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martes, 28 de noviembre de 2017

EEUU: caos por doble nombramiento en la Oficina del Consumidor

EL MUNDO

EE.UU.: caos por doble nombramiento en la Oficina del Consumidor

Donald Trump desafió a los demócratas al designar a un director interino, a pesar de que la ley de la entidad no lo permite. Los demócratas lo acusan de querer quitarle poder e independencia al organismo regulador.
Mick Mulvaney (picture-alliance/J.Martin)
Mick Mulvaney llegando a la sede de la CFPB

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El futuro presidente de la oficina de presupuesto de Trump es uno de los fundadores del llamado House Freedom Caucus, un grupo de congresistas ultraconservadores fiscales y sociales. (17.12.2016)
La Oficina de Protección del Consumidor Financiero (CFPB, por sus siglas en inglés) de EE.UU. vivió este lunes (27.11.2017) una jornada de caos en la que dos directores interinos, uno nombrado por el presidente del país, Donald Trump, y otro por el jefe saliente de la entidad, se declararon al mando.
La CFBD es una agencia políticamente independiente que fue fundada tras la crisis financiera de 2008 y cuyo objetivo es regular las prácticas de los bancos y de las instituciones, con el fin de proteger al consumidor. Sin embargo, Trump y los republicanos en el Congreso acusan a la entidad de contar con un poder excesivo y de frenar al sector de las finanzas con una gran carga regulatoria.
El pasado viernes, el primer y único director de la CFPB, el demócrata Richard Cordray, anunció que dejaba el cargo de manera inmediata en lugar de a finales de mes, como había anticipado, y ascendió a su jefa de gabinete, Leandra English, a subdirectora de la agencia.
La ley Dodd-Frank de 2010, la base de la reforma financiera de Obama que creó la CFPB, estipula que el subdirector de la organización debe actuar como jefe interino hasta que el presidente designe a una persona para ocupar el cargo de manera permanente y el Senado lo confirme.
Trump, sin embargo, designó al actual jefe de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, Mick Mulvaney para que ejerza como director interino de la CFPB a partir de este lunes.
Mulvaney y Leandra English, la designada por el jefe saliente, dijeron estar a cargo de la CFPB en correos electrónicos internos enviados a los 1.600 empleados de la Oficina de Protección del Consumidor Financiero.
Mulvaney ha criticado abiertamente a la CFPB, y los demócratas sostienen que Trump busca claramente con este nombramiento quitar poder e independencia a la entidad. El director interino de Trump anunció inmediatamente haber ordenado congelar cualquier proceso de contratación durante 30 días y retrasar la emisión de normativas mientras revisa las prácticas de la oficina y se asegura de que "protege a la gente sin pisotear el capitalismo".
La Casa Blanca defendió la autoridad legal de Trump para nombrar a un director interino para la CFPB, amparada en la Ley Federal de Vacantes de 1998, hasta que el Senado confirme a un nuevo jefe.
Frente a ello, English interpuso una demanda el domingo por la noche ante la Corte del Distrito de Columbia, en la que pide que se bloquee el nombramiento de Mulvaney y que se declare que la ley Dodd-Frank de 2010 se encuentra por encima de la Ley Federal de Vacantes de 1998 que Trump usó para su nombramiento.
JCG (EFE, dpa)
 
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lunes, 20 de febrero de 2017

Regulación financiera: ¿cambio de rumbo? - FRANCISCO URÍA

TRIBUNA

Regulación financiera: ¿cambio de rumbo?

Se avecinan modificaciones en la regulación financiera norteamericana y quizá también a nivel global que pueden afectar a la capacidad competitiva de los bancos europeos

Edificio de la Bolsa, en el corazón de Wall Street. 
Hace unos días, el nuevo presidente de Estados Unidos aprobó una Orden Ejecutiva en virtud de la cual se ordenaba la revisión de la regulación bancaria norteamericana (básicamente, la conocida Ley Dodd-Frank), de acuerdo con siete principios establecidos en la propia Orden.

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Paralelamente, el vicepresidente de la Comisión de Servicios Financieros del Congreso remitía una (sorprendente) carta dirigida a la presidenta de la Reserva Federal en la que le “instaba” a cesar todo intento de negociar estándares obligatorios gravosos para los negocios norteamericanos hasta que la nueva Administración hubiera designado a personas “que prioricen los mejores intereses de América”, que fue, a su vez, magníficamente contestada por la Presidenta de la Reserva Federal.
La capacidad del presidente de Estados Unidos para acometer los cambios que anuncia es limitada
Aunque estas actuaciones han causado cierta alarma, lo cierto es que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la Autoridad Bancaria Europea y la Comisión Europea habían anunciado, en distintos documentos que se habían hecho públicos con anterioridad, su intención de proceder a una revisión de la regulación financiera aprobada hasta el momento para valorar sus efectos agregados y sus consecuencias sobre la rentabilidad de las entidades financieras, su capacidad de prestar y, en última instancia, sobre el conjunto de la economía.
No se trataba, en estos últimos casos, de derogar una parte esencial de la regulación, sino de evaluar la redundancia y coherencia de requerimientos normativos aprobados de forma sucesiva y no siempre coordinada (la suma de los requerimientos prudenciales y de resolución constituyen un buen ejemplo al respecto).
A pesar de estos anuncios, y de la confesada preocupación de los supervisores por la limitada rentabilidad de los bancos, lo cierto es que estas iniciativas de “revisión” no han producido (que se sepa) ningún resultado efectivo y, por el contrario, los requerimientos regulatorios y supervisores no han dejado de aumentar.
Cierto endurecimiento de la regulación era imprescindible tras los problemas evidenciados por la crisis
Trump, en su peculiar estilo, ha abierto el debate en Estados Unidos, con posibles repercusiones en los estándares regulatorios internacionales ya aprobados o pendientes de aprobar (el cierre de Basilea III que estaba previsto, tras varios retrasos, a comienzos de este año).
En todo caso, la capacidad del presidente de Estados Unidos para acometer los cambios que anuncia es limitada. Se trata de legislación formalmente aprobada por las Cámaras norteamericanas que requeriría, para su derogación o modificación, de una mayoría con la que podría no contar.
Además, buena parte de la Ley Dodd-Frank tuvo su origen en la necesidad de incorporar al derecho norteamericano estándares internacionales (los Acuerdos de Basilea III) que, de no modificarse, seguirán estando ahí, y, no en menor medida, en responder a una fuerte demanda social en materia de protección de los inversores y clientes bancarios y de alejar la posibilidad de nuevos rescates bancarios financiados con fondos públicos. Esa demanda social y política no ha desaparecido y, de hecho, se refleja en la propia Orden Ejecutiva presidencial.
Por todo ello, no creemos que se avecine una derogación total de la nueva regulación, que sería políticamente inviable. No me cabe duda de que los propios bancos entienden que un cierto endurecimiento de la regulación era imprescindible tras los problemas evidenciados por la crisis.
Sin embargo, tan importantes como los cambios legislativos son las decisiones en materia de actividad y recursos de las agencias encargadas de su supervisión. Bastaría con no dedicar recursos suficientes a la supervisión del cumplimiento de una parte de la normativa Dodd-Frank para que ésta, sin necesidad de mayores cambios, sea menos eficaz, y este es un ámbito en el que la nueva Administración norteamericana puede tener mayor capacidad de movimiento.
Por todo ello, una vez expresada la voluntad política de la nueva Administración parece claro que, por una u otra vía, se avecinan cambios en la regulación financiera norteamericana y, quizá también a nivel global. Existe un claro riesgo de que esos cambios puedan terminar afectando a la capacidad competitiva de los bancos europeos por lo que deberá seguirse la evolución de los acontecimientos con la mayor atención. http://elpais.com/elpais/2017/02/16/opinion/1487270413_007005.html
FRANCISCO URÍA ES SOCIO PRINCIPAL DE KPMG ABOGADOS Y RESPONSABLE DEL SECTOR FINANCIERO.
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