SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
PROSTITUCIÓN 350 firmas, entre ellas las de Coixet y Poniatowska, apoyan el sindicato de prostitutas
La Audiencia Nacional revisa este miércoles las demandas contra esta agrupación inscrita "por error" en el Ministerio de Trabajo
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional analizará este miércoles dos demandas relacionadas con el sindicato de prostitutas Otras, una agrupación que el Ministerio de Trabajo inscribió “por error” en el Boletín Oficial del Estado el pasado agosto. Este lunes 350 mujeres, entre las que hay políticas, escritoras o artistas, respaldan el manifiesto No sin nosotras en el que defienden que se retiren las actuaciones contra el sindicato. Reclaman “que no se utilice una pretendida unanimidad del feminismo como aval de ninguna medida legal que pueda afectar a las condiciones materiales de vida de muchas personas que trabajan en este sector –en todas sus variantes: prostitución, bailarinas, actrices, teléfono erótico".
Las dos demandas contra Otras (Organización de Trabajadoras Sexuales) parten de tres organizaciones: la asociación pro Derechos Humanos L’Escola, que actúa contra el Ministerio de Trabajo y otra conjunta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, contra el sindicato. El Ministerio de Trabajo ha remitido además un escrito a la Fiscalía General del Estado para que también impugne ese registro.
"EL GOBIERNO NO HA HECHO NADA"
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, lo definió de una forma elocuente: "Nos han metido un gol por la escuadra". Cuando trascendió en agosto la inscripción del sindicato OTRAS en el BOE, el ministerio relevó a la directora de Trabajo, Concepción Pascual, que firmaba esa orden. La organización pro derechos humanos L'Escola ha demandado al ministerio y solicitará, entre otros testimonios, el de Concepción Pascual. Su demanda se verá en la Audiencia Nacional este miércoles, junto con la conjunta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, que se dirige contra el sindicato OTRAS. "Pedimos la nulidad porque no ha habido un control de legalidad previo", señala Nuria González, de L'Escola, que critica que "el Gobierno no ha hecho nada" para remediarlo. "Trabajo no ha actuado con la diligencia que requiere el tema", comparte Charo Carracedo, de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que considera que "la prostitución no puede ser en ningún caso una actividad legalizable".
Activistas feministas como Justa Montero, Begoña Zabala o Yayo Herrero; la concejala de Feminismos de Barcelona, Laura Pérez; escritoras y periodistas como Elena Poniatowska, Ángeles Mastreta o la directora de cine Isabel Coixet, entre otras, respaldan que se retire la demanda contra el sindicato. Dos de las firmantes, no obstante, se han descolgado de la iniciativa una vez que se ha hecho pública. Son la escritora Coral Herrera y la diputada de Podemos en el Congreso, Rita Bosaho. Ambas han señalado razones similares: "He firmado probablemente en un momento de actividad máxima y sin la observación requerida un documento regulacionista", dice Bolsaho en su cuenta de Twitter. Y añade: "Me considero abolicionista". Herrera añade en la suya: "He metido la pata hasta el fondo. Llevo unos días de locura total con el viaje a México sin darme cuenta firmé un manifiesto regulacionista. Pero yo soy abolicionista".
En España, la prostitución es una práctica alegal. El Gobierno y gran parte de los colectivos feministas respaldan una postura abolicionista, que supone no considerar en ningún caso esta actividad como un trabajo sino una forma de explotación de la mujer. El gran ejemplo de esta política es la que ejerce Suecia, que persigue y multa a los clientes y no a las mujeres. Ciudades como Sevilla aplican ordenanzas municipales en las que consideran a las prostitutas como víctimas de violencia de género. El Ejecutivo de Pedro Sánchez prometió una legislación propia sobre la trata y la explotación sexual cuyo contenido aún no ha trascendido. Otra forma de abordarla es el modelo regulacionista, presente en Alemania u Holanda. Significa reconocer a las mujeres como trabajadoras, con derecho a paro o Seguridad Social. En España lo defienden, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau (Barcelona en Comù).
Para las firmantes del manifiesto “es un error de partida equiparar la trata de personas con fines de explotación sexual no solo con la prostitución decidida sino con toda la diversidad de trabajos sexuales que hoy en día se ejercen legalmente en este sector”. Una de las dificultades para abordar la posible regulación de la prostitución son las cifras.
No existen datos oficiales del número total de mujeres que ejercen la prostitución ni sobre el porcentaje de mujeres víctimas de trata, si bien la Policía Nacional calcula que el 80% de quienes ejercen la prostitución son víctimas de la trata. Según informes del Parlamento Europeo, los cálculos más conservadores hablan de "una de cada siete" personas, aunque añaden que hay fuentes que lo cifran entre el 70% y el 90% de prostitutas forzadas por grupos criminales.
“Contra la trata con fines de explotación sexual no nos cansamos de exigir (y aquí sí somos unánimes): medidas efectivas, una provisión suficiente de recursos humanos y materiales y la formación de los cuerpos y órganos encargados de llevarlas a cabo”, prosiguen las firmantes del manifiesto que reclaman que no se impida “en ningún caso” la organización “libre y autónoma de colectivos de mujeres con el propósito de avanzar en derechos sociales y laborales básicos”.
Las firmantes solicitan, además, que las mujeres que ejercen la prostitución “tengan voz en este debate”. Y añaden: "La clandestinidad solo favorece el estigma y la explotación”. Rechazan que la sindicación favorezca a los proxenetas. Eso es “obviar un principio básico del derecho sindical, esto es, que la autoorganización de los trabajadores y trabajadoras sirve para limitar el poder de la patronal y especialmente a quien pretende aprovecharse y explotar a otros económicamente”.
Prohibir la prostitución envía una señal a la ciudadanía de que la cosificación de la mujer es reprobable. Los países que han abolido la compra de sexo no han padecido una epidemia de violaciones
Qué hacer con la prostitución? Es la discusión más antigua del mundo. Y la que más nítidamente revela nuestro carácter nacional de perros ladradores. Fuera del Congreso, llevamos años de vociferantes argumentos a favor de la legalización, o de la criminalización. Pero, desde el poder, continúa la cobarde inacción legislativa. Así, la prostitución permanece en España en un vergonzante limbo jurídico.
En otros países, la compra de sexo es legal (Holanda, Alemania) o ilegal (Suecia, Noruega); aquí, alegal. A nuestros políticos les ha sido más rentable lavarse las manos que apostar por la regularización o la abolición de la prostitución. Tenemos así un mercado negro en el que empresarios —o, si se prefiere, tratantes—, trabajadoras del sexo —o víctimas— y clientes —o explotadores— intercambian dinero y servicios sin protecciones. Es la ley del más rico. Y del más violento. Con las mujeres como principales víctimas, claro.
Ha llegado la hora de legislar. La cuestión es cómo. Regular la prostitución es una de las políticas públicas más controvertidas. En infinidad de ámbitos, de la protección medioambiental a la legislación laboral, crece el consenso, al menos entre las democracias avanzadas, sobre cuál es la política más apropiada. Pero, en la compra de sexo, aumenta el disenso. Para los liberales en general, y el feminismo liberal en particular, la legalización garantiza unas mejores condiciones laborales para las y los trabajadores del sexo. La regularización de la prostitución reemplaza un comercio oculto por unas transacciones transparentes. Para los abolicionistas en general, y el feminismo radical en particular, la prostitución es una explotación intrínseca de las mujeres que debería ser prohibida.
Con el cambio de milenio, dos de los países más vanguardistas del mundo, Holanda y Suecia, tomaron direcciones opuestas en la regulación de la prostitución. Holanda, y poco después Alemania, adoptó un liberalismo ortodoxo, legalizando el mercado del sexo. Al contrario, Suecia optó por un progresismo feminista, criminalizando la compra de sexo. ¿Quién de los dos acertó?
Los datos no son concluyentes. No pueden serlo en algo tan oscuro como la explotación sexual. Pero, con el paso de los años, empiezan a emerger resultados que apoyan algunas tesis tanto de los liberales como de los abolicionistas. O, dicho de otro modo, tanto los apologetas como los demonizadores de la legalización deben admitir que la política que proponen sus adversarios tiene, como mínimo, algunos efectos positivos.
La permisividad hacia la compra de sexo hace que nos levantemos con noticias sobre mujeres secuestrada
Eso no quiere decir que debamos ser equidistantes. Hay que ser valientes y elegir una política que supere la indefensión reinante en España, donde nadie tiene los derechos garantizados. Y, sopesando los beneficios a largo plazo de los modelos sueco y holandés, la abolición de la prostitución emerge como la alternativa más sensata. Ciertamente, la prohibición de intercambios potencialmente libres no está en los manuales teóricos de un político liberal. Pero explorar los efectos prácticos es más importante que columpiarse en cómodos argumentos teóricos.
Sintetizando mucho, los estudios indican que la criminalización de la compra de sexo protege más a las mujeres con riesgo de caer en la prostitución, mientras que la legalización protege más al resto de mujeres. Porque, en los lugares donde se ha regularizado la compraventa de sexo, algunos análisis han detectado una caída estadísticamente significativa tanto de las enfermedades de transmisión sexual como de las agresiones sexuales contra mujeres. Por cruel que nos parezca el mecanismo, la prostitución podría pues ser una vía de escape para hombres que, si no pueden comprar sexo, son más proclives a comportarse violentamente con las mujeres.
Estos estudios, realizados en Holanda y Estados Unidos, son científicamente impecables, pues comparan zonas donde la prostitución es legal con áreas similares donde la prostitución es ilegal. Pero los beneficios de la legalización —menos violaciones y enfermedades venéreas— podrían ser reacciones a corto plazo. A la larga, es plausible esperar que la política opuesta —la criminalización del sexo— reduzca más las agresiones sexuales. Porque prohibir la prostitución envía una señal a la ciudadanía de que la cosificación de la mujer es reprobable. Y, de hecho, los países nórdicos no han padecido una epidemia de violaciones tras abolir la compra de sexo.
Las leyes alteran las normas sociales. Los españoles cambiamos nuestra forma de conducir a raíz del carné por puntos. Los suecos, su forma de relacionarse con el otro sexo desde que criminalizaron la prostitución. De las despedidas de soltero a las reuniones de negocios, a nadie se le ocurre ni tan siquiera bromear con la compra de servicios de contenido sexual.
Hay que ser valientes y elegir una política que supere la indefensión reinante en España
Incluso las investigaciones sobre cómo la prostitución “sustituye” a la violación admiten que, cuando se legaliza la prostitución, el mercado del sexo crece. Se normaliza pagar por tener relaciones sexuales. En las encuestas, los ciudadanos de países donde la prostitución es legal encuentran moralmente más aceptable la compra de sexo que los habitantes de las naciones donde la prostitución es ilegal. Y, en la vida cotidiana, recurren más a los servicios de prostitutas. En otras palabras, no es que la legalización regularice un mercado que, de otro modo, se daría en la clandestinidad, sino que la legalización crea un mercado más grande. Por supuesto, también quedan hombres en Suecia que, arriesgándose a una sanción, compran sexo. Simplemente, son muchos menos que en Holanda o Alemania.
Para los moralmente agnósticos, la monetización del sexo no debería ser un problema en sí mismo. A no ser que, tal y como ocurre en la realidad, la compraventa del sexo tenga efectos perniciosos. Porque varios estudios indican que la legalización de la prostitución estimula el mercado más aberrante de nuestro tiempo: el tráfico de seres humanos. En todo el mundo, 4,8 millones de personas, sobre todo mujeres y niños, son mercancía de traficantes para la explotación sexual. Estos criminales sin escrúpulos, organizados en sofisticadas redes globales, envían a sus víctimas naturalmente a aquellos lugares donde hay más clientes dispuestos a pagar por sexo. Como Holanda o Alemania.
Otro territorio en el que operan activamente los traficantes de carne humana es España. La permisividad hacia la compra de sexo hace que nos levantemos un día sí y otro también con noticias sobre mujeres secuestradas, violadas y forzadas a vender su cuerpo.
Para atacar este problema, la mejor política es criminalizar la compra de sexo. Una medida provocadora para muchos liberales. Pero acabar con el horror que sufren las víctimas de la explotación sexual lo merece.
Víctor Lapuente es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo.
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