Muchos de los crímenes que han sucedido en
las protestas opositoras de Venezuela son atribuidos a los colectivos, los grupos parapoliciales del chavismo. Según datos de la fiscalía, 26 personas habían muerto hasta el martes en esta oleada de protestas, que arrancó hace un mes.
Paola Ramírez presenció una salvaje intervención de motociclistas armados contra manifestantes en un barrio de San Cristóbal, la capital del Estado andino de Táchira, minutos antes de ser asesinada a balazos. “Ella me dijo: ‘¡Mamá, están disparando los colectivos!’. Me lo dijo por teléfono, asustada”, relató su madre, Darcy Gómez.
Ramírez murió el miércoles pasado, el día que las marchas callejeras contra el Gobierno de Nicolás Maduro arreciaron, y en muchos vídeos quedó registrada su agonía. Antes habían disparado en la cabeza a Carlos Moreno Barón, de 17 años, en Caracas. Los testigos reconocieron a pandillas seguidoras del chavismo como autores.
Pocos son los militantes de los colectivos encarcelados. “Cuatro muertes ocurridas en las protestas del mes de abril son achacadas a estos grupos, pero hasta ahora no hay detenciones”, afirma
Lexys Rendón, directora de la ONG Laboratorio de Paz. Por la muerte de Ramírez fue arrestado Iván Pernía, un hombre de 31 años, a quien el Gobierno vinculó en un principio con el partido político de María Corina Machado, Vente Venezuela. “¡Quiero que se haga justicia, pero una verdadera justicia! No creo que sea él (el hombre detenido por el delito), porque ella me dijo: ‘¡Mamá, están disparando los colectivos!”, insistió Gómez en el funeral de su hija.
Hace tres años que estas bandas salieron de sus trincheras, en el barrio 23 de Enero de Caracas, para colonizar otros territorios. Sus intervenciones armadas en las protestas de la oposición coincidieron con el declive de la popularidad de Maduro.
En 2014, el vicealmirante Pedro Manuel Pérez, entonces comandante de la Infantería Marina,
había advertido en varios comunicados a la ministra de Defensa, Carmen Meléndez, y al resto del alto mando militar sobre la presunta coordinación de un colectivo caraqueño con la policía venezolana para reprimir manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Su denuncia se había basado en los testimonios de un teniente y las investigaciones propias dentro de la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) de Venezuela. “Los colectivos mantienen no solo un control absoluto del territorio de su sector, sino que también poseen el monopolio de los recursos que el Estado entrega a las comunidades, lo cual les da un poder de influencia que le permite dominar a todos los miembros de la comunidad”, se afirma en el expediente.
Pero las acusaciones fueron desestimadas. El 5 de mayo de 2014, la ministra de Defensa ordenó el retiro del vicealmirante Pérez de la FANB y tres años después, la semana pasada, fue detenido en su casa en Caracas por agentes de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) por un presunto intento de derrocamiento de Maduro.
Los colectivos se autoproclaman organizaciones pacíficas y promotores de la revolución. Pero esta casta chavista ha mutado de agitadores en auténticos grupos parapoliciales.
Estos civiles armados actúan ahora de manera concertada con la policía en la represión de las manifestaciones opositoras. Rocío San Miguel, abogada de la ONG Control Ciudadano, condena que el Gobierno auspicie estas operaciones. “Permitir, amparar, propiciar las actividades de colectivos armados es delito, y esto viene ocurriendo de manera continuada, bajo la mirada complaciente de órganos del Estado que tienen el deber legal de actuar”, afirma.
Consignas
La ferocidad de estas organizaciones es extrema. San Miguel ha identificado los patrones de conducta de los grupos parapoliciales, que, además, revelan la “permisividad” del Estado venezolano. De estas bandas destaca su capacidad para imponer el terror en las comunidades. Los hombres de los colectivos exhiben su arsenal, circulan en motocicletas y, en ocasiones, cubren sus rostros para evitar ser identificados; siempre gritan consignas a favor del chavismo. “Actúan coordinadamente bajo mandos jerárquicos que imparten y reciben instrucciones. Usan métodos y medios violentos para atacar y dispersar manifestaciones de la oposición, vigilar comunidades, extorsionar pequeños comerciantes, agredir periodistas y líderes opositores. Se movilizan a sus anchas en la seguridad de no ser capturados y procesados legalmente por sus delitos”. http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/26/actualidad/1493159838_141130.html
