SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
lunes, 17 de agosto de 2015 [VÍDEO] Manuel Castells: "Si no hay movimientos sociales no hay transformación"
La presentación del libro "Redes de indignación y esperanza" del sociólogo Manuel Castells, en la que participaron el periodista Manuel Campo Vidal y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sirvió para tratar temas referentes a los movimientos sociales, a la importancia de las redes sociales y la televisión para potenciarlos y a la necesidad de un liderazgo para articular esos movimientos en propuestas, entre otros muchos.
El turno de debate, sin embargo, sirvió para tocar tangencialmente asuntos políticos de actualidad, como los acuerdos con Grecia, las posibilidades reales de cambio en el sistema actual o las amenazas de la Unión Europea.
Una conferencia que no deja indiferente a nadie. Refugio Sociológico en http://refugiosociologico.blogspot.com.es/2015/08/video-manuel-castells-si-no-hay.html?m=1
Manuel Castells: "Si no hay movimientos sociales no hay transformación"
Andrés L. Mateo: "En RD existe un sistema de hipercorrupción"
Andrés L. Mateo
Rafael Tomás Jaime
El analista político y escritor Andrés L. Mateo afirmó que en el país existe un Estado de hipercorrupción, fenómeno en el que incluyó la compra de los ocho aviones Súper Tucano, adquiridos de la empresa Embraer, de Brasil.
Reveló, además, que cada dominicano que viaja al exterior está obligado a pagar un dólar por cada boleto aéreo destinado a pagar el préstamo de 93.5 millones de dólares aprobado por el Congreso Nacional para la compra de los aparatos.
En su comentario en la Z101, Mateo considera que en el país se practica tres modalidades de hipercorrupción y entre éstas agregó el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), donde afirmó que existe un entramado de hipercorrupción que mueve una cantidad elevada de dinero.
Opinó que lo que se trata es de determinar quienes dirigen el referido sistema de hipercorrupción.
Precisó que en el caso de los Tucano lo que admite Embraer es lo del soborno, ya que para sus ejecutivos lo de la sobrevaluación es otro aspecto que no está en discusión.
Otro aspecto escandaloso de la adquisción de los Tucano es el relativo a la corrupción corporativa y lo del reaseguro, que según aseveró involucra una cifra tres veces superior a los 3.5 millones de dólares del soborno.
La corrupción ha cundido en todo este tipo de negocio, porque muchos de los estamentos de corrupción estatal en la República Dominicana entraron en juego", estima el escritor y catedrático universitario.
Sobre los involucrados
Con respecto a los involucrados en el escándalo de los Súper Tucano, se refirió al coronel Carlos Piccini Núñez, a quien define como un personaje de estrechos vínculos con los negocios en las Fuerzas Armadas.
Señaló que Piccini Núñez era quien supuestamente negociaba y era la presunta cara visible en negociaciones de las FF.AA. y que por eso el ministro, el entonces teniente general Rafael Peña Antonio, se lo lleva a Brasil a negociar los Tucano a Brasil con Embraer.
Del senador Luis René Canaán, expresó que está muy estrechamente vinculado en la adquisición de los Súper Tucano.
Explicó que el soborno de los 3.5 millones de dólares entró al país mediante remesas y que por eso están presos los empresarios involucrados, porque prestaron la vía convencional para el ingreso de esos dólares al país en partidas parciales.
"Estamos frente a un sistema, frente a un proceso de hipercorrupción, y que el Estado dominicano en la actualidad está organizado para el robo. En las distintas esferas de la sociedad dominicana eso es lo que está ocurriendo", manifestó el doctor Andrés L. Mateo a manera de crítica y preocupación.
Sostuvo que el caso de los Tucano es demostrativo de por qué República Dominicana ocupa el octavo lugar entre los países más corruptos del mundo, el tercer lugar como un país que desvía las asignaciones presupuestarias y porqué tenemos un personaje que ocupa el cuarto lugar como el ser más corrupto a nivel mundial. http://nuevo.z101digital.com/articulos/andr%C3%A9s-l-mateo-en-rd-existe-un-sistema-de-hipercorrupci%C3%B3n-10-25-2016
Piccini, Vincho, Pelegrín y Peña Antonio defendieron con afán la compra de los Tucanos
El Coronel Carlos Piccini reiteró que es una necesidad para el país la compra de los aviones, recalcando que quienes van a pagar ese préstamo de los aviones son esencialmente los turistas; cada uno está aportando dos dólares en la compra del ticket de ida y vuelta para este fin
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, para discutir la pertinencia de la compra de los aviones Tucanos, es una de las piezas que podría dar indicios sobre los participantes en la trama que ahora se investiga en los Estados y que mantiene en proceso judicial a varios funcionarios de la empresa vendedora de las naves, Embraer. El pago de soborno de 3.5 millones de dólares se hizo al oficial Carlos Piccini Núñez, quien estuvo presente en esta sesión, y uno de los senadores sería la persona que habría recibido parte del dinero.
La sesión se produjo el 7 de agosto del año 2008, con la presencia de los siguientes senadores:
Tommy Alberto Galán Grullón, César A. Díaz Filpo, Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo Mézquita, Amílcar Romero, Diego Aquino Acosta Rojas, Charles Mariotti Tapia, Luis René Canaán Rojas, Rubén Darío Cruz Ubiera, Antonio De Jesús Cruz Torres, Amarilis Santana Cedano, Félix María Nova Paulino y Francisco Radhamés Peña Peña.
En la sesión también estuvieron presentes, como invitados, por la Fuerza Aérea Dominicana, Mayor General Piloto Hugo Rafael González Burell; Mayor General Piloto Pedro Peña Antonio; General de Brigada, Piloto Pedro Valenzuela Quiroz; Coronel Carlos Piccini; y el General Francisco Ovalle Pichardo, Dirección Nacional de Control de Drogas.
También asistieron el doctor Marino Vinicio Castillo, Asesor del Poder Ejecutivo en materia de Narcotráfico, el diputado Pelegrín Castillo, el Lic. Diógenes Checo, en representación del Consejo Nacional de Drogas, el Lic. Andrés Van Der Horst, Junta de Aviación Civil, Departamento Aeroportuario; Lic. Jocelyn Castillo, Junta de Aviación Civil, Departamento Aeroportuario, el Lic. Franklin Polanco, Instituto de Aeronáutica Civil (IDAC); Leopoldo Díaz, Director del Hogar Crea Dominicano, y Octavio Bergés, Director General de Seguridad Congresual.
Todos los participantes en la reunión coinciden en la necesidad de comprar los equipos (en este caso los aviones Tucanos) para reforzar la lucha del combate a las drogas. Ese era un aspecto que no estaba en discusión, pues ya había un plan del gobierno para tal fin, lo que se precisaba era investigar los detalles de la compra y su cumplimiento. Lo extraño es que nadie en la reunión cuestionó el precio de los aviones Tucanos, ni se preguntó si se hizo o no una licitación, ni las razones por las que Estados Unidos no recibió una solicitud de donación del gobierno dominicano, tomando en cuenta que los aviones eran para evitar el envío de drogas a ese país.
Sobresale, eso sí, la pregunta del senador Charles Mariotti, sobre la cantidad de aviones que serían adquiridos y cómo se eligió la empresa para la compra.
Casi ninguno de los senadores tomó la palabra para emitir opiniones, de modo que debido a su silencio es difícil intuir si alguno era militante de la compra de las naves o si alguno fue especialmente bendecido con agua bendita brasileña.
El acta de la sesión está disponible en Internet, y se registra con el número 11-PLO-08.
Algunas citas importantes registradas en el acta son las siguientes:
El Mayor General Piloto Pedro Peña Antonio expresó su satisfacción por la invitación cursada por el Senado de la República, en su calidad de Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, para defender un tema de vital trascendencia para el futuro de esta Nación, como es la solicitud de aprobación del contrato de financiamiento para la obtención de los medios que permitan cumplir con el sagrado deber de combatir los vuelos ilícitos provenientes del narcotráfico y crímenes organizados. Argumentó que la elección de los aviones Súper Tucano, como herramienta vital de detección y visualización ante actos violatorios de nuestras leyes, representa el consenso maduro y sopesado de las Fuerzas Armadas Dominicanas, en especial de la Fuerza Aérea Dominicana, institución a la que está encomendado por ley, garantizar la soberanía e integridad del espacio aéreo nacional. La aprobación de este préstamo por más de $93, 000,000.00 millones de dólares para la adquisición de las referidas aeronaves y su apoyo logístico pagadero a doce años, mediante la especialización de fondos provenientes de las tasas aeronáuticas y aeroportuarias, debe ser vista como una necesaria e impostergable decisión a tomar.
El Dr. Marino Vinicio Castillo manifestó que es importante que el país asuma el compromiso de pago para adquirir los aviones indispensables, ya que estos serán una nueva herramienta para combatir la droga
El Coronel Carlos Piccinireiteró que es una necesidad para el país la compra de los aviones, recalcando que quienes van a pagar ese préstamo de los aviones son esencialmente los turistas; cada uno está aportando dos dólares en la compra del ticket de ida y vuelta para este fin.
El Mayor General Piloto Hugo Rafael González Burell solicitó apoyo para la compra de las aeronaves y mostró preocupación por la alta inseguridad, por la delincuencia y por el crimen organizado
El senador César A. Díaz Filpo manifestó que es deber de la República Dominicana buscar la forma de parar el narcotráfico, complementando que si el país puede invertir cuatrocientos millones de pesos en una presa para producir energía, cómo no se podrá aprobar cien millones para comprar unos aviones que solucionarán el grave problema del narcotráfico
La senadora Cristina Lizardo expresó lo necesario de dar un voto de conciencia a esta iniciativa; que no se vea el trasfondo económico de una compra de unos instrumentos imprescindibles para combatir el narcotráfico.
Los cantantes Jennifer López y Marc Anthony podrían haber retomado un romance, a dos años de que se cumpliera su separación legal.
Una fuente cercana a los cantantes, aseguró que ambos decidieron retomar su romance, luego de poner fin a sus antiguas relaciones, tanto Jennifer con el bailarín Casper Smart como Marc con la modelo venezolana Shannon de Lima.
Los rumores apuntan que ambos han decidido darse una nueva oportunidad. De hecho, López publicó en su cuenta de SnapChat un video en el que comparte con su exesposo en un estudio de grabación.
Por qué la Asamblea Nacional de Venezuela no puede hacer al presidente Nicolás Maduro un "impeachment" como el de Dilma Rousseff en Brasil
25 octubre 2016 / Daniel García MarcoBBC Mundo Caracas
Image copyrightAFPImage captionDilma Rousseff fue destituida por el parlamento de su país, algo no contemplado en las leyes de Venezuela.
Nicolás Maduro no seguirá los mismos pasos de Dilma Rousseff, destuida por el parlamento de su país.
Tras casi tres horas de debate este martes, el propio presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Henry Ramos Allup, tuvo que aclarar una "confusión".
Ramos Allup le recordó a los suyos que el juicio político al presidente Maduroiniciado este martes el parlamento no tiene nada que ver con un proceso de destitución como el que le costó el cargo a Rousseff en Brasil en agosto.
Como también ocurre en varios países de América Latina, la legislación venezolana no contempla la figura de impeachment.
"He escuchado una especie de confusión por mala lectura de la Constitución o mal entendimiento, confundiendo juicio de evaluación política con juicio de destitución del presidente", aclaró Ramos Allup.
Image copyrightAPImage captionSimpatizantes del oficialismo irrumpieron en la AN el domingo.
La sesión de este martes tuvo, por lo tanto, un carácter más bien simbólico y político, pero no jurídico, pese a que la mayoría opositora acordó "iniciar el procedimiento de responsabilidad política del presidente de la república", al que acusa de haber provocado la "devastación de la economía del país".
Duras palabras que se unen a las del acuerdo aprobado el domingo que declaró "la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro".
Sin "impeachment"
Después de que la pasada semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendiera el proceso del referendo revocatorio al presidente impulsado por la oposición, la Asamblea se ha convertido en uno de los frentes de batalla ante el oficialismo.
Pero los acuerdos de la Asamblea no pasan de un papel simbólico y político.
Image copyrightEPAImage captionLas decisiones de la Asamblea sobre Maduro tienen efectos políticos y simbólicos, pero no jurídicos.
"En Venezuela, el juicio político al presidente no puede conducir a su remoción", explica a BBC Mundo el profesor de Derecho y experto constitucionalista José Ignacio Hernández.
"No tiene ninguna consecuencia jurídica inmediata", afirma Hernández.
"Se necesita de la fiscalía y la Corte Suprema para que el presidente pueda ser destituido de su cargo", agrega en entrevista con BBC Mundo el abogado constitucionalista Jesús Silva.
O, en su defecto, de un mandato popular por la vía del referendo revocatorio, como el recientemente bloqueado por varios tribunales y la autoridad electoral del país)
Eso lo aprovecharon los disputados oficialistas en la Asamblea este martes para calificar la sesión de "ópera bufa" y de "elemento de desestabilización y crispación".
Image copyrightGETTY IMAGESImage captionMichel Temer sucedió a Dilma Rousseff como presidente de Brasil tras el juicio polìtico.
De hecho, el diputado oficialista Julio Chávez mencionó los recientes casos de Honduras, Paraguay y Brasil, en los que dijo que se había producido un "golpe parlamentario".
Así, el gobierno de Venezuela sigue sin reconocer la legitimidad de Michel Temer, actual presidente de Brasil tras la destitución de Rousseff.
"No es un saludo a la bandera"
"Pero eso no significa que sea un saludo a la bandera", afirma Hernández, que menciona los efectos políticos de la decisión "porque afecta a la legitimidad de un presidente".
Declarar la responsabilidad política del presidente, como pretende la Asamblea, controlada por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, podría suponer el inicio de otros procesos que sí tendrían efectos jurídicos.
Image copyrightREUTERSImage captionEl puesto de Nicolás Maduro no parece peligrar por la vía parlamentaria
La Fiscalía General podría entonces iniciar una investigación. "Pero eso es muy poco probable que pase, por no decir que es imposible", reconoce Hernández.
La crisis política en Venezuela, agravada por la económica, ha conllevado a una lucha de poderes que ha limitado la capacidad de decisión de la Asamblea.
De hecho, una sentencia de agosto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera a la Asamblea en desacato (desobediencia) por sesionar con tres diputados del estado Amazonas cuya juramentación está suspendida hasta que se determine si durante su elección en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015 se cometió fraude electoral.
Por ello, la máxima autoridad judicial ya había adelantado una resolución que considera nulas o inválidas todas las decisiones del legislativo.
La Asamblea acordó también este martes encomendar a una comisión "evaluar la posibilidad de que declare el abandono del cargo por el Presidente de la República".
Esa figura legal sí tendría efectos jurídicos y podría llevar a la destitución de Maduro.
El abandono del cargo no se refiere necesariamente a la presencia física de Maduro en Venezuela.
Image copyrightEPAImage captionAl final de una tensa sesión se produjo un tumulto entre diputado.
"Tiene que ver con el hecho de que el presidente de la República se haya salido completamente de la Constitución, es decir, que las funciones que esté ejerciendo no sean las de un presidente democrático, sino de un presidente de facto", explicó el lunes Jesús María Casal, consultor jurídico de la Asamblea.
En caso de aprobarse, esa decisión se elevaría al TSJ, que dados los precedentes, es de esperar que la anularía.
El TSJ ha declarado inconstitucional seis de los diez proyectos de ley que ha aprobado la Asamblea desde su formación en enero.
"Maduro no está en peligro por este supuesto juicio político de la Asamblea", dice el abogado Jesús Silva, que recalca que el legislativo sólo puede emitir declaraciones políticas a la hora de condenar la actuación del presidente.
El juicio político a Maduro y las circunstancias de Venezuela son, por lo tanto, muy diferentes a los que propiciaron la salida de Rousseff, destituida por el Senado bajo la acusación de manipulación de los presupuestos. http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37771023
¿Por qué en Venezuela no se puede hacer un juicio político?
El presidente Nicolás Maduro y la magistrada Gladys Gutiérrez | Foto: AVN
La Constitución no tiene este instrumento, pero ofrece al resto de los Poderes Públicos y a los ciudadanos la posibilidad de demandar al presidente por violación a la ley tanto por delitos civiles como políticos
JUAN DA PONTE @JUANSALVADOR14 DE MAYO 2016 - 03:28 PM
El impeachment o juicio político es una figura legal que permite a los poderes públicos investigar y corroborar la incursión de un funcionario público en cualquier tipo de delito.
La Constitución venezolana no establece este mecanismo, a diferencia de Brasil, que con la aprobación de la Cámara de Diputados y el Senado se destituye al presidente temporalmente hasta comprobar su culpa.
No obstante, hay dos alternativas para cuidar la devastada autonomía de los poderes en Venezuela, en caso de que el mandatario nacional viole las leyes. Esto les compete a la Asamblea Nacional (AN), el Consejo Moral Republicano y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El abogado constitucionalista José Vicente Haro explicó que la primera instancia es la declaratoria de responsabilidad política y la segunda es el enjuiciamiento por delitos civiles.
“En la Constitución se establecen dos figuras parecidas al impeachment, la primera es el juicio por responsabilidad política contra el presidente de la República. Esta declaratoria la efectúa la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 222 de la Constitución”, aclaró.
La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro promulgó el decreto 2.309. Este “restringe y difiere” las mociones de censura establecidas por el Parlamento hasta que no termine el Decreto de Emergencia Económica, estado de excepción promulgado sin la autorización del legislativo.
Haro detalló que el decreto presidencial viola el artículo 187, numeral 10, de la Constitución, que le da la potestad al Poder Legislativo de emitir las mociones de censura contra el vicepresidente y los ministros que incumplan con sus funciones.
El decreto, fue la manera en la que el mandatario respondió a la censura contra el ministro de Alimentación, Marco Torres, por no comparecer con respecto a la Crisis Alimentaria el 28 de abril. Una falta a sus competencias como funcionario y una violación de la facultad de la AN, establecida en el artículo 223 de la Constitución.
El abogado Rubén Duque Corredor señaló que los diputados cumplen con su trabajo de contraloría. Puntualizó que en el artículo 232 también se establece que los estados de excepción no absuelven al mandatario de su responsabilidad.
“El presidente debe destituir al ministro. Es más, si se revisa el artículo 232, se lee que la declaraciones de estado de excepción no exoneran la responsabilidad del presidente en sus acciones”, acotó.
Procedimiento
En caso de que la AN decrete la responsabilidad política del presidente por incumplimiento de la Constitución. Tendría que llevar su debida investigación sobre el delito y se redactaría un informe. Este sería remitido al Consejo Moral Republicano, que de ser ratificado pasaría al último filtro: el Tribunal Supremo de Justicia.
José Vicente Haro explicó el procedimiento: “Se nombra una comisión en la plenaria, constatan que es una violación a la ley, emiten un informe y lo mandan a la Asamblea Nacional, luego del debate se decidirá o no determinar la responsabilidad política del presidente, pero ésta primera etapa no acarrea la destitución del presidente”.
Apartar a Nicolás Maduro de su cargo por esta vía mientras se lo investiga, no está permitido hasta que el TSJ lo sentencie. Una clara diferencia con la legislación brasileña y la reciente destitución por 180 días de Dilma Rousseff.
“Para que eso pueda llegar tiene que pasar por una segunda etapa, y es que la Asamblea Nacional de acuerdo a la Constitución debe remitir eso al Consejo Moral Republicano, es decir, al Poder Ciudadano. El Consejo debe recibir esa declaratoria de responsabilidad política y solicita a la Sala Plena del tribunal la destitución”, aclaró el jurista.
Antejuicio de mérito
A parte de la responsabilidad política, otra situación es que el presidente sea acusado formalmente por desacatar el artículo 143, numeral 2, del Código Procesal Penal. Este establece que serán castigados con prisión de 12 a 24 años: “Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República”.
“Este sería el delito en el que incurrió el presidente de la República al tratar de cambiar la Constitución. Él está básicamente desconociéndola con otra forma establecida en ella (el decreto presidencial)”, agregó Haro.
El abogado explicó para llegar a un juicio se debe introducir la demanda ante la Fiscalía General de la República, quienes investigarán y establecerán las responsabilidades correspondientes. Después, pasaría a la Sala Plena del TSJ, en la que los magistrados declararían que el mandatario debe separarse de su cargo con la apertura de un antejuicio de mérito.
Para el jurista, estas son medidas que se pueden aplicar en teoría, pero en la práctica no. La razón primordial de ello es que el único poder independiente al Ejecutivo es la AN, aunque consideró pertinente que se realice el proceso para que sirva de sustento con el fin de activar la Carta Democrática Interamericana.
“Ninguno de los dos mecanismo en la práctica son viables, pero considero necesario que la Asamblea Nacional determine la responsabilidad política, haga las gestiones y que todas las actuaciones del gobierno se especifiquen y remitan al secretario general de la OEA, porque allí se demostrará que se vulnera la democracia y que es necesario activar la carta”, concluyó.
