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jueves, 8 de septiembre de 2022

#TBT ¿Para qué ha servido destinar el 4% del PIB a la educación? | @JaironSeverino

Jairon Severino Por Jairon Severino  4 julio, 2019 en Reportajes 

¿Para qué ha servido destinar el 4% del PIB a la educación?


República Dominicana debería destinar no sólo el 4% del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria. Lo más conveniente, sin exagerar, sería el 10%. Sin embargo, es pertinente preguntarse: ¿para qué han servido los RD$936,428.9 millones que ha manejado el Ministerio de Educación desde 2013, año en que se inicia la aplicación de la Ley 66-97? ¿Leyó bien? Casi RD$936,429 millones a la fecha, si se incluye el presupuesto programado para 2019, que asciende a RD$170,570.2 millones.

Para mayor comprensión, la Dirección General de Presupuesto lo explica con claridad suficiente: por cada RD$100.00 que pague el Gobierno en 2019, RD$20.1 irían para educación, RD$8.20 serían para salud, RD$8.00 a la administración del Gobierno y RD$7.00 a protección social, mientras que RD$33.00 se abonarían al pago de la deuda pública y el resto, que serían RD$23.70, corresponde a energía, justicia, orden público y seguridad, protección del medio ambiente y otros servicios económicos, sociales y generales.

Lo que se ha visto hasta este momento es que será necesario entonar un mea culpa. Los resultados, que es como realmente debería evaluarse la calidad de la inversión, establecen que casi todo ese dinero se ha ido a la nada, es decir, su utilidad ha sido prácticamente cero si se toma en cuenta que los estudiantes del nivel básico y los profesores, en una alta ponderación, están muy lejos de lo que debería ser mínimamente aceptable.

cada 100 pesos que gaste el gobierno en 2019 se destinaran a
Y no sólo se trata de que hay “educadores que escriben (y hasta hablan) con faltas ortográficas”, a quienes a veces les cuesta concebir y emitir una idea sintácticamente elaborada, sino que el país, en términos competitivos, ha quedado muy mal parado en los escenarios internacionales que miden la calidad de la educación. No resulta difícil colegir que si el educador tiene deficiencias, por más tanda extendida y horas “consumidas” que se reporten, los receptores también llevarán consigo esas falencias. Y lo peor: se vuelven virales entre generaciones.

Lamentable

Aunque sea penoso (y dé hasta vergüenza ajena) hay “profesores” cuasi analfabetos que no saben escribir siquiera su nombre y que su capacidad de raciocinio, es decir, ese espacio mental subjetivo que permite tomar decisiones está, aunque también duela decirlo, en estado primitivo cuando se compara con las exigencias de una educación moderna.

Duele, duele y duele, pero es la cruda realidad. No admitirlo es aún peor. Empero, esto no quiere decir que estemos totalmente huérfanos de maestros con calidad. Los hay, sí, pero ese esfuerzo por hallarlos se vuelve cada vez más pesado. Piense en cuáles han sido las razones por las que ha habido fricciones entre la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Ministerio de Educación desde la aplicación del 4% del PIB para la educación.

ministerio de educacion
El Ministerio de Educación maneja la mayor cantidad de recursos en el Estado dominicano.

Todo este escenario gris en que está el sector educativo, en términos de su calidad, se da a pesar de los avances tecnológicos y de los recursos disponibles para el aprendizaje de educadores y estudiantes. ¿Se imaginaba usted ver a formadores cuestionar las pruebas a que deben ser sometidos para conocer sus capacidades antes de ser contratados o elevados de categoría? Para el mal bailador no hay música buena.

Si miramos atrás y analizamos cada una de las jornadas de protestas o huelgas de maestros, por lo menos durante los últimos 30 años, ninguna ha sido con miras a exigir una mejoría en la calidad de la educación. Todas, sin excepción, han sido motivadas por el salario. Y no es que esté mal iniciar una protesta por el salario, pero tendría muchísimo más valor y apoyo de la población si también se acompañaran de demandas reales por mejorar la calidad de lo que servimos a nuestros estudiantes. Una vez se aprueba el aumento salarial todo lo demás se echa en el olvido.

Lo que prima ahora es cuánto es el salario y los beneficios adicionales por la “labor altruista de entregar cuerpo y alma a preparar a los ciudadanos que habrán de garantizar el desarrollo del país”. Todos sabemos que esto no es más que una aspiración lejos de la realidad. En este juego de “dimes y diretes”, de diatribas y conversaciones estériles cargadas de “particularidades”, sí es pertinente cuestionar el papel que han jugado las autoridades y todos los que han tenido capacidad de decisión en estos últimos 20 años, a toda luz, poco aprovechados.

Para que no haya duda respecto a lo que establece la Ley General de Educación, marcada con el número 66-97, en su artículo 197 establece: “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%) del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PIB) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos. A partir del término de dicho período estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del PIB”.

De lo anterior también se puede interpretar otro aspecto de suma importancia. El presupuesto educativo, además, debería ser ajustado por indexación, lo que significa que sería una mayor cantidad de recursos para el sector. Aquí surge una pregunta: ¿cómo manejar tantos recursos sin una cadena logística bien estructurada, profesionales idóneos, pulcros, honestos e interesados en que realmente la calidad de ese gasto sea la mejor? Sin ánimo de cuestionar la calidad humana de quienes han estado al frente de Educación, desde la aplicación del 4% del PIB ha habido tres ministros, dos de los cuales hoy aspiran a la Presidencia de la República.

¿Por qué esta coincidencia? La respuesta es bueno que la dé el tiempo. ¿Qué se puede esperar del actual funcionario, quien tampoco termina por definir cuál es su rol al frente del principal Ministerio, partiendo de la cantidad de recursos económicos que maneja?

Estudio

Acción Empresarial por la Educación (Educa) publicó en 2016 el estudio “Calidad del gasto educativo en la República Dominicana: Un análisis exploratorio desde la vigencia del 4%”, en que su entonces presidente, José Mármol, destacó que “la sociedad dominicana ha considerado legítimamente como un logro suyo la asignación del 4% del PIB al sector educativo preuniversitario”.

Sin embargo, más adelante dice: “Uno de los actos iniciales de la primera administración del presidente Danilo Medina fue honrar su compromiso político y social con el sector educativo y asignar a la educación los recursos que estaban fijados por Ley. De esta forma, el presupuesto del año 2013 creció en un 70%, pasando de RD$58,590 millones en 2012 a RD$99,628 millones en 2013. Este crecimiento histórico, sin precedentes en toda la vida del sistema educativo dominicano, vino acompañado de dudas, por parte de algunos sectores, sobre la capacidad de gestión y ejecución de la autoridad educativa”.

presupuesto ministerio de educacionMármol hace referencia, de alguna manera, a que el cumplimiento de ese compromiso fue producto de las presiones sociales producto del empoderamiento de la sociedad. Aunque todo el país estaba a una respecto a la necesidad de cumplir con esta ley, también “se argumentaba que la misma estructura administrativa y gerencial, así como los procesos del Ministerio de Educación tendrían dificultades para absorber el manejo de un volumen de recursos que prácticamente duplicaba los recursos de un año a otro”.

Pensando en voz alta surge una pregunta: ¿por qué no se planteó, primero, adecuar las estructuras administrativas, incluyendo procedimientos transparentes eficaces, para la ejecución de un presupuesto tan elevado en comparación con lo que hasta 2012 se venía implementando? Es obvio que primó la petición colectiva del “4% para la educación” que la razón (más lógica) de saber cómo se invertirían esos recursos.

Educa, en este mismo estudio, señala que la evidencia demuestra que un aumento del gasto no se traduce necesariamente en una mejora integral de la calidad educativa. Para el caso de Latinoamérica, el gasto público promedio en educación de 17 países, como porcentaje del PIB, aumentó de 2.7% en 1990 a 4.3% en 2003. Durante este período, la matriculación Primaria y Secundaria presentó el más rápido incremento en cobertura. Sin embargo, la calidad de los aprendizajes no aumentó en la misma proporción. Esto se evidencia en los bajos resultados que obtuvo la región en las pruebas internacionales PISA1 y TIMSS2 (PREAL, 2006).

Adicionalmente, destaca Educa, algunos estudios plantean que un mismo nivel de desempeño puede estar asociado a distintos niveles de gasto, y viceversa. Por ejemplo, países como la República Checa y Dinamarca obtuvieron una calificación de 500 puntos en la prueba PISA en el área de Matemáticas para 2009, a pesar de que Dinamarca invirtió poco más del doble por estudiante que República Checa. Por otro lado, Polonia e Israel, dos países que en 2009 mantenían un nivel de inversión similar per cápita por estudiante en Secundaria (US$4,700 vs US$4,990), presentaron una diferencia de alrededor de 50 puntos en la calificación de la misma prueba, situando a Polonia en el lugar 25 de 74 países, y a Israel en el lugar 42 (Unesco, 2014a; OCDE, 2010).

Para Educa, las diferencias en el nivel de gasto y desempeño entre países pueden ser explicadas, entre otros, por los rendimientos marginales decrecientes que presenta la inversión en educación. Un estudio realizado por Vegas & Coffin (2014) para 51 sistemas educativos, concluye que, a partir de US$8,000 PPA (Paridad de Poder Adquisitivo) invertidos por estudiante, la mejora en los aprendizajes medidos a través de la prueba PISA no es estadísticamente significativa, es decir, el aumento de la inversión, a partir de cierto nivel de gasto, tiene un rol cada vez menor en el desempeño educativo.

A pesar del dolor que causa no sólo a los defensores del 4% del PIB para la educación, República Dominicana es reincidente en quemarse en las materias básicas o fundamentales. En 2016 el país se colocó entre los peores lugares en Ciencias, Matemáticas y Lectura, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, siglas en inglés). Esta organización es la que impulsa la prueba PISA.

estudiantes pruebas nacionales
República Dominicana muestra un pobre desempeño en Matemáticas, Lengua Española y Ciencias Naturales, según PISA.

Según el informe PISA, República Dominicana se encuentra en el último lugar en Ciencias, con un rendimiento medio de 332 puntos. En Lectura se encuentra en la cuarta posición entre los ocho peores lugares, con 358 puntos, por detrás de Perú (398), Indonesia (397) y Túnez (361).

Asimismo, en Matemáticas, nuevamente República Dominicana se posicionó en el último espacio, con una puntuación media de 328 puntos. Está clarísimo que el problema fundamental no radica en la falta de dinero, haciendo la salvedad de que la construcción de escuelas y otras infraestructuras afines al sector educativo ha significado un ventajosísimo negocio para un reducido grupo, así como para los suplidores de alimentos.

¿Cómo llegamos a aplicar la Ley 66-97 casi 22 años después de su aprobación? Basta con recordar el movimiento de las sombrillas amarillas, al que se integró toda la sociedad, incluyendo empresarios, figuras del arte y de la comunicación, líderes sindicales y políticos para entender el contexto en que comienza a aplicarse esta legislación.

gasto operativo por estudiante del sector publico segun provincia
Producto de la euforia colectiva no se analizaron las consecuencias financieras de su aplicación, pero tampoco si existían las condiciones logísticas-administrativas para disponer de todos esos recursos. No se pensó en si moralmente existían las condiciones para garantizar la necesaria transparencia en la gestión de tanto dinero o si realmente serían invertidos equitativamente en el país, garantizando no sólo planteles bien fabricados, sino también calidad del personal docente.

En un ejercicio de mea culpa, apostando siempre a la calidad, cabría una pregunta: ¿fue correcto aplicar de golpe el 4% del PIB para la educación?

Gasto y calidad

En el prólogo de la investigación que hizo Educa sobre la calidad de la educación tras la implementación del 4%, José Mármol, entonces presidente de la institución, destaca que durante los últimos cuatro años el sistema político concentró sus esfuerzos en fortalecer la calidad educativa en aquellos aspectos asociados a las dimensiones estructurales de la educación.

A su entender, llegó el tiempo de pensar en la calidad de los procesos, las propuestas pedagógicas y las estrategias de innovación para las generaciones que ingresan al sistema educativo, pero también aquellas que permanecen arrastrando una baja inversión previo al año 2013.

“La calidad de la educación y del presupuesto educativo también es un asunto de todos los dominicanos, porque todos somos responsables de los más de US$10,500 millones que no llegaron al sistema educativo entre 1998 y 2013”, destaca.

Pruebas Nacionales

Educa señala que al analizar los resultados de las Pruebas Nacionales no siempre se observa una relación entre un mayor gasto en capacitación y sus resultados. Indica que al evaluar el período “post 4%”, se observa que, si bien ha habido un aumento en el promedio de las calificaciones en la primera convocatoria de Pruebas Nacionales en Nivel Básico, pasando de 15.42 puntos en 2012 a 16.12 puntos en 2015, los resultados en el Nivel Medio han permanecido prácticamente invariables.

Apunta que en Educación Media (modalidad general) la puntuación pasó de 17.47 puntos a 17.40 puntos en el mismo período. Aunque este resultado se puede atribuir a un posible rezago, puesto que el efecto de las capacitaciones docentes no es necesariamente inmediato, Educa aclara que se requiere un estudio profundo sobre las otras variables asociadas, sin lo cual resultaría arriesgado cuestionar, de manera aislada, la eficiencia de la inversión en capacitación docente.

En este sentido, sería un aporte de gran relevancia conocer la cantidad de docentes, en cursos objeto de Pruebas Nacionales, que han participado previamente en programas de capacitación.

Sin embargo, las tendencias observadas hasta el momento levantan aún cuestionamientos acerca de la eficiencia de la inversión. 
https://eldinero.com.do/86037/para-que-ha-servido-destinar-el-4-del-pib-a-la-educacion/
ACTUALIDAD @JaironSeverino

jueves, 7 de noviembre de 2019

#tbt Ejecución de la cuarta fase de la capitalización del CEA | por @JaironSeverino

AGRICULTURA
Ejecución de la cuarta fase de la capitalización del CEA
Por: Jairon Severino | 30 de julio, 2013
Jairon SeverinoArchivado en: FAUSTINO JIMÉNEZ, INAZÚCAR, INFORME, INDUSTRIA AZUCARERA,
Con la emisión del Decreto número 104-10 en febrero del pasado año 2010, el Presidente Leonel Fernández retoma con fuerza el proceso de privatización de las tierras cañeras del Consejo Estatal del Azúcar –CEA- Las plantaciones de caña; porque de los diez (10) ingenios que tenía la agroindustria, solo quedan dos (2); Porvenir y Montellano. Todos los demás fueron desmantelados.
Basado en el referido decreto y en la Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública, el gobierno dispuso la transferencia al sector privado de las tierras cañeras perteneciente a los ingenios Consuelo, Quisqueya, Porvenir y Santa Fe. Los terrenos están localizados en las provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seybo. En total, la cantidad de tierra transferida bajo la modalidad de arrendamiento comprende una porción de 554 mil tareas nacionales, equivalentes a 34, 843 hectáreas. De un total de 650 mil 400 tareas de la agroempresa en el año 2009.
Si se compara esa cantidad de tierra cañera con la que tenía el CEA en 1986; según Ecocaribe, S.A. ascendente a 2.7 millones de tareas bajo el cultivo de la gramínea, se concluye que al cabo de los veinte y cinco años transcurridos desde esa fecha a la actualidad, el CEA ha perdido el 76 por ciento (2.0 millones de tareas) esto es solo en tierra cañera. Esto así, porque por el lado de la tierra ganadera, de 996 mil tareas nacionales en 1986, alcanzo a tener en 1997 unas 606 mil tareas, para una reducción de 390 mil tareas, para situarse en la actualidad a una cifra totalmente desconocida. Pero que en el mejor de los casos, no llega a 150 mil tareas. El total de tierra cañera y ganadera del CEA, en 1986 era de 3.7 millones de tareas nacionales (233, 293 hectáreas).
Esta segunda fase del proceso de “capitalización” de la que en el pasado se denominó “Industria Azucarera Estatal” basado, casi de manera exclusiva, en arrendamiento a largo plazo de tierras cañeras, tiene una diferencia fundamental con la etapa anterior. Esa diferencia consiste en que la presente fase, salvo el caso del Ingenio Porvenir, el único en operación, lo que se está traspasando a los inversionistas participantes del actual proceso son las tierras, que pasan a formar parte de las inmensas colonias cañeras perteneciente a sus respectivas empresas azucareras y alcoholeras.
En el caso de las primeras, acumulan experiencias, en la producción y mercadeo de azúcar de ciento treinta y cinco (135) años ininterrumpidos y con una de las solvencias económicas más sólidas del país. A todo esto se suma, una inmensa capacidad gerencial no solo en el ámbito azucarero sino en cualquier sector empresarial de la República Dominicana, únicamente igualada por el Central Romana Corporation, que al igual que los primeros desarrollan también múltiples proyectos empresariales. En el caso de los adquirientes del Ingenio Porvenir, acumulan asimismo mucha experiencia en el sector azucarero a nivel de su país de origen, España.

Con respeto al tercer participante, en el arrendamiento de terrenos cañeros, en el caso específico de la empresa alcoholera, no se dispone de información con antecedentes en esa materia; aunque si en el cultivo de caña de azúcar y en otras áreas empresariales relacionados con la educación, turismo y salud.
Durante el año que culmina, se dio inicio al proceso se consolidación de la industria azucarera nacional, luego de la debacle del Consejo Estatal del Azúcar a partir de la década de los noventa y siguientes. Esa consolidación tiene nombres y apellidos. Central Romana Corporation, Cristóbal Colon C. por A. y el Comercio Azucarero Central, que opera bajo la condición de arrendamiento al Ingenio Barahona. Este último, Obviamente a un costo muy elevado para el Estado Dominicano, que en sus doce (12) años de arrendamiento no ha recibido ninguna renta por ese concepto. Primero, porque tuvo que pagar hasta el 2005, a Credit Agricol, parte de una deuda que el CEA contrajo con esa entidad financiera internacional por la venta irresponsable en 1998 de 100 mil toneladas métricas de azúcar, realizada por las autoridades de entonces. Luego de esto, el Ingenio Barahona, acumuló una deuda con el Estado de más de US$ 9.0 millones, por concepto de pago de US$ 1.85 millones anuales de renta fija, por concepto del arrendamiento del ingenio, de conformidad con el Contrato de Arrendamiento de fecha 13 de diciembre de 1999. Parte de esa deuda, le fue reconocida como inversión en el 2009.
INVERSION EN RENOVACION CAÑERA Y TECNOLOGICA
Son 554 mil tareas cañeras (34, 843 hectáreas) las transferidas al sector privado. Llevan más de veinte (20) años en condiciones de abandono; esto es sin ningún tipo de labores culturales como la aplicación de programas de retoño y renovación.
Para poner esos terrenos en condiciones de producción, los actuales arrendatarios han puesto en ejecución un vasto programa de renovación en la totalidad de los terrenos. Esto conlleva una inversión en un periodo de cinco años, de US$ 73.2 millones. Asimismo, llevarán el principal ingenio receptor del 73.53 por ciento de la caña a producir en los terrenos arrendados de una molienda actual de 7, 500 toneladas métricas por día a 15, 000 toneladas. Para ello, están invirtiendo unos US$ 810.0 millones en igual periodo. El otro ingenio que habrá de recibir el 18 por ciento de la gramínea a producirse, invertirá US$ 65.0 millones en caldera y otros equipos. El monto total a ser invertido, por esas dos centrales azucareras en renovación de caña y ampliación fabril se eleva a US$ 948.0 millones en el mismo periodo.
Sumando a esta inversión de los arrendatarios de las tierras del CEA, a las que deberán hacer los colonos del Este que poseen 570 mil tareas (35, 849 hectáreas) localizadas en la Región de Ozama, el municipio de Guerra, Boca Chica; así como en los ingenios de: Quisqueya, Consuelo, Porvenir y Santa Fe de San Pedro de Macorís, y que en la actualidad están en las mismas condiciones de las colonias cañeras del CEA, y que por lo tanto requieren igualmente de renovación si quieren sobrevivir. Alguien tiene que financiar el programa de renovación de los cultivadores de caña; cuya suma en un periodo de cinco años se eleva a US$ 75.0 millones.
Además de todo esto, se requiere de una inversión de US$ 150.0 millones para la rehabilitación de los caminos vecinales en todas las zonas cañeras, tanto del CEA como de los cultivadores independiente. Esto incluye reparación y construcción de puentes, badenes, vías ferroviarias, drenajes, tractores, cortadoras integrales y cargadoras. También, construcción de viviendas para alojar a los más de cinco mil nuevos trabajadores, que serán integrados a la industria azucarera, centros médicos, escuelas y áreas deportivas, entre otros.
EL PROCESO ACTUAL
Este proceso viene precedido del fracaso de los tres anteriores. El primero se inicia en 1999 con la entrega de los diez ingenios que eran propiedad del Consejo Estatal del Azúcar – CEA- y 1.44 millones de tareas nacionales cultivadas de caña (90,314 hectáreas). Los diez ingenios arrendados para su capitalización en base a la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (Ley No. 141-97) fueron clasificados en cuatro grupos:
El primer grupo lo integraban los Ingenios Consuelo, Quisqueya, Boca Chica, Ozama y Rio Haina, con un área de Un millón cuarenta mil tareas (65,409 hectáreas) arrendadas al Consorcio Azucarero del Caribe (CONAZUCAR), de capital mexicano.
El segundo grupo, lo componían los ingenios Porvenir y Santa Fe, con doscientas diez mil tareas (13, 208 hectáreas) y les fueron transferidos a la empresa Central Azucarera del Este C por A. de capital nacional. El tercer grupo, fue constituido por el Ingenio Barahona con ciento sesenta y dos mil tareas (10, 189 hectáreas) y le fue adjudicado al Consorcio Azucarero Central, C por A. integrados por inversionistas dominicanos, estadounidenses y franceses. Es el único ingenio capitalizado.
El cuarto grupo, se constituyó con los Ingenios Montellano y Amistad, localizados en Puerto Plata con un área de cincuenta y cuatro mil tareas (3, 396 hectáreas) bajo la operación del Consorcio Cañabrava, de capital nacional.
Todos fracasaron, permaneciendo el Ingenio Barahona como única excepción. Más tardes se hicieron dos intentos, ambos, igualmente fracasados. El del 2010 es el último intento. Esta vez, estamos absolutamente convencidos de que el Estado saldrá airoso, a juzgar por la calidad de los nuevos inversionistas.
Tres factores fundamentales, fueron los causantes del fracaso del modelo de capitalización implementado durante la primera etapa.
1. La poca rigurosidad conque fueron seleccionados los inversionistas extranjeros participantes del proceso.
2. La oposición radical al proceso por parte del gobierno dominicano del periodo 2000-2004.
3. La crisis financiera del 2003, impulsada por el gobierno de turno, que trajo por consiguiente una quiebra masiva del sistema bancario nacional.
El fracaso del proceso se ve mucho más evidenciado, cuando se analizan las estadísticas de producción de azúcar durante las doce zafras antes y después del proceso de capitalización. La etapa anterior se considera el peor período en toda la historia de la industria azucarera estatal en manos gubernamental. En el mismo, se obtuvo una producción de 2.9 millones toneladas métricas de azúcar y en el período de la capitalización 1.0 millón de toneladas métricas del dulce equivalentes a un 34 por ciento de la producción correspondiente al peor período de la industria.
Ante el fracaso del proceso, se aceleró la situación de deterioro tanto de las factorías como de las plantaciones cañeras. Miles de hectáreas fueron tomadas por particulares frente a la incapacidad de las autoridades de la empresa que tiene el manejo operativo de las centrales azucareras de poder garantizar la integridad de sus tierras y/o colonias cañeras. De ahí la importancia de la puesta en práctica de la nueva política azucarera en el contexto del mercado internacional; mucho más importante aún, tomando en cuenta la selección y/o adjudicamiento de los nuevos inversionistas de comprobada capacidad financiera y gerencial en materia de producción azucarera.
CONSECUENCIA DEL FRACASO DE LA CAPITALIZACION
Antes el fracaso de las tres etapas anteriores de la capitalización del CEA, siete de los diez ingenios que les quedaban a la agroindustrias fueron totalmente desmantelados (Consuelo, Quisqueya, Santa Fe, Boca Chica, Ozama, Rio Haina y Amistad) quedando solamente Porvenir, Barahona y Montellano. Antes habían sido clausurados e igualmente desmantelados Catarey y Esperanza.
De los 1,032 kilómetros de vías férreas a lo largo de la otrora industria azucarera ‘estatal’ solo quedan los 94.5 kilómetros del Ingenio Barahona. Más de 1.8 millones de piezas ferroviarias con 1.2 millones de traviesas, más de 400 mil rieles de acero, 80 mil vigas de distinto calibre; 170 mil pares de eclipsas numero 60 y numero 8; así como miles de ranas y agujas, al igual que los treinta y dos (32) puentes ferroviarios de acero puro, construido sobre diversos ríos, arroyos y cañadas, fueron asimismo desmantelados. Igual suerte corrieron, las factorías de todos los ingenios con miles y miles de toneladas de equipos y maquinarias; siendo las últimas víctimas de los ingenios Boca Chica y Consuelo.
Cálculos estimados por técnicos en la materia; indican que el valor nominal de los 1.8 millones de las piezas ferroviarias, los treinta y dos (32) puentes y los cientos de miles de toneladas de equipos y maquinarias desmanteladas asciende a más de cinco mil millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000,000.00); sin que hasta la fecha ninguna autoridad se haya manifestado al respeto.
Pero tampoco se han referido al cobro de la venta de millones y millones de metros cuadrados de tierras urbanas y turísticas, al igual que los cientos de miles de tareas de tierras agrícolas y ganaderas, dinero que ha sido alegremente gastado como si se tratara de dinero por ventas de bienes inmobiliarios propiedad
 de los incumbentes del CEA, quienes públicamente han promovido desde el año 2000, la venta de terrenos, a través de una inmobiliaria creada ante la mirada indiferente del pueblo dominicano.