Mostrando las entradas con la etiqueta Poder Ejecutivo. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Poder Ejecutivo. Mostrar todas las entradas

martes, 7 de julio de 2026

Política Presupuestaria 2027: la ruta fiscal de una nación que debe crecer con sentido estratégico |

Presidente Abinader

Quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros

Política Presupuestaria 2027: la ruta fiscal de una nación que debe crecer con sentido estratégico

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027 por el Consejo de Ministros coloca sobre la mesa una pregunta decisiva para la República Dominicana: cómo convertir el gasto público en una herramienta real de transformación, bienestar, productividad e institucionalidad, sin perder de vista la sostenibilidad fiscal ni la responsabilidad frente al futuro.

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, trasciende el carácter rutinario de un trámite administrativo dentro del calendario institucional del Estado. Constituye, más bien, una definición política, económica y estratégica sobre el rumbo que la República Dominicana procura consolidar en una etapa marcada por profundas demandas sociales, presiones fiscales, transformaciones tecnológicas, desafíos geopolíticos y la necesidad impostergable de elevar la calidad del desarrollo nacional.

Un presupuesto público no es solo una suma de partidas, techos financieros, programas y proyectos. Es, en esencia, la expresión concreta de las prioridades de un país. Allí donde se asignan los recursos se revela la verdadera jerarquía de los compromisos públicos. Por eso, la Política Presupuestaria 2027 adquiere una relevancia mayor al organizar el gasto alrededor de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, una visión de largo plazo que procura orientar la acción del Estado hacia el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y la consolidación de la institucionalidad democrática.

En una economía como la dominicana, que ha demostrado capacidad de crecimiento, resiliencia y atracción de inversiones, el gran desafío ya no consiste únicamente en crecer, sino en crecer mejor. Crecer mejor significa transformar el dinamismo macroeconómico en bienestar tangible para la gente; convertir las cifras de expansión en mejores servicios públicos; traducir la inversión en infraestructura en mayor competitividad territorial; y asegurar que la estabilidad fiscal no sea un concepto técnico reservado a especialistas, sino una condición indispensable para proteger el futuro de las familias, las empresas y las instituciones.

La decisión de mantener la asignación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto al sistema educativo confirma que la educación continúa siendo el eje más sensible de la política pública dominicana. Sin embargo, el país sabe por experiencia que asignar recursos no basta. La inversión educativa debe medirse no solamente por su volumen financiero, sino por su capacidad de producir aprendizaje efectivo, reducir brechas, mejorar competencias, dignificar la labor docente y preparar a las nuevas generaciones para una economía cada vez más digital, automatizada y competitiva. En ese sentido, la continuidad del Plan Horizonte 2034 representa una oportunidad para pasar de la expansión cuantitativa del sistema a una transformación cualitativa de sus resultados.

La educación dominicana necesita aulas, planteles, transporte escolar y cobertura, pero también necesita liderazgo pedagógico, evaluación continua, innovación curricular, formación técnica pertinente y una conexión más estrecha entre escuela, territorio y empleo. El país no podrá insertarse con éxito en la economía global del conocimiento si no logra que cada peso destinado a educación se convierta en más horas efectivas de aprendizaje, mayor comprensión lectora, mejores habilidades matemáticas, alfabetización digital y capacidades ciudadanas. El presupuesto, por tanto, debe ser una palanca de calidad, no simplemente una garantía de cumplimiento formal.

En salud y protección social, la Política Presupuestaria 2027 plantea la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la ampliación de la Red Nacional de Emergencias y la permanencia de programas sociales orientados a proteger a la población ante choques externos. Esta línea de acción resulta crucial en un mundo donde las crisis sanitarias, climáticas, inflacionarias y alimentarias pueden alterar con rapidez la estabilidad de los hogares. Pero también aquí aparece una exigencia mayor: la salud pública debe avanzar desde una lógica reactiva hacia un modelo preventivo, territorial y humano.

Fortalecer la atención primaria no es un detalle técnico; es una decisión estructural. Un sistema de salud que resuelve tarde, atiende de manera fragmentada y concentra la presión en hospitales de alta demanda termina siendo más costoso, menos eficiente y menos justo. La República Dominicana necesita un sistema capaz de acompañar a la ciudadanía antes de que la enfermedad se convierta en emergencia, antes de que la pobreza se profundice por gastos médicos, antes de que la desigualdad territorial determine quién vive más y quién vive peor. El presupuesto de salud debe mirar no solo la infraestructura, sino la calidad del servicio, el abastecimiento, la tecnología, el personal y la confianza de la población.

La infraestructura, otro de los grandes ejes anunciados para 2027, mantiene una importancia estratégica indiscutible. Autopistas, sistemas de transporte integrado, acueductos, saneamiento y programas de mejoramiento de viviendas son inversiones que impactan directamente la productividad, la movilidad, la salud ambiental y la dignidad de la vida cotidiana. No hay desarrollo sostenible sin infraestructura moderna; pero tampoco hay infraestructura verdaderamente transformadora si esta no responde a una visión territorial equilibrada, ambientalmente responsable y socialmente inclusiva.

El país debe evitar que las obras sean vistas únicamente como monumentos físicos del crecimiento. Una carretera reduce costos logísticos, pero también conecta comunidades con mercados. Un acueducto no solo lleva agua, sino que mejora salud, dignidad y productividad doméstica. Un sistema de transporte integrado no solo mueve pasajeros, sino que reorganiza la ciudad, disminuye pérdidas de tiempo, reduce presión económica sobre los hogares y mejora la competitividad urbana. Por eso, la inversión pública debe estar guiada por criterios de impacto, transparencia, priorización técnica y sostenibilidad de largo plazo.

La productividad aparece correctamente como un componente esencial de la política presupuestaria. La República Dominicana no podrá sostener su crecimiento futuro si no eleva la productividad de sus trabajadores, empresas, instituciones y territorios. Este punto es clave. El crecimiento basado en expansión de sectores tradicionales, consumo, construcción o ventajas de localización debe complementarse con innovación, digitalización, formación técnica, encadenamientos productivos, logística avanzada, agroindustria moderna, turismo inteligente e incorporación de inteligencia artificial en los procesos públicos y privados. El presupuesto debe ayudar a construir una economía con mayor capacidad de generar valor, no solo volumen.

La institucionalidad, por su parte, es el terreno donde el desarrollo se vuelve confiable. La mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica, junto con las inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza, revela que el Gobierno reconoce la importancia de un Estado capaz de garantizar orden, justicia, control territorial y confianza. Sin seguridad jurídica no hay inversión sostenible; sin justicia eficiente no hay convivencia democrática; sin instituciones confiables no hay contrato social sólido. La institucionalidad no es una abstracción: es lo que permite que el ciudadano crea en las reglas y que el inversionista confíe en el país.

Ahora bien, toda política presupuestaria responsable debe enfrentar una tensión permanente: las necesidades son amplias, pero los recursos son limitados. De ahí que la sostenibilidad fiscal no puede ser tratada como una restricción incómoda, sino como una condición de soberanía económica. Un Estado que gasta sin eficiencia compromete el futuro; un Estado que invierte con inteligencia multiplica oportunidades. La diferencia entre gasto y desarrollo radica precisamente en la calidad de la planificación, la transparencia de la ejecución, la medición de resultados y la capacidad de corregir desvíos.

La Política Presupuestaria 2027, al estar alineada con Meta RD 2036, tiene el mérito de colocar el horizonte más allá de la coyuntura inmediata. Esa mirada es necesaria. Los países que progresan no improvisan cada año su destino; construyen continuidad estratégica, articulan sectores, protegen prioridades y someten sus decisiones a metas medibles. Pero también es importante recordar que una visión de largo plazo solo adquiere legitimidad cuando produce resultados verificables en el corto y mediano plazo. La ciudadanía necesita ver que la planificación mejora su escuela, su hospital, su calle, su empleo, su seguridad y su esperanza.

El verdadero examen de esta política no estará únicamente en su aprobación, sino en su ejecución. El presupuesto 2027 deberá demostrar que puede convertir las prioridades anunciadas en obras concluidas, servicios fortalecidos, instituciones más eficientes y ciudadanos mejor atendidos. Deberá demostrar que el Estado puede gastar mejor, no solo gastar más. Deberá probar que la inversión pública puede ser una herramienta de cohesión nacional, competitividad económica y justicia social.

La República Dominicana se encuentra ante una oportunidad decisiva. Si la Política Presupuestaria 2027 logra articular educación de calidad, salud preventiva, infraestructura estratégica, productividad moderna e institucionalidad robusta, el país estará dando un paso importante hacia una forma más madura de desarrollo. Pero si esas prioridades se diluyen en dispersión, burocracia o ejecución deficiente, la visión de futuro corre el riesgo de quedarse en discurso.

Gobernar también es presupuestar. Y presupuestar bien es decidir con responsabilidad qué país se quiere construir. La aprobación de esta política marca una ruta; ahora corresponde convertirla en resultados. Porque el desarrollo no se proclama: se planifica, se financia, se ejecuta, se mide y se defiende con visión de Estado.

Luis Orlando Díaz Vólquez
Ingeniero de sistemas de computadora | Editor bibliográfico | Productor de medios de comunicación
#GuasábaraEditor

.ooooo

lunes, 6 de julio de 2026

Consejo de Ministros aprueba la Política Presupuestaria 2027

Consejo de Ministros aprueba la Política Presupuestaria 2027
La política de gasto prioriza la inversión en educación, salud, infraestructura, productividad e institucionalidad.
6 de Julio 2026 | 19:54
Presidente Abinader

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, en la que fue aprobada la Política Presupuestaria Anual correspondiente al año 2027, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica de Presupuesto.

Al concluir la sesión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó los principales lineamientos de la política de gasto, en su calidad de secretario técnico del Consejo de Gobierno.

La Política Presupuestaria 2027 organiza el gasto público alrededor de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, con énfasis en el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y el fortalecimiento de la institucionalidad, preservando al mismo tiempo las prioridades sociales y la inversión pública.

De acuerdo con el ministro Paliza, la política de gasto reafirma el compromiso del Gobierno con una gestión responsable de los recursos públicos, concentrando las inversiones en proyectos que generan mayor impacto sobre el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del país.

“La Política Presupuestaria 2027 refleja una visión de largo plazo. Cada peso del presupuesto estará orientado a acelerar la transformación del país, fortaleciendo el capital humano, ampliando las oportunidades para la gente y desarrollando la infraestructura que demanda el crecimiento económico de la República Dominicana”, expresó Paliza.

En el área de educación, el Gobierno mantendrá la asignación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto (PIB) al sistema educativo. Además, continuará impulsando el Plan Horizonte 2034, orientado a elevar los años efectivos de aprendizaje, junto con la construcción y ampliación de planteles escolares, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.

En materia de salud y protección social, la política presupuestaria contempla la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales dirigidos a proteger a la población frente a choques externos.

La inversión en infraestructura continuará siendo uno de los principales ejes del presupuesto de 2027, con recursos destinados al desarrollo de autopistas y sistemas de transporte integrado en los principales centros urbanos e interurbanos, la construcción de acueductos y sistemas de saneamiento, así como la continuidad del programa nacional para el mejoramiento de viviendas.

Asimismo, el presupuesto fortalecerá la productividad y la institucionalidad mediante una mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica, además de continuar las inversiones destinadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y fronteriza, incluyendo la construcción de la verja perimetral inteligente y nuevos centros correccionales.

Paliza destacó que estas prioridades responden a una planificación estratégica de largo plazo, alineada con la visión de desarrollo nacional.

“Estamos construyendo un presupuesto que no solo responde a las necesidades del presente, sino que prepara a la República Dominicana para alcanzar las metas de desarrollo que nos hemos propuesto hacia el año 2036, con inversiones que fortalecen la competitividad, la cohesión social y la confianza institucional”, concluyó.

Política Presupuestaria 2027: la ruta fiscal de una nación que debe crecer con sentido estratégico

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027 por el Consejo de Ministros coloca sobre la mesa una pregunta decisiva para la República Dominicana: cómo convertir el gasto público en una herramienta real de transformación, bienestar, productividad e institucionalidad, sin perder de vista la sostenibilidad fiscal ni la responsabilidad frente al futuro.

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, trasciende el carácter rutinario de un trámite administrativo dentro del calendario institucional del Estado. Constituye, más bien, una definición política, económica y estratégica sobre el rumbo que la República Dominicana procura consolidar en una etapa marcada por profundas demandas sociales, presiones fiscales, transformaciones tecnológicas, desafíos geopolíticos y la necesidad impostergable de elevar la calidad del desarrollo nacional.

Un presupuesto público no es solo una suma de partidas, techos financieros, programas y proyectos. Es, en esencia, la expresión concreta de las prioridades de un país. Allí donde se asignan los recursos se revela la verdadera jerarquía de los compromisos públicos. Por eso, la Política Presupuestaria 2027 adquiere una relevancia mayor al organizar el gasto alrededor de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, una visión de largo plazo que procura orientar la acción del Estado hacia el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y la consolidación de la institucionalidad democrática.

En una economía como la dominicana, que ha demostrado capacidad de crecimiento, resiliencia y atracción de inversiones, el gran desafío ya no consiste únicamente en crecer, sino en crecer mejor. Crecer mejor significa transformar el dinamismo macroeconómico en bienestar tangible para la gente; convertir las cifras de expansión en mejores servicios públicos; traducir la inversión en infraestructura en mayor competitividad territorial; y asegurar que la estabilidad fiscal no sea un concepto técnico reservado a especialistas, sino una condición indispensable para proteger el futuro de las familias, las empresas y las instituciones.

La decisión de mantener la asignación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto al sistema educativo confirma que la educación continúa siendo el eje más sensible de la política pública dominicana. Sin embargo, el país sabe por experiencia que asignar recursos no basta. La inversión educativa debe medirse no solamente por su volumen financiero, sino por su capacidad de producir aprendizaje efectivo, reducir brechas, mejorar competencias, dignificar la labor docente y preparar a las nuevas generaciones para una economía cada vez más digital, automatizada y competitiva. En ese sentido, la continuidad del Plan Horizonte 2034 representa una oportunidad para pasar de la expansión cuantitativa del sistema a una transformación cualitativa de sus resultados.

La educación dominicana necesita aulas, planteles, transporte escolar y cobertura, pero también necesita liderazgo pedagógico, evaluación continua, innovación curricular, formación técnica pertinente y una conexión más estrecha entre escuela, territorio y empleo. El país no podrá insertarse con éxito en la economía global del conocimiento si no logra que cada peso destinado a educación se convierta en más horas efectivas de aprendizaje, mayor comprensión lectora, mejores habilidades matemáticas, alfabetización digital y capacidades ciudadanas. El presupuesto, por tanto, debe ser una palanca de calidad, no simplemente una garantía de cumplimiento formal.

En salud y protección social, la Política Presupuestaria 2027 plantea la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la ampliación de la Red Nacional de Emergencias y la permanencia de programas sociales orientados a proteger a la población ante choques externos. Esta línea de acción resulta crucial en un mundo donde las crisis sanitarias, climáticas, inflacionarias y alimentarias pueden alterar con rapidez la estabilidad de los hogares. Pero también aquí aparece una exigencia mayor: la salud pública debe avanzar desde una lógica reactiva hacia un modelo preventivo, territorial y humano.

Fortalecer la atención primaria no es un detalle técnico; es una decisión estructural. Un sistema de salud que resuelve tarde, atiende de manera fragmentada y concentra la presión en hospitales de alta demanda termina siendo más costoso, menos eficiente y menos justo. La República Dominicana necesita un sistema capaz de acompañar a la ciudadanía antes de que la enfermedad se convierta en emergencia, antes de que la pobreza se profundice por gastos médicos, antes de que la desigualdad territorial determine quién vive más y quién vive peor. El presupuesto de salud debe mirar no solo la infraestructura, sino la calidad del servicio, el abastecimiento, la tecnología, el personal y la confianza de la población.

La infraestructura, otro de los grandes ejes anunciados para 2027, mantiene una importancia estratégica indiscutible. Autopistas, sistemas de transporte integrado, acueductos, saneamiento y programas de mejoramiento de viviendas son inversiones que impactan directamente la productividad, la movilidad, la salud ambiental y la dignidad de la vida cotidiana. No hay desarrollo sostenible sin infraestructura moderna; pero tampoco hay infraestructura verdaderamente transformadora si esta no responde a una visión territorial equilibrada, ambientalmente responsable y socialmente inclusiva.

El país debe evitar que las obras sean vistas únicamente como monumentos físicos del crecimiento. Una carretera reduce costos logísticos, pero también conecta comunidades con mercados. Un acueducto no solo lleva agua, sino que mejora salud, dignidad y productividad doméstica. Un sistema de transporte integrado no solo mueve pasajeros, sino que reorganiza la ciudad, disminuye pérdidas de tiempo, reduce presión económica sobre los hogares y mejora la competitividad urbana. Por eso, la inversión pública debe estar guiada por criterios de impacto, transparencia, priorización técnica y sostenibilidad de largo plazo.

La productividad aparece correctamente como un componente esencial de la política presupuestaria. La República Dominicana no podrá sostener su crecimiento futuro si no eleva la productividad de sus trabajadores, empresas, instituciones y territorios. Este punto es clave. El crecimiento basado en expansión de sectores tradicionales, consumo, construcción o ventajas de localización debe complementarse con innovación, digitalización, formación técnica, encadenamientos productivos, logística avanzada, agroindustria moderna, turismo inteligente e incorporación de inteligencia artificial en los procesos públicos y privados. El presupuesto debe ayudar a construir una economía con mayor capacidad de generar valor, no solo volumen.

La institucionalidad, por su parte, es el terreno donde el desarrollo se vuelve confiable. La mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica, junto con las inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza, revela que el Gobierno reconoce la importancia de un Estado capaz de garantizar orden, justicia, control territorial y confianza. Sin seguridad jurídica no hay inversión sostenible; sin justicia eficiente no hay convivencia democrática; sin instituciones confiables no hay contrato social sólido. La institucionalidad no es una abstracción: es lo que permite que el ciudadano crea en las reglas y que el inversionista confíe en el país.

Ahora bien, toda política presupuestaria responsable debe enfrentar una tensión permanente: las necesidades son amplias, pero los recursos son limitados. De ahí que la sostenibilidad fiscal no puede ser tratada como una restricción incómoda, sino como una condición de soberanía económica. Un Estado que gasta sin eficiencia compromete el futuro; un Estado que invierte con inteligencia multiplica oportunidades. La diferencia entre gasto y desarrollo radica precisamente en la calidad de la planificación, la transparencia de la ejecución, la medición de resultados y la capacidad de corregir desvíos.

La Política Presupuestaria 2027, al estar alineada con Meta RD 2036, tiene el mérito de colocar el horizonte más allá de la coyuntura inmediata. Esa mirada es necesaria. Los países que progresan no improvisan cada año su destino; construyen continuidad estratégica, articulan sectores, protegen prioridades y someten sus decisiones a metas medibles. Pero también es importante recordar que una visión de largo plazo solo adquiere legitimidad cuando produce resultados verificables en el corto y mediano plazo. La ciudadanía necesita ver que la planificación mejora su escuela, su hospital, su calle, su empleo, su seguridad y su esperanza.

El verdadero examen de esta política no estará únicamente en su aprobación, sino en su ejecución. El presupuesto 2027 deberá demostrar que puede convertir las prioridades anunciadas en obras concluidas, servicios fortalecidos, instituciones más eficientes y ciudadanos mejor atendidos. Deberá demostrar que el Estado puede gastar mejor, no solo gastar más. Deberá probar que la inversión pública puede ser una herramienta de cohesión nacional, competitividad económica y justicia social.

La República Dominicana se encuentra ante una oportunidad decisiva. Si la Política Presupuestaria 2027 logra articular educación de calidad, salud preventiva, infraestructura estratégica, productividad moderna e institucionalidad robusta, el país estará dando un paso importante hacia una forma más madura de desarrollo. Pero si esas prioridades se diluyen en dispersión, burocracia o ejecución deficiente, la visión de futuro corre el riesgo de quedarse en discurso.

Gobernar también es presupuestar. Y presupuestar bien es decidir con responsabilidad qué país se quiere construir. La aprobación de esta política marca una ruta; ahora corresponde convertirla en resultados. Porque el desarrollo no se proclama: se planifica, se financia, se ejecuta, se mide y se defiende con visión de Estado.

Luis Orlando Díaz Vólquez
Ingeniero de sistemas de computadora | Editor bibliográfico | Productor de medios de comunicación
#GuasábaraEditor

viernes, 2 de mayo de 2025

Poder Ejecutivo deposita en el Senado de la República el proyecto de ley que regularía la Libertad de Expresión y los medios audiovisuales

Poder Ejecutivo deposita en el Senado de la República el proyecto de ley que regularía la Libertad de Expresión y los medios audiovisuales 

2 de mayo de 2025. SANTO DOMINGO

El presidente Luis Abinader remitió en el día de hoy al Senado de la República el proyecto de Ley que regulará la libertad de expresión y los medios digitales, según reveló a la prensa el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.  

 Antoliano Peralta
Se trata de un proyecto en el que participaron diversos actores de la sociedad civil, los medios de comunicación y destacados juristas en la materia, con el fin de crear un marco legal moderno y democrático.

En la misiva de remisión al Congreso Nacional, el presidente Abinader resalta que el proyecto “tiene por objeto regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones (prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales); resguardar el
derecho a la comunicación social y periodismo; así como también proteger el derecho de acceso a la información y crear al Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), como órgano regulador del ejercicio en el país de estos importantísimos derechos fundamentales”.

Además, el presidente Abinader resaltó en su misiva dirigida a Ricardo De Los Santos, como presidente del Senado, que en su elaboración han participado expertos nacionales e internacionales de amplia experiencia en la materia, que conocen tanto las ideas principales del pensamiento jurídico que sustenta estas libertades, como la experiencia práctica del periodismo y la comunicación en sus distintas expresiones. 

“El proyecto que ahora sometemos toma en consideración el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que tan importante tema ha tenido en las últimas décadas y procura adecuar nuestro ordenamiento a las prácticas más garantistas y democráticas. En tal virtud, someto a su consideración el presente proyecto de ley, esperando que los honorables legisladores le impartan su voto de aprobación”, agregó el mandatario.

Antoliano Peralta recordó que en junio de 2022 el presidente Abinader conformó una comisión de expertos integrada por Namphi Rodríguez, quien fungió como su director ejecutivo, Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.

La comisión entregó meses después un primer borrador que fue objeto de debate, estudio y ponderación, siendo remitido por la Consultoría Jurídica del Ejecutivo a la propia a la comisión. Tras la integración de diversas mejoras y la adecuación de varios puntos al ordenamiento jurídico que nos regula, la versión definitiva fue remitida el pasado 24 de abril de 2025 al presidente de la República y es ahora llevada al Congreso Nacional, cumpliendo con el compromiso asumido por el gobierno de promover mejoras normativas para el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

domingo, 8 de diciembre de 2024

Respecto a Ley 1-24, Antoliano Peralta reafirma compromiso del Poder Ejecutivo con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la protección de los intereses de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad nacional

Consultor jurídico del Poder Ejecutivo aclara aspectos sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la Ley 1-24

_Antoliano Peralta reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la protección de los intereses de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad nacional._

8 de diciembre de 2024
_*Santo Domingo*_ El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, emitió una declaración oficial en relación con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC/0767/24), que declaró no conforme con la Constitución la Ley núm. 1-24, normativa que creaba y regulaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“El Tribunal Constitucional fundamentó su decisión en un error procedimental durante el trámite legislativo de la norma, sin cuestionar su contenido ni identificar violaciones a derechos fundamentales. Según el fallo, la ley fue aprobada en ambas cámaras con las mayorías necesarias, pero sin cumplir con las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento como ley orgánica”, explicó.

En lo relativo al vicio de procedimiento esgrimido en la sentencia, el funcionario dijo que el “Tribunal concluyó que el Congreso no convocó expresamente las sesiones como correspondía para tratar una ley orgánica, aunque esta obtuvo amplias mayorías: 125 de 126 votos en la Cámara de Diputados y 21 de 25 en el Senado. Este incumplimiento vicia la validez de la ley, dado que las normas orgánicas requieren procedimientos específicos según la Constitución y los reglamentos legislativos”.

Explicó que, en cuanto a la naturaleza orgánica de la legislación, “la sentencia afirmó que la Ley núm. 1-24 está vinculada al ámbito de la seguridad y defensa nacional, lo que le confiere carácter orgánico, pero no regulaba directamente derechos fundamentales como alegaban algunos accionantes”.

Con respecto a la observación formal, no material, planteó que “el Tribunal Constitucional subrayó que la nulidad responde exclusivamente a un aspecto formal, ya que no se respetaron las reglas de convocatoria para su tratamiento. Este fallo pone énfasis en la necesidad de seguir los procedimientos legislativos con rigor”.

El Poder Ejecutivo expresó su respeto y acogida al criterio del Tribunal Constitucional, resaltando su compromiso con el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legislativas.

 “Saludamos el empeño del Tribunal en garantizar el cumplimiento del procedimiento legislativo en todos sus detalles, lo que fortalece nuestra institucionalidad. El Gobierno está comprometido a seguir impulsando iniciativas que cumplan a cabalidad con el marco jurídico establecido”, expresó el consultor jurídico.

Expresó que, aunque la sentencia no las señala explícitamente, las irregularidades mencionadas pueden ser subsanadas mediante el cumplimiento del procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional. 

Antoliano Peralta recordó que el Poder Legislativo analiza una propuesta de reforma de la Ley núm. 1-24, fruto del consenso entre el gobierno y diversos actores de la sociedad civil.

El consultor jurídico reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la protección de los intereses de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad nacional.

viernes, 25 de octubre de 2024

Presión social tumba el pulso al Gobierno y hace recular 9 veces al Poder Ejecutivo

Presión social tumba el pulso al Gobierno y hace recular 9 veces al Poder Ejecutivo

Por Víctor Martínez octubre 25, 2024 14:05 |  

Presión social tumba el pulso al Gobierno y hace recular 9 veces al Poder Ejecutivo

Es la novena ocasión en que la presión social le tumba el pulso al Gobierno,  y el presidente Luis Abinader  se ve obligado a “recular”. En este caso se vio obligado a echar para atrás la aplicación de una reforma fiscal que provocó quejas generalizadas en todo los sectores representativos del país

Lo propio ocurrió en su pasada gestión, donde varios proyectos  sometidos al Congreso Nacional tuvieron que ser retirados por disposición del jefe de Estado, tras críticas y protestas generalizadas de la población.

Unas vistas públicas donde la mayoría de los participantes “zarandearon” el “Proyecto de Modernización Fiscal”, Cacerolazos nocturnos, un campamento frente al Congreso Nacional y críticas de todos los sectores sepultaron las intenciones de aplicar nuevos tributos a más de 200 productos e impuestos a todas las transacciones legales.

Sueldo navideño

Los “reculeos” iniciaron a principio de su primer gobierno, en plena pandemia de covid-19 en el año 2020, el jefe de Estado intentó someter una serie de impuestos “transitorios” qué afectarían el salario 13, exento de ley, y las compras por Internet.

Estos intentos provocaron gran indignación en la población que se intentara colocar un impuesto al doble sueldo o sueldo 13 como también se le llama. Finalmente el mandatario desistió de sus intenciones.

Punta Catalina

A principio de 2022 se anunció el fideicomiso público para la gestión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

El 11 de enero de ese año, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo, integrado por dos instituciones del Estado, la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE).

La finalidad del fideicomiso CTPC era la de crear una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de “asegurar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”. Sin embargo tras denuncias de supuesta privatización, ordenó posponer la propuesta.

Ley de trata

Uno de los proyectos más controversiales fue el de Trata de Personas  sometido por el Poder Ejecutivo en febrero de 2023 porque garantizaba que los ilegales pudieran obtener la residencia dominicana.

Te puede interesar leer: Tras retiro de reforma fiscal, Gobierno aplicaría leyes de forma estricta

Pero por las críticas de la sociedad, el Gobierno ordenó el retiro de la iniciativa  relativa a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. El artículo 63 de la pieza garantizaba que la permanencia de las víctimas de trata y tráfico ilícito debían  y “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.

 Ciberdelincuencia

En junio de ese mismo año, el Gobierno presentó el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia o también denominada ley mordaza, que fue rechazado por sus amenazas a la libertad de expresión.  Este proyecto provocó gran alboroto en los medios de comunicación.

Ley de la DNI

Este año Abinader  sometió a consenso la ley que modifica las funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por atentar contra varios derechos fundamentales. Las protestas provinieron de todos los sectores, principalmente de la Sociedad Dominicana de Diario, alegando que violentaba varios derechos, incluyendo, que obligaba a los comunicadores a revelar la fuente.

También se criticaba que violentaba la intimidad de la persona, que quedaría expuesta a fiscales y policías.

Nombramientos

Otra disposición en la que el gobierno tuvo que recular fue  la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que restringía el ingreso o movimientos de personal, y reajustes salariales que representaran incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componían la administración pública.

https://elnacional.com.do/presion-social-tumba-el-pulso-al-gobierno-y-hace-recular-9-veces-al-poder-ejecutivo/

Diputados aprueban préstamos por 625 millones de dólares para combatir cambio climático y apagones

Diputados aprueban préstamos por 625 millones de dólares para combatir cambio climático y apagones
N DIGITAL  octubre 23, 2024

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles préstamos por 625 millones de dólares dirigidos, según los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, a combatir el cambio climático y a mejorar el servicio de redes de media y baja tensión en el sistema eléctrico.

Los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRM) impusieron su mayoría, más los votos favorables de partidos aliados, para aprobar los empréstitos, que fueron criticados por la oposición.

El primero de los préstamos aprobados fue de 100 millones de dólares, suscrito por el Gobierno y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), mientras que uno de 300 millones de dólares, complemento del primero, fue firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La página web de la Cámara de Diputados también informó de la aprobación de un préstamo por 225 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Este último será ejecutado por las empresas distribuidoras de electricidad gubernamentales.

Los préstamos de 100 y 300 millones de dólares están destinados como apoyo presupuestario a un programa de acción climática, para un desarrollo económico sostenido. Los convenios pasarán al Senado de la República.

https://n.com.do/2024/10/23/diputados-aprueban-prestamos-por-625-millones-de-dolares-para-combatir-cambio-climatico-y-apagones/

Las veces que Abinader ha dado marcha atrás a sus iniciativas

 GOBIERNO  

Las veces que Abinader ha dado marcha atrás a sus iniciativas 

Otro retroceso de Abinader fue el aplazamiento del fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, tras recibir fuertes críticas sobre la transparencia y los fines del acuerdo

El presidente Luis Abinader retiró el sábado el proyecto de reforma fiscal.

El presidente Luis Abinader retiró el sábado el proyecto de reforma fiscal.Listín Diario

El presidente de la República, Luis Abinader, inició su administración con una clara intención de implementar reformas que modernicen y fortalezcan la estructura estatal del país.

Sin embargo, en solo dos meses de gobierno y también durante su primer mandato presidencial (2020-2024), ha enfrentado mucha oposición por parte de distintos sectores de la sociedad, que lo han llevado a retirar sus iniciativas.

El más reciente es el caso de la reforma fiscal. El pasado sábado, el jefe de Estado solicitó el retiro de “inmediato” del proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Esta decisión llegó tras semanas de intensos debates públicos y protestas generalizadas, donde la sociedad dominicana expresó su rechazo a la propuesta a través de cacerolazos nocturnos y manifestaciones frente al Congreso Nacional.

El proyecto buscaba, entre otras medidas, la eliminación de exenciones fiscales y el aumento de ciertos impuestos, en un intento de estabilizar la deuda pública y aumentar los ingresos del Estado, pero ante la falta de apoyo popular se vio en la necesidad de retroceder.

Las veces que Abinader ha dado marcha atrás a sus iniciativas <br /><br />El presidente de la República, Luis Abinader, inició su administración con una clara intención de implementar reformas que modernicen y fortalezcan la estructura estatal del país.<br /><br />https://listindiario.com/la-republica/gobierno/20241021/veces-abinader-dado-marcha-iniciativas_830268.htmlVideo

Las veces que Abinader ha dado marcha atrás a sus iniciativas


Este no es el único episodio en el que Abinader ha tenido que dar marcha atrás debido a la presión social o a la falta de consenso político.

proyecto ley de trata 

En medio del desencadenamiento de un torrente de indignación y repulsa popular, en febrero de 2023, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que Abinader instruyó a retirar del Congreso el proyecto relativo a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido por el Poder Ejecutivo.

El gobierno indicó en ese entonces que el propósito de la medida era “lograr el consenso público necesario”.

La polémica pieza, que llegó a la cámara alta cuando el país estaba concentrado en sus preparativos navideños y de Año Nuevo, establecía en su artículo 63 que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito debían “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.

También, que podrían gestionar un permiso de trabajo y “cualquier otro que les sea necesario”, ante las instituciones estatales correspondientes y optar por seguro de salud, hasta tanto permanezcan en la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, un ente que sería fundado en caso de aprobarse el proyecto.

resolución de map y digepres

Otra medida echada para atrás se produjo por la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que restringía el ingreso o movimientos de personal, y reajustes salariales que representaran incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componían la administración pública.

La comunicación establecía que el cumplimiento de la norma se realizaría salvo aquellos entes u órganos que, por su naturaleza, lo ameritaran, y que contaran con la debida autorización, tanto del MAP como de la Digepres.

Esa disposición causó una serie de reclamos y quejas, principalmente de parte de los miembros de las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que aún estaban a la espera de ingresar al tren gubernamental, y justo al día siguiente el titular del MAP, Darío Castillo Lugo, tuvo que enviar un documento a los medios de comunicación para “aclarar” que la circular no limitaba los nombramientos si son para cubrir vacantes o sustituir personal activo.

tarifas eléctricas

Esas circunstancias ocurrían casi al unísono con las quejas por el aumento de las tarifas y las facturas eléctricas y que junto con los apagones, se había convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno.

Debido a los reclamos, Abinader expresó que el gobierno había determinado “detener próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana”.

Mediante la Resolución SIE-068-2022-TF, la Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció que modificaría la disposición emitida el 30 de junio, en la que se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las aplicadas en el trimestre abril-junio de 2022.

proyecto de ciberdelincuencia 

El mandatario instruyó el retiro del Congreso Nacional del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que sancionaba a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias.

“Por instrucción del presidente de la República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, expresó en ese entonces Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

fideicomiso de punta catalina

El 11 de enero de 2022, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo, integrado por dos instituciones del Estado, la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE).

La finalidad del fideicomiso CTPC era la de crear una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de “asegurar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”.

De inmediato, las críticas desde varios sectores de la sociedad no se hicieron esperar y en medio de los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, el 30 de enero Abinader anunció que solicitaba al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso, hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de quienes quieran aportar “para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas”.

carnets de habitantes fronterizos 

La Dirección General de Migración (DGM) tenía pautado comenzar a implementar la iniciativa de expendido de los carnets de “Habitante Fronterizo”, a los ciudadanos extranjeros que residen en zonas fronterizas y que ingresan al país durante el día sin intención de quedarse; sin embargo, la medida nunca llegó a cumplirse debido al rechazo de la población.

Durante una visita al LISTÍN DIARIO, el director General de Migración en ese entonces, Enrique García, dijo que la medida fue suspendida.

intento de reforma fiscal 

Justo cuando en el país se sentaban las bases de iniciar el “dialogo por las Reformas”, en octubre de 2021, la conversación rondaba acerca de si el presidente intentaría implementar una reforma fiscal para el año siguiente.

En esas semanas circuló entre economistas y líderes de opinión un proyecto de reforma fiscal que se atribuyó al gobierno.

De acuerdo con el mandatario, su propuesta de reforma estaba supuesta a ser debatida durante el diálogo de las reformas convocado por el Poder Ejecutivo, sin embargo, durante una de las primeras reuniones, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que por “razones de tiempo” el Gobierno no contemplaba que el tema de la reforma fiscal sea debatido CES y que la idea que se manejaba era de que Abinader se la presentaría a los principales actores políticos y sociales con el fin de socializar las medidas que proponen.

Las críticas no cesaron desde el momento en que los miembros del gabinete e incluso varios empresarios expresaron públicamente su desacuerdo, por lo que noche de ese 27 de octubre, el gobernante anunció que no aumentaría impuestos, y no sometió una reforma tributaria.

https://listindiario.com/la-republica/gobierno/20241021/veces-abinader-dado-marcha-iniciativas_830268.html

El presidente Luis Abinader durante discurso de toma de posesión.