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miércoles, 27 de junio de 2018

Asociación de Industrias considera improcedente proyecto de modificación de la Ley 28-01

Asociación de Industrias considera improcedente proyecto de modificación de la Ley 28-01


Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD. (Foto de Archivo DL)
SANTO DOMINGO. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) manifestó su oposición a la aprobación por parte del Congreso Nacional de modificaciones a la Ley 28-01 y pidió a la Cámara de Diputados desestimar proyecto.
“El régimen de la Ley 28-01 actual genera distorsiones y ventajas que sitúan al sector productivo de la República Dominicana en franca desventaja frente a las empresas instaladas y por instalar en otras áreas del territorio nacional”, indica el comunicado de los industriales.
Explica que la semana pasada la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados emitió un informe en que favorece el proyecto que modifica la Ley 28-01, no sólo ratificando aspectos onerosos de dicha ley, sino ampliando ventajas sobre el resto de las empresas del país.
Circe Almánzar, vicepresidenta ejecutiva de la AIRD, pidió a la Cámara de Diputados desestimar dicho informe.
“Se ha procedido sin haber recibido observaciones de las autoridades recaudadoras y sin haber medido el impacto fiscal como establece la Constitución y las leyes especiales”, expresó.
Explicó que actualmente diversas economías están evaluando formas de incentivar la producción nacional efectivas y menos distorsionantes que la Ley 28-01, focalizadas al tipo de producción que se quiere incentivar y a la generación de empleos.
Dijo que las empresas que están acogidas actualmente a dicho régimen tienen más del 70% de sus empleados fuera de la zona fronteriza.
Almánzar criticó el hecho de que no se han tomado en cuenta los planteamientos de diversos sectores productivos de la nación. Además, afirmó que no se han evaluado los beneficios y daños que tendría aprobar tal proyecto y no se han tomado en cuenta los daños ya causados por la aplicación de la Ley 28-01.
Apunta que la aplicación de la Ley 28-01 no ha logrado disminuir la pobreza y la desigualdad en la zona fronteriza, ha mermado los ingresos del Estado y ha permitido que algunas empresas se aprovechen de un paraíso fiscal para competir deslealmente con industrias similares ubicadas en otras zonas.
En el proyecto de modificación se propone que las empresas acogidas a esta ley actualmente y las que se acojan en el futuro disfrutarán de exenciones de un cien por ciento del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto durante un período de 20 años.
El comunicado indica que se les otorga, además, la exención de un cincuenta por ciento en el pago del derecho de circulación por las vías sujetas a control y uso de puertos y aeropuertos; exoneración del impuesto de transferencia inmobiliaria en los terrenos en donde se desarrollará el proyecto calificado y la exoneración del veinticinco por ciento del impuesto de combustible diésel y todo tipo de energía alternativa y renovable, utilizados en los procesos de fabricación u operación del proyecto calificado.
Además, da la posibilidad a las empresas actualmente instaladas de acogerse por un nuevo período de hasta 20 años a todas estas exenciones.
“Un incentivo tiene una razón de ser y no puede hacerse cuando no exista una diferencia real entre las empresas y zonas del país”, señaló Almánzar al referirse a las distancias en la geografía nacional.
https://m.diariolibre.com/economia/asociacion-de-industrias-considera-improcedente-proyecto-de-modificacion-de-la-ley-28-01-AA10230356

domingo, 8 de marzo de 2015

Tribunal Superior Administrativo falla a favor de las empresas fronterizas y rechaza recurso de la AIRD

8 de marzo de 2015. SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) en demanda de la nulidad de los permisos de operación de varias empresas establecidas en provincias de la Frontera al amparo de la ley 28-01 de incentivo al desarrollo  fronterizo.
El fallo emitido por los magistrados Rafael Ciprián, Franklin Concepción Acosta y Fernando Fernández Cruz establece que la AIRD carece de calidad para solicitar la nulidad de las aprobaciones otorgadas a varias empresas por el Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo mediante asamblea celebrada el 26 de julio del 2012.
La decisión del tribunal beneficia a las empresas Licorera La Altagracia,  Yoseplastc, Vaperdy, Felix Astacio de la Rosa y Compartes, y Maiberil Internacional,  todas  establecidas en diversas comunidades de la región fronteriza.
El Tribunal Superior Administrativo reconoce en su fallo que   la AIRD  tiene el compromiso de velar por los derechos de un grupo de industrias del país que representa, pero observa que esa entidad  fue parte de la Comisión Técnica de Evaluación de los Proyectos para el trámite de apreciación de las empresas que concursaron para optar por el beneficio de la  ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo, lo que afecta su calidad para demandar en justicia en  lo relacionado con tales aprobaciones, cuando su primer rol era la  evaluación, recomendación y asesoría.
Considera el Tribunal que al ejercer ese rol y luego accionar en justicia para representar intereses de un grupo de industrias, congregando un interés con otro, la AIRD incurre en una forma de parcialización y por consiguiente una calidad viciada que intenta imponer su juicio como juez y parte, “razones por las cuales procedemos a declarar inadmisible el presente recurso, y en consecuencia no se examinará el fondo del mismo”.
La AIRD interpuso un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión de los permisos de operación de las industrias fronterizas alegando que se vulneran los derechos de sus asociados porque alegadamente las decisiones del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo provocan una distorsión en el mercado nacional.
La posición de la AIRD provocó diversas reacciones de rechazo en las comunidades fronterizas, incluyendo a los senadores y diputados de distintos partidos en las provincias Bahoruco e Independencia, quienes definieron las pretensiones de la agrupación empresarial como  inaceptable porque acentúa la pobreza de sus pobladores.
Recuerdan que el artículo 10 de la Constitución de la República “declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano”.