martes, 21 de abril de 2026

Gobierno explica al Episcopado plan para enfrentar la crisis internacional | Prioriza mantener estable la canasta básica y el transporte mediante subsidios a combustibles y fertilizantes, y un monitoreo permanente de precios


Gobierno explica al Episcopado plan para enfrentar la crisis internacional
Prioriza mantener estable la canasta básica y el transporte mediante subsidios a combustibles y fertilizantes, y un monitoreo permanente de precios

Santo Domingo, R.D., 21 de abril de 2026.– La comisión gubernamental que coordina y consensua con distintos sectores nacionales el plan de respuesta del Gobierno ante la actual crisis internacional sostuvo este martes un encuentro con el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, a fin de exponer los ejes centrales de las medidas en ejecución y las acciones previstas según evolucione el contexto.

Durante la reunión, los representantes del Gobierno compartieron los principales lineamientos del plan orientado a proteger a la población, preservar la estabilidad económica y salvaguardar la producción nacional, al tiempo que reiteraron la disposición de mantener un diálogo abierto con los actores clave de la vida institucional del país.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, explicó que, como parte de las acciones destinadas a mitigar el impacto de la crisis sobre los hogares más vulnerables, el Gobierno ha destinado casi RD$10,000 millones en subsidios a los combustibles, con el objetivo de evitar presiones adicionales sobre la inflación y el costo de vida.

“La prioridad es mantener sin cambios la canasta básica y el transporte, mediante la asignación de subsidios a los combustibles y fertilizantes, junto con un monitoreo constante de los precios”, indicó el funcionario, al detallar que el Estado absorberá el mayor costo de estas medidas para reducir su impacto en la ciudadanía.
La comisión gubernamental estuvo integrada, además, por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, y el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud.

Por el Episcopado Dominicano participaron **monseñor Héctor Rodríguez**, presidente de la Conferencia; Jesús Castro, vicepresidente; Faustino Burgos, secretario general; así como Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís, y Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona, miembros del Consejo Permanente.

Con este encuentro, el Gobierno reconoció a la Iglesia católica como una voz de referencia y cercanía con la ciudadanía, especialmente en tiempos de incertidumbre, y subrayó la importancia de mantener canales de comunicación y coordinación con las instituciones que acompañan y orientan a la sociedad.
Sanz Lovatón precisó que el plan se sostiene sobre tres pilares: proteger el bolsillo de la gente frente a la inflación, preservar la producción y el empleo, y garantizar que el Estado asuma el mayor costo de las medidas de contención.

Asimismo, se contempla la reasignación de recursos hacia la protección social y el seguimiento estricto del tipo de cambio y las tasas con el propósito de preservar la estabilidad macroeconómica y contribuir a la estabilidad de precios.
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OPINIÓN 

Dialogar para proteger: el plan anticrisis y la responsabilidad de sostener lo esencial

Cuando una crisis internacional golpea, lo primero que se tensiona no es la retórica: es la mesa del hogar, el pasaje del concho, el costo del gas, el precio del pollo, la incertidumbre. En esos momentos, gobernar no se reduce a anunciar medidas; implica explicar, escuchar, corregir y sostener confianza. Por eso tiene valor institucional —y también social— que la comisión gubernamental encargada de coordinar la respuesta del Estado haya acudido al Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. En tiempos de ansiedad económica, la Iglesia católica continúa siendo un puente real con comunidades que no leen informes técnicos, pero sí sienten de inmediato el alza de un producto básico o el encarecimiento del transporte.

El encuentro no fue un gesto ceremonial. Fue un mensaje: el plan existe, está en ejecución y se está colocando bajo el escrutinio de actores que representan sensibilidad social y autoridad moral. En un país donde la percepción ciudadana suele oscilar entre la incredulidad y el agotamiento, la comunicación pública importa tanto como la medida misma. Explicar al Episcopado es, de forma indirecta, explicarle al país, porque la Iglesia escucha donde el Estado a veces no llega con suficiente rapidez o empatía.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, puso sobre la mesa el núcleo de la estrategia: evitar que el shock externo se convierta en inflación doméstica y pérdida de bienestar, especialmente entre los más vulnerables. La cifra no es menor: casi RD$10,000 millones en subsidios a los combustibles para contener presiones inflacionarias. A la vez, el plan apunta a mantener sin cambios —en la medida de lo posible— la canasta básica y el transporte, combinando subsidios a combustibles y fertilizantes con monitoreo constante de precios. Detrás de esa fórmula hay una idea central: proteger lo esencial, amortiguar lo inmediato.

Ahora bien, la eficacia de un subsidio no se mide por la foto del anuncio, sino por su capacidad de llegar donde duele, sin desbordar las finanzas públicas ni crear distorsiones que mañana se pagan más caras. El Estado, según se ha explicado, asumirá el mayor costo para reducir el impacto en la ciudadanía. Esa decisión puede ser socialmente acertada en el corto plazo —porque la gente no puede “esperar a que pase la tormenta” cuando vive al día—, pero exige disciplina técnica: focalización, evaluación y una ruta de salida. Los subsidios generalizados tienden a beneficiar también a quienes menos los necesitan; por eso, cuando el contexto lo permita, deben transitar hacia instrumentos más precisos que protejan al vulnerable sin subsidiar el exceso.

Los tres pilares anunciados —proteger el bolsillo frente a la inflación, preservar producción y empleo, y que el Estado absorba el mayor costo— dibujan un marco de estabilidad. Sin embargo, la estabilidad no se decreta: se gestiona. Preservar la producción y el empleo implica garantizar que el costo de insumos (energía, transporte, fertilizantes) no paralice el aparato productivo. Allí la política pública se juega en la cadena completa: desde el campo que requiere fertilizante hasta el colmado que repone mercancía, desde la logística hasta el crédito, desde el tipo de cambio hasta la competencia en mercados sensibles.

El Gobierno también ha mencionado la reasignación de recursos hacia la protección social y el seguimiento estricto del tipo de cambio y las tasas. Ese componente macroeconómico es crucial: si se pierde el ancla de expectativas —si la población percibe que el dólar se desordena o que el crédito se encarece sin control—, el costo de la vida sube por vías que ni los subsidios alcanzan a frenar. En consecuencia, el plan debe ser coherente, coordinado y transparente: un mismo rumbo entre política fiscal, monetaria, social y productiva.

Aquí entra el tema de la confianza. La ciudadanía suele apoyar las medidas cuando entiende el “para qué”, el “cómo” y el “hasta cuándo”. En crisis, la transparencia no es un lujo: es una herramienta anticíclica. Publicar de manera periódica los indicadores que justifican los subsidios (precio internacional, impacto fiscal, evolución de canasta y transporte), explicar criterios de selección y fortalecer observatorios de precios contribuye a que el sacrificio del Estado sea visto como inversión social y no como improvisación. Y cuando haya que ajustar —porque ninguna crisis se comporta igual todas las semanas—, hacerlo con datos y con honestidad reduce el costo político y el ruido social.

El diálogo con el Episcopado sugiere, además, una lectura sensata del momento: la crisis no es solo un problema económico, es un fenómeno social. Cuando se aprieta la canasta básica, aumenta el estrés familiar; cuando sube el transporte, cae la asistencia al trabajo y se resienten ingresos; cuando se encarece la producción, se amenaza el empleo. En ese contexto, la coordinación con instituciones con presencia territorial y legitimidad comunitaria puede ser un aliado para canalizar información, escuchar alertas tempranas y sostener cohesión.

Aun así, no basta con contener precios: hay que evitar que la economía se acostumbre a vivir en modo emergencia. La crisis debe acelerar reformas: mejorar eficiencia del gasto, fortalecer competencia y fiscalización en mercados donde aparecen especulaciones, reducir costos logísticos, impulsar productividad agrícola e industrial, y expandir mecanismos de apoyo social inteligentes (transferencias focalizadas, asistencia temporal vinculada a condiciones verificables). Mitigar es necesario; transformar es lo estratégico.

En síntesis, el Gobierno ha puesto sobre la mesa un plan que prioriza lo esencial: canasta básica, transporte, estabilidad de precios. Haberlo explicado al Episcopado es una señal de que se entiende el peso de la legitimidad social en la gestión económica. El siguiente paso —el más exigente— es sostener la consistencia técnica, la transparencia pública y la capacidad de ajustar sin perder el objetivo: que la crisis internacional no se convierta en crisis doméstica, y que la protección de hoy no hipoteque el mañana.

Luis Orlando Díaz Vólquez 
Ingeniero de Sistemas, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación

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