la convergencia tecnológica, robustecer la seguridad jurídica y consolidar mecanismos más eficaces de protección al usuario.

Asimismo, valoró estos espacios multilaterales como escenarios fundamentales para intercambiar experiencias y construir consensos regionales en torno a una regulación moderna, equilibrada y orientada al desarrollo. 

Gómez Mazara extendió la invitación para que República Dominicana pueda acoger futuras cumbres regulatorias, reafirmando la disposición del país de continuar impulsando el diálogo y la cooperación en el sector.

miércoles, 4 de marzo de 2026

Facilitación del comercio como política de Estado: del CNFC a Meta RD 2036

Opinión | 

 

Facilitación del comercio como política de Estado: del CNFC a Meta RD 2036

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La competitividad de un país no se mide únicamente por el tamaño de su economía, sino por la calidad de sus procesos: cuánto tarda una mercancía en liberarse, cuántas veces se repite un trámite, cuánta incertidumbre se acumula entre ventanillas, permisos y plataformas. En esa lógica, la Vigésima Séptima Sesión Plenaria del Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC) dejó un mensaje que merece ser leído como algo más que un acto institucional: la República Dominicana intenta pasar de la coyuntura a la estrategia y de la promesa al desempeño. Y esa transición coincide con la arquitectura de transformación que impulsa el presidente Luis Abinader a través de Meta RD 2036, concebida como una hoja de ruta para duplicar el PIB real, elevar productividad, crear empleo y reducir vulnerabilidades estructurales. 

Que la plenaria haya sido encabezada por Nelson Arroyo, en su doble rol de director general de Aduanas y presidente del CNFC, no es un simple dato de protocolo: es una señal de gobernanza. Cuando un país decide competir como hub logístico regional y destino de Nearshore, el centro de gravedad no está en los discursos, sino en la capacidad institucional de convertir flujos complejos —documentos, permisos, riesgos, pagos, inspecciones, puertos— en procesos predecibles, trazables y medibles. En esa línea, Arroyo lo resumió con una frase que define el momento: “Hoy nosotros reafirmamos el compromiso de esta nueva gestión con la transparencia, la innovación y la excelencia institucional”. Ese compromiso, si se sostiene, es la diferencia entre un Estado que facilita y un Estado que estorba; entre una economía que atrae cadenas de valor y otra que las pierde por fricción.

La sesión, además, colocó resultados concretos sobre la mesa. Se reportó el cumplimiento total del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC (Convenio de Bali) y una mejora de 29 posiciones en el Índice de Desempeño Logístico (LPI) del Banco Mundial entre 2018 y 2023. La relevancia de estas cifras no está en el aplauso, sino en su implicación: cuando el Estado y el sector privado se alinean con metas operativas, el desempeño se vuelve verificable y el país gana reputación, confianza y previsibilidad para inversión y relocalización productiva. Ese “método” —metas, seguimiento y ejecución— es precisamente el tipo de disciplina que Meta RD 2036 promueve al plantear un salto estructural de productividad para lograr sus objetivos nacionales. 

La clave, sin embargo, es no caer en el triunfalismo. La pregunta editorial no es si vamos “bien” o “mal” en facilitación del comercio; la pregunta es más exigente: ¿podemos convertir estos avances en una política de Estado sostenida y alineada a Meta RD 2036? El plan nacional no se limita a un objetivo macroeconómico: plantea metas estructurales como duplicar el PIB real, eliminar la pobreza extrema, crear 1.7 millones de empleos y triplicar el salario medio, lo que exige reducir el costo de transacción de producir, importar, exportar y distribuir. En términos prácticos, una aduana más ágil y un ecosistema logístico eficiente son multiplicadores de productividad; por eso su conexión con Meta RD 2036 es directa, no decorativa.

En la apertura, Francesca Rainieri, presidenta de AMCHAMDR y secretaria del CNFC, describió la esencia del modelo dominicano cuando afirmó: “Desde la creación de este grupo de trabajo, la colaboración público-privada ha impulsado una agenda clara de facilitación del comercio, enfocada en simplificar, modernizar y hacer más eficiente y transparente nuestro entorno comercial”. Esa idea —colaboración como ventaja competitiva— encaja con la lógica de Meta RD 2036, que se estructura sobre comités sectoriales y coordinación público-privada para identificar iniciativas de alto impacto y acompañar su implementación con rigor técnico.

En el mismo tono, William Malamud, vicepresidente de AMCHAMDR, aportó una advertencia que conviene subrayar: el reconocimiento regional “no es casualidad”, pero tampoco es permanente. Malamud lo dijo con claridad al plantear que los avances actuales son fruto de “años de diálogo técnico, de soluciones prácticas y de una visión compartida”; y, precisamente por eso, llamó a evitar la complacencia y avanzar hacia una estructura de trabajo más eficiente, con objetivos medibles y un mapa de ruta compartido. Esa conversación —cómo organizarse mejor para ejecutar mejor— es coherente con el enfoque de Meta RD 2036, donde se ha insistido en convertir propuestas en una ruta crítica con responsables y cronogramas, evitando la dispersión que mata cualquier estrategia nacional.

Donde la plenaria mostró mayor capacidad de “aterrizar” la estrategia fue en la transformación digital. Hablar de competitividad hoy sin hablar de digitalización es hablar incompleto. Meta RD 2036 prioriza la modernización institucional y la innovación tecnológica como condiciones para elevar productividad y competitividad. En el ámbito aduanero, esa prioridad se traduce en lo que el usuario siente: trazabilidad de expedientes, menor discrecionalidad, autogestión y reducción de tiempos. En ese marco, el proyecto “Despacho en 24 horas” y las mejoras operativas en plataformas como SIGA apuntan al corazón del problema: la fricción administrativa que encarece la economía sin necesidad. 

Las funcionalidades explicadas por el equipo técnico —notificaciones más inteligentes, lectura trazable, consulta de días hábiles/no laborables, listados de declaraciones listas para pagar o despachar, consulta de embarques manifestados pendientes y automatizaciones para traslados— son piezas de un modelo más amplio: convertir la facilitación en sistema, no en “excepción”. Aquí la filosofía correcta es sencilla: lo que no se mide, no se mejora; y lo que no se automatiza, se vuelve cuello de botella. Si Meta RD 2036 busca elevar la efectividad del Estado como parte de su visión-país, el camino lógico es que estos avances no queden como anuncios, sino que se conviertan en estándares operativos sostenidos.

Pero el reto mayor sigue siendo la consistencia. Meta RD 2036 exige ritmo y continuidad, no solo hitos. En el proceso reportado por los comités sectoriales se habló de consolidar propuestas, priorizar acciones y pasar “de las palabras a la acción”, definiendo responsables y cronogramas. Esa es, en realidad, la prueba de fuego del CNFC: sostener una agenda técnica sin superposición de mesas, sin fatiga institucional y sin pérdida de foco. La facilitación del comercio no se hereda; se construye todos los días. Y se pierde rápido si no se protege con gobernanza, métricas y transparencia. 

La dimensión de promoción internacional también debe leerse con disciplina estratégica. Paul Machuca, en representación de la Asociación de Centros Logísticos (ASOLOGIC), presentó el eslogan “Closure by Nature” como eje creativo para proyectar al país. La marca puede abrir puertas, pero el producto —insisto— es la operación. En Meta RD 2036, el componente de Transporte y Logística incluye explícitamente el fortalecimiento del plan de promoción del hub logístico y la consolidación de capacidades de monitoreo e inteligencia logística. En otras palabras: promoción sí, pero respaldada por desempeño verificable. La mejor campaña para un hub es un despacho que funciona de forma consistente, incluso en días pico, incluso bajo presión.

De ahí que integrar Meta RD 2036 a la planificación del CNFC no deba quedarse en una mención simbólica. Debe convertirse en alineamiento explícito de objetivos e indicadores: tiempos promedio de despacho por régimen, porcentaje real de trámites 100% digitales, tiempos de respuesta ante notificaciones, predictibilidad del proceso, interoperabilidad con puertos y reguladores, y calidad de la gestión de riesgos. Meta RD 2036 fue diseñada con una arquitectura multisectorial de comités precisamente para atacar cuellos de botella de productividad que ningún actor resuelve solo. El CNFC, por su naturaleza público-privada, está llamado a ser uno de esos brazos ejecutores con mayor impacto transversal.

En conclusión, la plenaria del CNFC exhibe avances que merecen reconocimiento, pero también revela la magnitud del desafío: convertir la facilitación del comercio en política de Estado, integrada al método y la ambición de Meta RD 2036. Si el país quiere duplicar su PIB real y sostener un desarrollo más inclusivo, no puede permitirse retrocesos en aduanas, puertos y logística. El liderazgo institucional, la cooperación público-privada y la digitalización útil —la que cambia procesos, no solo pantallas— deben traducirse en una sola palabra: ejecución. Porque en desarrollo, los planes importan; pero lo que transforma, al final, es lo que se hace, se mide y se sostiene. 

Santo Domingo, 4 de marzo de 2026 //

Sobre el autor

Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. 

Post: 

🧭 Facilitación del comercio como política de Estado

La competitividad no se mide solo en cifras, sino en procesos: tiempos de despacho, digitalización, previsibilidad y gobernanza.
La reciente plenaria del CNFC muestra avances reales, pero el reto es mayor: convertir la facilitación del comercio en un pilar estructural alineado a Meta RD 2036.

🚢 Aduanas ágiles
💻 Transformación digital útil
🤝 Colaboración público-privada
📈 Productividad como meta país

Porque en desarrollo, los planes importan… pero lo que transforma es la ejecución sostenida.

✍️ Luis Orlando Díaz Vólquez @LuisOrlandoDia1 @GuasabaraEditor
📍 Santo Domingo | 4 de marzo de 2026

#FacilitaciónDelComercio #MetaRD2036 #Competitividad #Logística #AduanasRD #PolíticaDeEstado #Productividad #Nearshoring #HubLogístico #TransformaciónDigital

@aduanard @NelsonArroyoP 

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PROMIPYME realiza jornada formativa a mipymes en la UASD y pone en marcha su Cuadernillo de Educación Financiera

PROMIPYME realiza jornada formativa a  MIPYMES en la UASD y pone en marcha su Cuadernillo de Educación Financiera 
3 de marzo de 2026
Santo Domingo, R.D.- Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo de capacidades financieras en emprendedores y microempresarios, el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) realizó hoy en la UASD el Taller de Educación Financiera y continuó la promoción del programa "Tu Firma Tu Garantía".
Esta jornada formativa, encabezada por la Gerente de Capacitación  Empresarial, Lissa Camejo, fue impartida en el Auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
A la vez es parte de la agenda institucional orientada a promover una cultura financiera responsable y sostenible. 
El taller fue impartido por el facilitador, Virgilio Hidalgo, quien desarrolló contenidos prácticos para fortalecer la toma de decisiones económicas en el día a día de los participantes.
Durante la capacitación, PROMIPYME implementó su Cuadernillo de Educación Financiera, una herramienta didáctica diseñada para acompañar a las MIPYMES y emprendedores en el manejo adecuado de sus recursos, mediante conceptos claros y ejercicios aplicables a la realidad de cada negocio. 
Entre los temas abordados se incluyeron: finanzas personales, presupuestos y planificación financiera, manejo de deudas y créditos, e inversiones y ahorro para el futuro.
Como cierre de la actividad, se realizó una inducción informativa sobre el programa financiero “Tu Firma es tu Garantía”, con el propósito de orientar a los asistentes sobre las facilidades disponibles para acceder a financiamiento, así como los requisitos y pasos para canalizar solicitudes de manera responsable.
PROMIPYME, liderada por el economista Fabricio Gómez Mazara, reiteró su compromiso de continuar acercando la formación y los servicios financieros a la población emprendedora, convencida de que la educación financiera es una base esencial para negocios más sólidos, mayor estabilidad familiar y un crecimiento económico con más oportunidades.

martes, 3 de marzo de 2026

Comentario | Gobierno dominicano ante la crisis energética por la guerra en Irán


Comentario | Gobierno dominicano ante la crisis energética por la guerra en Irán
@GUASABARAeditor 

La escalada del conflicto en Oriente Medio, con repercusiones directas en los mercados internacionales de petróleo y gas, coloca a la República Dominicana frente a un desafío estratégico: garantizar la estabilidad económica y social en medio de la incertidumbre global.  

El Gobierno ha respondido con un enfoque de planificación preventiva y monitoreo constante, consciente de que los países de ingresos medios, como el nuestro, son particularmente vulnerables a las fluctuaciones de los hidrocarburos. La coordinación interinstitucional entre los ministerios de Industria, Comercio y Mipymes, Hacienda y Economía refleja una postura prudente: más que acumular reservas físicas de combustible, se apuesta por mecanismos financieros como la compra de seguros contra alzas inesperadas, una herramienta ya utilizada en años anteriores para mitigar riesgos.  

Este modelo de gestión, comparable a un seguro de salud aplicado a la economía, busca blindar al país frente a la volatilidad del crudo. La lógica es clara: en lugar de inmovilizar recursos en reservas difíciles de manejar, se aprovecha la fortaleza de las reservas internacionales y la holgura fiscal para sostener subsidios y amortiguar impactos en la población.  

La coyuntura internacional exige serenidad y visión de largo plazo. La República Dominicana no puede controlar los precios del petróleo, pero sí puede fortalecer su resiliencia interna, diversificar fuentes energéticas y mantener la confianza de los mercados. La experiencia de crisis anteriores demuestra que la combinación de planificación, disciplina fiscal y creatividad financiera es la mejor defensa ante turbulencias externas.  

En este contexto, el mensaje es inequívoco: el país está preparado para enfrentar la crisis, no desde la improvisación, sino desde una estrategia que prioriza la estabilidad y la protección de los hogares dominicanos.  

Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez 

Pedernales mira al espacio: inversión privada, interés público


Pedernales mira al espacio: inversión privada, interés público

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Que una empresa estadounidense haya escogido Oviedo, Pedernales, para desarrollar un “puerto satelital” o puerto espacial comercial es, sin duda, una noticia de alto impacto simbólico: coloca a la República Dominicana en la conversación de la economía espacial y sugiere una diversificación productiva más allá del turismo tradicional. Pero el anuncio —y la aclaración del ministro Sigmund Freund de que se trata de un proyecto puramente privado, donde el Gobierno se limitaría a permisos, licencias y disponibilidad de suelo— obliga a hacer una lectura madura: cuando el capital es privado, el riesgo no desaparece; se redistribuye. Y si el Estado participa con territorio, regulación y reputación país, el interés público queda automáticamente comprometido.

Freund ha sido explícito: el Gobierno no estaría retirando recursos del presupuesto para financiar la infraestructura, sino que su rol sería regulatorio y de facilitación territorial. Esa precisión es necesaria en un clima donde la ciudadanía asocia megaproyectos con gasto público, endeudamiento o subsidios ocultos. Sin embargo, el debate no debe quedarse en la frase tranquilizadora de “no cuesta al Estado”. Un proyecto aeroespacial, aun privado, implica externalidades: seguridad aérea y marítima, ordenamiento territorial, protección ambiental, responsabilidades ante incidentes, y eventualmente incentivos fiscales o regímenes especiales. Por eso, la discusión correcta no es “¿público o privado?”, sino “¿cómo se protege el interés nacional en un proyecto privado de alto riesgo tecnológico?”.

El presidente Luis Abinader afirmó que, tras tres años de negociaciones, se firmó un acuerdo con LOD Holdings (Launch On Demand) para desarrollar un puerto espacial comercial en Oviedo, con una inversión estimada de más de US$600 millones y la meta de realizar un lanzamiento antes de mayo de 2028. Esas cifras, por sí solas, exigen un estándar superior de transparencia: el país necesita conocer con claridad la estructura del proyecto, su cronograma realista, las garantías de cumplimiento, y los mecanismos de rendición de cuentas. Y es aquí donde conviene escuchar también las voces que piden cautela: análisis recientes advierten que el anuncio deja interrogantes sobre la complejidad de ejecutar un spaceport en un país sin tradición aeroespacial, y sobre el perfil y experiencia operativa del socio privado.

La narrativa oficial subraya ventajas geográficas: cercanía relativa al ecuador, condiciones de Oviedo y la congestión de ventanas de lanzamiento en Estados Unidos, que según Freund pueden implicar esperas de hasta dos años. Son argumentos plausibles: la economía espacial comercial está impulsada por la demanda de lanzamientos, especialmente de satélites pequeños. Pero la geografía no reemplaza la gobernanza. Un puerto espacial no es un edificio; es un régimen integral de operaciones que articula seguridad, control de tráfico aéreo, coordinación marítima, protección civil, estándares ambientales, y responsabilidades legales nacionales e internacionales. De ahí que el Estado no pueda asumir un rol pasivo: “dar permisos” no es una formalidad administrativa, es una función soberana con consecuencias.

En lo ambiental, Freund sostiene que los datos preliminares apuntan a un impacto “muy mínimo” y verificable, aunque se realizarán estudios más profundos. Ese orden —primero afirmar minimización, luego hablar de estudios más profundos— puede resultar problemático si no se administra con rigor técnico y comunicación prudente. Un proyecto de esta naturaleza debe sostener su legitimidad en evaluaciones independientes, acceso público a los hallazgos, y mecanismos de mitigación medibles. No basta con “prometer” bajo impacto; hay que demostrarlo con metodologías, líneas base, escenarios de riesgo y supervisión continua. En Pedernales, donde la riqueza ambiental es parte del activo turístico y del valor país, la licencia social se gana con evidencia, no con optimismo.

También está la dimensión de empleo y capacidades. Freund reconoce que el personal técnico vendrá inicialmente del exterior, aunque existe el planteamiento de preparar talento dominicano en dos años o dos años y medio para integrarse al proyecto. Ese punto es crucial: si la promesa de transformación local se limita a empleos indirectos o de baja especialización, el proyecto corre el riesgo de convertirse en un enclave. La política pública debe condicionar permisos y facilidades a compromisos verificables de transferencia de conocimiento: programas con universidades e institutos técnicos, certificaciones, pasantías, y un porcentaje gradual de dominicanización de funciones donde sea posible. Sin ese diseño, el país solo “alquila” ventajas geográficas, y el valor agregado se queda fuera.

En cuanto al argumento turístico, Freund compara la posible atracción con Cabo Cañaveral, señalando su potencial como polo de visitas. La idea es sugerente, pero debe aterrizarse: el turismo de ciencia y tecnología funciona cuando se integra a un ecosistema de museos, experiencias educativas, seguridad operacional y narrativa de país. Pedernales ya está en una ruta de transformación turística y logística; un componente aeroespacial podría aportar diferenciación, pero solo si se gestiona con estándares de seguridad y comunicación pública impecables. Un solo evento adverso, una mala gestión de ruido informativo o una percepción de opacidad puede golpear tanto al proyecto como a la marca destino.

A estas alturas, la clave es una: gobernanza del riesgo. Si el Estado no pone dinero, aun así debe poner reglas. Reglas sobre quién responde ante incidentes, cómo se asegura la protección del espacio aéreo y marítimo, cómo se garantiza la compatibilidad con actividades económicas existentes, y cómo se preserva el patrimonio natural. Reglas también sobre incentivos: medios han señalado la posibilidad de que el proyecto opere bajo un régimen de zona franca, lo cual, de confirmarse, abriría un debate legítimo sobre beneficios fiscales, retorno social y condiciones de desempeño. Si habrá incentivos, deben estar atados a metas: empleo local, compras locales, transferencia tecnológica, encadenamientos productivos, y cumplimiento estricto de estándares ambientales.

Por eso, el enfoque responsable no es aplaudir sin preguntar ni negar por reflejo. Es exigir claridad con visión de futuro. El país puede —y debe— aspirar a insertarse en industrias de frontera, pero no con ingenuidad. La República Dominicana no puede darse el lujo de convertir un anuncio ambicioso en una promesa incumplida, ni de asumir costos reputacionales por falta de transparencia o por una supervisión débil. Si el proyecto es privado, entonces que lo sea también en su disciplina: cronogramas realistas, garantías de inversión, auditorías técnicas, información pública y un marco regulatorio robusto. Solo así Pedernales “mirará al espacio” sin perder de vista lo más importante: el suelo, la gente y el interés nacional.



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