SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
NUEVA YORK.- El presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior del Senado, Carlos Gómez, agradeció al presidente Luis Abinader acoger los clamores de la comunidad quisqueyana residente en ultramar.
Gómez, representante de la provincia Espaillat, consideró que el mandatario «ha puesto el oído en el corazón de la comunidad dominicana del exterior al anunciar en esta ciudad varias medidas que los dominicanos venían reclamando gobierno tras gobierno desde hace tiempo».
Recordó que hace seis meses una comisión de senadores, presidida por él, se reunió con decenas de organizaciones (políticas, comunitarias, sociales, deportivas, religiosas, y clubes, entre otras) que escuchó y recogió múltiples clamores de la diáspora.
Integraron dicha comisión los legisladores Valentín Medrano (Independencia); Franklin Rodríguez (San Cristóbal); Milciades Franjul (Peravia); Lenin Valdez (Monte Plata); y Pedro Catrain (Samaná).
Luego, se crearon varias resoluciones en el Congreso, proyectos de leyes y se le entregó al presidente Abinader un resumen de los reclamos, precisó el senador durante una concurrida rueda de prensa efectuada en el restaurant 809, en el Alto Manhattan.
Expresó que es hijo de esta comunidad porque vivió más de 30 años y conoce los sacrificios que se pasa cuando emigramos a un país extraño.
Estimó que «lo que nunca se había hecho con nuestra gente en el exterior, se está haciendo ahora en el gobierno del presidente Abinader».
Entre las acciones anunciadas por mandatario durante su viaje a esta urbe está un plan del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) dirigido a los dominicanos del exterior.
El senador destacó que «el presidente dijo que ya no hay discusión con los 10 dólares (el cobro a los dominicanos que visitan el país) porque eso no se le debe aplicar; los impuestos que están en los tickets aéreos son contraproducente, y como los mismos son por ley, se incluirán en la reforma fiscal».
Valorizó que ya está trabajando el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz, donde los dominicanos pueden acogerse a este programa, que no es un programa que construye el gobierno, es un programa de subsidio financiero para los dominicanos de menor capacidad económica.
Además, juzgó como importante la instalación de una oficina del Banco de Reservas, entre otras medidas, manifestó el senador.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informará este lunes 27 de septiembre los nuevos pasos a seguir relacionados al Plan de Rescate del Parque Nacional Valle Nuevo ordenado en la Resolución 0016-2021 que fue anunciada en junio de este año.
Los detalles serán datos a conocer en una rueda de prensa que encabezará el ministro Orlando Jorge Mera a las 10:00 A.M. en el Salón Multiusos del Ministerio de Medio Ambiente ubicado en la avenida Cayetano Germosén esquina avenida Luperón.
Jorge Mera ha explicado que el rescate de “La Madre de las Aguas” como es conocido el Parque Nacional Valle Nuevo, es una prioridad para el Ministerio de Medio Ambiente y se realiza en base al respeto de la dignidad de quienes han estado en esa zona desde antes de que fuera declarada área protegida.
@ambienterd Con la emisión de la Resolución 016-2021, se dio inicio al Plan de Rescate del Parque Nacional Valle Nuevo, una acción prioritaria en la que nos comprometimos como institución a la protección total de esta área protegida y las fuentes hídricas que alberga. #100diasValleNuevo
Hoy, al cumplir 100 días del plan, el ministro Orlando Jorge Mera se dirige a la población a fin de dar a conocer la ruta a seguir en lo adelante para dar continuidad al Plan de Rescate de esta área protegida. https://twitter.com/ambienterd/status/1442501170451320834?s=20
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Rueda de prensa sobre Plan de Rescate de Valle Nuevo
Así que en estos tiempos de Internet, es ineludible perderse el mensaje del presidente de los dominicanos. Entonces, ¿por qué me pregunto si los que estuvieron presentes lo escucharon? ¿Les llegó el mensaje de que la ONU se fundó para evitar por siempre la conflagración del infierno de la Segunda Guerra Mundial? ¿Si entendieron que la COVID-19 se quiere transformar a un enemigo viral cuasi invisible en un enemigo humano en una tercera guerra mundial disfrazada de “guerra comercial”?
Tal vez, lo más importante, ¿entendieron que la ONU es la realidad pos-soberanía nacional para convertirse en una soberanía compartida por la solidaridad de toda la especie humana? ¿Qué la COVID-19 ha propiciado esta ventana de oportunidad para que nos desenganchemos del tren del terror y la destrucción de los que identificamos como los “otros”? Y debió recordarle de los aportes de las Fuerzas Armadas de República Dominicana en las misiones de Paz y nuestro compromiso constitucional de coadyuvar en esta tarea humanitaria.
¿Qué es más realista: movernos por el egoísmo y aprovechar la catástrofe para consolidar las “estructuras del mal”, o considerar a nuestro vecino malogrado por el infortunio y compartir el pan y el vestido con él, como nos los señalan todas las religiones y el espíritu de fe? Esta segunda actitud tomó el presidente Abinader con respecto al llamado “estado fallido” de nuestros vecinos, la República de Haití. Primer presidente dominicano que lo repite, ya que tocó el tema en su discurso virtual de la sesión pasada del 2020. Ahora lo vuelve a reclamar en la presente Asamblea General.
La oportunidad la pintan calva y hay que agarrarla por los cabellos, presidente Abinader. Si no le escucharon, entonces queda volver para repetirle de nuevo el mensaje de nuestro pueblo dominicano
Carros deportivos y de lujo, autobuses para el transporte masivo, yipetas del año... Así de mezclada es la lista de 1,148 vehículos importados bajo el nombre de legisladores dominicanos de los que muchos, amparados en una ley que les permite traer al país libre de impuestos cualquier unidad sin importar su costo, han encontrado una oportunidad de negocio con la venta de este beneficio por el que en los últimos 11 años el Estado ha dejado de recibir RD$2,649.8 millones en tributos.
Entre los legisladores es conocido el precio de la cesión: hasta US$20,000 o RD$1 millón. Inclusive, hay quienes desconocen el porqué en los registros de la Dirección General de Aduanas hay una exoneración efectiva a su nombre. Así lo comprobó Diario Libre cuando, al preguntarle a un diputado (que pidió no ser identificado) sobre el carro deportivo Lamborghini, valorado en más de US$180,000, que se importó a su nombre en este 2021 –según los datos oficiales–, no estaba al tanto de qué se le hablaba.
Otro, el diputado Eduardo Hidalgo, entiende que debe ser un error que en Aduanas aparezcan dos yipetas Land Rover, modelo Range Rover, importadas bajo su nombre en 2020 y 2021, y por las que el Estado dejó de recibir RD$5.1 millones en impuestos.
“Vamos a sincerarnos”, dice el diputado y vocero del bloque peledeísta, Gustavo Sánchez, en su oficina del Congreso Nacional. “Los legisladores, en un porcentaje alto, más del 90 por ciento, lo que hacen es ‘transferir’ ese documento, que es un papel, a alguien que no quiere pagar los impuestos de traer un vehículo de lujo”. Explica que ese intercambio se puede realizar con particulares, “amigos poderosos” o comercios de venta de vehículos.
Entre los legisladores hay quienes prefieren no ser identificados para hablar con Diario Libre sobre el tema. También, son cautos en mencionar los nombres de los compradores. Al menos Hidalgo solo precisa que ha vendido de sus exoneraciones a una persona “reconocida, con solvencia y seria” en Moca. En tanto que en un concesionario de la capital se explica que desde hace años se estila que dicho beneficio legislativo esté “en el mercado, a la venta”.
Desde el 1 de enero de 2010 hasta el 12 de septiembre de 2021, bajo la exoneración de impuestos a las importaciones de vehículos de que disfrutan los legisladores, se trajeron a la República Dominicana 1,148 vehículos cuyos valores en el país de origen o procedencia suman US$132,964,375.
Estas unidades representaron un sacrificio fiscal de RD$2,649,859,207.26 por exonerarle los impuestos de rigor. Así lo registra una base de datos suministrada por la Dirección General de Aduanas a solicitud de Diario Libre.
(Diario Libre organizó de una forma amigable y navegable la base de datos de Aduanas. Para conocer en detalle las marcas, modelos, nombres de los legisladores y montos que contiene, haga clic aquí).
Aunque las yipetas y automóviles confortables tienen una preferencia mayor, la lista incluye 45 Ferrari, 11 Rolls-Royce, 40 Lamborghini, 21 McLaren, 183 Porsche y otros vehículos costosos cuyo diseño y estilo no es el usual para viajar desde las provincias a las sesiones en la sede capitalina del Congreso Nacional o para visitar los pueblos del interior en trabajos propios de un legislador.
Pero también hay tres autobuses de transporte masivo importados entre 2014 y 2018 por el exdiputado reformista Guido Cabrera Martínez, quien es miembro de la Asociación de Propietarios de Autobuses del Transporte Público de la Provincia La Altagracia (Aptpra).
Las guaguas representaron un sacrificio fiscal de RD$3,526,113.77 y están en operación para el transporte interurbano. Los viajeros pagan entre RD$275 y RD$300 por pasaje. “Todo el tiempo he tenido autobuses, de eso es que yo he vivido”, observa Cabrera a Diario Libre.
“No soy diputado actualmente y, segundo, al tener mis exoneraciones, se lo apliqué a la guagua, porque no tengo una ley que me diga que no se la puedo aplicar, porque tú puedes traer un grédar, un motor, una pala, lo que tú entiendas”, defiende el también asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte.
A pesar de que está consciente de que muchos legisladores traen carros lujosos, Cabrera señala que se transporta en una camioneta Toyota Hilux. Este vehículo no aparece en los registros aduanales de sus exoneraciones desde 2010. En cambio, a su nombre también hay tres yipetas. Dos de estas no reconoció y una tercera supone que se adquirió hace 10 años tras vender una de sus exoneraciones a un concesionario de la capital.
Además de recibir gastos de representación, viáticos, dieta y otros beneficios extrasalariales, los 190 diputados y 32 senadores del país –elegidos por cuatro años–, más los 20 al Parlamento Centroamericano (Parlacen), están respaldados con la facilidad vehicular que permite una muy abierta Ley 57-96, compuesta por dos artículos. El primero modifica un artículo de una ley de nueve años antes que establecía un tope de US$18,000 en el precio de fábrica de un vehículo exonerado.
Hasta 1996, con base en la Ley 21-87, los legisladores podían traer libre de impuestos un vehículo cada dos años, cuyo valor de fábrica no excediera los US$18 mil. Reportes de prensa de la época explican que, amparándose en el incremento de la tasa del dólar, los legisladores habían aprobado una ley en 1994 que les permitiría una exoneración abierta, pero al no promulgarse, los diputados volvieron a aprobarla en 1996.
Con la modificación se hizo vigente que cada legislador importe libre de impuestos un vehículo de motor cada dos años, sin importar el tipo, marca, modelo, año y cilindraje. La unidad que traiga estará exenta de todo tipo de gravámenes e impuestos, recargos y multas, y cualquier restricción o prohibición existentes.
Actualmente, a la República Dominicana solo se pueden importar vehículos de cinco años o menos de fabricación y camiones comerciales que no superen los 15 años. Para liberarlos, se debe pagar un impuesto aduanal del 20 % del valor del vehículo más el 18 % del impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (Itbis).
La ley que permite a los legisladores no pagar esos impuestos no pone una fecha tope para redimir la exoneración. Indica que estos harán el requerimiento de su derecho cuando sus condiciones se lo permitan y lo solicite. La única limitante que pone es que el vehículo no se podrá transferir hasta después de dos años de importado.
Para hacer uso de la exoneración, el legislador debe depositar la solicitud en el Congreso Nacional, institución que remite el expediente al Ministerio de Hacienda desde donde se envía a la Dirección General de Aduanas con la orden de exoneración, de ser aprobada. Cuando el vehículo se importa y se hace el despacho en aduanas, es cuando se le aplica la exoneración con base en cálculos que incluyen la tasa de cambio.
Desde 2010 y hasta agosto de 2021, el Ministerio de Hacienda tramitó la exoneración de 156 vehículos a nombre de senadores y de 1,195 para diputados (incluidos 112 para varios del Parlacen), cuyos valores en el país de origen o procedencia suman US$154,539,515.08 y, preliminarmente, RD$4,105,997,878.15 en sacrificio fiscal.
El espíritu de la Ley 57-96 es permitir que los legisladores tengan un vehículo que represente su investidura y que lo puedan adquirir en buena condición, sin ser afectados por la inflación. Hay quienes hacen uso legítimo de esta facilidad y quienes se van más allá.
Gustavo Sánchez, diputado desde 2006 por el Distrito Nacional, reconoce a Diario Libre que es de los legisladores que transfirieron a particulares exoneraciones que les correspondían. Al menos por una de las suyas recibió dinero.
Cuenta que la primera exoneración que utilizó fue para comprar una ambulancia para uso comunitario, entre 2006-2007. Otra se la cedió a un amigo para que importara su vehículo y –asegura– no le pidió dinero a cambio.
Pero una tercera exoneración entendió que no podía cederla sin obtener una compensación. Le dijo a otro amigo: “Espérate, yo no te la voy a dar”. Acordaron un intercambio. “Hice esa transferencia y recibí unos beneficios, igual que todo el mundo”, indica. Aunque no precisa el monto, explica que ese tipo de transacción tiene un valor “específico” de alrededor de RD$1 millón o US$20,000.
—¿Qué le diría a la gente que lee que usted es uno de los que cedió una exoneración? —le pregunta Diario Libre.
—No he violado ninguna ley, ¿de qué me acusan?
—Quizás de falta de ética.
—De falta de ética (se ríe)... No creo que eso sea antiético. Pudiera ser antiético, quizás, si yo no hubiese sabido a manos de quién iba a parar ese vehículo.
Sánchez critica a aquellos legisladores que podrían sentirse superior por no ceder sus exoneraciones. “¿Qué tú aportas?, ¿qué cambios puedes producir con eso?, ¿qué te digan que eres un santo varón?”, cuestiona.
La Dirección General de Aduanas registra que a nombre de Sánchez se han traído al país desde 2010 cuatro vehículos: una yipeta Toyota, un automóvil Bentley, otra yipeta Lexus y un carro Mercedes Benz. Por estos el Estado dejó de recibir RD$11,365,091.69 en impuestos.
El diputado comenta que para su uso aprovechó dos exoneraciones. Otra la tiene reservada para cuando estén cerca las elecciones de 2024. “Para yo salir con un vehículo bueno”, adelanta.
“Somos funcionarios del Estado, por lo tanto, no constituye una aberración el hecho de que la institución cree mecanismos de apoyo al traslado de un diputado, de un senador”
Gustavo SánchezVocero de los diputados del PLD
A pesar de que se benefició por transferir de sus exoneraciones, Sánchez entiende que hay que eliminar dicha facilidad a los legisladores. Considera que el Congreso Nacional que aprobó en 1996 la ley vigente era “análogo” y la sociedad ha cambiado, pues ahora se exige más transparencia en el uso de los fondos públicos.
Propuso en 2020 un proyecto para que no haya una exoneración ilimitada, sino que se fije un bono de RD$1,200,000 a cada legislador, entregable dos veces en el periodo legislativo de cuatro años. Dicho bono se considerará como parte del régimen de prestaciones o beneficios indirectos colaterales con los que se compensan a los senadores y diputados.
De hecho, analiza que pudiera aplicarse a otros funcionarios que también son hábiles para exoneraciones, como los jueces del Poder Judicial que, a partir del segundo año en el servicio, tienen derecho cada cinco años a la importación libre de gravamen de un vehículo no suntuario.
También, los integrantes del Ministerio Público, quienes, una vez ingresan a la carrera, pueden importar libre de gravamen un vehículo no suntuario cada cinco años. Asimismo, las misiones diplomáticas, que pueden importar libre de derechos e impuestos los vehículos que requieran para el uso exclusivo de sus actividades.
“El proyecto es oportuno, porque es una inequidad que nosotros gocemos de dos exoneraciones por periodo (...), donde esa exoneración exime del pago de todo tipo de impuesto y de todo tipo de vehículo, de forma tal que yo pueda traer un Tesla, un vehículo de alta gama”, dice Sánchez.
Pero también defiende el disfrute de las exoneraciones. “Somos funcionarios del Estado, por lo tanto, no constituye una aberración el hecho de que la institución cree mecanismos de apoyo al traslado de un diputado, de un senador, hacia su lugar matriz de trabajo, no lo es”, asegura. “Cuando se entiende que hasta en el sector privado se les garantiza a los funcionarios de primer nivel facilidades de transporte”.
Explica que antes de someter su proyecto, comparó cómo son los privilegios para los legisladores en otros países. Citó el caso de España, donde se reembolsa el gasto en avión, tren, automóvil o barco, y de parqueo. Si el funcionario utiliza su vehículo personal, se le devuelve una cantidad de euros por kilómetros, además de los peajes.
“Con el proyecto de ley se beneficia el Estado y no se perjudica el diputado”, insiste. “El diputado no se arriesga a tener un vehículo rodando en la calle bajo su nombre y que lo use cualquier persona”.
A final de agosto pasado, un automóvil marca McLaren estuvo envuelto en un accidente de tránsito que se produjo entrada la noche en la avenida Abraham Lincoln, de la capital, en el que resultó herido de gravedad un hombre de 70 años. El vehículo deportivo tenía una placa exonerada y está registrado a nombre del exdiputado peledeísta por Jimaní, Pablo Inocencio Santana Díaz.
Santana Díaz dijo a Diario Libre que le vendió la exoneración cuando era legislador al concesionario Autohaus. Gustavo Cabrera, uno de los propietarios de dicha empresa, confirmó que se importó el carro directamente desde la casa McLaren y se vendió en 2017.
En la base de datos de la Dirección General de Aduanas se consigna que dicho vehículo tuvo un valor FOB de US$191,824.08 y el Estado dejó de recibir RD$3,901,959.10 por la exoneración de sus impuestos.
Paramédicos del 9-1-1 asisten en un accidente ocurrido la noche del 26 de agosto de 2021, en la avenida Abraham Lincoln esquina Max Henríquez Ureña, en el que estuvo envuelto un deportivo McLaren comprado con una exoneración que vendió un exdiputado. ( DIARIO LIBRE)
En octubre de 2014, el diputado perremeísta Alexis Jiménez dijo que había vendido una exoneración a un concesionario que se usó para traer al país un Lamborghini Aventador para el numerólogo Cristian Casablanca.
Ese vehículo, de acuerdo a los registros aduanales, tuvo un valor FOB de US$397,440 y representó un sacrificio fiscal de RD$7,407,570.82.
¿Vender para cubrir gastos de campaña?
El diputado Eduardo Hidalgo, quien tiene tres periodos como legislador, apoya la propuesta de Sánchez para reformar la ley y que se dé un bono. Aunque reconoce haber vendido de sus exoneraciones lo justifica -como Sánchez y otros legisladores- en que la ganancia les permite cubrir gastos de la campaña electoral.
A su nombre se han importado entre 2013 y 2021 seis vehículos, por los que el Estado dejó de recibir RD$12,522,448.93 en impuestos, de acuerdo a la Dirección General de Aduanas.
“Para la campaña el legislador asume compromisos y es una manera de pagar esa deuda”, defiende.
Recientemente, diputados estimaron que en una campaña electoral para ese puesto se puede gastar desde RD$3 millones, RD$10 millones o más.
Legisladores no modifican la ley que los beneficia
En el Congreso Nacional se han presentado otras propuestas para modificar la ley que permite las exoneraciones a los legisladores, pero los mismos diputados no las han aprobado.
Un proyecto busca que, a partir del 16 de agosto de 2024, se reduzcan a un único vehículo, que no podrá sobrepasar el monto equivalente en pesos dominicanos de US$150,000 por concepto de precio de fábrica. El excedente a partir de este monto deberá pagar todas las cargas impositivas vigentes.
La propuesta la depositó el diputado peledeísta José Benedicto Hernández Tejada, el 15 de octubre de 2020. El sistema web legislativo reporta que se envió el 28 de ese mes a la comisión permanente de Administración Interior, que preside el titular de la Cámara de Diputados, el perremeísta Alfredo Pacheco, pero su plazo venció y perimió el 15 de agosto de 2021. El legislador la volvió a depositar en ese mes.
Un proyecto más viejo lo presentó en septiembre de 2017 el entonces diputado peledeísta José La Luz. Se envió a la comisión de Hacienda en ese mismo mes, pero perimió en julio de 2018.
Cinco años antes, el Senado aprobó en segunda lectura un proyecto de ley presentado por el entonces senador peledeísta Tommy Galán, que fijaba un tope de US$70 mil en el precio de fábrica del vehículo exonerado. La iniciativa pasó a la Cámara de Diputados sin éxito. Se volvió a reintroducir en el Senado en 2015, tampoco si éxito.
“Creo que debemos sentarnos y seriamente encontrar una salida, sobre todo ahora que se habla de reforma fiscal”
Alfredo PachecoPresidente de la Cámara de Diputados
A pesar del limitado progreso de las iniciativas para modificar la ley que da pie a las exoneraciones, el presidente de la Cámara de Diputados asegura que en la actual legislatura el tema se debe abordar con “carácter de seriedad”.
“Los legisladores deben hacer un gran aporte a la gobernabilidad en la República Dominicana, sobre todo ahora que estamos hablando de reforma fiscal, etcétera, logrando establecer un método totalmente diferente que permita que el legislador pueda tener la posibilidad de tener el apoyo de transporte de otro modo y no exactamente con el sistema que tenemos ahora de las exoneraciones”, dice.
Agrega: “En lo personal decidí no tomar en esta oportunidad la exoneración, porque ya la he usado en otras oportunidades. Soy un legislador viejo, y tengo mi vehículo”.
En los registros aduanales figura que a nombre de Pacheco se importó en 2017 un vehículo BMW al que se le exoneraron RD$1,941,184 en impuestos. Hacienda registra que también en 2020 procesó la exoneración de un automóvil Bentley, valorado en US$189,800.81, que representaría un sacrificio fiscal estimado en RD$6,457,853.79.
El movimiento cívico Participación Ciudadana ha cuestionado en diferentes años la facilidad de exoneración de vehículos a los legisladores. La considera inconstitucional y alega que nadie tiene derecho a legislar en su propio beneficio.
“Tenemos tres propuestas de tres legisladores que eliminan el método, otra que suprime”, dice Pacheco a Diario Libre. “Creo que debemos sentarnos y seriamente encontrar una salida”.
El diputado reconoce que la facilidad de las exoneraciones “termina siendo un negocio porque están sin límite”.
Enriquillo legó a su pueblo su coraje, sus ansias de libertad y la justicia. Aunque jamás tuvo real posibilidad de victoria, no se acobardó. Su valentía y convicción estarán siempre con su gente. pic.twitter.com/tUszsiDtFv
Contralor afirma avanzan en reingeniería del control interno para combatir la corrupción
Correa Hiciano explicó que la Contraloría trabaja en la actualización de su marco normativo y estructural
Diario Libre - BÁVARO 26/09/2021, 11:03 AM
Catalino Correa Hiciano durante la conferencia. (FUENTE EXTERNA)
El contralor general de la República, Catalino Correa Hiciano, sostuvo que la Contraloría General de la República (CGR) avanza en su proceso de reingeniería del Sistema de Control Interno, como parte de la estrategia dispuesta por el gobierno de Luis Abinader para combatir el fraude y la corrupción.
Hizo la precisión al dictar la conferencia “Control interno y transparencia en la gestión de los recursos públicos. Perspectiva de la Contraloría General de la República”, durante el Congreso Regional de Auditoría Interna, Control de Gestión, Riesgo y Finanzas (CRAICG 2021) organizado por el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana (IAIRD).
Correa Hiciano expresó que la CGR está enfocada en que la administración pública establezca en su totalidad los cuatro pilares principales del control interno: “Eficiencia y eficacia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y de gestión; cumplimiento de las leyes y normas vigentes y cuidado y protección del medio ambiente”.
“Cuando logremos establecer esta columna con los cuatro pilares, podremos decir a boca llena que estamos trabajando con transparencia y calidad del gasto, y esa transparencia y calidad del gasto nos lleva a decir que estamos generando rentabilidad social, porque los fondos se han invertido en lo que se planificó. La rentabilidad social se traduce en mejor calidad de vida para todos los dominicanos y dominicanas”, precisó.
Explicó que la CGR trabaja en la actualización de su marco normativo y estructural.
“Con esta modificación, la Ley 10-07 estará alienada al marco constitucional e inserta elementos novedosos, como la auditoría interna y auditoría antifraude. Otro elemento nuevo es la investigación de fraude en la administraciónpública y la evaluación del cumplimiento de los objetivos”, detalló el funcionario.
Con relación a las normas básicas de control interno, el contralor dijo que a la fecha 150 instituciones han iniciado el proceso de definición de la arquitectura del control interno.
Asimismo, manifestó que en el período enero-agosto 2021, la Contraloría aprobó un total de 43,244 contratos y 178,997 órdenes de pago.
Suplidores de Internet piden a Indotel evitar destruir inversión nacional en telecomunicaciones
Melvin Olmos al nombre de los más de 386 miembros que ADOSINET hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a los fines desde que el INDOTEL por presiones de dos telefónicas se quiera destruir a decenas de emprendedores nacionales de la telecomunicaciones.
SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Suplidores de Internet (ADOSINET), pidió al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), tener prudencia y escuchar a todas las partes por igual ante de modificar el reglamento de reventa de servicios de telecomunicaciones.
Durante una concentración en la parte frontal del Parque Independencia, donde se llevó acabo la firma de un compromiso, decenas de suplidores de Internet advirtieron que una decisión errada del INDOTEL puede destruir la inversión nacional de cientos de emprendedores de la telecomunicaciones.
Mediante un documento de prensa, ADOSINET explica que sus estructuras tecnológicas son el soporte de miles de familias de escasos recursos que hoy pueden tener acceso al internet en regiones del país que las grandes telefónicas no realizan inversiones por poca rentabilidad.
El presidente de ADOSINET, Melvin Olmos, aseveró que cualquier modificación al reglamento de reventa de servicios de telecomunicaciones tiene que ser bajo el consenso de todas las empresas sin importar su categoría que incidan en la solución de cerrar la brecha digital en República Dominicana.
Olmos explicó que los miembros de ADOSINET más que un problema son una solución, ya que sus instalaciones dan soluciones a la falta de telecomunicación que tienen decenas de provincias.
El directivo de ADOSINET expuso que en provincias como Montecristi, Santiago Rodríguez, Independencia, Elías Piña, Bahoruco, El Seibo, Monte Plata, entre otras, que la grandes telefónicas no quieren invertir en la calidad de sus señales, los miembros de la asociación han hecho grandes inversiones para la conectividad digital.
En ese orden, Olmos al nombre de los más de 386 miembros que ADOSINET hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, a los fines desde que el INDOTEL por presiones de dos telefónicas se quiera destruir a decenas de emprendedores nacionales de la telecomunicaciones.
ADOSINET advirtió que su lucha llegará hasta el Tribunal Constitucional, ya que no permitirán que se cree un monopolio en las telecomunicaciones en violación a la Ley 153-98, que crea el INDOTEL, y la Carta Magna de República Dominicana.
ADOSINET aseguró que sus principales pilares cumplen con los cuatro primeros considerando y con el artículo 3, de Ley número 153-98:
1- CONSIDERANDO: Que es deber del Estado fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones para contribuir a la expansión socioeconómica de la nación;
2- CONSIDERANDO: Que es de interés del Estado organizar y promover la competencia leal, eficaz y sostenible dentro del sector de las telecomunicaciones;
3- CONSIDERANDO: Que es objetivo del Estado asegurar a la nación un servicio de telecomunicaciones, a través de la participación del sector privado, que sea eficiente, moderno y a costo razonable;
4-CONSIDERANDO: Que es de interés del Estado garantizar los servicios de telecomunicaciones en condiciones asequibles en todo el país y para todos los grupos sociales, conforme a los principios del servicio universal auspiciados por los organismos internacionales de que forma parte la República Dominicana;
Artículo .3- Objetivos de la ley:
Los objetivos de interés público y social del presente ordenamiento, a la luz de los cuales deberán interpretarse sus disposiciones, son los siguientes:a) Reafirmar el principio del servicio universal a través de: i. La garantía, en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos, de la posibilidad de acceso a un servicio mínimo y eficaz de telefonía, a precios asequibles, mediante el libre funcionamiento de los mercados y la utilización de los mecanismos previstos por esta ley;
ii. La satisfacción de la demanda de servicios públicos de telecomunicaciones en condiciones de libre competencia, asegurando la continuidad, generalidad, igualdad y neutralidad de dichos servicios;
y iii. El libre acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones en condiciones de transparencia y de no discriminación por parte de los prestadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones, los generadores y receptores de información y los proveedores y usuarios de servicios de información;
b) Promover la prestación de servicios de telecomunicaciones con características de calidad y precio que contribuyan al desarrollo de las actividades productivas y de servicios en condiciones de competitividad internacional;
c) Garantizar el derecho del usuario a elegir el prestador del servicio de telecomunicaciones que a su criterio le convenga;
d) Ratificar el principio de la libertad de la prestación, por parte de titulares de concesiones obtenidas de acuerdo a la presente ley, de todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones, incluida la libertad de construcción y operación de sistemas y facilidades;
e) Promover la participación en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones de prestadores con capacidad para desarrollar una competencia leal, efectiva y sostenible en el tiempo, que se traduzca en una mejor oferta de telecomunicaciones en términos de precios, calidad de servicio e innovación tecnológica;
f) Asegurar el ejercicio, por parte del Estado, de su función de regulación y fiscalización de las modalidades de prestación, dentro de los límites de esta ley, de modo imparcial, mediante la creación y desarrollo de un órgano regulador de las telecomunicaciones independiente y eficaz;
y g) Garantizar la administración y el uso eficiente del dominio público del espectro radioeléctrico.
Finalmente, ADOSINET expresó su agradecimiento al señor Juan Ramón Gómez Díaz, por ser el único empresario de las grandes prestadoras de telecomunicaciones en dar una mano amiga a cientos de emprendedores para poder formalizar su estatus ante el INDOTEL.
El mundo se enfrenta a una preocupante secuela derivada de la pandemia del Covid-19: la inflación global.
Las consecuencias de esa inflación global será diferente en cada país, sabiendo que mientras menos nivel de desarrollo tenga, mayor será el daño.
Los ciudadanos de países con mayor nivel de desarrollo podrán hacerle frente a ese fenómeno con más facilidad que los ciudadanos de los países más pobres.
Igualmente, los gobiernos de los países ricos tendrán mayor capacidad de respuesta.
Durante los años 2020 y 2021 todas las naciones del mundo debieron recurrir al endeudamiento para hacer frente a los efectos inmediatos de la pandemia, lo cual se suma al problema de la inflación global.
Visto esos dos fenómenos, cobra mayor relevancia el planteamiento que en la Asamblea General de la ONU hiciera el presidente dominicano Luis Abinader de que las naciones desarrolladas contribuyeran con las naciones menos desarrolladas a hacerle frente a la situación post pandemia.
Hizo una propuesta concreta: que las naciones desarrolladas pusieran a disposición de las naciones en vías de desarrollo los Derechos Especiales de Giros (dinero) entregados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a todos sus miembros.
Así marchan los trabajos de mejora de infraestructura de @ambienterd en El Morro, de Montecristi, gracias a la colaboración de @BanreservasRD. Muy pronto estaremos inaugurando para alegría de montecristeños, dominicanos y turistas. pic.twitter.com/67b2MjwtEb
.@orlandojm Así marchan los trabajos de mejora de infraestructura de @ambienterd en El Morro, de Montecristi, gracias a la colaboración de @BanreservasRD. Muy pronto estaremos inaugurando para alegría de montecristeños, dominicanos y turistas. https://twitter.com/orlandojm/status/1442252584786481152?s=20 Orlando Jorge Mera
La crisis haitiana es histórica y tan compleja que, como dijo el presidente Luis Abinader en las Naciones Unidas, su solución no se vislumbra con un liderazgo político dividido, que por sí solo no puede pacificar el país, controlado en buena medida por bandas criminales.
Las palabras de nuestro presidente todavía resonaban entre líderes mundiales cuando, de manera contundente e inesperada, le vino a dar razón nada más y nada menos que Daniel Foote, el enviado especial para Haití de Joe Biden. Presentó renuncia al cargo en protesta por las expulsiones inhumanas de migrantes haitianos desde Del Río, Texas. y por lo contraproducente de retornarlos a un país donde los funcionarios estadounidenses están encerrados en cuarteles seguros, por el peligro de las pandillas armadas..
De la inseguridad, atraso político-económico y pobreza secular, da cuenta la historiografía haitiana, de todos esos males culpa a razones externas históricas, como la destrucción de la economía durante la revolución de doce años (1791/1804), la imposición de la deuda externa por parte de Francia y la ocupación estadounidense.
Aunque es innegable el peso de estos factores, sucesos históricos específicos entretejieron la realidad inconclusa haitiana. Me refiero a la causa de las causas. En el bosque Boys Csiman, propiedad del Estado francés, en 1791 tuvo lugar la asamblea de esclavos africanos y la ceremonia vodú que antecedió el movimiento revolucionario que poco a poco se hizo más violento, hasta lograr la abolición de la esclavitud en 1794, la independencia de Saint-Domingue en 1804 y la nueva nación bajo el nombre taíno de Hayti.
Las evidencias muestran que el liderazgo político y la sociedad haitiana quedaron entrampados, la violencia política ha sido una constante histórica durante las décadas y siglos que siguieron aquellos preciosos acontecimientos históricos, si se quiere un ejemplo reciente lo tenemos en el magnicidio todavía no aclarado del presidente Jovenel Moise.
Como resultado, en lo económico y político la haitiana es una sociedad con enormes retrasos acumulados, porque a diferencia de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y América Central, no incorporó los avances del capitalismo. Como carece de fuerza propia para salir del profundo hoyo en que se encuentra, oportuno es el llamado del presidente Abinader para que la comunidad internacional acuda en su auxilio, con la advertencia de que para superar la dramática situación la acción unilateral es insuficiente.
Por la pesada culpa histórica que tienen, Francia y Estados Unidos deben tomar la iniciativa, solo cito que dos décadas después de la independencia Francia exigió una indemnización de ciento cincuenta millones de francos oro, que durante todo el siglo XIX Haití nunca llegó a saldar, deuda que pasó a Estados Unidos a partir de 1915, y que tampoco resolvió.
Y que la ocupación estadounidense de 1915 a 1934 pretendió modernizar las instituciones administrativas y políticas, lo que no logró, a su salida dejó la guardia de Haití que se dedicó a derrocar gobiernos e instalar dictaduras.
La revolución haitiana fue inaudita, singular y radical en extremo para la época, pero los dirigentes políticos fracasaron, nos lo dicen las declinantes cifras del PIB per cápita, en francos francés el de 1900 equivalía a un tercio del de 1790, y en dólares estadounidenses el de 1992 a menos de tres cuarto el de 1986.
Palabras de nuestro Presidente aún resonaban entre líderes
Sucesos históricos específicos entretejieron la realidad haitiana
Revolución haitiana fue inaudita, singular, radical en extremo
A P
