Presidente Abinader afirma que la cooperación entre el Gobierno y sectores productivos fortalece la estabilidad y protege a la población de efectos externos
El mandatario y sectores productivos dan seguimiento a la Mesa de Precios para mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales.
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader encabezó este lunes una reunión con representantes de los sectores comercial, industrial, empresarial y agropecuario para dar seguimiento a la Mesa de Precios, evaluar el comportamiento de los mercados internacionales y coordinar acciones orientadas a mitigar el impacto de las fluctuaciones globales en la economía nacional y el bienestar de la población.
Durante el encuentro, celebrado en el Salón Verde del Palacio Nacional, el mandatario destacó la importancia del diálogo permanente entre el Gobierno y los sectores productivos, al señalar que este espacio ha permitido construir consensos y generar propuestas que contribuyen a preservar la estabilidad económica del país frente a los desafíos externos.
El presidente Abinader explicó que las recomendaciones presentadas por empresarios, comerciantes, industriales y productores agropecuarios complementan las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar los efectos de las variaciones internacionales en los precios del petróleo y el gas natural.
“Ha sido siempre una reunión de mucha cooperación, entendimiento y aportes del sector comercial, empresarial, industrial y agrícola, que constantemente nos presenta recomendaciones para que, aun en medio de este escenario internacional, podamos mantener la mayor estabilidad posible”, señaló.
Asimismo, reiteró que la colaboración entre el Gobierno y los sectores productivos continúa siendo fundamental para preservar la estabilidad nacional y proteger a la población de los efectos de la coyuntura internacional.
Acompañaron al presidente los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y el director general de Aduanas, Nelson Arroyo.
En la reunión participaron representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), la Unión Nacional de Supermercados Económicos (UNASE), la Junta Agroempresarial Dominicana, entre otras organizaciones representativas del sector productivo nacional.
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La Mesa de Precios como escudo económico ante la volatilidad externa
La coordinación entre autoridades y sectores productivos vuelve a colocarse en el centro de la respuesta dominicana frente al encarecimiento internacional del petróleo, el gas y otros insumos, en un momento en que la estabilidad de precios depende tanto de decisiones públicas oportunas como de una corresponsabilidad real del aparato productivo.
En economías abiertas e importadoras de energía como la dominicana, la estabilidad no se decreta: se construye con anticipación, disciplina y capacidad de concertación. Por eso, la continuidad de la Mesa de Precios adquiere un valor estratégico que trasciende el simbolismo institucional. No se trata únicamente de sentar en una misma sala a representantes del comercio, la industria, la agropecuaria y las autoridades; se trata de convertir ese diálogo en un mecanismo de inteligencia económica para detectar riesgos, contener traspasos inflacionarios y proteger el poder adquisitivo de los hogares. La información oficial indica que el reciente encuentro se enfocó precisamente en dar seguimiento al comportamiento de los mercados internacionales y coordinar respuestas para mitigar el impacto de las fluctuaciones globales sobre la economía nacional y el bienestar social. Esa lógica de seguimiento permanente no luce improvisada: desde finales de marzo y mediados de abril las autoridades han venido sosteniendo reuniones periódicas con los sectores productivos para enfrentar los efectos de la crisis internacional, especialmente en los hidrocarburos y sus derivados.
El contexto explica la urgencia. El Banco Central reportó que la inflación interanual se ubicó en 5.11 % en abril de 2026, ligeramente por encima del techo del rango meta, y atribuyó buena parte de esa aceleración a los ajustes de combustibles en medio del alza internacional del petróleo. El propio informe mensual del IPC precisa que el grupo Transporte fue el de mayor incidencia en la inflación de abril, con una variación de 1.78 %, impulsada por incrementos en gasolinas y gasoil, mientras la inflación subyacente se mantuvo en 4.87 %, todavía dentro del rango compatible con el esquema de metas. Esto es importante: sugiere que el choque es predominantemente de oferta y externo, no el resultado de un desorden macroeconómico interno. En otras palabras, la economía dominicana no enfrenta tanto un problema de sobrecalentamiento como una prueba de resistencia frente a un encarecimiento importado.
Frente a esa realidad, la respuesta pública ha combinado subsidios, monitoreo y señales de prudencia monetaria. El MICM informó que, solo para la semana del 6 al 12 de junio, el Gobierno destinó RD$780.3 millones para congelar los precios de combustibles esenciales, mientras que los subsidios acumulados del año superaban los RD$18 mil millones. Esa intervención ha evitado un traslado pleno de los costos a consumidores y empresas, especialmente en productos de alta sensibilidad social como GLP, gasolinas y gasoil. Al mismo tiempo, el Banco Central mantuvo su tasa de política monetaria en 5.25 % y subrayó que las expectativas inflacionarias de mediano plazo permanecen ancladas, lo que revela una estrategia de doble carril: contención fiscal focalizada para amortiguar el choque y estabilidad monetaria para preservar credibilidad. Para una nación dependiente de importaciones energéticas, ese equilibrio entre protección social y prudencia macroeconómica es probablemente la diferencia entre una sacudida manejable y una espiral de precios difícil de corregir.
Sin embargo, la clave de fondo está en que la política pública no puede hacerlo sola. La experiencia reciente confirma que el sector privado organizado tiene una responsabilidad concreta en la defensa del mercado interno. Si los costos internacionales suben, pero no todos los componentes domésticos justifican aumentos generalizados, entonces lo razonable es que prevalezca la proporcionalidad y no el oportunismo. Ya a finales de marzo se advertía oficialmente que, en el caso de los alimentos, no existían razones fundamentales para incrementos significativos, salvo ligeras variaciones logísticas, y que el objetivo era proteger la canasta básica. Esa observación sigue siendo central hoy. Un pacto de estabilidad serio implica que productores, detallistas, supermercados, importadores e industriales distingan entre ajustes inevitables y alzas abusivas; entre márgenes razonables y ganancias coyunturales a costa del consumidor. La Mesa de Precios, en ese sentido, no debe verse solo como un espacio de consulta, sino como un compromiso ético y económico con la estabilidad.
Hay, además, un elemento que refuerza la pertinencia de esta coordinación: la economía dominicana llega a esta coyuntura con fundamentos que todavía ofrecen capacidad de maniobra. El Banco Central reporta que el IMAE creció 3.8 % en abril y 4.0 % acumulado en enero-abril, mientras las cifras preliminares del primer trimestre muestran un crecimiento del PIB real de 4.1 %, impulsado por construcción, hoteles, zonas francas y servicios. A eso se suma una apreciación acumulada del peso en torno a 8.0 % a finales de mayo y reservas internacionales cercanas a US$15,900 millones, equivalentes a 12 % del PIB y alrededor de seis meses de importaciones. Estos datos no anulan el riesgo externo, pero sí indican que el país enfrenta la tormenta con una base más sólida que en otras crisis. Precisamente por eso la concertación actual debe aprovecharse no solo para resistir el choque, sino para administrar bien la ventaja de contar con un aparato macroeconómico relativamente estable.
No conviene, sin embargo, pecar de triunfalismo. Reuters reportó el 5 de junio que los inventarios globales de crudo se encuentran bajo fuerte presión y que analistas advierten sobre la posibilidad de un nuevo shock petrolero si persisten las limitaciones de oferta y la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz. El Banco Central dominicano, por su parte, reconoció que el comportamiento reciente de los precios energéticos responde a tensiones geopolíticas en Medio Oriente y que la inflación podría permanecer temporalmente por encima del rango meta antes de retornar a su objetivo hacia el cuarto trimestre. Esa advertencia obliga a mirar la Mesa de Precios no como una foto para titulares, sino como una herramienta viva de gestión de crisis. El reto ya no es solamente contener la primera ola del impacto, sino prepararse para escenarios prolongados de volatilidad energética y costos logísticos más altos.
En esa perspectiva, la cooperación entre autoridades y sectores productivos merece ser leída como una necesidad estructural de la economía dominicana, no como una respuesta episódica. Donde hay diálogo técnico, seguimiento de márgenes, subsidios focalizados, política monetaria creíble y compromiso empresarial con la estabilidad, hay posibilidad real de amortiguar el golpe externo sin destruir consumo ni confianza. Donde ese engranaje falla, la inflación importada termina convertida en inflación social. La Mesa de Precios, por tanto, vale no por su puesta en escena, sino por su capacidad de proteger a la población cuando el mundo encarece lo que el país necesita comprar. En tiempos de turbulencia internacional, gobernar bien los precios no es un gesto cosmético: es una forma concreta de defender la cohesión económica y la tranquilidad cotidiana de la nación.
Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor
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