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miércoles, 25 de febrero de 2026

Innovar y formalizar: el verdadero “salto” que necesita la economía dominicana

Editorial | 

Innovar y formalizar: el verdadero “salto” que necesita la economía dominicana

Por: Luis Orlando Díaz Vólquez

La República Dominicana ha repetido durante décadas una misma consigna: crecer. Sin embargo, el desafío de esta etapa no es solo crecer, sino crecer mejor: con más productividad, mayor valor agregado, empleo formal y un tejido empresarial capaz de competir en cadenas globales. En ese contexto, la agenda planteada desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) —centrada en nuevos renglones económicos, innovación y apoyo directo a las mipymes— toca una fibra estratégica: la economía dominicana no puede sostener su futuro únicamente sobre actividades de baja sofisticación. [7dias.com.do], [diariolibre.com]

El punto de partida es tan contundente como incómodo. Se reconoce que las mipymes aportan una porción relevante del producto y del empleo, pero arrastran un lastre histórico: la informalidad. En lo reportado, se subraya que este sector representa 32 % del PIB y 61 % del empleo, y aun así la informalidad sigue frenando su acceso a crédito, protección legal, escalabilidad y productividad. El dato, más que estadístico, es un diagnóstico de país: donde la mayoría trabaja, pero una parte importante lo hace sin red, sin incentivos claros para formalizar y sin un Estado que simplifique el camino. [7dias.com.do], [diariolibre.com]

Por eso, la propuesta de formalización en 24 horas no debe leerse como un eslogan administrativo, sino como una apuesta económica. Reducir tiempos, costos y fricciones burocráticas puede ser el “gatillo” que mueva a miles de unidades productivas desde la sobrevivencia informal hacia la economía formal. Y si se hace bien, el efecto multiplicador podría sentirse en recaudación, bancarización, seguridad social y productividad. De acuerdo con lo publicado, ya se trabaja con la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo para diseñar ese mecanismo acelerado. La pregunta crucial es cómo se ejecuta: ¿será un proceso realmente digital y trazable, con requisitos mínimos, o solo un carril rápido que termina atorándose en la misma permisología de siempre? [7dias.com.do], [diariolibre.com]

Aquí aparece el segundo gran eje: simplificar la permisología para que sea “menos gravosa, menos difícil y menos corrupta”. En países donde la innovación despega, el permiso no es una carrera de obstáculos, sino una garantía de estándares. Cuando la tramitación se vuelve confusa o discrecional, se convierte en impuesto oculto y, peor aún, en incentivo a la informalidad. Lo reportado también plantea integrar datos de Impuestos Internos y Aduanas con los del MICM para monitorear irregularidades y actuar cuando corresponda. En teoría, esta interoperabilidad es clave: permite fiscalización inteligente y enfoque en riesgos, en lugar de persecución indiscriminada. En la práctica, exige gobernanza de datos, protección de privacidad, reglas claras y auditoría institucional, para que la modernización no termine convertida en arbitrariedad. [7dias.com.do], [diariolibre.com]

Ahora bien, formalizar sin innovar es apenas ordenar el tablero; no garantiza que el país suba de liga. Por eso, el tercer eje —impulsar renglones especializados como la industria de semiconductores— marca una conversación distinta: la del salto tecnológico. Según lo publicado, esta industria atrae empresas interesadas y se asocia a la formación de capital humano altamente calificado con salarios estimados entre US$5,000 y US$8,000 mensuales, contrastando con esquemas tradicionales de menor remuneración en segmentos “rudimentarios” de zonas francas. El atractivo es evidente: valor agregado, talento, productividad. El reto también: para competir en semiconductores no basta con voluntad; se requiere una política de formación técnica, inglés, certificaciones, energía confiable, logística, propiedad intelectual, encadenamientos locales y un entorno regulatorio tan competitivo como predecible. [7dias.com.do], [diariolibre.com]

El cuarto eje conecta competitividad con legalidad: combatir contrabando, falsificaciones y fraude fiscal. La formalización y la trazabilidad comercial no solo benefician al fisco; protegen al consumidor y al empresario que compite limpiamente. Lo reportado coloca este objetivo como parte de una estrategia mayor: menos informalidad, más control, más capacidad estatal para identificar operaciones irregulares. En un mercado donde la competencia desleal puede destruir años de inversión en semanas, la lucha contra la ilegalidad no es un tema policial: es una política industrial. [7dias.com.do], [diariolibre.com]

En paralelo, se plantea un componente territorial y geoeconómico: puertos secos en la zona fronteriza como centros obligatorios de recepción y despacho, para fortalecer comercio formal con Haití, reducir brechas de contrabando e impulsar zonas francas locales. La idea es pertinente: la frontera no puede ser solo línea de contención; debe ser también espacio de orden e intercambio regulado. Si los puertos secos se diseñan con tecnología, escaneo, trazabilidad y coordinación interagencial, podrían convertir un problema crónico (descontrol y comercio irregular) en una oportunidad logística (eficiencia y formalidad). Pero el éxito dependerá de su administración, transparencia y capacidad real de ejecución, porque no hay infraestructura que aguante si se reproduce la cultura de excepción. [7dias.com.do], [diariolibre.com]

Finalmente, la agenda no ocurre en el vacío. En lo publicado se menciona un “buen momento” en la relación con Estados Unidos y, al mismo tiempo, la incertidumbre por el contexto arancelario, incluido un giro tras un fallo judicial y una orden ejecutiva que impondría un arancel global de 15 %. Más allá del detalle coyuntural, el mensaje de fondo es claro: el mundo se está moviendo hacia mayor proteccionismo y reorganización de cadenas de suministro. Para un país abierto y exportador, la respuesta inteligente no es el lamento, sino la anticipación: diversificar mercados, subir valor agregado, cumplir estándares y convertir la logística en ventaja comparativa. [7dias.com.do], [diariolibre.com]

¿Qué debería medir el país para saber si esta agenda funciona? Tres cosas: (1) aumento sostenido de la formalización neta y reducción de tiempos reales de apertura; (2) crecimiento de productividad y exportaciones de mayor complejidad, con encadenamientos locales; y (3) caída verificable de contrabando y falsificación en rubros sensibles. Sin métricas, toda visión corre el riesgo de convertirse en narrativa. Con métricas, la visión se convierte en Estado.

La oportunidad está sobre la mesa: formalizar para incluir, innovar para competir, y especializarse para prosperar. La economía dominicana ya demostró que sabe crecer. Ahora toca demostrar que sabe transformarse. [7dias.com.do], [diariolibre.com]

Sobre el autor

 

Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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jueves, 2 de junio de 2022

Cooperativas “autoreguladas” por debilidad histórica en el Idecoop

 Cooperativas “autoreguladas” por debilidad histórica en el Idecoop

El FMI ha vuelto a reclamar a las autoridades monetarias que regulen al sector cooperativo, pero las autoridades tienen otros planes sobre las normativas operativas del sector

Esteban Delgado Por Esteban Delgado
 
 2 junio, 2022
 
en Finanzas
 
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La misión del FMI que vino al país en abril reiteró su pedido de regular a las cooperativas.

La misión del FMI que vino al país en abril reiteró su pedido de regular a las cooperativas.

Una vez más, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a reiterar en su informe de evaluación de la economía local, la necesidad de que las autoridades del Gobierno establezcan un mecanismo eficiente de regulación de las cooperativas dominicanas, tanto las que realizan actividades de intermediación financiera, como de las que realizan otras actividades con los ahorros de sus socios.

Y no es para menos, en República Dominicana hay actualmente 1,694 cooperativas, 828 de las cuales fueron aprobadas en un tiempo récord durante este año, por parte del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop).

El punto es que esas cooperativas, carentes de regulación oficial, tienen activos por RD$238,000 millones al cierre de 2021, muy cerca de los RD$266,712.2 millones de las asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP) que sí son reguladas por la autoridad monetaria, a través de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, y casi cinco veces más que los RD$51,557.7 millones en activos que tienen los bancos de ahorro y crédito (BAyC), que también están bajo regulación.

Pero las cooperativas, en cambio, siguen operando bajo un esquema de “autoregulación”, de acuerdo con lo expresado por el propio presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), Jorge Eligio Méndez, en declaraciones para elDinero en octubre de 2021. De ese tiempo acá, nada ha cambiado en la regulación.

Lo planteado por el FMI

En su más reciente informe de evaluación de la economía, el FMI vuelve a hacer una serie de recomendaciones a las autoridades monetarias y fiscales del Gobierno, entre las que se destaca la regulación del coopeativismo local.

“Reforzamiento de los marcos de política y de regulación. También será importante el avance en la mejora de los estándares de supervisión y regulación financiera y de los instrumentos macro-prudenciales y de gestión de crisis, así como el fortalecimiento del marco regulatorio para la supervisión de las cooperativas que realicen intermediación financiera”, indica el documento, sin que hasta ahora se haya avanzado.

Planes de antes y de ahora

Durante la gestión gubernamental pasada, la Junta Monetaria elaboró un proyecto de ley tendente a proponer que las cooperativas que realizan intermediación financiera pasen a ser reguladas por la Superintendencia de Bancos (SB).

En tanto que, las demás cooperativas serían reguladas por una Superintendencia, que para tales fines sería creada en sustitución del actual Idecoop. Sin embargo, los planes cambiaron y ahora lo que plantea el presidente administrador del Idecoop, Franco de los Santos, es un proyecto de ley para crear un departamento en esa institución, que se encargaría de la regulación de ese sector.

Recién el pasado 3 de mayo, la SB y el Idecoop firmaron un acuerdo para “apoyarse mutuamente”, como entes reguladores de instituciones que realizan intermediación financiera.

El pacto contempla el intercambio de información e investigación, a fin de trabajar temas vinculados, como el de la lucha contra el lavado de activos.

Acceso al sector bancario

Uno de los principales argumentos del sector cooperativo para negarse a ser regulado por la Ley Monetaria y Financiera (183-02) es que todas tienen cuentas en el sector financiero formal, por lo que el dinero que administran pasa por los bancos que son regulados.

Sin embargo, es precisamente esa condición de formalidad y reconocimiento de sus operaciones en los bancos, lo que ha abierto espacio para que algunas cooperativas puedan ser aprovechadas, directa o indirectamente, por entes interesados en lavar dinero ilícito.

Las cooperativas, al igual que los bancos, son sujetos obligados, una condición que la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo establece para entidades que transan grandes sumas de dinero y, de acuerdo con los montos, deben reportarlos a las autoridades competentes.

Pero como la regulación en las cooperativas es débil, pues el Idecoop solo se ocupa de comprobar sus estados financieros y no de dar seguimiento a los montos que transan durante sus operaciones cotidianas, es posible “colar” cantidades de procedencia dudosa.

Un experto financiero y asesor bancario que pidió reservas de su nombre explicó lo siguiente para elDinero: “Supongamos que una persona va a una cooperativa en cualquier pueblo del país y abre un certificado de RD$5 millones. La entidad recibe el monto y paga por esa cantidad una tasa de interés. Algo normal.

Luego, esa cooperativa va al banco donde tiene su cuenta y deposita ese dinero. En el banco no le van a preguntar la procedencia, porque la entidad que lo está depositando es confiable, maneja y transa dinero a diario, por lo que no es sospechosa y está debidamente formalizada como cooperativa. Luego, cuando se vence el certificado, el depositante pide retirar los RD$5 millones. Entonces, la cooperativa le emite un cheque por ese monto, cargado a su cuenta bancaria. El dueño del dinero va con el cheque al banco, donde posiblemente también tiene una cuenta, lo cambia y lo deposita en su cuenta y no recibe ningún cuestionamiento de parte de la entidad financiera, porque se trata de un cheque emitido por una entidad confiable como una cooperativa y el concepto es el vencimiento y saldo de un certificado. Ya ese dinero está completamente lavado, sin que se haya verificado, porque no era necesario para el banco, que su origen era ilícito. En tanto que a la cooperativa nadie le va a preguntar sobre esa transacción, pues “todo fue legal”.

Así como lo explica el experto, también se pueden registrar otras operaciones “legales”, a través de las cooperativas, aunque el dinero tenga procedencia dudosa y definitivamente ilícita. Aclara que aunque hay espacio para el lavado de activos, a través de esas entidades, no indica que lo hagan. Pero agrega que es difícil determinarlo, tomando en cuenta que son 1,694, con las 828 aprobadas hace un par de meses, a las que se agregarán otras 334 en proceso, según informó a elDinero el presidente administrador del Idecoop.

Activos dispersos

Entre las cooperativas más actualizadas en sus estados financieros están las 17 integradas en la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), las cuales publican sus estados financieros actualizados, independientemente de la regulación del Idecoop.

Al cierre de 2021, esas 17 cooperativas registran activos por RD$114,532.8 millones, monto que equivale al 48.1% del total de activos de las 1,694 cooperativas, según datos del Idecoop.

elDinero hizo un levantamiento de otras seis cooperativas, entre las pocas que han publicado sus estados financieros y juntas suman activos por 94,655.4 millones, que es el 39.7%. Lo anterior indica que 23 cooperativas enumeradas en esta entrega tienen el 87.8% del total de activos de ese sector de economía solidaria.

En tanto que, otras 1,671 cooperativas estarían administrando el restante 12.2%, un porcentaje que se ve poquito, pero en términos absolutos estarían administrando RD$28,811.8 millones, sin que se conozcan sus informes de estados financieros y algunas con informes atrasados de dos, tres y hasta cinco años.

Intermediación financiera

Tanto el FMI como el Banco Central dominicano han planteado que las cooperativas a ser reguladas por la Ley Monetaria son las que realizan actividades de intermediación financiera, mientras que las demás, especializadas en sectores profesionales o gremiales, se quedarían bajo la tutela de una Superintendencia de Cooperativas en sustitución del Idecoop.

Pero la propuesta de una Superintendencia está descalificada, a juzgar por las declaraciones del propio presidente administrador del Idecoop que plantea un proyecto de ley para crear un departamento de regulación en esa entidad y no su sustitución por una nueva institución.

Sin embargo, el propio Franco de los Santos reconoce que a su llegada al Idecoop había 251 cooperativas inactivas por atrasos en sus estados financieros. El punto es que estaban inactivas en los registros del Idecoop, pero seguían operando en sus respectivas demarcaciones, administrando los recursos de sus socios y sin regulación del ente oficial correspondiente.

Activos en el sector financiero

Los activos de las cooperativas, ascendentes a RD$238,000 millones al 2021, representan el 8.6% de los activos de todo el sistema financiero consolidado, que es de RD$2 billones 761,413.6 millones a esa fecha.

Aun así, los representantes del cooperativismo se definen como un sector autoregulado, amparado en las leyes 127-64, que crea a las cooperativas y la 31-63, que crea al Idecoop, entidad llamada a ser regulador oficial de su funcionamiento.

La cooperativa más grande es de los maestros

La Cooperativa Nacional de los Maestros (Coopnama) es la más grande en activos. El pasado mes de marzo su presidente, Octavio Bremón, encabezó el acto de celebración del 51 aniversario de la institución. En esa actividad informó que al cierre de 2021 los activos de Coopnama sumaron RD$58,922 millones y para enero de este año ya rondaban los RD$60,000 millones.

Los activos de esta cooperativa superan en un 14.3% los RD$51,557.7 millones que tienen en activos los bancos de ahorro y crédito del país y que sí son regulados por la Superintendencia de Bancos, a través de la Ley Monetaria y Financiera. De hecho, aunque es la cooperativa más grande del país y su presidente informó de sus operaciones, el informe de estados financieros de la institución no está colgado en su portal de internet.

Otras cooperativas con activos que superan los de muchos bancos múltiples son la San José con RD$22,334.7 millones, Maimón RD$19,166.2 millones, La Altagracia con RD$16,531.2 millones, MomoBueno RD$12,882.1 millones, Coopsano tiene RD$11,633,7 millones, la Central RD$10,280.4 millones y Coopmédica RD$10,047.8 mollones. Los montos son hasta el 2021, por lo que para los primeros meses de este año han aumentado.

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lunes, 12 de noviembre de 2018

La batalla de México para acabar con el dinero en efectivo

La batalla de México para acabar con el dinero en efectivo

Expertos de la banca y las empresas analizan los beneficios de potenciar las transacciones digitales en el foro No Money organizado por EL PAÍS y BBVA Bancomer en Ciudad de México

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México 
Juan Pardinas, director general de IMCO, Javier Moreno, director El PAÍS América y Nicolás Léon, Trade commissioner Ciudad de México de Business Sweden, durante el foro No Money.
Juan Pardinas, director general de IMCO, Javier Moreno, director El PAÍS América y Nicolás Léon, Trade commissioner Ciudad de México de Business Sweden, durante el foro No Money. 
Crimen organizado, corrupción y economía informal. Tres de los peores fantasmas de México que podrían atajarse mediante la reducción e, incluso, la desaparición total del dinero en efectivo. Sobre esta tesis central giró el foro No Money organizado por EL PAÍS, VISA y BBVA Bancomer este jueves en la sede de la entidad bancaria en la capital mexicana. Expertos de la banca, empresas e instituciones públicas analizaron el escenario actual y los pasos a seguir para potenciar las transacciones digitales.
“Un mundo sin efectivo es un mundo mejor”, defendió el director general de Desarrollo de Negocios de BBVA en México, Hugo Nájera, en la primera de las mesas. "Estamos buscando que los pagos sean invisibles", complementó Luz Adriana Ramírez, directora de VISA México. En la batalla por un futuro sin billetes ni monedas, abonada por los avances tecnológicos, México parte de una posición intermedia en la clasificación mundial. Frente a países punteros como Suecia, donde apenas el 1% de los pagos se siguen haciendo con efectivo, en el país norteamericano oscilan en torno al 30%. Las causas: poca atención de las políticas públicas, una baja bancarización y, en general, un ecosistema cultural y político con pocos incentivos para acabar con el dinero.
“La primera medida necesaria sería que el Gobierno en todas sus instancias dejara de utilizar efectivo para pagar nóminas, programas sociales o cualquier otro apartado”, apuntó Juan Pardinas, director general de Instituto Mexicano para la Competitividad. “Cuanto más efectivo –añadió–, menos trazabilidad de las operaciones, más opacidad y, por tanto, más corrupción”. ¿Cuántos días puede uno sobrevivir en México sin utilizar dinero? Esta provocadora pregunta retórica lanzada desde otro de los paneles puso encima de la mesa la complejidad del tejido social y económico del país. En México conviven las mayores empresas globales con una gigante bolsa de trabajadores precarios e invisibilizados. Seis de cada diez mexicanos viven de la economía informal. Una cifra que coincide casi exactamente con el 56% de la población que no tiene ni cuenta bancaria ni red financiera alguna. “La lucha contra el efectivo es también la lucha por la bancarización”, apuntó Nájera.
Más allá de las demandas del sector bancario mexicano para consolidar la implantación de las cuentas bancarias al asociarlas a una nómina o al pago de cuentas de electricidad o gas, también se escucharon voces autocríticas. “Hay un componente importante de seguridad e información. Sigue habiendo mucha gente que los pagos electrónicos los ven como una pesadilla”, apuntó la profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México y directora de México, ¿Cómo vamos?, Valeria Moy. Los farragosos trámites burocráticos y el laberinto de comisiones de las tarjetas bancarias estarían también detrás de la falta de incentivos en el mercado. “Como industria nos ha faltado comunicar mejor”, apuntó Arturo Luna, director Ejecutivo de Relaciones con Gobierno, México y Centroamérica de VISA, quien apuntó una reciente medida del Gobierno uruguayo: incentivos fiscales vía IVA para los usuarios que paguen a débito.
Otra de las voces más críticas la aportó María José Roa, investigadora del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, quien sostuvo que el mundo financiero enfrenta, ante todo, un problema de alcance dentro de la sociedad. "Se habla de beneficios para aquellos que ya estamos incluidos en el sistema, pero es una realidad que la mayor parte de la población esta excluida. Hay que hablar de herramientas para fomentar la inclusión financiera", manifestó. Impulsar la bancarización y el comercio en línea es importante no solo para la gente, sino también para las pequeñas y medianas empresas, defendió Alfonso Lomelí, director de Kichink, una plataforma mexicana de e-commerce, quien además señaló que en México las transacciones en línea representan solo el 1%, mientras que el promedio global es del 8%. 
“Tenemos que lograr que las transacciones digitales sean más fáciles para el que paga y más baratas para el que vende”, subrayó Nájera. México cuenta desde hace apenas un par de meses con una legislación específica para el entorno económico digital: la ley Fintech. “Se trata de una buena ley, porque obliga al registro y control de los emisores de criptomonedas”, señaló el comisario jefe y coordinador Unidad de Prevención de Delitos Electrónicos, Oliver González, quien subrayó también que el 60% de las denuncias que han recibido en lo que va de año están relacionadas con fraude e información maliciosa.
Las criptomonedas fueron un capítulo aparte. "Por lo menos 13 países al año entran en crisis. El valor de la moneda se desploma y la gente pierde el control sobre su dinero", señaló Felipe Vallejos, jefe de Regulación de Bitso, la mayor empresa de bitcoin de Latinoamérica. Muchos de los problemas del sistema financiero se resolverían, según él, si la gente usara la moneda virtual. "Las criptomonedas dan movilidad, son portables, tienen bajo costo, eliminan hasta el 90% de los intermediarios y el sistema en diez años no ha dejado de operar nunca", apuntó.

El futuro de la banca móvil

El futuro de la banca móvil y la penetración de esta en la vida de las nuevas generaciones también se puso a debate. A Daniel Granatta, consultor en innovación, le gusta pensar en posibles escenarios que van desde "bancos que se convierten en espacios de coworking" o situaciones donde "los millennialscambien influencia por comida", dijo provocando las risas del público, compuesto mayoritariamente por jóvenes.
En un tono más serio, Gustavo del Ángel, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, alertó sobre los cambios que traerá el fin del dinero en efectivo a las sociedades. "El uso del sistema financiero a través de los dispositivos digitales está redefiniendo la forma en que nos planteamos nuestra privacidad, el concepto de ciudadanía y nuestra relación con los otros", manifestó. En este sentido, Del Ángel aseguró que es necesario que los jóvenes comiencen a involucrarse en el tema para poder formar parte del sector que defina estos aspectos en el futuro. ttps://elpais.com/economia/2018/11/01/actualidad/1541098242_609864.html
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