Sobre la Ley de Residuos Sólidos en República Dominicana
Un Enfoque Justo y de Ganar-Ganar para la Ley de Residuos Sólidos en República Dominicana
Que prime el enfoque colabotarivo.
El debate sobre la modificación de la Ley de Residuos Sólidos en República Dominicana presenta una oportunidad para encontrar un equilibrio que beneficie tanto al medio ambiente como a la economía del país. Con el objetivo de identificar un enfoque justo y de ganar-ganar, presentamos los argumentos de los proponentes de la ley y cómo contrastan con las preocupaciones de los industriales dominicanos:
Un Enfoque Justo y de Ganar-Ganar para la Ley de Residuos Sólidos en República Dominicana
Que prime el enfoque colabotarivo.
El debate sobre la modificación de la Ley de Residuos Sólidos en República Dominicana presenta una oportunidad para encontrar un equilibrio que beneficie tanto al medio ambiente como a la economía del país. Con el objetivo de identificar un enfoque justo y de ganar-ganar, presentamos los argumentos de los proponentes de la ley y cómo contrastan con las preocupaciones de los industriales dominicanos:
Argumentos de los Proponentes
Urgencia Ambiental: La ley es vista como una necesidad urgente para proteger el medio ambiente y promover una gestión sostenible de los residuos. La creciente población y los cambios en los patrones de consumo han incrementado la producción de desechos, haciendo imperativo un marco legislativo robusto.
Financiamiento Adecuado: Los proponentes sostienen que se requieren al menos 28,000 millones de pesos para la recolección y disposición adecuada de los residuos sólidos. La ley busca recaudar estos fondos mediante mecanismos establecidos, asegurando que se disponga de los recursos necesarios para una gestión efectiva.
Consenso Generalizado: Aunque reconocen algunas deficiencias formales, los proponentes afirman que el contenido fundamental de la ley ha recibido el respaldo de diversos sectores sociales. Esto incluye ajustes en artículos clave para mejorar la coherencia y efectividad de la gestión de residuos.
Beneficios a Largo Plazo: La ley apunta a establecer un ambiente sano y equilibrado, asegurando el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Los proponentes creen que, aunque la ley no es perfecta, contiene avances significativos y mejoras necesarias para la sostenibilidad ambiental.
Urgencia Ambiental: La ley es vista como una necesidad urgente para proteger el medio ambiente y promover una gestión sostenible de los residuos. La creciente población y los cambios en los patrones de consumo han incrementado la producción de desechos, haciendo imperativo un marco legislativo robusto.
Financiamiento Adecuado: Los proponentes sostienen que se requieren al menos 28,000 millones de pesos para la recolección y disposición adecuada de los residuos sólidos. La ley busca recaudar estos fondos mediante mecanismos establecidos, asegurando que se disponga de los recursos necesarios para una gestión efectiva.
Consenso Generalizado: Aunque reconocen algunas deficiencias formales, los proponentes afirman que el contenido fundamental de la ley ha recibido el respaldo de diversos sectores sociales. Esto incluye ajustes en artículos clave para mejorar la coherencia y efectividad de la gestión de residuos.
Beneficios a Largo Plazo: La ley apunta a establecer un ambiente sano y equilibrado, asegurando el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Los proponentes creen que, aunque la ley no es perfecta, contiene avances significativos y mejoras necesarias para la sostenibilidad ambiental.
Contraste con las Preocupaciones de los Industriales
Impacto Económico: Mientras los industriales ven el fideicomiso de 25,000 millones de pesos como una carga excesiva, los proponentes argumentan que estos fondos son necesarios para abordar la crisis de residuos y que el impacto económico es justificado por los beneficios ambientales y de salud pública.
Cargas Desproporcionadas: Los industriales consideran que los nuevos impuestos podrían llevar a dificultades financieras, pero los proponentes señalan que, aun duplicando o triplicando los aportes, el porcentaje sobre las ventas totales sería mínimo. Argumentan que las contribuciones son una pequeña cuota para solucionar un gran problema.
Falta de Consulta: Los industriales critican la falta de diálogo y consulta, mientras que los proponentes reconocen este error y están dispuestos a escuchar a todos los sectores involucrados para perfeccionar la ley. Sin embargo, enfatizan la urgencia de adoptar la ley para no retrasar la solución a la crisis de residuos.
Cifras Cuestionables: Los industriales cuestionan las cifras propuestas, pero los proponentes defienden que los recursos necesarios son mucho mayores de lo que se ha estimado previamente. Creen que una evaluación detallada y transparente es fundamental para la implementación efectiva de la ley.
Plazos y Metas Realistas: Los industriales piden plazos más realistas, mientras que los proponentes argumentan que los plazos establecidos son necesarios para acelerar la transición hacia prácticas más sostenibles. Reconocen la necesidad de apoyo y políticas de incentivo, pero mantienen que las metas son alcanzables con el compromiso adecuado.
Impacto Económico: Mientras los industriales ven el fideicomiso de 25,000 millones de pesos como una carga excesiva, los proponentes argumentan que estos fondos son necesarios para abordar la crisis de residuos y que el impacto económico es justificado por los beneficios ambientales y de salud pública.
Cargas Desproporcionadas: Los industriales consideran que los nuevos impuestos podrían llevar a dificultades financieras, pero los proponentes señalan que, aun duplicando o triplicando los aportes, el porcentaje sobre las ventas totales sería mínimo. Argumentan que las contribuciones son una pequeña cuota para solucionar un gran problema.
Falta de Consulta: Los industriales critican la falta de diálogo y consulta, mientras que los proponentes reconocen este error y están dispuestos a escuchar a todos los sectores involucrados para perfeccionar la ley. Sin embargo, enfatizan la urgencia de adoptar la ley para no retrasar la solución a la crisis de residuos.
Cifras Cuestionables: Los industriales cuestionan las cifras propuestas, pero los proponentes defienden que los recursos necesarios son mucho mayores de lo que se ha estimado previamente. Creen que una evaluación detallada y transparente es fundamental para la implementación efectiva de la ley.
Plazos y Metas Realistas: Los industriales piden plazos más realistas, mientras que los proponentes argumentan que los plazos establecidos son necesarios para acelerar la transición hacia prácticas más sostenibles. Reconocen la necesidad de apoyo y políticas de incentivo, pero mantienen que las metas son alcanzables con el compromiso adecuado.
Hacia un Enfoque de Ganar-Ganar
Para lograr un enfoque justo y de ganar-ganar, es esencial considerar los siguientes puntos:
Diálogo y Consulta: Establecer un canal de comunicación abierto y transparente entre el gobierno y el sector privado para asegurar que las preocupaciones de todos los actores sean escuchadas y consideradas.
Evaluación Transparente: Realizar una evaluación detallada y transparente de los costos y beneficios de la ley, asegurando que las cifras sean precisas y justificadas.
Cargas Proporcionales: Asegurar que las cargas fiscales sean proporcionales y justas, evitando imponer tributos desproporcionados que puedan afectar la viabilidad de las empresas.
Apoyo e Incentivos: Proporcionar el apoyo necesario y políticas de incentivo para ayudar a las empresas a cumplir con los objetivos de la ley, estableciendo plazos realistas y alcanzables.
Infraestructura Adecuada: Mejorar la infraestructura para la gestión de residuos, garantizando que los fondos existentes se usen con transparencia y eficiencia.
En conclusión, un enfoque colaborativo y equilibrado puede ayudar a asegurar que la Ley de Residuos Sólidos promueva la sostenibilidad ambiental sin imponer cargas desproporcionadas, beneficiando así a todos los dominicanos y asegurando un futuro sostenible para el país.
Ing. Luis Orlando Díaz Vólquez
(@GUASABARAeditor)
Para lograr un enfoque justo y de ganar-ganar, es esencial considerar los siguientes puntos:
Diálogo y Consulta: Establecer un canal de comunicación abierto y transparente entre el gobierno y el sector privado para asegurar que las preocupaciones de todos los actores sean escuchadas y consideradas.
Evaluación Transparente: Realizar una evaluación detallada y transparente de los costos y beneficios de la ley, asegurando que las cifras sean precisas y justificadas.
Cargas Proporcionales: Asegurar que las cargas fiscales sean proporcionales y justas, evitando imponer tributos desproporcionados que puedan afectar la viabilidad de las empresas.
Apoyo e Incentivos: Proporcionar el apoyo necesario y políticas de incentivo para ayudar a las empresas a cumplir con los objetivos de la ley, estableciendo plazos realistas y alcanzables.
Infraestructura Adecuada: Mejorar la infraestructura para la gestión de residuos, garantizando que los fondos existentes se usen con transparencia y eficiencia.
En conclusión, un enfoque colaborativo y equilibrado puede ayudar a asegurar que la Ley de Residuos Sólidos promueva la sostenibilidad ambiental sin imponer cargas desproporcionadas, beneficiando así a todos los dominicanos y asegurando un futuro sostenible para el país.
Ing. Luis Orlando Díaz Vólquez
(@GUASABARAeditor)
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