SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
En todas las democracias que existen y que han existido, siempre ha habido legisladoras y legisladores. Las repúblicas democráticas se definen por este equilibrio. Desde que las monarquías absolutas dieron paso a los filósofos de la Ilustración, el balance de poder se ha sustentado en las negociaciones necesarias entre un poder ejecutivo y uno legislativo. Luego se agregó el judicial, que muchas veces es una derivación de ambos poderes anteriores. Incluso desde los orígenes de gobiernos semi-democráticos de la antigüedad, como la Grecia de Pericles o la Roma de Julio César (quien fue senador), es en las cámaras legislativas donde se fraguaba el poder. La República Dominicana del siglo XXI no es la excepción. Me siento privilegiado de haber tenido la oportunidad de trabajar y conversar con muchos de ellos en estas casi dos décadas de ejercicio legal, empresarial y político.
La política tiene la peor de las reputaciones, pero bien hecha, la política puede ser la más hermosa de las dinámicas humanas, pues tiene el potencial de unirnos en acuerdos mutuos y definir el futuro y la estructura de nuestras sociedades.
Hoy en día, en medio de la anti política de la posverdad, de las redes y la brevedad, atacarlos, insultarlos y vilipendiarlos se ha convertido en un deporte rentable a nivel mediático. Cualquier comunicador o comunicadora que hace señalamientos sobre los legisladores consigue notoriedad. Primero, porque es cierto que ha habido abusos y privilegios, y también es cierto que algunos no dan la talla de lo que necesita el país. Incluso muchos dirigentes políticos de los mismos partidos que eligen a estos diputados y senadores viven denostándolos para parecer simpáticos y ganar popularidad. Hablan de sus exoneraciones, les dicen vagos, narcotraficantes, pillos, analfabetos y demás. Sin embargo, ¿cuál es la verdad?
Algunos dirán que no tendré objetividad por pertenecer a un partido y trabajar en el gobierno. Están en su derecho. Sin embargo, he pasado más tiempo fuera del gobierno que en el gobierno, y desde el año 1995, cuando me inscribí en la PUCMM en la carrera de Derecho, he compartido con ellos. He hecho campaña a su lado. He litigado con ellos. He peleado con ellos, y muchas cosas más.
Debo decir que salvo excepciones, —por supuesto que hay graves ejemplos—, la mayoría de los que he conocido son personas de una inmensa sensibilidad social y de una genuina preparación.
Algunos con maestrías de las mejores universidades del mundo, y otros con las maestrías que da la vida en los callejones, en los barrios y en los campos. Otros con los estudios que solo se pueden conseguir venciendo la miseria más cruel y las injusticias más terribles. Los he visto superar todo tipo de vejamen. Salvo una que otra excepción, la mayoría son personas sin un patrimonio económico real. Yo, que he sido abogado de multinacionales, de emporios nacionales y de muchos empresarios, puedo decir que lo que gana un legislador en RD versus lo que se genera en nuestra economía es sencillamente un chiste. Sé que eso parecerá estrafalario, y lo digo aquí pues, si no rompemos el maleficio de la hipocresía de creernos que todo trabajo público es para ladrones, estúpidos o locos, terminaremos gobernados por ellos.
La mayoría de estos diputados y senadores terminan debiéndolo todo por sus campañas. Sus casas amanecen llenas de gente pidiéndoles recetas, ayudas y empleos. Dirán los mismos cínicos de siempre que ese no es el papel de un legislador, y tendrán razón. Lo que pasa es que ellos no son los culpables de esa deformación. Son las víctimas. Los culpables de esa deformación son las clases dominantes que han preferido desde siempre el populismo al realismo. Quieren un Estado eficiente, pero no quieren pagar un Banco Central. Esa es la misma lógica que aplicamos cuando queremos que nos protejan policías sin sueldo, o que nos fiscalice un auditor con hambre.
Recuerdo mis primeros días en la DGA, cuando me decían que no podía subirle el sueldo a un aforador, que entonces ganaba un salario mínimo y a la vez verificaba un contenedor de alto valor. Hemos corregido esa situación, con resultados importantes que toda la sociedad reconoce. No es el poco sueldo una excusa para la corrupción, pero sí es una falta de visión no justipreciar el trabajo público.
Conozco un diputado que hace de Cristo Rey un ejemplo de paz social, aun frente a las más graves desigualdades. Conozco un senador que combina el sindicalismo con grandes dotes de consenso. Conozco una diputada y pastora evangélica que, con su ejemplo de vida, nos enseña a todos. Conozco una exdiputada que estoy seguro podría ser presidenta del Banco Mundial.
Nuestra democracia está lejos de ser perfecta. Nuestra economía está muy lejos de ser justa. Sin embargo, tenemos un país que, a pesar de sus defectos, es un ejemplo de avances en muchos aspectos. Vivimos en paz, crecemos de manera constante y nuestra política ya no es violenta. La clase política dominicana, desde décadas hasta hoy, ha demostrado madurez, y en ningún lugar más que con los senadores y diputados.
No estoy diciendo que los legisladores son perfectos, pero insisto en que su reputación no se relacione con el valor que aportan a nuestra sociedad. Hoy es popular criticarlos, pero me parece justo decir lo mucho que hacen, aunque nos quieran freír en alquitrán por ello. Vamos.
Alfredo Pacheco destaca disminución de mora legislativa en rendición de cuentas
El Caribe / 3 agosto, 2022 5 minutos de lectura
SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, presentó hoy al país las memorias correspondientes al 2021 2022, en las que mostró los resultados de las actividades legislativas, administrativas y financieras, llevadas a cabo durante este período, el cual fue destacado por importantes logros en cada uno de estos pilares y por haberse disminuido significativamente la mora legislativa.
“En esta gestión legislamos con la mirada puesta en el pueblo y desempolvamos una gran cantidad de iniciativas que desde hacía décadas estaban durmiendo el sueño de los justos, para reducir así la mora legislativa”, expresó.
Pacheco informó que el promedio de asuntos aprobados por año legislativo durante la década de 2010 a 2020, fue de 322, y que, solo en los dos años que lleva al frente de la Cámara de Diputados, el pleno aprobó 2,535, lo que refleja la gran dinamización de la labor legislativa.
En ese orden, el presidente de la Cámara de Diputados manifestó que entre las iniciativas aprobadas por el pleno, en este año legislativo se destacan: la Ley General de Aduanas, que tenía más de 15 años en el trámite legislativo; la Ley Medios Digitales del Poder Judicial, que era un reclamo del todo el Poder Judicial; la Ley Regiones Únicas de Planificación, que además de tener más de 20 años cursando trámites para su aprobación, era una necesidad para todos los sectores de la vida nacional.
Asimismo, la Ley que crea el Sistema Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, depositada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el Gabinete de la Niñez y Adolescencia, encabezado por la Primera Dama, Raquel Arbaje.
Además, entre los proyectos aprobados por los diputados está el de la Ley que Libera del pago del Impuesto Sucesoral los Recursos entregados por los Fondos de Pensiones Dejados por una Persona Fallecida y la que después de un largo trajinar en el Congreso Nacional, fue aprobada a unanimidad, la Ley de Extinción de Dominio, la cual procura combatir el narcotráfico, las actividades ilícitas y la corrupción y que era un reclamo de la toda la sociedad dominicana.
También, como parte de la ardua labor legislativa fueron despachadas más de 4 mil iniciativas que estaban aprobadas y pendientes de remitir al Poder Ejecutivo y al Senado de la República, algunas de las cuales estaban en los archivos de esta institución desde 1986.
Un punto importante que resaltó Pacheco en el acto de Rendición de Cuentas del año legislativo 2021 2022, al que asistieron la vicepresidenta de la República, Raquel Peña y la Primera Dama Raquel Arbaje, fue la gran cantidad de diputados jóvenes y valiosas mujeres que integran la matrícula de la Cámara de Diputados.
“Para que ustedes tengan una idea, el 40% de nuestros legisladores tiene menos de 50 años y la inmensa mayoría se ha integrado de manera activa a cada uno de los esfuerzos que realiza este órgano legislativo”, indicó.
Capacitación
En el acto, al que se dieron cita periodistas y ejecutivos de medios de comunicación, Alfredo Pacheco resaltó los esfuerzos que hace la institución en materia de capacitación.
“Aprovecho para informarles que un tercio de la matrícula de nuestros legisladores estamos cursando una Maestría en Derecho Público y Derecho Constitucional, máster al que, además, fue incluida una parte importante de los colaboradores y personal de apoyo técnico, quienes hemos decidido ir más allá en lo profesional, como un valor agregado al trabajo que realizamos, para continuar fortaleciendo nuestras capacidades, a fin de que eso se refleje en mejores legislaciones para el país”, dijo
En ese mismo orden, destacó que las diputadas y diputados participaron en un entrenamiento con el conferencista de fama internacional, John Maxwell, actividad que no le costó un centavo a la Cámara de Diputados; realizaron un panel sobre la invasión de Rusia a Ucrania y su impacto en la República Dominicana, en la que expertos en la materia analizaron las consecuencias que tendría la misma para nuestro país.
Administrativo
En lo que respecta a la parte administrativa, Alfredo Pacheco señaló que desde el año pasado en la institución se aplicó un esquema de soporte transversal a las ejecutorias de los órganos sustantivos (El Pleno, el Bufete Directivo, y las Comisiones); a los órganos políticos (La Comisión coordinadora y Bloques Partidarios); a los órganos de apoyo (las secretarías generales: Administrativa y Legislativa) y los órganos de consultas, mediante las adquisiciones de equipos, maquinarias y el remozamiento y adecuación de los espacios físicos para poder realizar una mejor labor.
“Todo esto agrega un valor a corto, mediano y largo plazo a las ejecutorias del gasto de nuestro presupuesto, manteniendo un nivel de equilibrio en el uso de los recursos financieros”, explicó.
Expresó que la disponibilidad presupuestaria se sustentó en los ingresos recibidos durante el año, incluyendo aportes extraordinarios y otros ingresos, los cuales fueron utilizados para cubrir gran parte de las deudas que estaban acumuladas desde hacía varios años.
“Muy a pesar de que esta Cámara de Diputados se ha mantenido con el mismo presupuesto desde 2016 hasta el día de hoy, les anuncio que hemos cubierto algo más del 90% de las deudas que estaban atrasadas y que solo queda pendiente un porcentaje mínimo que por asuntos burocráticos no ha podido ser honrado”, puntualizó.
Además de la Vicepresidenta de la República y la Primera Dama, al acto de rendición de cuentas del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el cual estuvo apoyado por legisladores de ambas cámaras, también asistieron, ministros, directores generales, embajadores, así como empresarios y destacadas personalidades de la vida pública.
Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República.
El presidente del Senado, Eduardo Estrella, otros legisladores y representantes de la sociedad civil abogan por que se revise el beneficio del que disfrutan por ley los senadores y diputados para importar vehículos exonerados de impuestos, una gracia que muchos negocian con particulares y concesionarios, y por la que el Estado dejó de recaudar RD$2,649.8 millones desde 2010.
“Soy de los que creen que, en un momento dado, eso pueda modificarse, pueda desaparecer”, dijo Estrella ayer en una entrevista televisiva. “Hay gente que habla de que las exoneraciones se reduzcan por lo menos como un primer paso, y que se les ponga límite, que no sean abiertas”.
Ayer, Diario Libre publicó dos historias que presentan a profundidad cómo a nombre de legisladores dominicanos se han traído al país carros deportivos y de lujo, autobuses para el transporte masivo, yipetas del año y otras unidades sin pagar impuestos.
Además, que entre los senadores y diputados existe la vieja práctica de vender por hasta US$20,000 o RD$1 millón ese privilegio que les da la Ley 57-96.
“Un legislador no tiene que tener un privilegio que no sea el salario que se le da por la función”, dijo Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana. “Muchos legisladores que han llegado ahí no con la intención de servir, es con la intención de servirse, y se lucran de esos mismos privilegios”.
Blanco entiende que lacera la confianza del ciudadano el hecho de que un legislador utilice “de manera corrupta ese beneficio para favorecer a particulares”.
“Es un dinero que dejó de percibir el pueblo, que dejaron de percibir los hospitales, que dejaron de percibir las escuelas. La sociedad dominicana tiene que entender en su justa dimensión qué significan esas exoneraciones, y exigir y ejercer mayor control social”, agregó.
Entre los 1,148 vehículos exonerados a nombre de legisladores dominicanos, registrados en una base de datos suministrada por la Dirección General de Aduanas a solicitud de Diario Libre, hay 45 Ferrari, 11 Rolls-Royce, 40 Lamborghini, 21 McLaren, 183 Porsche y otros vehículos costosos cuyo diseño y estilo no es el usual para viajar desde las provincias a las sesiones en la sede capitalina del Congreso Nacional o para visitar los pueblos del interior en trabajos propios de un legislador.
Los 1,148 vehículos fueron importados entre 2010 y el 12 de septiembre de 2021, y representaron un sacrificio fiscal de RD$2,649,859,207.26 por exonerarles los impuestos de rigor.
Los mismos legisladores conocen que entre sus colegas hay quienes venden las exoneraciones y así lo confesaron varios que entrevistó Diario Libre. Y entre los concesionarios de vehículos también se sabe que están a la oferta en el mercado.
El senador perremeísta por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, dijo que la venta de las exoneraciones debe ser un tema que se plantee en una eventual reforma a la ley.
“Eso debería ser limitado, porque si una exoneración que te la dan para que tu traigas un vehículo para el uso no tuyo personal, sino para el uso de tu labor como senador, debería limitarse a eso nada más, inclusive darle el uso a ese vehículo solamente cuando estén en actividades del Senado”, expresó.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró “inconsecuente” que haya legisladores que usaron el beneficio de las exoneraciones como un mecanismo “reprobable” que ha beneficiado a sectores ajenos al Congreso Nacional “que cuentan con la capacidad” para cumplir sus obligaciones impositivas.
“Queda claro que el modelo creado y aprobado por los propios legisladores ha demostrado ser inequitativo, irracional e ineficiente desde el punto de vista de la sociedad y del Estado”, comentó.
Castaños Guzmán dijo que es propicio llamar a la reflexión a los legisladores para iniciar el camino a la reforma de algunos mecanismos institucionales y controles que garantizan las distorsiones que “desnaturalizan” la esencia de la función legislativa como el barrilito, cofrecito y las ayudas sociales.
En el Congreso Nacional se han presentado propuestas para modificar la Ley 57-96, ya sea estableciendo un tope de monto a exonerar o eliminar esta facilidad para sustituirla por un bono compensatorio. Sin embargo, son los mismos legisladores que se benefician de las exoneraciones quienes no han aprobado cambiar la ley vigente.
Leonardo Suero, delegado político del partido Unión Demócrata Cristiana (UDC), consideró que debe eliminarse o limitarse a una exoneración a cada legislador para que traiga un vehículo utilitario que no cueste más de US$40 mil en el mercado.
“Eso debe contemplarse, inclusive, en la modificación de la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos Políticos”, dijo Suero, al señalar que la Constitución del país establece que no se puede legislar en beneficio propio.
El diputado por Alianza País, José Horario Rodríguez, recordó que en octubre de 2020, renunció a las dos exoneraciones que le corresponden en el actual periodo legislativo por entender que es “un privilegio que irrita a la ciudadanía”.
“Ahora que se habla de discutir una reforma fiscal, ese tema no puede quedar fuera del debate, el de las exoneraciones de legisladores y de muchas otras exenciones impositivas que no tienen justificación”, dijo.
Entre las razones que han alegado legisladores consultados por Diario Libre para vender sus exoneraciones está la cobertura de compromisos económicos asumidos en la campaña electoral. A propósito, el presidente del Senado dijo: “Creo que sobre eso tenemos que ir avanzando como sociedad, reducir los costos de campaña, porque al reducir los costos de campaña muchas de esas cosas deben ir quedando atrás”. Diputados han estimado que una campaña electoral para esa posición puede ir desde los RD$3 millones, RD$10 millones o más.
Carros deportivos y de lujo, autobuses para el transporte masivo, yipetas del año... Así de mezclada es la lista de 1,148 vehículos importados bajo el nombre de legisladores dominicanos de los que muchos, amparados en una ley que les permite traer al país libre de impuestos cualquier unidad sin importar su costo, han encontrado una oportunidad de negocio con la venta de este beneficio por el que en los últimos 11 años el Estado ha dejado de recibir RD$2,649.8 millones en tributos.
Entre los legisladores es conocido el precio de la cesión: hasta US$20,000 o RD$1 millón. Inclusive, hay quienes desconocen el porqué en los registros de la Dirección General de Aduanas hay una exoneración efectiva a su nombre. Así lo comprobó Diario Libre cuando, al preguntarle a un diputado (que pidió no ser identificado) sobre el carro deportivo Lamborghini, valorado en más de US$180,000, que se importó a su nombre en este 2021 –según los datos oficiales–, no estaba al tanto de qué se le hablaba.
Otro, el diputado Eduardo Hidalgo, entiende que debe ser un error que en Aduanas aparezcan dos yipetas Land Rover, modelo Range Rover, importadas bajo su nombre en 2020 y 2021, y por las que el Estado dejó de recibir RD$5.1 millones en impuestos.
“Vamos a sincerarnos”, dice el diputado y vocero del bloque peledeísta, Gustavo Sánchez, en su oficina del Congreso Nacional. “Los legisladores, en un porcentaje alto, más del 90 por ciento, lo que hacen es ‘transferir’ ese documento, que es un papel, a alguien que no quiere pagar los impuestos de traer un vehículo de lujo”. Explica que ese intercambio se puede realizar con particulares, “amigos poderosos” o comercios de venta de vehículos.
Entre los legisladores hay quienes prefieren no ser identificados para hablar con Diario Libre sobre el tema. También, son cautos en mencionar los nombres de los compradores. Al menos Hidalgo solo precisa que ha vendido de sus exoneraciones a una persona “reconocida, con solvencia y seria” en Moca. En tanto que en un concesionario de la capital se explica que desde hace años se estila que dicho beneficio legislativo esté “en el mercado, a la venta”.
Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de septiembre de 2021, bajo la exoneración de impuestos a las importaciones de vehículos de que disfrutan los legisladores, se trajeron a la República Dominicana 1,148 vehículos cuyos valores en el país de origen o procedencia suman US$132,964,375.
Estas unidades representaron un sacrificio fiscal de RD$2,649,859,207.26 por exonerarle los impuestos de rigor. Así lo registra una base de datos suministrada por la Dirección General de Aduanas a solicitud de Diario Libre.
(Diario Libre organizó de una forma amigable y navegable la base de datos de Aduanas. Para conocer en detalle las marcas, modelos, nombres de los legisladores y montos que contiene, haga clic aquí).
Aunque las yipetas y automóviles confortables tienen una preferencia mayor, la lista incluye 45 Ferrari, 11 Rolls-Royce, 40 Lamborghini, 21 McLaren, 183 Porsche y otros vehículos costosos cuyo diseño y estilo no es el usual para viajar desde las provincias a las sesiones en la sede capitalina del Congreso Nacional o para visitar los pueblos del interior en trabajos propios de un legislador.
Pero también hay tres autobuses de transporte masivo importados entre 2014 y 2018 por el exdiputado reformista Guido Cabrera Martínez, quien es miembro de la Asociación de Propietarios de Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia (Aptpra).
Las guaguas representaron un sacrificio fiscal de RD$3,526,113.77 y están en operación para el transporte interurbano. Los viajeros pagan entre RD$275 y RD$300 por pasaje. “Todo el tiempo he tenido autobuses, de eso es que yo he vivido”, observa Cabrera a Diario Libre.
“No soy diputado actualmente y, segundo, al tener mis exoneraciones, se lo apliqué a la guagua, porque no tengo una ley que me diga que no se la puedo aplicar, porque tú puedes traer un grédar, un motor, una pala, lo que tú entiendas”, defiende el también asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte.
A pesar de que está consciente de que muchos legisladores traen carros lujosos, Cabrera señala que se transporta en una camioneta Toyota Hilux. Este vehículo no aparece en los registros aduanales de sus exoneraciones desde 2010. En cambio, a su nombre también hay tres yipetas. Dos de estas no reconoció y una tercera supone que se adquirió hace 10 años tras vender una de sus exoneraciones a un concesionario de la capital.
Además de recibir gastos de representación, viáticos, dieta y otros beneficios extrasalariales, los 190 diputados y 32 senadores del país –elegidos por cuatro años–, más los 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen), están respaldados con la facilidad vehicular que permite una muy abierta Ley 57-96, compuesta por dos artículos. El primero modifica un artículo de una ley de nueve años antes que establecía un tope de US$18,000 en el precio de fábrica de un vehículo exonerado.
Hasta 1996, con base en la Ley 21-87, los legisladores podían traer libre de impuestos un vehículo cada dos años, cuyo valor de fábrica no excediera los US$18 mil. Reportes de prensa de la época explican que, amparándose en el incremento de la tasa del dólar, los legisladores habían aprobado una ley en 1994 que les permitiría una exoneración abierta, pero al no promulgarse, los diputados volvieron a aprobarla en 1996.
Con la modificación se hizo vigente que cada legislador importe libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año y cilindraje. La unidad que traiga estará exenta de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos y multas, y cualquier restricción o prohibición existentes.
Actualmente, a la República Dominicana solo se pueden importar vehículos de cinco años o menos de fabricación y camiones comerciales que no superen los 15 años. Para liberarlos, se debe pagar un impuesto aduanal del 20 % del valor del vehículo más el 18 % del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis).
La ley que permite a los legisladores no pagar esos impuestos no pone una fecha tope para redimir la exoneración. Indica que estos harán el requerimiento de su derecho cuando sus condiciones se lo permitan y lo solicite. La única limitante que pone es que el vehículo no se podrá transferir hasta después de dos años de importado.
Para hacer uso de la exoneración, el legislador debe depositar la solicitud en el Congreso Nacional, institución que remite el expediente al Ministerio de Hacienda desde donde se envía a la Dirección General de Aduanas con la orden de exoneración, de ser aprobada. Cuando el vehículo se importa y se hace el despacho en aduanas, es cuando se le aplica la exoneración con base en cálculos que incluyen la tasa de cambio.
Desde 2010 y hasta agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda tramitó la exoneración de 156 vehículos a nombre de senadores y de 1,195 para diputados (incluidos 112 para varios del Parlacen), cuyos valores en el país de origen o procedencia suman US$154,539,515.08 y, preliminarmente, RD$4,105,997,878.15 en sacrificio fiscal.
El espíritu de la Ley 57-96 es permitir que los legisladores tengan un vehículo que represente su investidura y que lo puedan adquirir en buena condición, sin ser afectados por la inflación. Hay quienes hacen uso legítimo de esta facilidad y quienes se van más allá.
Gustavo Sánchez, diputado desde 2006 por el Distrito Nacional, reconoce a Diario Libre que es de los legisladores que transfirieron a particulares exoneraciones que les correspondían. Al menos por una de las suyas recibió dinero.
Cuenta que la primera exoneración que utilizó fue para comprar una ambulancia para uso comunitario, entre 2006-2007. Otra se la cedió a un amigo para que importara su vehículo y –asegura– no le pidió dinero a cambio.
Pero una tercera exoneración entendió que no podía cederla sin obtener una compensación. Le dijo a otro amigo: “Espérate, yo no te la voy a dar”. Acordaron un intercambio. “Hice esa transferencia y recibí unos beneficios, igual que todo el mundo”, indica. Aunque no precisa el monto, explica que ese tipo de transacción tiene un valor “específico” de alrededor de RD$1 millón o US$20,000.
—¿Qué le diría a la gente que lee que usted es uno de los que cedió una exoneración? —le pregunta Diario Libre.
—No he violado ninguna ley, ¿de qué me acusan?
—Quizás de falta de ética.
—De falta de ética (se ríe)... No creo que eso sea antiético. Pudiera ser antiético, quizás, si yo no hubiese sabido a manos de quién iba a parar ese vehículo.
Sánchez critica a aquellos legisladores que podrían sentirse superior por no ceder sus exoneraciones. “¿Qué tú aportas?, ¿qué cambios puedes producir con eso?, ¿qué te digan que eres un santo varón?”, cuestiona.
La Dirección General de Aduanas registra que a nombre de Sánchez se han traído al país desde 2010 cuatro vehículos: una yipeta Toyota, un automóvil Bentley, otra yipeta Lexus y un carro Mercedes Benz. Por estos el Estado dejó de recibir RD$11,365,091.69 en impuestos.
El diputado comenta que para su uso aprovechó dos exoneraciones. Otra la tiene reservada para cuando estén cerca las elecciones de 2024. “Para yo salir con un vehículo bueno”, adelanta.
“Somos funcionarios del Estado, por lo tanto, no constituye una aberración el hecho de que la institución cree mecanismos de apoyo al traslado de un diputado, de un senador”
Gustavo SánchezVocero de los diputados del PLD
A pesar de que se benefició por transferir de sus exoneraciones, Sánchez entiende que hay que eliminar dicha facilidad a los legisladores. Considera que el Congreso Nacional que aprobó en 1996 la ley vigente era “análogo” y la sociedad ha cambiado, pues ahora se exige más transparencia en el uso de los fondos públicos.
Propuso en 2020 un proyecto para que no haya una exoneración ilimitada, sino que se fije un bono de RD$1,200,000 a cada legislador, entregable dos veces en el periodo legislativo de cuatro años. Dicho bono se considerará como parte del régimen de prestaciones o beneficios indirectos colaterales con los que se compensan a los senadores y diputados.
De hecho, analiza que pudiera aplicarse a otros funcionarios que también son hábiles para exoneraciones, como los jueces del Poder Judicial que, a partir del segundo año en el servicio, tienen derecho cada cinco años a la importación libre de gravamen de un vehículo no suntuario.
También, los integrantes del Ministerio Público, quienes, una vez ingresan a la carrera, pueden importar libre de gravamen un vehículo no suntuario cada cinco años. Asimismo, las misiones diplomáticas, que pueden importar libre de derechos e impuestos los vehículos que requieran para el uso exclusivo de sus actividades.
“El proyecto es oportuno, porque es una inequidad que nosotros gocemos de dos exoneraciones por periodo (...), donde esa exoneración exime del pago de todo tipo de impuesto y de todo tipo de vehículo, de forma tal que yo pueda traer un Tesla, un vehículo de alta gama”, dice Sánchez.
Pero también defiende el disfrute de las exoneraciones. “Somos funcionarios del Estado, por lo tanto, no constituye una aberración el hecho de que la institución cree mecanismos de apoyo al traslado de un diputado, de un senador, hacia su lugar matriz de trabajo, no lo es”, asegura. “Cuando se entiende que hasta en el sector privado se les garantiza a los funcionarios de primer nivel facilidades de transporte”.
Explica que antes de someter su proyecto, comparó cómo son los privilegios para los legisladores en otros países. Citó el caso de España, donde se reembolsa el gasto en avión, tren, automóvil o barco, y de parqueo. Si el funcionario utiliza su vehículo personal, se le devuelve una cantidad de euros por kilómetros, además de los peajes.
“Con el proyecto de ley se beneficia el Estado y no se perjudica el diputado”, insiste. “El diputado no se arriesga a tener un vehículo rodando en la calle bajo su nombre y que lo use cualquier persona”.
A final de agosto pasado, un automóvil marca McLaren estuvo envuelto en un accidente de tránsito que se produjo entrada la noche en la avenida Abraham Lincoln, de la capital, en el que resultó herido de gravedad un hombre de 70 años. El vehículo deportivo tenía una placa exonerada y está registrado a nombre del exdiputado peledeísta por Jimaní, Pablo Inocencio Santana Díaz.
Santana Díaz dijo a Diario Libre que le vendió la exoneración cuando era legislador al concesionario Autohaus. Gustavo Cabrera, uno de los propietarios de dicha empresa, confirmó que se importó el carro directamente desde la casa McLaren y se vendió en 2017.
En la base de datos de la Dirección General de Aduanas se consigna que dicho vehículo tuvo un valor FOB de US$191,824.08 y el Estado dejó de recibir RD$3,901,959.10 por la exoneración de sus impuestos.
Paramédicos del 9-1-1 asisten en un accidente ocurrido la noche del 26 de agosto de 2021, en la avenida Abraham Lincoln esquina Max Henríquez Ureña, en el que estuvo envuelto un deportivo McLaren comprado con una exoneración que vendió un exdiputado. ( DIARIO LIBRE)
En octubre de 2014, el diputado perremeísta Alexis Jiménez dijo que había vendido una exoneración a un concesionario que se usó para traer al país un Lamborghini Aventador para el numerólogo Cristian Casablanca.
Ese vehículo, de acuerdo a los registros aduanales, tuvo un valor FOB de US$397,440 y representó un sacrificio fiscal de RD$7,407,570.82.
¿Vender para cubrir gastos de campaña?
El diputado Eduardo Hidalgo, quien tiene tres periodos como legislador, apoya la propuesta de Sánchez para reformar la ley y que se dé un bono. Aunque reconoce haber vendido de sus exoneraciones lo justifica -como Sánchez y otros legisladores- en que la ganancia les permite cubrir gastos de la campaña electoral.
A su nombre se han importado entre 2013 y 2021 seis vehículos, por los que el Estado dejó de recibir RD$12,522,448.93 en impuestos, de acuerdo a la Dirección General de Aduanas.
“Para la campaña el legislador asume compromisos y es una manera de pagar esa deuda”, defiende.
Recientemente, diputados estimaron que en una campaña electoral para ese puesto se puede gastar desde RD$3 millones, RD$10 millones o más.
Legisladores no modifican la ley que los beneficia
En el Congreso Nacional se han presentado otras propuestas para modificar la ley que permite las exoneraciones a los legisladores, pero los mismos diputados no las han aprobado.
Un proyecto busca que, a partir del 16 de agosto de 2024, se reduzcan a un único vehículo, que no podrá sobrepasar el monto equivalente en pesos dominicanos de US$150,000 por concepto de precio de fábrica. El excedente a partir de este monto deberá pagar todas las cargas impositivas vigentes.
La propuesta la depositó el diputado peledeísta José Benedicto Hernández Tejada, el 15 de octubre de 2020. El sistema web legislativo reporta que se envió el 28 de ese mes a la comisión permanente de Administración Interior, que preside el titular de la Cámara de Diputados, el perremeísta Alfredo Pacheco, pero su plazo venció y perimió el 15 de agosto de 2021. El legislador la volvió a depositar en ese mes.
Un proyecto más viejo lo presentó en septiembre de 2017 el entonces diputado peledeísta José La Luz. Se envió a la comisión de Hacienda en ese mismo mes, pero perimió en julio de 2018.
Cinco años antes, el Senado aprobó en segunda lectura un proyecto de ley presentado por el entonces senador peledeísta Tommy Galán, que fijaba un tope de US$70 mil en el precio de fábrica del vehículo exonerado. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados sin éxito. Se volvió a reintroducir en el Senado en 2015, tampoco si éxito.
“Creo que debemos sentarnos y seriamente encontrar una salida, sobre todo ahora que se habla de reforma fiscal”
Alfredo PachecoPresidente de la Cámara de Diputados
A pesar del limitado progreso de las iniciativas para modificar la ley que da pie a las exoneraciones, el presidente de la Cámara de Diputados asegura que en la actual legislatura el tema se debe abordar con “carácter de seriedad”.
“Los legisladores deben hacer un gran aporte a la gobernabilidad en la República Dominicana, sobre todo ahora que estamos hablando de reforma fiscal, etcétera, logrando establecer un método totalmente diferente que permita que el legislador pueda tener la posibilidad de tener el apoyo de transporte de otro modo y no exactamente con el sistema que tenemos ahora de las exoneraciones”, dice.
Agrega: “En lo personal decidí no tomar en esta oportunidad la exoneración, porque ya la he usado en otras oportunidades. Soy un legislador viejo, y tengo mi vehículo”.
En los registros aduanales figura que a nombre de Pacheco se importó en 2017 un vehículo BMW al que se le exoneraron RD$1,941,184 en impuestos. Hacienda registra que también en 2020 procesó la exoneración de un automóvil Bentley, valorado en US$189,800.81, que representaría un sacrificio fiscal estimado en RD$6,457,853.79.
El movimiento cívico Participación Ciudadana ha cuestionado en diferentes años la facilidad de exoneración de vehículos a los legisladores. La considera inconstitucional y alega que nadie tiene derecho a legislar en su propio beneficio.
“Tenemos tres propuestas de tres legisladores que eliminan el método, otra que suprime”, dice Pacheco a Diario Libre. “Creo que debemos sentarnos y seriamente encontrar una salida”.
El diputado reconoce que la facilidad de las exoneraciones “termina siendo un negocio porque están sin límite”.
Enriquillo legó a su pueblo su coraje, sus ansias de libertad y la justicia. Aunque jamás tuvo real posibilidad de victoria, no se acobardó. Su valentía y convicción estarán siempre con su gente. pic.twitter.com/tUszsiDtFv
El TC anula resolución de JCE sobre arrastre de senadores
Tribunal Constitucional Rep.Dom.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional la resolución número 08-2019 emitida por la Junta Central Electoral (JCE), en la que dejaba el arrastre entre senadores y diputados en cinco provincias y el Distrito Nacional y lo eliminaba en 26 demarcaciones. La alta corte dio la información a través de un comunicado. La decisión de la JCE ordenaba que en las provincias divididas en circunscripciones electorales para la elección de diputados, serían computados todos los votos obtenidos por el partido a los candidatos a senadores, lo que mantenía el arrastre en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, La Vega y Puerto Plata. El TC señaló en el documento que la sentencia íntegra del caso señalado, con sus votos particulares, será publicada próximamente en el portal de ese órgano extrapoder. La decisión del TC fue atendiendo a una acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) contra la resolución número 08-2019, que instituye el método para la elección de senadores en las elecciones de 2020. La instancia la conoció el TC en audiencia pública el 21 de junio de este año.
