lunes, 19 de enero de 2026

Gobierno marca el rumbo del 2026 con reformas, planificación estratégica y grandes proyectos

Gobierno marca el rumbo del 2026 con reformas, planificación estratégica y grandes proyectos

La decisión responde a la visión de dejar una transformación que garantice un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos.

18 de Enero 2026 | Presidencia

Santo Domingo. – El Gobierno dominicano inició el año 2026 con una agenda definida y decisiones que apuntan a consolidar transformaciones estructurales, mejorar la calidad de vida de la gente y fortalecer la institucionalidad del Estado. Bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, este 2026 ha estado marcado por planificación estratégica, acciones de alto impacto y avances visibles en áreas clave para el desarrollo nacional.

Reorganización del tren gubernamental

El director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), Félix Reyna, en su primera entrega del “Resumen Semanal” de este año, destacó que el jefe de Estado inició con cambios en el tren gubernamental mediante los Decretos 1-26, 2-26, 3-26 y 6-26, con rotaciones y designaciones orientadas a alinear equipos, fortalecer la gestión pública y relanzar sectores estratégicos como justicia, economía, políticas sociales y salud.

La decisión responde a la visión de dejar una transformación que garantice un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos.

Prioridades estratégicas del 2026

En el Palacio Nacional, el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron un Consejo de Ministros extendido, una jornada de trabajo de día completo en la que se definieron las metas estratégicas del Gobierno para este año.

Las prioridades abarcan salud, seguridad, agua potable, energía, educación, empleo, agricultura y eficiencia del Estado, con decisiones que serán de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones y servirán como base de monitoreo continuo del desempeño gubernamental.

En infraestructura, se priorizarán grandes proyectos de agua potable, reducción de pérdidas energéticas y el impulso a las energías renovables. En el ámbito social, se avanzará en la erradicación del hambre, aumentos salariales por encima de la inflación y una refocalización de las transferencias sociales.

Salud, empleo y educación como pilares del bienestar

En salud, el Gobierno concentrará esfuerzos en fortalecer el primer nivel de atención, avanzar en la reforma a la seguridad social, mejorar la red de hospitales traumatológicos, y ampliar la atención a la salud mental.

La generación de empleo formal estará respaldada por formación técnica, fortalecimiento del inglés como segunda lengua, impulso de carreras STEM y regímenes especiales de formalización laboral.

En educación, se prioriza el fortalecimiento de la escuela como plataforma de desarrollo, mejoras en infraestructura escolar, expansión de la educación inicial, retención en secundaria y el crecimiento de instituciones como la UASD, INFOTEP e ITLA.

Educación en valores: el presidente vuelve al aula

En otro orden, el jefe de Estado impartió una clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana a estudiantes de quinto grado del Liceo Germán Martínez, reafirmando la importancia de esta asignatura en la formación de mejores ciudadanos.

Durante la clase, el mandatario abordó temas como convivencia, respeto a las normas, seguridad vial, rechazo a la corrupción y vocación de servicio, destacando que el conocimiento pierde valor si no va acompañado de principios éticos.

Pasaporte electrónico: identidad más segura y movilidad global

Somos un país de cara al futuro. Inició de manera oficial el proceso de implementación del nuevo pasaporte electrónico dominicano, una herramienta que eleva los estándares de seguridad, protege la identidad ciudadana y facilita la movilidad internacional.

La primera fase incluye la captura biométrica de oficiales y diplomáticos, mientras que desde el 15 de enero se abrieron citas para los ciudadanos. A partir del 19 de febrero comenzará el enrolamiento gradual, con despliegue escalonado en Santo Domingo, la región Norte y luego el resto del país.

El nuevo documento incorpora más de 130 medidas de seguridad, chip encriptado y materiales de alta resistencia, alineándose con los sistemas migratorios más modernos del mundo.

RD ensambla su primer blindado

En cuanto a la industria militar, el presidente Luis Abinader presentó oficialmente FURIA, el primer vehículo militar blindado ensamblado en la República Dominicana, marcando un hito en el fortalecimiento de las capacidades operativas y estratégicas de las Fuerzas Armadas.

El blindado, diseñado para apoyar operaciones militares y de seguridad, representa ahorro económico, eficiencia logística y desarrollo industrial, consolidando el avance de la Industria Militar Dominicana en tiempo récord.

Juegos Centroamericanos 2026

En el ámbito deportivo, el mandatario destacó los avances del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, señalando que los trabajos marchan incluso con holgura respecto al cronograma establecido.

Las obras de remodelación, alojamiento, transporte, alimentación y seguridad avanzan de forma sostenida y bajo supervisión internacional. A partir de abril iniciará el recorrido nacional de la antorcha, rumbo a unos Juegos que reunirán 6,220 atletas de 37 países, en una edición histórica por sus 100 años.

Un año con visión de futuro

Este 2026 comenzó con planificación, ejecución y resultados, con metas definidas, acciones en marcha y una agenda enfocada en mejorar la vida de la gente, fortalecer las instituciones y seguir impulsando el progreso del país.

https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-marca-el-rumbo-del-2026-con-reformas-planificacion-estrategica-y-grandes DIECOM

RD y Panamá: una diplomacia que consolida liderazgo en la integración regional, en sintonía con la visión de Estado del presidente Luis Abinader

RD y Panamá: una diplomacia que consolida liderazgo en la integración regional, en sintonía con la visión de Estado del presidente Luis Abinader

Por Luis Orlando Díaz Vólquez 

La reciente reunión en Panamá entre el viceministro dominicano de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera (@hugofrivera), y su homólogo panameño Carlos Guevara, trasciende un simple acto diplomático. Se trata de un paso estratégico
dentro de la continuidad institucional que ha caracterizado la política exterior dominicana bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader y la conducción firme y profesional del canciller Roberto Álvarez, quienes han consolidado una diplomacia regional activa, moderna y basada en la cooperación. 

Este encuentro, enmarcado en la agenda de transición de la Presidencia Pro Témpore (PPT) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), reafirma el compromiso dominicano con la articulación regional y el fortalecimiento institucional. Panamá, que culminó su periodo al frente del organismo, reiteró la invitación para que República Dominicana participe con rol protagónico en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe y en los actos del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, eventos que destacan la confianza y el reconocimiento hacia la diplomacia dominicana. 

La asunción formal de República Dominicana a la PPT del SICA —la cuarta en su historia— refleja a su vez el enfoque coherente impulsado desde el Gobierno dominicano. Según la nota oficial del MIREX, la administración del presidente Abinader ha insistido en una política exterior orientada al fortalecimiento institucional, la transparencia, la cooperación internacional y la defensa de los intereses estratégicos del país en un marco de gobernanza democrática. Bajo la gestión del canciller Roberto Álvarez, el país ha priorizado la renovación de la agenda de cooperación regional y la comunicación fluida con socios y observadores del organismo. 

Asimismo, el enfoque dominicano hacia temas críticos como la seguridad democrática, el cambio climático, la gestión integral de riesgos y la integración social y económica muestra una alineación directa con los principios diplomáticos que ha impulsado el presidente Abinader: una política exterior basada en la responsabilidad compartida, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la construcción de consensos regionales. Estas prioridades se encuentran explícitamente reflejadas en los ejes propuestos para la PPT dominicana. 


La presencia del embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo, y de la directora de Integración Comercial del MIREX, Carmen Elena Ibarra Toledano, complementa la visión integral que se ha consolidado durante esta administración: una diplomacia económica activa, orientada a la inserción inteligente del país en los flujos comerciales y al aprovechamiento de los mecanismos multilaterales para promover desarrollo y bienestar. 

En definitiva, lo ocurrido en Panamá no es un episodio aislado. Es el reflejo de una política exterior articulada, profesional y estratégica, que bajo la conducción del presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez (@RobalsdqAlvarez) ha logrado posicionar a la República Dominicana como líder regional, actor confiable y motor de renovación dentro del SICA. Con esta nueva PPT, el país no solo asume responsabilidades, sino que también proyecta una visión de futuro: una Centroamérica más integrada, más segura y más preparada para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez | @LuisOrlandoDia1 @GUASABARAeditor @MIREXRD 

https://x.com/GUASABARAeditor/status/2013239524097171830?s=20

Post relacionado: https://x.com/MIREXRD/status/2012274521428971645?s=20

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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, escritor, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis en las áreas de geopolítica, seguridad y comercio internacional, ha seguido y documentado procesos regionales y eventos de alto impacto, incluyendo ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional.

Su trabajo se caracteriza por un enfoque que privilegia la institucionalidad, la visión de un Estado mínimo funcional, la apertura económica y el compliance como pilares para la normalización, la competitividad y el desarrollo sostenible.

Dirige el servicio de noticias @GUASABARAeditor, un espacio comprometido con la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la promoción de la cultura. Desde Santo Domingo, República Dominicana, sostiene una línea editorial de opinión, noticias y comentarios, haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario.

Escritura a mano, aulas sin pantallas y aprendizaje profundo


Escritura a mano, aulas sin pantallas y aprendizaje profundo

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Las escuelas del siglo XXI suelen confundir rapidez con profundidad. Teclear más veloz o tenerlo todo “a un toque” no equivale a aprender mejor. La evidencia reciente sugiere, con creciente convergencia, dos líneas de acción de bajo costo y alto retorno pedagógico: reinsertar la escritura a mano en los momentos de codificación y liberar el aula —durante la clase— de la competencia feroz del smartphone. No se trata de nostalgia analógica: es política pública informada por datos y por la neurociencia del aprendizaje. [cris.unibo.it], [partypolitics.org]

Escribir a mano le plantea al cerebro una tarea cualitativamente distinta a la de teclear. Quien toma apuntes con bolígrafo se ve forzado a seleccionar lo esencial, parafrasear y organizar ideas en una página finita; la limitación física —y temporal— exige síntesis. Experimentos controlados demostraron que, incluso cuando no hay internet ni distracciones, los estudiantes que tipean copian más en verbatim y rinden peor en preguntas conceptuales que quienes escriben a mano. La “eficiencia” del teclado, paradójicamente, facilita la transcripción literal y dificulta el procesamiento profundo que sostiene la comprensión y la memoria a largo plazo. La ventaja manuscrita no es un mito romántico: meta‑habilidades cognitivas como la elaboración, la construcción de esquemas y el anclaje espacial del contenido (la ubicación de una idea en la página) emergen con mayor fuerza cuando hay trazo, presión y secuencia motora que cuando hay pulsación uniforme sobre teclas. [economist.com], [economist.com] [cris.unibo.it]

La neurociencia aporta, además, una explicación plausible: escritura manuscrita = integración sensoriomotora. El registro motor fino, el feedback háptico de lápiz y papel y la coordinación visomotriz dejan una “huella” que refuerza el reconocimiento y la consolidación de la información en memoria. Ese “circuito” no se activa del mismo modo cuando tecleamos. Revisiones sobre el control motor de la escritura en el cerebro en desarrollo muestran que, alrededor de los diez años, los niños transitan hacia programas motores automatizados que liberan recursos atencionales para la composición y el razonamiento; en otras palabras, cuando la mano “sabe escribir”, la mente puede pensar mejor lo que escribe. [opal.so], [athens-times.com]

Naturalmente, no se trata de prohibir el teclado ni de negar su potencia para redactar, revisar o colaborar. Se trata de usar cada canal donde mejor rinde. Como recuerda Lane Greene en The Economist, escritura y tipado no son equivalentes para aprender: el lápiz gana para codificar conceptos; el teclado, para producir texto extendido y revisar. La clave es diseñar secuencias didácticas que asignen bien el medio al objetivo. Y, con honestidad académica, conviene reconocer que existen replicaciones con efectos menores o inconsistentes cuando se controla por el estudio posterior de notas: por eso, la recomendación no es dogmática; es quirúrgica. Inyectemos escritura a mano en momentos de codificación (clase magistral, seminario conceptual, lectura guiada) y preservemos el teclado para cuando haga lo que mejor hace. [orcid.org], [cris.unibo.it] [justiciayt…cia.com.do]

El segundo frente es el ruido de bolsillo: el smartphone en el aula. Durante años, la conversación se sostuvo sobre percepciones y correlaciones. En septiembre de 2025, The Economist informó el primer ensayo aleatorizado de gran escala: en diez instituciones de educación superior en India, 16 955 estudiantes fueron asignados al azar a cursos que sí o no exigían entregar el teléfono al entrar al salón; resultado: el grupo “sin teléfono” mejoró su promedio en ≈0.086 desviaciones estándar, con efectos mayores en alumnado de bajo rendimiento, de primer año y en áreas no STEM. Quien piense que 0.086 DE es “poco” olvida que la mayoría de las intervenciones educativas sostenibles arrojan efectos pequeños, y que pequeño + barato + escalable es, muchas veces, la combinación ganadora. Un análisis independiente resumido por economistas calificó el efecto como modesto, relevante y de bajo costo, y documentó algo políticamente crucial: tras vivir la política, los propios estudiantes se volvieron más favorables a la restricción por los beneficios percibidos en foco y clima de clase. [partypolitics.org] [academic.oup.com]

No hay, sin embargo, un consenso monocorde. En salud mental, editoriales académicas recientes advierten que los efectos de los bans son heterogéneos y que muchas prohibiciones se adoptaron antes de contar con evidencia causal. Esa crítica es atendible, pero no invalida la mejora académica del RCT; tampoco contradice un hallazgo robusto de la OCDE: la distracción por pantallas en clase—propias o ajenas—se asocia con peores resultados. Es decir, aun si los efectos sobre bienestar son inciertos, el tiempo de aprendizaje recuperado es tangible. Además, la comparación internacional enseña que el contexto importa: The Economist ha señalado resultados diversos por país (mejoras en Inglaterra y España, nulos en Suecia), lo que refuerza la idea de acompañar cualquier restricción con pedagogía y enforcement consistentes. Por eso, la clave es no prohibir por prohibir, sino ordenar el aula para el objetivo didáctico y enseñar agencia digital para el resto del día. [scispace.com], [economist.com] [library.plu.edu] [link.springer.com]

PISA 2022 añade matices prácticos: los estudiantes reportan altos niveles de distracción por dispositivos y, a la vez, parece existir una “zona óptima” en la que el uso moderado y regulado de herramientas digitales para aprender sí se asocia con mejores resultados y mayor pertenencia escolar. El problema no es “la tecnología” en abstracto; el problema es el uso recreativo y el multitasking durante la explicación del docente. De nuevo, asignar el medio al momento: enseñar con tecnología cuando aporta y aprender sin distractores cuando toca codificar. [economist.com], [video.alex…street.com]

Con estos hallazgos, la arquitectura de política emergente es clara. Primero, aula libre de smartphones durante la clase: colección al entrar y devolución al salir mediante pouches o casilleros; observaciones aleatorias para verificar cumplimiento; un protocolo de excepciones limitado a fines pedagógicos o de salud. El ensayo aleatorizado ofrece la cifra y la OCDE, el diagnóstico: liberar la atención rinde, sobre todo para quienes más lo necesitan. Segundo, ventanas de uso digital instruccional con dispositivos gestionados por la escuela (no el teléfono personal): plataformas de control de aula, listas blancas de sitios y objetivos de aprendizaje explícitos. PISA sugiere que el uso moderado y planificado funciona; el recreativo, no. Tercero, formación docente en ingeniería de la atención: diseño de apuntes guiados manuscritos, técnicas de parafraseo y síntesis, micro‑estrategias de foco (pausas atencionales, señalización), y uso productivo de tecnología. Cuarto, currículo de agencia digital: autorregulación, higiene del sueño, configuración de notificaciones y hábitos de estudio. El propio debate internacional sobre bienestar sugiere que los bans sin educación para el uso responsable pueden quedarse cortos. Quinto, comunicación honesta con familias: la política es intraclase, no intrajornada; hay protocolos de emergencia; se definen canales de contacto; se explica el porqué (la atención como recurso escaso) y el cómo (ventanas pedagógicas de tecnología). En países donde se ha sondeado, muchos padres desean que el teléfono esté disponible por seguridad, pero reconocen su interferencia durante la clase. [partypolitics.org], [economist.com] [video.alex…street.com] [cris.unibo.it] [link.springer.com] [books.google.com]

Nada de esto requiere milagros; sí requiere medición. Un tablero mínimo incluye: cambios en GPA/notas por cohorte y subgrupos (el RCT aporta una estimación creíble de +0.086 DE), observaciones breves y anónimas de tiempo en tarea y disrupciones (donde ya se vieron menos charla y menos uso de móviles), encuestas de percepción estudiantil (apoyo a la medida tras exposición y sensación de foco), tasas de cumplimiento de colección/devolución y consistencia del enforcement, y un seguimiento prudente de bienestar para evitar la compensación extraclase (más pantalla fuera por menos pantalla dentro). [partypolitics.org], [academic.oup.com], [link.springer.com]

En la República Dominicana, el aterrizaje es posible ya. La Ley General de Educación 66‑97 faculta al Consejo Nacional de Educación a normar y actualizar prácticas; el Marco Curricular (2016) ya prioriza competencias —comunicativa y de pensamiento crítico— donde la síntesis manuscrita calza sin fricción; las Normas de Convivencia permiten regular el uso de dispositivos a nivel de centro; y el Plan Decenal Horizonte 2034 ofrece el paraguas estratégico para dar coherencia y continuidad. RD, además, enfrenta una urgencia: en PISA 2022 mejoró respecto de 2018, pero se mantiene muy por debajo del promedio OCDE en matemáticas, lectura y ciencias; reducir distracciones y fomentar procesamiento profundo son palancas de bajo costo para recuperar terreno. [acento.com.do], [politicalpartydb.org], [scielo.cl], [researchgate.net] [frontiersin.org], [sociologyd…ussion.com]

¿Qué se puede hacer sin cambiar la ley? Primero, emitir una Ordenanza “Aula sin Smartphones” (intraclase) de alcance nacional para armonizar las Normas de Convivencia: estándares de colección, verificación, excepciones y sanciones pedagógicas proporcionales. Segundo, cursar una Circular MINERD que requiera segmentos de escritura a mano en momentos de codificación (clases expositivas y lectura guiada), con rúbricas de síntesis manuscrita en evaluaciones formativas. Tercero, aprobar un Protocolo de Ventanas Digitales que especifique qué actividades justifican el uso de tecnología, cuándo y con qué controles (dispositivos del centro, MDM, listas blancas). Cuarto, lanzar pilotos distritales de 12 meses con evaluación independiente, y escalar a 24–36 meses si los indicadores responden. Todo ello es consistente con la Ley 66‑97, con las Bases Curriculares (2016) y con las Normas de Convivencia vigentes. [acento.com.do], [politicalpartydb.org], [scielo.cl]

El despliegue razonable es por fases. En 0–6 meses, normativa y comunicación con familias y actores (docentes, ADP, asociaciones de colegios y APMAE) enfatizando que el ban es solo intraclase y que hay ventanas pedagógicas. En 6–18 meses, pilotos en 10–15 distritos con métricas de desempeño, clima y cumplimiento; encuestas de estudiantes para captar el cambio en apoyo tras exposición, como sugiere el RCT. En 18–36 meses, escalamiento nacional, afinamiento del enforcement, publicación de un tablero de resultados y ajustes curriculares para consolidar la escritura manuscrita donde más aporta. [scielo.cl], [academic.oup.com]

Que nadie tema el “atraso tecnológico”. Una escuela que ordena el tiempo de pantalla para enseñar mejor y prioriza la escritura a mano para aprender mejor no es una escuela “anti‑tech”; es una institución que entiende que la atención es el bien escaso de nuestra era. De hecho, cuando se planifican ventanas instruccionales con dispositivos gestionados por el centro y objetivos claros, los aprendizajes con tecnología mejoran; el problema es abrir la puerta indiscriminadamente al canal recreativo durante la explicación del docente. Ahí es donde la evidencia internacional—PISA y la OCDE—nos pide moderación, regulación y foco. [video.alex…street.com], [economist.com]

Al final, la innovación educativa no consiste en saturar de pantallas cada minuto, sino en diseñar secuencias donde se usa la herramienta adecuada en el momento justo. En ese equilibrio virtuoso, el lápiz y el cuaderno no son reliquias: son tecnología cognitiva de alta fidelidad. Y un aula sin teléfonos no es un gesto nostálgico: es ingeniería de la atención al servicio del aprendizaje, una invitación a que la escuela recupere, aunque sea por una hora, el monopolio de lo más valioso que tienen nuestros estudiantes: su foco. [orcid.org], [economist.com]

Referencias 

Beneito, P., & Vicente-Chirivella, Ó. (2022). Banning mobile phones in schools: Evidence from regional-level policies in Spain. Applied Economic Analysis, 30(90), 153–175. https://doi.org/10.1108/AEA-05-2021-0112

Greene, L. (2025, noviembre). Does handwriting help you learn? [Video]. The Economist. https://www.youtube.com/watch?v=svNR4zZY7C4

Johnson (column), The Economist. (2023, 14 de septiembre). The importance of handwriting is becoming better understood. https://www.economist.com/culture/2023/09/14/the-importance-of-handwriting-is-becoming-better-understood

Kayla, M., Dunlosky, J., & Rawson, K. A. (2019). How much mightier is the pen than the keyboard for note‑taking? A replication and extension of Mueller and Oppenheimer (2014). Educational Psychology Review, 31, 753–780. https://doi.org/10.1007/s10648-019-09468-2

Lambert, J. (2024, 11 de mayo). Why writing by hand beats typing for thinking and learning. NPR. https://www.npr.org/sections/health-shots/2024/05/11/1250529661/handwriting-cursive-typing-schools-learning-brain

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note‑taking. Psychological Science, 25(6), 1159–1168. https://doi.org/10.1177/0956797614524581

OECD. (2023). PISA 2022 Results (Volume I): The state of learning and equity in education. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/53f23881-en

OECD. (2024). Students, digital devices and success. OECD Education Policy Perspectives. https://www.oecd.org/en/publications/students-digital-devices-and-success_9e4c0624-en.html

Palmis, S., Danna, J., Velay, J.-L., & Longcamp, M. (2017). Motor control of handwriting in the developing brain: A review. Cognitive Neuropsychology, 34(3–4), 187–204. https://doi.org/10.1080/02643294.2017.1367654

Sungu, A., Choudhury, P. K., & Bjerre‑Nielsen, A. (2025, septiembre 4). Banning smartphones in classrooms helps students. The Economist. https://www.economist.com/united-states/2025/09/04/banning-smartphones-in-classrooms-helps-students

The Economist (Leaders). (2025, septiembre 3). Schools should banish smartphones from the classroom. https://www.economist.com/leaders/2025/09/03/schools-should-banish-smartphones-from-the-classroom

Tyler Cowen. (2025, septiembre 12). A new RCT on banning smartphones in the classroom. Marginal Revolution. https://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2025/09/a-new-rct-on-banning-smartphones-in-the-classroom.html

Gobierno de Suecia. (2024, 4 de junio). Serious issue that 30% of pupils distracted by mobile phones during lessons [Press release]. https://www.government.se/press-releases/2024/06/serious-issue-that-30-of-pupils-distracted-by-mobile-phones-during-lessons/

Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). (1997). Ley General de Educación 66‑97. https://ministeriodeeducacion.gob.do/docs/marco-legal/leyes/ley-general-de-educacion-no-66-97-go-no-9951-del-10-de-abril-de-1997.pdf

MINERD. (2016). Bases de la revisión y actualización curricular. https://ministeriodeeducacion.gob.do/docs/direccion-general-de-curriculo/PnHJ-bases-de-la-revision-y-actualizacion-curricularpdf.pdf

MINERD & CONANI. (2019). Normas del Sistema Educativo Dominicano para la Convivencia Armoniosa en los Centros Educativos Públicos y Privados. https://www.educando.edu.do/portal/wp-content/uploads/2019/08/Normas-de-convivencia-FINAL-WEB.pdf

MINERD. (2025). Plan Decenal de Educación Horizonte 2034. https://ministeriodeeducacion.gob.do/sobre-nosotros/plan-decenal-de-educacion

Diario Libre / EFE. (2023, 5 de diciembre). Informe PISA: RD por debajo de la media en matemáticas, lectura y ciencia. https://www.diariolibre.com/actualidad/educacion/2023/12/05/informe-pisa-rd-por-debajo-media-en-matematicas-lectura-y-ciencia/2542159

ProFuturo. (2024, 5 de junio). Students and Screens: What PISA Says. https://profuturo.education/en/observatory/trends/students-and-screens-what-pisa-says/

RCT (tipo de experimento científico usado principalmente para conocer el efecto de las medicinas u otros tipos de tratamiento no médicos sobre una población).


Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, escritor y editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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Escritura a mano, aulas sin pantallas y aprendizaje profundo — por Luis Orlando Díaz Vólquez
La evidencia converge en dos decisiones de bajo costo y alto impacto: escritura manuscrita en momentos de codificación y aulas phone‑free durante la clase. La primera profundiza (sintetizar, parafrasear, organizar); la segunda despeja (menos distractores, más foco), con efectos especialmente relevantes en estudiantes de menor rendimiento.

No es “anti‑tecnología”: es ingeniería de la atención. Use la tecnología cuando construye (proyectos, práctica guiada con dispositivos gestionados) y retírela cuando estorba (explicación y codificación).

Checklist práctico
• Recolección del móvil al entrar; devolución al salir
• Segmentos de apuntes manuscritos en explicaciones y seminarios
• Ventanas digitales planificadas con equipos del centro y objetivos claros
• Agencia digital: hábitos de foco, notificaciones, sueño
• Indicadores: GPA/notas, foco (observaciones), cumplimiento, clima y percepción

RD puede actuar hoy con Ley 66‑97, Currículo 2016, Normas de Convivencia y Horizonte 2034: ordenar, pilotar (12 meses), medir y escalar (24–36 meses).

Conclusión: La innovación no es “más pantallas siempre”, sino la herramienta adecuada en el momento justo. El lápiz y el cuaderno son tecnología cognitiva de alta fidelidad; el aula sin teléfonos, una política de equidad atencional.
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La salud de la justicia dominicana en tiempos de turbulencia regional | Milton Ray Guevara admira al presidente Luis Abinader por que no se dejó doblegar con tema haitiano | Lo que nadie dice sobre Maduro y EE.UU. | #PabloMcKinney @pablomckinney

Milton Ray Guevara expresa profunda preocupación por la salud de la justicia dominicana

En conversación con el periodista Pablo McKinney, el ex presidente del Tribunal Constitucional advirtió sobre vacíos normativos y riesgos de discrecionalidad en el sistema de administración de justicia, y llamó a una agenda de reformas que blinde la institucionalidad frente a la polarización y las tensiones geopolíticas regionales.

12 de enero de 2026 | @GuasabaraEditor

Santo Domingo, República Dominicana —  El jurista dominicano Milton Ray Guevara reactivó el debate sobre la salud de la justicia nacional tras su participación en el espacio de Pablo McKinney, emitido el 10 de enero de 2026, donde analizó el conflicto entre el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos y sus posibles impactos en el Caribe y en la República Dominicana. A juicio del ex presidente del Tribunal Constitucional, la fortaleza de la democracia se juega en la consistencia de las reglas y en la capacidad de los poderes públicos para resistir presiones coyunturales, razón por la cual subrayó la urgencia de cerrar vacíos legales en procesos claves del sistema de justicia y del régimen electoral. El análisis completo puede verse en el canal de YouTube de Pablo McKinney: https://youtu.be/mRRJgnslIqc?si=wubBoQXDtzkkpgVs.

En su intervención, Ray Guevara insistió en que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) requiere una ley específica de evaluación de desempeño de jueces de altas cortes, con parámetros definidos, motivación reforzada, publicidad razonable y derecho a contradicción, a fin de evitar percepciones de discrecionalidad y fortalecer la confianza ciudadana en la independencia judicial. Para el jurista, la gobernanza del sistema de justicia no puede descansar exclusivamente en reglamentos, pues la ausencia de un marco legal robusto abre espacio a interpretaciones y a incertidumbres que, en momentos de alta polarización, se traducen en inestabilidad institucional.

Otro punto neurálgico abordado por el ex magistrado fue la regulación de las candidaturas independientes, tema que —según advirtió— debe armonizarse con la Constitución para prevenir contradicciones en sustituciones, vacancias y responsabilidades institucionales. La apertura al pluralismo requiere reglas proporcionales y claras que permitan la participación sin comprometer la gobernabilidad. En este sentido, Ray Guevara consideró imprescindible que la Junta Central Electoral elabore propuestas técnicas con evidencia comparada y que el Congreso Nacional las debata y apruebe con visión de Estado.

El contexto regional atravesó el diálogo: al referirse a la crisis venezolana y a su tensión con Estados Unidos, el jurista orientó la discusión hacia la prevención de riesgos de “contagio institucional” en el Caribe, donde la desinformación y la normalización de excepciones pueden erosionar el Estado de derecho si los sistemas no están debidamente inmunizados. La mejor defensa, sostuvo, es una institucionalidad sana: reglas estables, poderes independientes, datos abiertos de gestión y una ciudadanía formada en cultura constitucional. En esa línea, remarcó la importancia de mantener una pedagogía pública sobre la supremacía de la Carta Magna, incorporar educación cívica‑constitucional en currículos escolares y universitarios, y reforzar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en toda la administración de justicia.

Asimismo, Ray Guevara valoró positivamente la postura del presidente Luis Abinader frente al tema haitiano, destacando que una política de frontera y de control migratorio debe articular soberanía y respeto a los derechos bajo parámetros constitucionales. En su criterio, la firmeza institucional en asuntos de seguridad y migración es consistente con la necesidad de proteger el orden jurídico y evitar que crisis externas se conviertan en palancas de desinstitucionalización doméstica.

El llamado que se desprende de sus reflexiones es claro: pasar del diagnóstico a la ejecución. Entre las prioridades señaladas sobresalen la aprobación de una ley del CNM para la evaluación de altas magistraturas; la armonización del régimen electoral ante la realidad de candidaturas independientes, con reglas específicas y cláusulas de transición; el fortalecimiento de la independencia funcional y presupuestaria del Ministerio Público; y la adopción de indicadores públicos de gestión judicial —tiempos de respuesta, tasas de congestión y cumplimiento de sentencias— que faciliten el escrutinio ciudadano y mejoren la experiencia del usuario ante los tribunales.

Para Milton Ray Guevara, la salud de la justicia dominicana no es un asunto de retórica, sino de diseño institucional y de disciplina democrática. En un Caribe tensionado por reacomodos geopolíticos, la consistencia de las reglas y la cultura de límites son condiciones esenciales para que la República Dominicana preserve su estabilidad y eleve su umbral de resiliencia frente a la polarización y la economía de la desinformación. “La Constitución debe ser brújula y dique”, sintetiza el espíritu de su mensaje: un país que se toma en serio su justicia se toma en serio su democracia.

Enlace de referencia del programa:
Pablo McKinney – “Milton Ray Guevara: Lo que nadie dice sobre Maduro y EE.UU.” (10 de enero de 2026)
https://youtu.be/mRRJgnslIqc?si=wubBoQXDtzkkpgVs

Luis Orlando Díaz Vólquez – Articulista
Correo: [guasabara.editor@gmail.com] | Santo Domingo, República Dominicana

Milton Ray Guevara Expresa Profunda Preocupación por la Salud de la Justicia Dominicana

Milton Ray Guevara: Lo que nadie dice sobre Maduro y EE.UU. | #PabloMcKinney

Pablo McKinney 10 ene 2026
https://youtu.be/mRRJgnslIqc?si=wubBoQXDtzkkpgVs a través de @YouTube

¿Qué planean contra Venezuela? La cruda advertencia de Milton Ray Guevara

¿Estamos ante un nuevo orden en el Caribe? El Dr. Milton Ray Guevara analiza el conflicto entre Maduro y EE. UU. y cómo impactará directamente en la República Dominicana. No es solo política, es el futuro de nuestra región.
Milton Ray Guevara: Lo que nadie dice sobre Maduro y EE.UU. |
Admira al presidente Luis Abinader por que no se dejó doblegar con tema haitiano#PabloMcKinney ...
@luisabinader #PabloMcKinney @pablomckinney ... https://youtu.be/mRRJgnslIqc?si=wubBoQXDtzkkpgVs a través de @YouTube
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Enfoque académico

Milton Ray Guevara y la salud de la justicia dominicana: una alarma oportuna en tiempos de turbulencia regional

Por Luis Orlando Díaz Vólquez


Resumen | El jurista Milton Ray Guevara —expresidente del Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana— ha reactivado el debate público sobre la “salud” de la justicia dominicana y su resiliencia institucional frente a un entorno hemisférico de alta incertidumbre. Sus intervenciones más recientes, incluidas las conversaciones con Pablo McKinney (10 de enero de 2026) sobre el conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, y sus llamados a corregir vacíos normativos en el sistema judicial y electoral, constituyen una alerta que trasciende la coyuntura y demanda una agenda de reformas de Estado. Esta pieza propone una lectura académica y crítica de ese conjunto de advertencias, su fundamento en el derecho constitucional comparado y su aplicación práctica para robustecer el Estado de derecho dominicano.


Introducción

En el ecosistema institucional dominicano, la figura de Milton Ray Guevara ocupa un lugar de referencia por trayectoria, rigor doctrinal y liderazgo institucional. Primer presidente del TC (2011–2023), docente y exlegislador, su voz ha sido decisiva en debates sobre migración, sistema de partidos y diseño constitucional, con impacto en sentencias paradigmáticas y en procesos de reforma. La biografía oficial del TC y su perfil enciclopédico dan cuenta de su formación y aporte sistemático a la institucionalidad democrática del país.

Esa autoridad —sumada a intervenciones públicas frecuentes— le permite hoy advertir en dos planos interconectados: (a) la necesidad de fortalecer la justicia dominicana mediante reglas claras, controles y transparencia; y (b) el impacto que las inestabilidades políticas regionales —como la crisis venezolana y su dimensión geopolítica respecto de EE. UU.— pueden tener sobre la estabilidad democrática y el Estado de derecho en la República Dominicana. Sus diálogos recientes y notas periodísticas de referencia muestran un hilo conductor: cerrar brechas normativas antes de que la polarización y la desinformación las conviertan en palancas de desinstitucionalización.


I. Trayectoria y autoridad epistémica

Ray Guevara no habla desde la opinión ligera, sino desde la experiencia de gobierno judicial y el conocimiento del diseño constitucional. Su paso por el TC, su liderazgo en la sentencia 168‑13 sobre nacionalidad y su rol como coordinador de comisiones técnicas en materia migratoria evidencian una comprensión integral de la relación entre Constitución, derechos fundamentales y políticas públicas. Esta dimensión biográfica —verificada por fuentes oficiales y periodísticas— otorga contexto y peso a sus advertencias actuales.

Además, su despedida del TC en 2023 y los reconocimientos de la Suprema Corte y de entidades públicas subrayan la legitimidad de sus aportes al sistema institucional. En sus rendiciones de cuentas y actos de homenaje se resaltan cifras de ejecución de sentencias, logros en educación constitucional y un compromiso sostenido con la supremacía de la Carta Magna, lo que refuerza el carácter técnico de su voz pública.


II. La “salud” de la justicia: gobierno judicial, evaluación y transparencia

1. El CNM y la evaluación de jueces.
Ray Guevara ha señalado que el Consejo Nacional de la Magistratura requiere una ley —no solo reglamentos— que regule de manera suficiente la evaluación de desempeño de jueces de altas cortes. La ausencia de parámetros claros, garantías de publicidad y motivación robusta abre espacio a discrecionalidades que erosionan la confianza social y la percepción de independencia judicial. En entrevistas recientes y análisis televisivos, el exmagistrado ha enfatizado que la evaluación judicial, por su impacto en la carrera y estabilidad de los jueces, demanda certeza normativa para evitar ciclos de politización.

Este reclamo se alinea con estándares comparados: donde los procesos de evaluación carecen de rango legal y criterios verificables, la gobernanza judicial se vuelve frágil y la justicia deja de ser vista como poder “extrapoder” y pasa a ser un espacio vulnerable a mayorías coyunturales. La crítica de Ray Guevara, por tanto, no es una postura corporativa sino un argumento de seguridad jurídica para la arquitectura del sistema.

2. Gestión institucional y ejecución de sentencias.
El TC ha mostrado históricamente indicadores relevantes de cumplimiento y publicación oportuna de sentencias. La continuidad de esa cultura de gestión —con datos que el propio tribunal ha comunicado en rendiciones recientes— debería extenderse como buenas prácticas a otras instancias del sistema de justicia, con mecanismos de auditoría pública, trazabilidad y control de tiempos procesales. La insistencia en gobernanza judicial abierta es coherente con el legado institucional que el TC describe y que la prensa recoge en reseñas.


III. Sistema de partidos y candidaturas independientes: una armonización urgente

El segundo eje de preocupación recurre al tema de las candidaturas independientes. Ray Guevara ha advertido que la sentencia del TC que promueve su regulación puede resultar “grave” si no se armoniza cuidadosamente con la Constitución y con el régimen de sustituciones, vacancias y responsabilidades institucionales. Su tesis no niega la participación ciudadana, sino que subraya la necesidad de evitar contradicciones sistémicas que podrían desembocar en crisis de gobernabilidad en futuras elecciones.

La propuesta práctica que surge de esa advertencia es doble: encargar a la Junta Central Electoral (JCE) la elaboración técnica de un proyecto legislativo —con evidencia comparada, proporcionalidad de requisitos y garantías de fiscalización— y someter al Congreso un debate abierto que produzca una norma integrada, evitando la reproducción literal de cargas pensadas para partidos en aspiraciones no partidarias. El llamado a la JCE y al Congreso aparece reiterado en medios, y la crítica a la confusión normativa se articula con referencias históricas sobre la presencia de candidaturas independientes en el país.


IV. Reformas constitucionales y cultura de límites

Ray Guevara también ha respaldado iniciativas orientadas a blindar la Constitución frente a reformas oportunistas —el “candado” a la reelección, por ejemplo— y a reforzar la independencia funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Su apoyo a ajustes que impidan la manipulación del texto constitucional por mayorías de turno se funda en una visión de estabilidad de reglas que protege la justicia contra interferencias circunstanciales. En declaraciones recogidas por medios audiovisuales, el jurista contextualiza estas propuestas dentro de una pedagogía de límites y de respeto a la supremacía constitucional.

El énfasis en educación constitucional —en escuelas y universidades— complementa esa cultura de límites y fortalece la inmunidad social frente a prácticas antidemocráticas (compra de votos, voto asistido, captura de instituciones). Diversas entrevistas de referencia han insistido en que la ciudadanía informada es condición para que la justicia conserve legitimidad en escenarios de alta polarización.


V. El espejo venezolano: geopolítica, desinformación y riesgos de contagio

Los diálogos con Pablo McKinney (10 de enero de 2026) agregan un vector regional a la alerta institucional: la crisis venezolana, con su disputa de legitimidad y su tensión con EE. UU., genera presiones que pueden amplificar discursos extremos y normalizar excepciones. Ray Guevara subraya que la erosión del Estado de derecho no ocurre de golpe, sino por acumulación de “pequeñas” excepciones, captura institucional y desinformación. La conversación pública ha estado cruzada por contenidos virales, incluidos materiales que reportan supuestas detenciones de Nicolás Maduro, lo que obliga a reforzar el compromiso con verificación y prudencia informativa.

Más allá de la veracidad de cada pieza viral, el punto del jurista es preventivo: cuidar la alternancia y la independencia de los poderes en República Dominicana, evitando que la importación de narrativas externas degrade nuestra institucionalidad. El caso venezolano —con expedientes en foros internacionales y persistentes denuncias de abusos— funciona como recordatorio de que la estabilidad democrática es frágil cuando se desdibuja la separación de poderes y se toleran “excepciones permanentes”. La prensa local ha reflejado este enfoque, subrayando el contraste entre la estabilidad dominicana y el deterioro sostenido del orden democrático en Venezuela.


VI. Migración, nacionalidad y seguridad: el cruce con la justicia constitucional

La trayectoria de Ray Guevara también se vincula con discusiones sobre migración y nacionalidad, donde su liderazgo en la sentencia 168‑13 y su posterior designación para revisar la normativa migratoria han sido decisivos. Aquí, la salud de la justicia no es solo un debate doméstico: es un componente de política de Estado que debe ordenar derechos, procedimientos y garantías en clave de seguridad y de respeto a la Constitución. El equilibrio entre soberanía y derechos —en un contexto de crisis haitiana y presiones regionales— demanda instituciones estables, jueces protegidos del vaivén político y marcos normativos claros.

Estas materias —sensibles por su impacto social— exigen un tribunal constitucional fuerte, una JCE competente y un CNM regido por ley. La “salud” de la justicia se prueba en casos límites: donde se deciden estatus de personas, fronteras normativas y garantías de no discriminación. La combinación de jurisprudencia y política pública que el jurista ha empujado indica el tipo de institucionalidad que el país necesita para resistir presiones y preservar derechos.


VII. Agenda mínima de reformas y políticas públicas

A la luz de las advertencias y del inventario de temas levantados por Ray Guevara, una agenda académica y de política pública para robustecer la justicia dominicana podría contener, al menos, los siguientes ejes:

  1. Ley del CNM y evaluación judicial con rango legal.

    • Definir parámetros de desempeño, garantías de transparencia (con salvaguardas), motivación reforzada y derecho a contradicción; establecer estándares probatorios y escalas de proporcionalidad para medidas disciplinarias.
    • Incluir mecanismos de auditoría externa y reportes periódicos a la ciudadanía, evitando que reglamentos generales sustituyan el mandato del legislador.
  2. Armonización de la Ley 20‑23 y candidaturas independientes.

    • Diseñar requisitos específicos para aspiraciones no partidarias que eviten vacíos (sustituciones, financiamiento, fiscalización), sin replicar las cargas idénticas de los partidos que desnaturalicen lo “independiente”.
    • Mandatar a la JCE la elaboración de propuestas técnicas y al Congreso su debate con evidencia comparada; prever cláusulas de transición para 2028‑2032.
  3. Blindajes constitucionales y cultura de límites.

    • Discutir candados frente a reformas coyunturales; reforzar independientes del Ministerio Público y su sostenibilidad presupuestaria.
    • Implementar educación cívica‑constitucional en currículos escolares y universitarios; campañas públicas contra prácticas antidemocráticas en procesos electorales.
  4. Gobernanza judicial abierta.

    • Publicar indicadores de gestión (tiempos de respuesta, ejecución de sentencias, tasas de congestión) en formatos de datos abiertos; establecer metas anuales de reducción de mora.
    • Crear mesas permanentes de diálogo con colegios de abogados, academia y sociedad civil para monitorear la “salud” del sistema.
  5. Política de integridad y anticaptura institucional.

    • Protocolos de conflicto de interés en nombramientos; procedimientos claros de recusación y transparencia patrimonial de altos cargos judiciales.
    • Protección de denunciantes y trazabilidad de decisiones en procesos sensibles (electorales, disciplinarios, migratorios); auditorías externas periódicas.

VIII. Comparación regional: lecciones para inmunizar la institucionalidad

Las democracias latinoamericanas que han resistido con mayor éxito los ciclos de polarización comparten ciertas características: cortes con independencia funcional y presupuestaria, mecanismos de evaluación y nombramiento con rango legal y transparencia, y sistemas electorales con reglas claras y previsibles. La experiencia dominicana —por su relativa estabilidad y por la consolidación del TC en su primera década— ofrece una base sobre la cual construir blindajes adicionales. La propia narrativa institucional del TC y las crónicas sobre el cierre del período de Ray Guevara aluden a esa arquitectura en proceso de maduración.

Mirar el espejo venezolano —y la circulación de contenidos de alto impacto emocional— debe empujarnos a fortalecer protocolos de verificación y a sostener una pedagogía de prudencia informativa. La convergencia de geopolítica y comunicación digital puede amplificar la presión sobre instituciones si hay vacíos normativos que abren puertas a decisiones discrecionales. La insistencia de Ray Guevara en cultura de límites y reglas claras apunta justamente a ese umbral de resiliencia.


Conclusión: de la alarma a la ejecución

La advertencia de Milton Ray Guevara sobre la salud de la justicia dominicana no es un gesto retórico: es una invitación a pasar del diagnóstico a la ejecución legislativa y administrativa. La estabilidad democrática no se preserva con buenos discursos, sino con instituciones sanas y reglas que resistan presiones internas y externas. Fortalecer el gobierno judicial, armonizar el régimen electoral y estabilizar el orden constitucional son acciones preventivas que elevan el umbral de resiliencia institucional frente a ciclos de polarización y desinformación.

El caso venezolano —en su complejidad y en la manera en que permea el debate público regional— sirve como recordatorio de que la normalización de excepciones, la captura de instituciones y la desinformación pueden degradar rápidamente un sistema político. La República Dominicana tiene la ventaja de contar con una comunidad jurídica activa, un TC que ha acumulado buenas prácticas y una ciudadanía cada vez más involucrada en el escrutinio público. La responsabilidad que surge de las advertencias de Ray Guevara es cristalina: cerrar los vacíos con ley, blindar la Constitución con cultura de límites y abrir la justicia con métricas, transparencia y educación cívica.

Si ese tránsito del diagnóstico a la ejecución se materializa, la “salud” de la justicia dominicana no solo mejorará hoy: quedará inmunizada para resistir las turbulencias de mañana.


Referencias (selección y verificación)

  • Perfil y biografía institucional de Milton L. Ray Guevara. Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
  • Perfil enciclopédico: Milton Ray Guevara, Wikipedia en español.
  • Entrevista y análisis sobre CNM, evaluación de jueces y reforma laboral: CDN 37.
  • Artículo analítico sobre omisión legislativa en evaluación de jueces y crítica al vacío normativo: noticia.do.
  • Debate sobre candidaturas independientes y armonización con la Constitución: 7dias.com.do; Prensa Libre Independiente.
  • Rendición de cuentas y gestión del TC bajo Ray Guevara: CDN (cobertura de 2023).
  • Reconocimiento institucional por la Suprema Corte y defensa de valores constitucionales: Poder Judicial (nota de prensa, 2024).
  • Apoyo a blindajes constitucionales y cultura de límites: RNN (declaraciones sobre reforma y “candado”).
  • Conversación con Pablo McKinney (10 ene 2026): “Lo que nadie dice sobre Maduro y EE. UU.”, canal de YouTube de Pablo McKinney.
  • Cobertura de Color Visión sobre la coyuntura venezolana y el enfoque de Ray Guevara (7 ene 2026).
  • Trayectoria en migración y normativa (designación como coordinador, 2025): Diario Libre; Infórmate Diario.

⚖️ Artículo de opinión: La salud de la justicia dominicana en tiempos de turbulencia regional.
A partir del diálogo entre Milton Ray Guevara y Pablo McKinney (10 de enero de 2026), planteo una agenda mínima: ley del CNM para la evaluación judicial, regulación proporcional de candidaturas independientes, blindajes constitucionales, y gobernanza judicial abierta con métricas de gestión y ejecución de sentencias.
La presión geopolítica (Venezuela–EE. UU.) y la economía de la desinformación exigen instituciones resilientes. Destaco además la firmeza del presidente Luis Abinader en el tema haitiano, como ejemplo de política de Estado respaldada por reglas y límites.
📺 Contexto: https://youtu.be/mRRJgnslIqc?si=wubBoQXDtzkkpgVs

#JusticiaRD #Gobernanza #PolíticaPública #ConstituciónRD #MiltonRayGuevara #PabloMcKinney #Transparencia #Compliance #RuleOfLaw #RepúblicaDominicana #LuisAbinader

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Milton Ray Guevara Expresa Profunda Preocupación por la Salud de la Justicia Dominicana

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

El debate sobre la salud de la justicia dominicana ha recobrado intensidad a partir de las recientes intervenciones públicas de Milton Ray Guevara, primer presidente del Tribunal Constitucional durante su primera década de vida institucional y una voz respetada por su rigor doctrinal, su experiencia en gobierno judicial y su constante pedagogía constitucional. En su conversación con Pablo McKinney, el 10 de enero de 2026, a propósito del conflicto entre Nicolás Maduro y Estados Unidos, y de los posibles reacomodos de poder en el Caribe, el jurista articuló una advertencia que excede la coyuntura: las instituciones que administran justicia —cuando operan con vacíos normativos, discrecionalidades y debilidades de control— se exponen más fácilmente a la presión política, a los ciclos de polarización y a la erosión del Estado de derecho. Bajo esa premisa, la preocupación no es meramente descriptiva; es prescriptiva y convoca a una agenda de reformas que blinde el sistema frente a la imprevisibilidad regional y la volatilidad de la política doméstica.

El peso de la palabra de Ray Guevara proviene de una autoridad epistémica ganada a pulso, no solo por el volumen y la calidad de las decisiones que le tocó conducir en el Tribunal Constitucional, sino por su participación en reformas clave, su rol docente y su interacción permanente con el debate público. Desde esa plataforma, el jurista insiste en que la salud de la justicia no es una cuestión abstracta ni de elites; es el núcleo que garantiza derechos, equilibra poderes y delimita fronteras entre las mayorías eventuales y la supremacía de la Constitución. En términos prácticos, su advertencia se concentra en dos planos interconectados: la necesidad de reglas claras, controles efectivos y transparencia para el gobierno judicial, y la urgencia de inmunizar el sistema frente a las tensiones geopolíticas del entorno, que, por la vía de la desinformación o la importación de narrativas extremas, pueden desestabilizar instituciones si estas exhiben grietas normativas.

Un primer aspecto que Ray Guevara ha subrayado con insistencia es el relativo al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y a los procesos de evaluación del desempeño de jueces de altas cortes. La lógica que propone es sencilla y contundente: sin una ley que regule con jerarquía suficiente la evaluación, los criterios de valoración quedan a merced de reglamentos generales y prácticas administrativas que, por definición, carecen del blindaje de un mandato legislativo claro y susceptible de control democrático. Cuando la evaluación no está parametrizada con estándares verificables, garantías de motivación reforzada, publicidad razonable y derecho a contradicción, el riesgo de discrecionalidades —y con ellas, de una erosión de confianza ciudadana y de percepción de independencia— se multiplica. No es una defensa corporativa de los jueces; es la defensa de la seguridad jurídica del sistema de justicia como infraestructura crítica de la democracia. La evaluación de magistrados impacta carreras, legitimidades y la integridad del diseño constitucional que descansa en poderes capaces de resistir los vaivenes de la política, por lo que el régimen de evaluación, lejos de ser un apéndice técnico, es una pieza estructural del Estado de derecho.

A esa dimensión se suma la necesidad de consolidar una cultura de gestión y de ejecución de sentencias que se convierta en práctica trans-sistémica, y no solo en emblema de una jurisdicción constitucional. La salud de la justicia también se mide por su capacidad de cumplir, de publicar oportunamente y de comunicar de forma inteligible los razonamientos que sostienen sus decisiones. Esa cultura de métricas y transparencia, con indicadores de tiempos de respuesta, tasas de congestión y ejecución efectiva de fallos, fortalece la confianza pública y ofrece herramientas para la rendición de cuentas, sin las cuales el discurso sobre independencia se vuelve retórico. En un ecosistema informacional saturado de mensajes virales y narrativas emocionales, el lenguaje de datos abiertos y de trazabilidad institucional actúa como antídoto contra la volatilidad del rumor y como marco para el escrutinio informado, indispensable para una ciudadanía constitucionalmente educada.

El segundo eje que el jurista ha puesto sobre la mesa es complejo y delicado: la regulación de las candidaturas independientes a partir de la jurisprudencia más reciente. Para Ray Guevara, el reconocimiento y la promoción de estas figuras no pueden desvincularse de una armonización cuidadosa con la Constitución y con el sistema de partidos, en especial con los regímenes de sustituciones, vacancias y responsabilidades institucionales. Sostener que la apertura a candidaturas independientes amplía la participación ciudadana es correcto; concluir de ello que las reglas partidarias pueden trasladarse sin adaptación a aspiraciones no partidarias es apresurado y riesgoso. La gobernabilidad futura no debería depender de remiendos jurisprudenciales ni de soluciones de emergencia ante vacíos mal previstos. La salida, de naturaleza técnica y política, pasa por un mandato claro a la Junta Central Electoral para que elabore propuestas legislativas proporcionales y funcionales —diseñadas con evidencia comparada y sensibilidad constitucional— y por un debate en el Congreso que produzca una norma integrada, con cláusulas de transición, que preserve el equilibrio entre pluralismo y estabilidad. Aquí, de nuevo, la salud de la justicia exige diseño, no improvisación.

Todo ello se entrelaza con una visión de reformas constitucionales que prioricen el blindaje frente al oportunismo de mayorías de turno. Ray Guevara ha defendido la cultura de límites, incluidos los denominados “candados” contra la manipulación del texto constitucional para fines coyunturales, y aboga por reforzar la independencia funcional y presupuestaria del Ministerio Público. Esta postura se sostiene en un principio sencillo: la previsibilidad de las reglas es condición para la eficacia de la justicia. Cuando cada ciclo político ensaya reescrituras del terreno de juego, el poder judicial entra, quiera o no, en el horizonte de la disputa, y las garantías que le hacen “extrapoder” se degradan. El blindaje no es inmovilidad; es límites razonables que impiden la captura institucional bajo el pretexto de la reforma. Esta cultura de límites, sin embargo, se vuelve insuficiente si no es acompañada por una educación constitucional sistemática. Enseñar la Constitución, sus principios y sus técnicas de interpretación no es lujo académico, sino política pública para construir ciudadanía, defender el voto libre de prácticas antidemocráticas y comprender la diferencia entre crítica legítima y hostilidad contra instituciones.

La conversación con McKinney introdujo, además, el espejo venezolano como advertencia extendida al Caribe. La crisis de legitimidad, las tensiones con Estados Unidos y las piezas virales que circulan con afirmaciones de alto impacto emocional sobre el destino de Nicolás Maduro y su entorno ponen a prueba la prudencia informativa y la capacidad de las instituciones dominicanas para resistir la presión externa. El mensaje del jurista fue claro: la erosión del Estado de derecho a menudo se cocina en la normalización de “pequeñas” excepciones que, sumadas, terminan capturando instituciones y habituando a la sociedad a un régimen de excepcionalidad permanente. En ese contexto, preguntarse si estamos ante un “nuevo orden en el Caribe” no es retórica geopolítica; es evaluar cómo la reconfiguración de alianzas, sanciones y presiones puede afectarnos en migración, seguridad, energía y discurso público, y cómo nuestras instituciones responden con reglas y transparencia, o con improvisación y discrecionalidad.

El caso venezolano, con su carga simbólica y su potencia viral, obliga a un doble cuidado. En primer lugar, evitar que narrativas externas —a menudo polarizadas y diseñadas para el impacto inmediato— contaminen el sistema dominicano, empujándolo a decisiones impulsivas sin el debido proceso institucional. En segundo lugar, reconocer que la solidez de un Estado de derecho no se mide en su capacidad para reaccionar con dureza a cada episodio, sino en su capacidad para mantener reglas, derechos y límites aun bajo presión. Ese es el punto en el que la preocupación de Ray Guevara sobre la salud de la justicia dominicana se vuelve una tesis estratégica: la mejor defensa frente a la turbulencia regional es una institucionalidad sana, una arquitectura de reglas que minimice la discrecionalidad y una ciudadanía capaz de distinguir entre información verificada y espectáculo digital.

La reflexión no sería completa sin abordar el cruce entre migración, nacionalidad y seguridad, donde el jurista ha sido actor y referente. Su liderazgo en la sentencia 168‑13 y su posterior participación en la revisión de la normativa migratoria le han dado una perspectiva integral sobre la necesidad de equilibrar soberanía y derechos bajo parámetros constitucionales claros. En este punto resulta pertinente reconocer la admiración que ha expresado hacia el presidente Luis Abinader por no haberse “doblegado” en el tema haitiano, preservando una política de frontera y de control que, en su lectura, responde al deber primario del Estado de proteger su territorio y su orden jurídico. Esa admiración no impide —y, de hecho, exige— que el enfoque migratorio se encuadre en reglas escrupulosas, procedimientos garantistas y comunicaciones públicas responsables, pues la legitimidad de toda política de soberanía se sostiene tanto en su eficacia como en su apego a derechos y a la Constitución.

Si la salud de la justicia se prueba en los casos límites, pocos ámbitos son más desafiantes que el régimen migratorio y de nacionalidad. Allí confluyen emociones, desigualdades y tensiones históricas que requieren un tribunal constitucional con prestigio, una JCE competente y un CNM regido por ley. De lo contrario, cada expediente difícil amenaza con convertirse en detonante de polarización y con convertir la justicia en moneda de cambio de la política de corto plazo. Resistir esa dinámica implica institucionalizar procesos, educar, medir y comunicar.

Una agenda académica y de política pública coherente con las advertencias del jurista debería desplegarse como narrativa y como práctica. Narrativa, para consolidar una cultura de límites y de supremacía constitucional que desacople la justicia de la ansiedad coyuntural. Práctica, para concretar una ley del CNM que especifique criterios, garantías y controles; para encargar a la JCE proyectos legislativos que regulen candidaturas independientes con proporcionalidad y claridad; para establecer métricas abiertas y metas de reducción de mora judicial que dignifiquen la experiencia del ciudadano ante los tribunales; para implementar protocolos de integridad y prevención de captura institucional en nombramientos, recusaciones y gestión patrimonial de altos cargos; para incorporar educación cívica‑constitucional en la formación escolar y universitaria, de manera que el voto y la opinión se ejerzan con responsabilidad y conocimiento. Al final, la institucionalidad no se afirma con consignas, sino con diseño, con datos y con coherencia entre discurso y práctica.

La comparación regional aporta más argumentos. Las democracias latinoamericanas que han resistido con mayor éxito ciclos de polarización comparten cortes con independencia funcional y presupuestaria, sistemas electorales con reglas previsibles y mecanismos de evaluación judicial con rango legal y transparencia. La experiencia dominicana ofrece una base valiosa: un Tribunal Constitucional que, en su primera década, acumuló jurisprudencia y buenas prácticas; una ciudadanía cada vez más activa en el escrutinio público; y una narrativa que reivindica la supremacía de la Carta Magna. Pero esa base necesita ser reforzada. La geopolítica del Caribe no va a conceder tregua; la comunicación digital no va a disminuir su intensidad; y los conflictos de legitimidad en países vecinos seguirán proyectando sombras y luces sobre nuestro propio debate. La salud de la justicia, como la salud en general, depende de prevención, hábitos y disciplina, no de intervenciones ocasionales cuando el síntoma se vuelve insoportable.

De la alarma a la ejecución, el trayecto que propone Milton Ray Guevara es exigente pero factible. Redactar la ley que el CNM necesita, armonizar con prudencia el régimen electoral ante la realidad de candidaturas independientes, blindar la Constitución frente a la tentación de rehacerla en cada ciclo político, abrir la justicia con métricas y transparencia, profesionalizar el discurso público con educación constitucional y combatir la desinformación con verificación y responsabilidad: esa es la receta para que República Dominicana convierta las advertencias en resiliencia. No se trata de replicar modelos ajenos, sino de profundizar el propio, bajo el entendido de que la democracia no se defiende con ocurrencias ni con excepcionalidades, sino con reglas y con límites que, a la vez, habilitan el pluralismo y protegen la esencia del Estado de derecho.

El Caribe vive tiempos de turbulencia, y la conversación con McKinney, al vincular la coyuntura venezolana con la salud institucional dominicana, ofreció un marco para pensar con frialdad en medio del ruido. Si el objetivo es asegurar que nuestras instituciones no sucumban al vértigo de la polarización ni al magnetismo del espectáculo, entonces la respuesta no puede ser otra que la disciplina del diseño institucional, la humildad ante la complejidad y la persistencia en la cultura de límites. Al final, la justicia dominicana será tan sana como lo sean sus reglas, sus hábitos y su ciudadanía. La advertencia de Milton Ray Guevara nos recuerda, con autoridad y urgencia, que esa salud no se da por sentada: se construye, se defiende y se renueva antes de que la tormenta llegue.

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⚖️🇩🇴 La justicia dominicana necesita ley, límites y datos.
Del debate Maduro–EE. UU. al Caribe: blindar instituciones es prioridad.
🎥 Contexto: #PabloMcKinney
🔗 https://youtu.be/mRRJgnslIqc?si=wubBoQXDtzkkpgVs
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