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martes, 19 de mayo de 2026

DGA consolida liderazgo en protección de la propiedad intelectual con récord de incautaciones en 2026


DGA consolida liderazgo en protección de la propiedad intelectual con récord de incautaciones en 2026

La institución fortalece sus medidas de frontera, articula acciones con el sector legal y eleva la eficacia en la lucha contra el comercio ilícito en la República Dominicana.

Santo Domingo, R.D., 19 de mayo de 2026.- La Dirección General de Aduanas (DGA) reafirma su rol como pilar del comercio legítimo en la República Dominicana al consolidar una estrategia integral de protección de la propiedad intelectual, sustentada en el fortalecimiento de sus medidas de frontera y en la articulación efectiva con actores clave del sector legal. Como resultado de estos esfuerzos, la institución alcanzó en 2026 la retención de 7,018,084 unidades de mercancías, lo que representa un incremento del 160 % respecto a períodos anteriores y establece un nuevo estándar nacional en la lucha contra el comercio ilícito.

El impacto de estas acciones se refleja en la focalización de operativos en rubros de alto riesgo, destacándose la incautación de 6,874,920 unidades de materia prima para calzados, así como 34,800 unidades de productos de salud y farmacéuticos, 27,698 unidades de accesorios de celulares y 15,825 unidades de bolsos y carteras, evidenciando la amplitud del control ejercido en distintos segmentos del comercio.


En el marco de esta estrategia, la DGA, a través de su Departamento de Propiedad Intelectual, desarrolló un encuentro estratégico con firmas de abogados representantes de marcas, orientado a fortalecer la coordinación institucional y optimizar la capacidad de respuesta frente a las nuevas modalidades del comercio ilícito. Esta iniciativa se inscribe dentro de una agenda de modernización que reconoce el papel de los representantes de titulares como aliados fundamentales para la detección temprana de mercancías sospechosas y la protección efectiva de los derechos marcarios.

Como parte de este proceso, la institución ha priorizado el registro de titulares, herramienta clave para robustecer los mecanismos de control en los puntos de entrada al país. A la par, ha implementado nuevos procesos de perfilado y análisis de riesgo que permiten identificar posibles infracciones desde etapas tempranas de la cadena logística, incrementando así la eficacia de las medidas de retención.


De igual manera, la DGA ha fortalecido su presencia operativa mediante la designación de nuevos equipos especializados en puertos y aeropuertos estratégicos, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), Punta Cana, Puerto Plata y Santiago, ampliando significativamente su capacidad de vigilancia en las principales puertas de entrada del territorio nacional.

Este despliegue institucional se complementa con un programa continuo de capacitación y actualización técnica del personal, orientado a elevar su nivel de especialización frente a las dinámicas cambiantes del comercio ilícito. Asimismo, la entidad ha reforzado los procesos de destrucción de mercancías retenidas, garantizando una gestión integral, transparente y alineada con la normativa vigente.

El enfoque adoptado por la DGA no solo fortalece la protección de los derechos de propiedad intelectual, sino que impacta directamente en la seguridad del consumidor, la salud pública y la competitividad del mercado formal, al reducir la circulación de productos ilícitos y promover condiciones de comercio justo en el país.

Con estos avances, la Dirección General de Aduanas consolida una gestión firme, moderna y orientada a resultados, reafirmando su compromiso con la legalidad, la institucionalidad y el bienestar de la sociedad dominicana.

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🚢✨ DGA consolida su liderazgo en la protección de la propiedad intelectual en RD

🔍 En 2026 alcanzamos un récord histórico con la retención de más de 7 millones de unidades, fortaleciendo la lucha contra el comercio ilícito 💼⚖️

🤝 Impulsamos alianzas con firmas legales y titulares de marcas para detectar mercancías sospechosas a tiempo
📦 Reforzamos controles en puertos y aeropuertos clave del país
🎓 Elevamos la capacitación técnica de nuestro personal

✅ Protegemos al consumidor
✅ Defendemos la salud pública
✅ Garantizamos un comercio justo

En #AduanasRD seguimos avanzando con una gestión firme, moderna y orientada a resultados 🇩🇴

#DGA #PropiedadIntelectual #ComercioJusto #SeguridadAduanera #RDAvanza #LuchaContraElIlícito #Institucionalidad #Transparencia

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Cuando la frontera protege la innovación: el nuevo estándar dominicano en propiedad intelectual

El récord de retenciones de la DGA en 2026 —más de 7 millones de unidades— revela algo más profundo que eficiencia operativa: confirma una política de Estado que defiende al consumidor, protege la salud pública y fortalece la competitividad del mercado formal frente al comercio ilícito.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

Hay cifras que, por su magnitud, obligan a detenerse. Pero hay cifras que, además, explican un cambio de época. La retención de 7,018,084 unidades vinculadas a infracciones de propiedad intelectual en 2026, con un incremento de 160 % respecto a períodos anteriores, pertenece a esta segunda categoría. No es un dato para el archivo estadístico, sino una señal inequívoca de que la frontera dominicana está dejando de ser una línea de paso para convertirse en un espacio inteligente de protección del comercio legítimo. Y en un mundo donde la falsificación y el contrabando se han profesionalizado como industrias transnacionales, ese giro institucional no es accesorio: es estratégico.

Durante años, la propiedad intelectual fue vista por muchos como un asunto de marcas, abogados y trámites. Hoy, esa lectura resulta insuficiente. La propiedad intelectual es, en realidad, un componente central de la economía contemporánea: sostiene reputaciones, moviliza inversión, incentiva innovación, preserva empleos formales y protege al consumidor de productos inseguros. Cuando una aduana controla con precisión la entrada de mercancías que vulneran derechos marcarios, no está defendiendo únicamente un logotipo; está defendiendo la confianza del mercado, la trazabilidad de la cadena de suministro y la integridad de la competencia. En ese sentido, lo que la Dirección General de Aduanas está demostrando con estos resultados es que la legalidad también se administra con método, tecnología, alianzas y presencia territorial.

La composición de las retenciones confirma la lectura de riesgo que se está aplicando. Que el grueso esté concentrado en 6,874,920 unidades de materia prima para calzados habla de un fenómeno particularmente sensible: la falsificación no llega siempre como producto terminado; muchas veces entra como insumo, como componente “inocente” que luego alimenta talleres y cadenas informales, diluyendo responsabilidades y multiplicando el daño. A esto se suman 34,800 unidades de productos de salud y farmacéuticos, que no pueden interpretarse solo como contrabando: ahí se juega la salud pública, el riesgo de falsificación de medicamentos, la exposición a productos sin registro, sin control sanitario y sin garantías. Y cuando aparecen 27,698 accesorios de celulares y 15,825 bolsos y carteras, el mapa queda completo: la infracción es transversal, apunta a consumo masivo, erosiona al comercio formal y contamina la percepción de calidad del mercado nacional.

Frente a ese tipo de amenazas, la respuesta más peligrosa es la improvisación. Por eso tiene relevancia que la estrategia aduanera esté incorporando una dimensión que tradicionalmente se subestimaba: la articulación sistemática con el sector legal y con los representantes de titulares de derechos. El encuentro estratégico desarrollado por el Departamento de Propiedad Intelectual con firmas de abogados representantes de marcas es, en esencia, una decisión de inteligencia institucional. Nadie conoce mejor la anatomía de una marca, sus patrones de falsificación, sus señales de alerta y sus rutas típicas que quienes la defienden todos los días en los tribunales y en los mercados. Convertir ese conocimiento en cooperación operativa, y no en comunicación tardía, mejora la calidad del control, reduce los falsos positivos y acelera la capacidad de reacción.

Este enfoque colaborativo se vuelve aún más potente cuando se traduce en herramientas concretas. La priorización del registro de titulares no es un trámite más: es un mecanismo de orden. Permite identificar con mayor rapidez, establecer contactos verificables, documentar autenticidad y activar procesos con información completa. Al mismo tiempo, la implementación de nuevos procesos de perfilado y análisis de riesgo indica un salto cualitativo: se pasa del control generalista al control basado en señales, patrones, trazabilidad y comportamiento logístico. En el comercio contemporáneo, donde el volumen crece, el tiempo apremia y las rutas se diversifican, la efectividad no proviene de revisar más, sino de revisar mejor. Y revisar mejor exige datos, coordinación y criterio técnico.

La dimensión territorial también importa, porque la frontera no es un lugar abstracto: son puntos concretos por donde entra la economía. El fortalecimiento de equipos especializados en nodos como el AILA, Punta Cana, Puerto Plata y Santiago responde a una realidad ineludible: el comercio ilícito se mueve por donde hay flujo, conectividad y oportunidad. Allí donde hay más tránsito, hay más incentivo para vulnerar controles. Ampliar capacidades en esas puertas de entrada equivale a cerrar grietas históricas y a enviar una señal disuasiva al mercado ilegal, que siempre calcula costos, riesgos y probabilidades.

Pero una estrategia integral no se sostiene solo en despliegue. Se sostiene en continuidad. Por eso, el componente de capacitación y actualización técnica es crucial: las modalidades del comercio ilícito cambian, se adaptan, se sofisticaron. La aduana que se queda con manuales viejos pierde la batalla en silencio. Formar y especializar al personal es formar músculo institucional, elevar criterios, mejorar la calidad de la evidencia y blindar procedimientos. En paralelo, fortalecer el proceso de destrucción de mercancías retenidas completa el círculo de integridad: lo que se incauta no puede volver al circuito por puertas laterales, ni alimentar mercados de reventa, ni convertirse en incentivo perverso. La destrucción transparente, conforme a norma, es parte de la credibilidad del sistema.

Al final, el punto decisivo es el impacto: ¿qué gana el país con este enfoque? Gana seguridad del consumidor, porque disminuye la circulación de productos falsificados y potencialmente peligrosos. Gana salud pública, porque contiene la entrada de bienes farmacéuticos y sanitarios sin trazabilidad confiable. Gana competitividad, porque protege a quienes cumplen la ley, pagan impuestos, generan empleos y sostienen estándares. Y gana reputación internacional, porque los socios comerciales observan con lupa la capacidad de un país para garantizar legalidad en su logística, especialmente en tiempos donde la inversión y el nearshoring valoran estabilidad regulatoria y cadenas de suministro confiables.

Por eso, el récord de 2026 debe leerse como lo que realmente es: la evidencia de un Estado que entiende que la frontera no es solo recaudación y facilitación, sino también protección del mercado formal y defensa activa de la legalidad. La propiedad intelectual, en este marco, no es un lujo jurídico: es infraestructura institucional para el desarrollo. Y cuando una aduana convierte esa visión en resultados medibles —con coordinación, tecnología, presencia y transparencia— lo que está construyendo no es un operativo del momento, sino un estándar país.

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

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🇩🇴🛃 Cuando la frontera protege la innovación, gana el país

📦✨ Más de 7 millones de unidades retenidas en 2026 confirman un nuevo estándar en la lucha contra el comercio ilícito en República Dominicana

⚖️ La #DGA fortalece sus medidas de frontera
🤝 Articula esfuerzos con el sector legal
🔍 Detecta a tiempo mercancías que violan derechos de marca

💊 Protegemos la salud pública
🛍️ Defendemos el comercio formal
👥 Cuidamos al consumidor

Este no es solo un logro operativo, es una visión de Estado que apuesta por la legalidad, la competitividad y la confianza 🇩🇴

#AduanasRD #PropiedadIntelectual #ComercioJusto #LuchaContraElIlícito #SeguridadAduanera #RDAvanza #Transparencia #EconomíaFormal

00000 Resumen

El récord de más de 7 millones de unidades retenidas por la Dirección General de Aduanas (DGA) en 2026 no es solo un indicador de eficiencia operativa, sino la evidencia de una transformación estratégica en la gestión de la frontera dominicana. Este incremento del 160 % refleja una política de Estado que entiende la protección de la propiedad intelectual como un pilar del comercio legítimo, en un contexto global donde la falsificación y el contrabando operan como redes altamente sofisticadas.

La propiedad intelectual ha dejado de ser un tema exclusivamente legal para convertirse en un eje central de la economía moderna. Su protección no solo resguarda marcas, sino que fortalece la confianza del mercado, impulsa la inversión, protege empleos formales y garantiza la seguridad del consumidor. En este sentido, la DGA demuestra que la legalidad se construye mediante una combinación de tecnología, coordinación institucional y presencia efectiva en los puntos de entrada del país.

El análisis de las incautaciones revela la complejidad del comercio ilícito. El predominio de materia prima para calzados evidencia que la falsificación inicia desde los insumos, mientras que los productos farmacéuticos retenidos alertan sobre riesgos directos a la salud pública. A esto se suman artículos de consumo masivo como accesorios electrónicos y bolsos, confirmando que el problema es transversal y afecta tanto la economía formal como la percepción de calidad del mercado.

Frente a este escenario, la DGA ha fortalecido su estrategia mediante la articulación con el sector legal y representantes de marcas, convirtiendo la cooperación en una herramienta clave de inteligencia. A la par, ha impulsado el registro de titulares y el uso de análisis de riesgo, permitiendo detectar infracciones de manera temprana y mejorar la eficacia del control. Este enfoque se complementa con la ampliación de equipos especializados en puntos estratégicos como aeropuertos y puertos clave del país.

El impacto de esta política es claro: mayor protección al consumidor, fortalecimiento de la salud pública y mejores condiciones para la competitividad del comercio formal. El récord alcanzado en 2026 confirma que la frontera dominicana se está consolidando como un espacio inteligente de defensa de la legalidad, posicionando a la propiedad intelectual como una herramienta fundamental para el desarrollo y la reputación internacional del país.

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DGA consolida liderazgo en protección de propiedad intelectual

La institución impulsa una estrategia integral de medidas de frontera, fortaleciendo vínculos con el sector legal y elevando la eficacia en la lucha contra el comercio ilícito.

Santo Domingo, R.D., 19 de mayo de 2026. - La Dirección General de Aduanas (DGA) reafirma su rol como garante del comercio legítimo en la República Dominicana, al avanzar en la implementación de medidas de frontera más robustas que le permitieron alcanzar en 2026 la retención de 7,018,084 unidades, cifras que marcan un incremento del 160 % respecto a períodos anteriores y establece un nuevo estándar en la protección de la propiedad intelectual en el país.

Estas medidas han permitido focalizar los esfuerzos en rubros de alto impacto, con resultados significativos en la incautación de 6,874,920 unidades de materia prima de calzados; 34,800 unidades de productos de salud y farmacéuticos; 27,698 unidades de accesorios de celulares y 15,825 unidades de bolsos y carteras.

En el marco de este fortalecimiento institucional, la DGA, a través de su Departamento de Propiedad Intelectual, desarrolló un encuentro estratégico con firmas de abogados representantes de marcas, orientado a estrechar la articulación con el sector legal y consolidar una respuesta más efectiva frente al comercio ilícito.

La iniciativa forma parte de una agenda de modernización que reconoce a los representantes de titulares como aliados clave en la protección de marcas, impulsando mecanismos de colaboración que facilitan la identificación oportuna de mercancías sospechosas y aumentan la efectividad de las retenciones.

Como parte de esta estrategia, la institución ha priorizado el registro de titulares, herramienta esencial para fortalecer la capacidad de respuesta en los puntos de control, así como la implementación de nuevos procesos de perfilado y análisis, que optimizan la detección de posibles infracciones desde la llegada de las mercancías al país.

De igual manera, la DGA ha reforzado su presencia operativa mediante nuevas designaciones en puertos y aeropuertos clave, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), Punta Cana, Puerto Plata y Santiago, ampliando su capacidad de control en las principales puertas de entrada del territorio nacional.

Este proceso se complementa con un programa continuo de capacitación y actualización técnica que permitirá elevar el nivel de especialización del personal frente a las dinámicas cambiantes del comercio ilícito, así como con el fortalecimiento del proceso de destrucción de mercancías retenidas, garantizando una gestión integral, transparente y alineada con la normativa vigente.

El enfoque adoptado por la institución impacta directamente en la protección del consumidor, la salud pública y la competitividad del mercado formal, asegurando condiciones de comercio justo y reduciendo la circulación de productos ilícitos en el país.

Con estos avances, la Dirección General de Aduanas consolida una gestión firme, articulada y orientada a resultados, reafirmando su compromiso con la legalidad, el fortalecimiento institucional y el bienestar de la sociedad dominicana.


viernes, 27 de marzo de 2026

Sanz Lovatón impulsa formalización en la mesa de ilícitos

Yayo impulsa formalización en la mesa de ilícitos

El CECCOM, DGII y DGA harán operativos en conjunto para proteger la producción nacional y la competencia leal

SANTO DOMINGO, R.D., 27 de marzo de 2026.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, anunció una evolución crítica en la lucha contra la ilegalidad en el país. Tras encabezar una reunión de seguimiento de la  el pasado jueves 26 de marzo, destacó que el combate a este flagelo se ha consolidado como una causa nacional que exige una ofensiva frontal, firme y sostenida.

“En coordinación directa con el presidente Luis Abinader, hemos diseñado una estrategia de articulación interinstitucional para maximizar la capacidad operativa del Estado. A partir de hoy, las intervenciones de control, como el decomiso de ilícitos, contarán con la presencia simultánea de inspectores de la DGII y personal de Aduanas. El objetivo es que la persecución del fraude no sea solo física, sino fiscal. Al unificar la fuerza logística del CECCOM con la autoridad tributaria de la DGII, garantizamos sanciones ejemplares y un efecto disuasorio contundente”, afirmó el ministro.

Sanz Lovatón explicó que este esfuerzo conjunto busca que el Estado actúe como un solo bloque. “Con la ayuda del sector privado, a través de su influencia e información, buscamos fortalecer nuestro impacto. El propósito es impulsar la economía dominicana hacia la formalidad; en la medida en que se reduzcan los espacios para la informalidad, más actores se verán incentivados a formalizarse”, indicó.

Asimismo, el titular del MICM destacó los avances alcanzados y agradeció a las instituciones del sector público y privado por su participación sustanciosa. Señaló que el objetivo de estas iniciativas es lograr una respuesta más coordinada, efectiva e integral frente al comercio ilícito y sus impactos en el mercado, garantizando que todos los actores puedan competir en igualdad de condiciones.

Avances y resultados

Durante el encuentro, el viceministro de Comercio Interno, Martín Olivo, destacó los resultados obtenidos por esta mesa ilícitos a través del del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), la cual incautó e incineró 375, 231 productos ilícitos durante el año 2025.

En el periodo enero - marzo de 2026, el Ceccom incautó un total de 8,237,178 unidades de cigarrillos; 39, 089 unidades de medicamentos; 29,488 unidades de estimulantes sexuales; 43,56 botellas de alcohol y 8, 503 litros de clerén adulterado.

Otro de los logros que resaltó el viceministro es la reducción a cero de las muertes por consumo de alcohol adulterado en los últimos cinco años, luego de una crisis que cobró más de 330 vidas en el país.

Acciones en curso

Para reforzar la lucha contra el comercio ilícito, el MICM a través del CECCOM elaboran un instrumento orientado a fortalecer su capacidad operativa. Este proceso no implica la creación de nuevas sanciones ni la modificación del marco legal vigente, sino, que busca una mejor organización y articulación de las capacidades ya existentes, optimizando la respuesta institucional frente a estas problemáticas.

Actualmente, se están desarrollando acciones como la finalización de la propuesta de decreto, la recepción de aportes por parte de las distintas instituciones involucradas, así como los avances hacia la formalización del instrumento.

Además, se están ejecutando acciones concretas como: las investigaciones en curso entre CECCOM, Aduanas y ProCompetencia sobre denuncias vinculadas a prácticas comerciales. También, la coordinación con ONAPI y la Comisión Nacional de Propiedad Intelectual para enfrentar comercio ilícito, falsificaciones y otras prácticas irregulares.

Finalmente, se resalta la importancia de continuar fortaleciendo las alianzas estratégicas, tanto a nivel interinstitucional como con el sector privado, como elemento clave para combatir eficazmente el comercio ilícito y promover un entorno de mercado más justo y transparente.

Participantes en la reunión

Nelson Arroyo, Director Gral. Aduanas
Durante el encuentro participaron por la Procuraduría General de la República (PGR), magistrada Isis de la Cruz; Dirección General de Aduanas (DGA), Eduardo Rodríguez; del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), el general Orlando Jerez; del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor), Eddy Alcántara; de la Dirección General de Migración (DGM), vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; María Elena Vázquez, de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia)

También, participaron de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols y Juan Josè Attias; Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Lya Mata y Jenifer Troncoso; Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), Isabel Puig Comisión Nacional de Defensa de la Competencia PROCOMPETENCIA, entre otras autoridades.

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Comentario de opinión

Yayo y la “mesa de ilícitos”: cuando la formalización deja de ser discurso y se vuelve operativo

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

En República Dominicana, hablar de formalidad suele convertirse en un lugar común: se invoca como meta, se repite como consigna y se promete como horizonte. Pero rara vez se aterriza donde realmente se define: en la calle, en el punto de venta, en el contenedor, en la ruta de distribución y, sobre todo, en el incentivo económico que hace rentable cumplir o rentable evadir. Por eso resulta relevante —y políticamente significativo— el giro anunciado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, al plantear que la lucha contra el comercio ilícito evoluciona hacia una ofensiva interinstitucional que no solo decomise mercancía, sino que persiga el fraude también en su dimensión fiscal.

La frase clave es simple y poderosa: que la persecución no sea solo física, sino fiscal. Esto cambia el tablero. Porque el contrabando y la adulteración no son únicamente delitos de mercancía; son, en esencia, delitos de competencia. Detrás de cada producto ilícito hay una distorsión de precios que expulsa del mercado al productor que paga impuestos, cumple normas sanitarias, respeta marcas y sostiene empleos formales. El ilícito no compite: depreda. Y un Estado que se limita a incautar sin reconstruir el rastro tributario termina librando una guerra de “apagafuegos”: incauta hoy, reaparece mañana, y el circuito se recicla con nuevos canales.

La apuesta anunciada —operativos conjuntos con presencia simultánea de CECCOM, DGII y DGA— busca precisamente romper ese ciclo. En un país donde la informalidad ha sido históricamente un “refugio” (a veces por necesidad, otras por conveniencia), el mayor antídoto no es el discurso moral, sino la certeza de consecuencias. Cuando se integran logística operativa (CECCOM), potestad tributaria (DGII) y control aduanero (DGA), el mensaje se vuelve disuasivo por diseño: ya no se trata solo de perder una carga, sino de enfrentar auditoría, trazabilidad y sanción con efectos acumulativos. Es decir: el costo de la trampa sube, y el retorno esperado de la ilegalidad baja.

Ahora bien, el anuncio también pone sobre la mesa una verdad incómoda: el comercio ilícito no es un fenómeno marginal; es un sistema. Se alimenta de fronteras porosas, de redes de distribución, de falsificación de marcas, de debilidad en propiedad intelectual, de vacíos en vigilancia sanitaria y, en ocasiones, de tolerancias sociales que relativizan el daño (“eso es más barato”, “eso resuelve”). Por eso, cuando el ministro habla de convertir esta lucha en “causa nacional” y sumar al sector privado como fuente de información e influencia, está apuntando al enfoque correcto: un problema sistémico exige respuesta sistémica.

Los resultados presentados por el CECCOM ayudan a dimensionar la escala. Las cifras de incautaciones en 2025 y en el primer trimestre de 2026 —cigarrillos, medicamentos, estimulantes sexuales, alcohol y clerén adulterado— no solo reflejan capacidad operativa, sino el tamaño del mercado ilegal. Y el dato más contundente, por su carga humana, es la reducción a cero de muertes por alcohol adulterado en los últimos cinco años, tras una tragedia que cobró más de 330 vidas. Cuando la política pública logra salvar vidas, deja de ser una estadística: se convierte en legitimidad.

Sin embargo, toda ofensiva estatal exitosa tiene una condición: institucionalizarse. El propio texto lo reconoce al hablar de un instrumento orientado a fortalecer capacidad operativa, sin crear nuevas sanciones ni modificar el marco legal, pero mejorando organización y articulación. Esa decisión es prudente. La República Dominicana no necesita necesariamente más leyes; necesita que las existentes se cumplan con coordinación, tecnología, inteligencia y debido proceso. Si el operativo es fuerte pero improvisado, puede generar abusos, discrecionalidad o conflictos de competencia. Si es coordinado, protocolizado y auditable, se transforma en política de Estado.

Ahí está el punto neurálgico: la “mesa de ilícitos” debe ser más que una foto interinstitucional. Tiene que convertirse en un modelo permanente de gobernanza del mercado. ¿Cómo? Con reglas claras, indicadores verificables y rutas de actuación que eviten duplicidades y protejan derechos. Porque combatir el ilícito no debe significar asfixiar al pequeño comerciante que quiere formalizarse pero no sabe cómo. La formalización real se logra con dos manos: una firme contra el fraude deliberado y otra abierta para integrar al que está fuera del sistema por barreras de acceso, costos, trámites o desconocimiento.

En ese sentido, la articulación con ProCompetencia, ONAPI y la Comisión Nacional de Propiedad Intelectual es más que un detalle burocrático: es el reconocimiento de que el ilícito también es competencia desleal y violación de marcas. Y la presencia de Pro Consumidor, Migración y PGR sugiere una lectura integral: hay componentes de seguridad, salud pública, movilidad y criminalidad organizada que se entrelazan con el comercio irregular. La ilegalidad no opera en silos; el Estado tampoco puede operar así.

Pero para que esta estrategia produzca un cambio estructural, hay tres desafíos que deben enfrentarse con honestidad:

  1. Evitar la “eficacia de corto plazo” sin sostenibilidad. El decomiso masivo impacta titulares, pero la cadena se reacomoda si no se sigue el rastro financiero y fiscal. La coordinación DGII–DGA debe apuntar a redes, no solo a eventos.

  2. Proteger la competencia sin castigar la supervivencia. Formalizar requiere simplificar procesos, mejorar acceso a registro, facilitar cumplimiento y ofrecer rutas de transición para pequeños negocios. Si el mensaje es únicamente punitivo, se empuja más clandestinidad.

  3. Blindar el proceso con transparencia y debido proceso. Cuando se intensifican operativos, crece el riesgo de arbitrariedad percibida. Protocolos, trazabilidad de evidencias, reportes públicos y canales de denuncia son indispensables para sostener legitimidad.

Si el objetivo declarado es “ordenar el mercado y fortalecer la competencia leal”, entonces el éxito no se medirá solo por unidades incautadas. Se medirá por indicadores de formalización: aumento de registros, crecimiento de la base contributiva, reducción de brechas de precios entre productos legales e ilegales, disminución de reincidencia en puntos intervenidos, y mejoras en percepción de justicia del mercado por parte de productores y consumidores.

En definitiva, la evolución anunciada por Sanz Lovatón es una señal de madurez: el Estado comienza a tratar el comercio ilícito como lo que es —una arquitectura de fraude que erosiona la producción nacional, el empleo y la salud pública— y no como un conjunto de incidentes aislados. Si la coordinación se sostiene, si se institucionaliza y si se combina con rutas reales de formalización, podríamos estar ante una de las políticas más relevantes para sanear el mercado dominicano en los próximos años.

Porque al final, la formalidad no se impone solo con inspecciones: se construye con reglas que se cumplen, costos de evasión altos, beneficios claros de pertenecer al sistema y un Estado que actúe —como promete— “como un solo bloque”. Si esa promesa se convierte en rutina, la competencia leal dejará de ser un ideal y empezará a ser, por fin, una realidad cotidiana.

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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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