La situación fiscal y sus impactos
| por Richard Medina | 05/11/2024 00:00
Con el retiro del proyecto de reforma fiscal, el Gobierno evitó una crisis social. La reforma planteada, además de que no fue conversada con prácticamente ningún sector, cargaba desproporcionalmente a la clase media y generaba fuertes desincentivos al ahorro. Asimismo, sin hacer público un análisis económico justificativo, eliminaba abruptamente los incentivos al turismo, industria local, construcción y zonas francas. No obstante, se mantienen los mismos problemas fiscales.
El proyecto de Presupuesto General del Estado de 2025 presenta un déficit fiscal del Gobierno Central de 3% del PIB. Para mantener esa cifra, se redujo el gasto de capital (inversión pública) en RD$20,000 millones, hasta 2.3% del PIB, la cifra más baja desde 1990. La reducción de la inversión se debe a que el Gobierno necesitaba acomodar el aumento de RD$34,679 millones en pago de intereses de la deuda, que en 2025 totalizarán 3.7% del PIB y equivaldrán a 24.1% de los ingresos corrientes estimados (entre los diez países con mayor carga de intereses del mundo). También, se hizo espacio para un aumento de RD$18,721 millones adicionales en pago de nómina para 2025.
Por el lado de los ingresos, se proyectan recaudaciones equivalentes a 15.3% del PIB para el Gobierno Central en 2025. Esto es menor al 16.5% del PIB de recaudaciones estimadas para 2024, entre otras razones porque ya no se contará con los ingresos extraordinarios del pago del canon de AERODOM y porque toca amortizar el pago de impuestos adelantados de 2023 y 2024.
Ante la situación descrita, se espera que el Gobierno modifique el proyecto de presupuesto de 2025 para hacerlo más realista: un aumento de gasto de capital de al menos 0.4% del PIB para cumplir con los proyectos de infraestructura anunciados para 2024-2025 y con la apropiación necesaria para las obras actualmente en construcción; y de 0.2% del PIB en gasto corriente para cumplir con compromisos adicionales de nómina y algunos subsidios. Esto empujaría el déficit fiscal hasta 3.6% del PIB en 2025.
Las consecuencias de la situación fiscal, sin embargo, se están empezando a sentir. La incertidumbre de la reforma fiscal hizo que diferentes agentes económicos pospusieran sus decisiones de inversión y consumo privados. Los casi cinco meses que pasaron entre las elecciones de mayo y hasta octubre de 2024, cuando se somete el proyecto de ley de reforma fiscal, generó inseguridad en diversos sectores económicos.
Los datos económicos comienzan a mostrar estas preocupaciones: el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) evidencia un crecimiento de 4.7% interanual en septiembre, inferior al 5.1% visto en enero-agosto de 2024; cuando se observan sectores específicos, la construcción y hoteles, bares y restaurantes tuvieron crecimientos cercanos a cero o ligeramente negativos en septiembre de 2024. Hay que esperar los datos de octubre de 2024 para ver si se mantienen las tendencias previamente mencionadas.
Adicionalmente, la indefinición tributaria dificultó el accionar del Banco Central. Por un lado, la posible modificación del impuesto a los intereses percibidos generó presiones innecesarias sobre el tipo de cambio que el Banco tuvo que manejar a través del mercado cambiario. Por otro lado, la reducción del crecimiento previamente descrita probablemente pese en las decisiones futuras de la autoridad monetaria para fomentar más crecimiento económico, vía más liquidez de mercado, poniendo en segundo plano otros objetivos de política.
A futuro, el Gobierno necesita hacer una reingeniería del gasto para aumentar su productividad y elevar el gasto de capital. Los bajos niveles de inversión pública observados afectarán el crecimiento presente y de largo plazo. De continuar el interés por la reforma fiscal, la misma debe ser ampliamente discutida y enfocarse en combatir la evasión.
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