Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Meta RD 2036 no es una consigna ni un simple “plan de gobierno”: es una apuesta estatal explícita por acelerar el tránsito dominicano hacia el “desarrollo pleno”, con la ambición de duplicar el PIB real en un horizonte de 12 años, lo que supone sostener un crecimiento promedio cercano al 6% anual. Esa apuesta, además, se formaliza con un diseño institucional que importa: el Poder Ejecutivo creó la Comisión Meta RD 2036 mediante el Decreto 337‑24, con el propósito de identificar reformas y acciones necesarias para alcanzar la meta y articularlas con las estrategias nacionales vigentes. En un país donde los diagnósticos abundan, pero la ejecución suele ser el talón de Aquiles, el hecho de que el proyecto nazca con gobernanza, comités sectoriales y una Unidad de Gestión de Resultados para seguimiento y destrabe es una diferencia sustantiva frente a la tradición de planes que se anuncian bien y se implementan poco.
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| Luis Abinader, presidente de la República Dominicana |
El propio documento metodológico del programa ofrece una honestidad rara en la planificación pública: reconoce que, aunque República Dominicana ha crecido con vigor durante décadas, la productividad ha aportado relativamente poco al crecimiento agregado en comparación con la acumulación de capital físico y humano, y advierte sobre el riesgo de caer en la “trampa del ingreso medio” si no se emprenden reformas de segunda generación. En ese punto, Meta RD 2036 se presenta como un intento de reescribir el guion del desarrollo: pasar de un modelo que crece por inercia y por inversión a uno que crece por productividad, innovación, mejor capital humano y un Estado más eficaz. Esa narrativa se refuerza en los documentos operativos del plan, donde se describen comités por sectores (energía, logística, turismo, zonas francas, tecnología, agro, industria, MIPYMES, entre otros) y se listan iniciativas priorizadas para la primera fase, con una lógica de priorización y seguimiento.
Sin embargo, el debate serio sobre Meta RD 2036 no puede quedarse en metas macro o en catálogos de iniciativas. Debe incorporar una lectura sobre poder, subjetividad y orden global, porque el desarrollo contemporáneo ocurre en un ecosistema donde datos, plataformas e inteligencia artificial reconfiguran coordinación estatal, productividad, legitimidad y ciudadanía. En otras palabras, el desafío no es solo crecer más; es crecer mejor sin perder cohesión social, y hacerlo en un mundo que vive tensiones geopolíticas, volatilidad de mercados y una aceleración tecnológica que cambia la naturaleza del trabajo y de la política. Para esa lectura ampliada, resultan útiles cuatro lentes intelectuales que, bien articulados, convierten el debate en una brújula: Peter A. Prazmowski y su obsesión con la brecha entre planificación y ejecución; Byung‑Chul Han y su crítica de la psicopolítica del rendimiento; Yuval Noaḥ Harari y sus alertas sobre algoritmos, narrativas y “clases irrelevantes”; y Henry Kissinger y su lectura de la IA como fuerza que reconfigura conocimiento, seguridad y orden mundial.
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| Peter A. Prazmowski |
Prazmowski ha descrito Meta RD 2036 como una “plataforma dinámica permanente” de cocreación público‑privada orientada a priorizar acciones de alto impacto y resolver problemas históricos de desconfianza, coordinación y ejecución. En su presentación ante CEPAL, insistió en que la política productiva moderna debe cerrar la brecha entre planificación y ejecución, porque el crecimiento no ocurre solo por diseñar reformas, sino por destrabar y sostener su implementación en el tiempo. Ese enfoque es el corazón “duro” del plan: comités que permiten flujo de información, priorización, trazabilidad, retroalimentación y disciplina de seguimiento para evitar el cementerio de reformas. No es casual, por tanto, que el propio informe operativo advierta que el éxito dependerá de continuidad del liderazgo político, voluntad de implementación y monitoreo riguroso de resultados, es decir, de sostener la ejecución como cultura de Estado.
Pero si esa es la lógica de la ejecución, Byung‑Chul Han obliga a preguntarnos por el costo humano de la productividad cuando se transforma en religión social. En The Burnout Society, Han sostiene que la modernidad tardía mutó de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento, donde el individuo se autoexige, se autoexplota y termina agotado, deprimido o hiperdistraído, no por falta de libertad, sino por exceso de “positividad” y presión para producir. En Psychopolitics, profundiza: la tecnología y el Big Data abren formas de poder “amables”, capaces de dirigir conductas y emociones sin necesidad de coerción visible, convirtiendo la libertad percibida en una coacción interiorizada. Aplicado al Estado y a los planes de competitividad, el riesgo es evidente: que la narrativa del crecimiento y la eficiencia derive en una gobernanza por rendimiento que mida todo, acelere todo y olvide lo esencial, transformando el bienestar en una variable secundaria cuando debería ser el propósito central.
Ese es el punto donde Meta RD 2036 debe “blindarse” a sí misma: si la ciudadanía no percibe mejoras en la calidad de vida, el crecimiento puede ser real y, aun así, políticamente frágil. De hecho, las presentaciones oficiales y la comunicación institucional ya han incorporado metas de bienestar concretas para 2028 y 2036, como aumento de esperanza de vida, mejora de años efectivos de aprendizaje, reducción de pobreza multidimensional rural, incremento de formalidad laboral, reducción de vulnerabilidad climática y mejora de la efectividad del gobierno. En otras palabras, el plan no solo promete crecer: promete que ese crecimiento se traduzca en vida más larga, aprendizaje más efectivo, menos pobreza rural y un Estado más capaz. El reto, entonces, no es inventar bienestar, sino medirlo de forma creíble y periódica para que no se convierta en un “eslogan” dentro del plan.
Aquí conviene ser específicos: ¿cómo se medirá el bienestar en Meta RD 2036? Primero, por el propio set de objetivos transformadores ya divulgado, que funciona como una columna vertebral de resultados sociales (esperanza de vida, aprendizaje efectivo, pobreza multidimensional, formalidad, vulnerabilidad, efectividad del gobierno). Segundo, por la arquitectura de gobernanza y seguimiento que se ha descrito públicamente como un sistema que incluye instancias de coordinación, unidades de cumplimiento y evaluación del desempeño institucional, con la intención explícita de asegurar resultados medibles. Tercero, por la conveniencia estratégica de alinear el tablero nacional con marcos internacionales de bienestar “más allá del PIB”, como el Better Life Index de la OCDE, que compara bienestar en 11 dimensiones y permite evaluar calidad de vida, no solo crecimiento agregado. Si Meta RD 2036 aspira a estándares de economías desarrolladas, debe medir como miden las economías desarrolladas: no basta con “cuánto crecemos”; hay que responder “cómo se vive ese crecimiento” y “quiénes quedan fuera”.
Esa medición, además, tiene una función política saludable: reduce el espacio para la psicopolítica del rendimiento que denuncia Han, porque obliga al Estado a equilibrar productividad con bienestar, eficiencia con dignidad, y velocidad con confianza. Una Meta RD 2036 que publique un tablero de bienestar con metas, periodicidad, metodología y responsables, y que lo actualice con la disciplina con que se actualizan los indicadores macro, blindaría su legitimidad social y convertiría la rendición de cuentas en cultura. En esa dirección, el anclaje a instrumentos nacionales de planificación y evaluación también es clave, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1‑12) establece articulación de políticas públicas con objetivos y metas de largo plazo y refuerza la lógica de monitoreo, evaluación y continuidad.
La segunda dimensión que Meta RD 2036 debe blindar, si quiere ser realmente “transformadora”, es la educación. Y aquí la tesis es dura pero simple: sin educación de calidad, no existe salto a ingreso alto; existe, a lo sumo, un crecimiento que se agota o se vuelve desigual. El documento metodológico es explícito al destacar la brecha entre años de escolaridad y “años efectivos” de aprendizaje, y al colocar el capital humano como determinante central de la productividad, la inversión y la complejidad económica. Por eso no sorprende que, entre los objetivos priorizados, aparezca la meta de elevar los años efectivos de aprendizaje hacia 2036, además de iniciativas para alinear formación técnica y profesional con la demanda productiva.
La educación juega, entonces, tres papeles simultáneos en RD 2036. Primero, es el motor de productividad: sin habilidades, no hay sofisticación sectorial ni innovación, y el plan lo reconoce al ligar reformas de segunda generación con capital humano y adopción tecnológica. Segundo, es la política más potente de inclusión: en un país donde la informalidad y la desigualdad pueden persistir aun con crecimiento, la educación de calidad es el canal más estable para movilidad social. Tercero, es la política de seguridad social del siglo XXI: en la economía algorítmica que describe Harari, la falta de reconversión y adaptabilidad puede producir una “clase irrelevante” desplazada por automatización, y evitarlo exige capacidades para aprender a reaprender.
Aquí Harari aporta una advertencia que no deberíamos leer como ciencia ficción, sino como economía política: cuando algoritmos y automatización desplazan tareas y rediseñan mercados, el peligro no es solo el desempleo, sino la pérdida de agencia de sectores enteros que no pueden competir o adaptarse. Por eso, educación en Meta RD 2036 no puede ser solo cobertura escolar: debe ser capacidad adaptativa y digital, pensamiento crítico, alfabetización informacional y movilidad laboral. Y esto no es una abstracción: en balances recientes sobre avances del programa se destacó progreso en formación de capital humano alineado a demandas productivas mediante expansión de liceos técnicos y becas en áreas STEM, precisamente el tipo de acción que traduce visión en empleabilidad real.
Además, existe un instrumento nacional que debe convertirse en aliado estructural de Meta RD 2036: la Agenda Digital 2030, aprobada como estrategia de transformación digital hasta 2030, con ejes que incluyen “Educación y capacidades digitales”, “Gobierno digital” y “Ciberseguridad”, entre otros. La Agenda Digital 2030 define un camino hacia una sociedad digital abierta e inclusiva, y su diseño institucional contempla planes de acción y evaluaciones periódicas, lo cual puede servir como brazo operativo para el componente de capital humano y ciudadanía digital que Meta RD 2036 necesita. Si el país logra integrar ambas rutas —Meta RD 2036 como visión de productividad y desarrollo, y Agenda Digital 2030 como infraestructura de capacidades y transformación—, entonces la educación no solo alimentará el mercado laboral, sino también la calidad de la democracia en un entorno de desinformación y saturación de ruido, como advierte Harari.
La tercera dimensión que debe blindarse —y quizá la más estratégica en el nuevo orden global— es la soberanía digital democrática. Kissinger, junto a Schmidt y Huttenlocher, plantea que la IA es singular porque no solo automatiza tareas: reconfigura cómo entendemos el conocimiento, cómo se toman decisiones y cómo se organiza el poder, afectando seguridad y orden mundial. En términos nacionales, eso significa que la competitividad ya no se reduce a logística, energía o infraestructura física; incluye capacidad estatal para gobernar entornos digitales, proteger infraestructura crítica, gestionar riesgos de ciberamenazas y sostener confianza en servicios digitales.
¿Cómo se garantiza esa soberanía digital en el marco dominicano, y cómo debe conectarse con Meta RD 2036? La primera base es jurídica: República Dominicana cuenta con la Ley 172‑13 sobre protección de datos personales, que busca proteger integralmente datos en registros y bancos de datos y resguardar derechos fundamentales vinculados a intimidad, honor y control de la información. Sin un marco de protección de datos, el Estado digital se convierte en un riesgo para el ciudadano, y la modernización administrativa puede degenerar en desconfianza estructural. La segunda base es estratégica y de seguridad: el país aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030 mediante el Decreto 313‑22, orientada a fortalecer el marco nacional, crear entornos digitales seguros, confiables y resilientes, y proteger activos críticos de información del Estado con un enfoque de derechos. La tercera base es de gobernanza: la Agenda Digital 2030, aprobada por decreto, declara la transformación digital como política de Estado, con ejes de gobernanza, gobierno digital, educación/capacidades y ciberseguridad, y con instrumentos de seguimiento y evaluación.
Con esos cimientos, Meta RD 2036 tiene una obligación de coherencia: si el plan acelera simplificación de trámites, digitalización, interoperabilidad y eficiencia transaccional, entonces debe hacerlo bajo un marco explícito de soberanía digital que proteja datos, asegure ciberresiliencia y refuerce la confianza pública. Esa garantía no se logra con un párrafo; se logra con prácticas obligatorias: clasificación y minimización de datos, controles de acceso, auditoría y trazabilidad, protocolos de respuesta a incidentes, capacitación, y normas claras para sistemas digitales que procesen información sensible o que apoyen decisiones públicas. En suma, soberanía digital es un triángulo entre derechos (protección de datos), seguridad (ciberseguridad 2030) y capacidades (educación y ciudadanía digital), y las tres piezas están presentes en el marco dominicano: falta conectarlas orgánicamente a la ejecución de Meta RD 2036.
Hasta aquí, la pregunta inevitable es: ¿cómo evitar que Meta RD 2036 se convierta en otro gran relato y no en una política de Estado resistente? La respuesta vuelve a Prazmowski, pero ya no como teoría, sino como disciplina: trazabilidad pública, destrabe permanente, priorización dura y aprendizaje continuo. En la práctica, esto implica que el país debe ver un tablero claro de hitos: qué se hará, quién lo hará, cuándo se hará y cómo se medirá, con una rendición de cuentas que no dependa del ciclo electoral. Implica también que el Estado reconozca que el mundo no se quedará quieto: en el balance del Consejo de Ministros de marzo de 2026 se subrayó la preparación para choques externos y la necesidad de monitorear efectos de conflictos internacionales sobre energía y alimentos, recordándonos que la resiliencia macro y social es parte del desarrollo, no un “ruido” externo.
Por eso, la articulación con marcos de think tanks y organismos globales no es un adorno académico; es una herramienta práctica. Brookings, por ejemplo, trabaja el vínculo entre inequidad, sostenibilidad y prosperidad y produce herramientas accionables para políticas públicas, mientras ODI y CGD enfatizan riesgos globales, financiamiento del desarrollo y efectividad de políticas en contextos de shocks y restricciones fiscales. Asimismo, el PNUD insiste en gobernanza efectiva, centrada en las personas, y en la necesidad de sostener progreso humano en transiciones digitales sin dejar a nadie atrás. Meta RD 2036 debe absorber esa lección: si el plan solo persigue crecimiento, será vulnerable; si persigue crecimiento con inclusión, bienestar medible y soberanía digital, será resiliente.
De ahí que la propuesta de un tablero “más allá del PIB” no sea un ejercicio tecnocrático, sino la forma más sensata de sostener legitimidad. Meta RD 2036 ya tiene indicadores transformadores; el siguiente paso es convertirlos en un sistema integrado de medición y gestión pública, complementado con dimensiones de bienestar comparables internacionalmente. Ese tablero debería reflejar, como mínimo, crecimiento y productividad, empleo y formalidad, pobreza multidimensional, educación efectiva y capacidades digitales, salud y bienestar, confianza institucional, transformación digital del Estado, ciberseguridad y soberanía digital, infraestructura/logística, energía, resiliencia climática y cohesión territorial. Si un país mide con seriedad, gobierna con más seriedad; y si gobierna con más seriedad, el crecimiento deja de ser un evento y se convierte en trayectoria.
En definitiva, Meta RD 2036 es una oportunidad histórica porque combina ambición y diseño de ejecución. Pero también es una prueba de madurez nacional: una prueba de si podemos sostener un proyecto más allá de banderías, de si podemos ejecutar sin improvisar, y de si podemos crecer sin perdernos en el intento, es decir, sin sacrificar bienestar, cohesión y libertad en el altar del rendimiento. Si Meta RD 2036 logra convertir la productividad en bienestar medible, la educación en movilidad real y la digitalización en soberanía democrática, entonces no solo duplicará el PIB: duplicará la confianza del país en su futuro. Si no lo logra, quedará como otro capítulo de aspiraciones bien redactadas y resultados insuficientes, algo que República Dominicana ya no puede permitirse.
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Ingeniero de Sistemas de Computadora · Escritor y editor bibliográfico · Productor de medios de comunicación #GuasabaraEditor | @LuisOrlandoDia1 |
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Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Meta RD 2036 no es una consigna ni un simple “plan de gobierno”: es una apuesta estatal explícita por acelerar el tránsito dominicano hacia el “desarrollo pleno”, con la ambición de duplicar el PIB real en 12 años, lo que supone sostener un crecimiento promedio cercano al 6% anual. Esa ambición se formaliza con un diseño institucional que importa: el Poder Ejecutivo creó la Comisión Meta RD 2036 mediante el Decreto 337‑24 para identificar reformas y acciones necesarias, articularlas con las estrategias nacionales y sostener su ejecución en el tiempo.
En un país donde los diagnósticos abundan, pero la ejecución suele ser el talón de Aquiles, el hecho de que el proyecto nazca con gobernanza, comités sectoriales y una Unidad de Gestión de Resultados para seguimiento y destrabe marca una diferencia real frente a la tradición de planes que se anuncian bien y se implementan poco. No se trata solo de “tener ideas”, sino de convertirlas en decisiones, hitos, plazos, responsables y resultados verificables. Esa lógica aparece con claridad en los documentos operativos del plan, donde se describe una estructura de comités por sectores y una ruta de priorización para la primera fase.
El documento metodológico de Meta RD 2036 ofrece, además, una honestidad rara en la planificación pública: reconoce que, aunque República Dominicana ha crecido con vigor durante décadas, la productividad ha aportado relativamente poco al crecimiento agregado frente a la acumulación de capital físico y humano, y advierte sobre el riesgo de caer en la “trampa del ingreso medio” si no se emprenden reformas de segunda generación. En ese punto, el plan intenta reescribir el guion del desarrollo: pasar de un modelo que crece por inercia y por inversión a uno que crece por productividad, innovación, mejor capital humano y un Estado más eficaz.
Pero el debate serio sobre Meta RD 2036 no puede quedarse en metas macro o en catálogos de iniciativas. Debe incorporar una lectura sobre poder, subjetividad y orden global, porque el desarrollo contemporáneo ocurre en un ecosistema donde datos, plataformas e inteligencia artificial reconfiguran coordinación estatal, productividad, legitimidad y ciudadanía. El desafío no es solo crecer más; es crecer mejor sin perder cohesión social, y hacerlo en un mundo de tensiones geopolíticas, volatilidad de mercados y aceleración tecnológica que cambia la naturaleza del trabajo y de la política.
Para entender esa complejidad, resultan útiles cuatro lentes. Primero, Peter A. Prazmowski y su insistencia en la brecha entre planificación y ejecución. Meta RD 2036 se concibe como una “plataforma dinámica permanente” de cocreación público‑privada orientada a priorizar acciones de alto impacto y resolver problemas históricos de desconfianza, coordinación y ejecución. La idea es simple: el crecimiento no ocurre solo por diseñar reformas, sino por destrabarlas y sostener su implementación, con trazabilidad y aprendizaje continuo.
Segundo, Byung‑Chul Han obliga a preguntarnos por el costo humano cuando la productividad se convierte en religión social. Su crítica a la “sociedad del rendimiento” advierte que un sistema obsesionado con medirlo todo y acelerar todo puede producir agotamiento, autoexplotación y pérdida de sentido, especialmente en contextos de hiperconectividad y captura de datos. Trasladado a la política pública, el riesgo es que la narrativa de eficiencia derive en una gobernanza por rendimiento que vuelva el bienestar una variable secundaria, cuando debería ser el propósito central.
Por eso Meta RD 2036 debe blindarse: si la ciudadanía no percibe mejoras en la calidad de vida, el crecimiento puede ser real y aun así políticamente frágil. Aquí el plan tiene una oportunidad: su comunicación ya incorpora metas de bienestar concretas para 2028 y 2036 —esperanza de vida, años efectivos de aprendizaje, reducción de pobreza multidimensional rural, aumento de formalidad laboral, disminución de vulnerabilidad climática y mejora de la efectividad del gobierno—, es decir, promete que el crecimiento se traduzca en vida más larga, aprendizaje más efectivo, menos pobreza y un Estado más capaz. El reto no es inventar bienestar, sino medirlo de forma creíble, periódica y pública.
En ese punto, la medición del bienestar debe apoyarse en tres pilares. Primero, el set de objetivos transformadores ya divulgado, como columna vertebral de resultados sociales. Segundo, la arquitectura de seguimiento y evaluación del desempeño institucional descrita como parte de la gobernanza del plan. Tercero, la conveniencia estratégica de alinear el tablero nacional con marcos internacionales “más allá del PIB”, como el enfoque de bienestar multidimensional impulsado por la OCDE, que permite evaluar calidad de vida y no solo crecimiento agregado. Medir así obliga al Estado a equilibrar productividad con dignidad, velocidad con confianza, y eficiencia con cohesión.
La segunda dimensión que el plan debe blindar es la educación. Sin educación de calidad no existe salto a ingreso alto; existe, a lo sumo, un crecimiento que se agota o se vuelve desigual. Meta RD 2036 reconoce la brecha entre escolaridad y “años efectivos” de aprendizaje y coloca el capital humano como determinante central de productividad y complejidad económica. Por eso aparecen metas explícitas sobre aprendizaje efectivo y acciones orientadas a formación técnica alineada al mercado. En balances recientes de avances se ha destacado la expansión de liceos técnicos y becas en áreas STEM, un tipo de política que conecta visión con empleabilidad real en la economía que viene.
Aquí entra el tercer lente: Yuval Noaḥ Harari y sus alertas sobre algoritmos, narrativas y “clases irrelevantes”. Su advertencia no es ciencia ficción: si la automatización desplaza tareas y rediseña mercados, el peligro no es solo el desempleo, sino la pérdida de agencia de sectores enteros que no logran adaptarse. Por eso educación en RD 2036 no puede ser solo cobertura; debe ser capacidad adaptativa y digital, pensamiento crítico, alfabetización informacional y movilidad laboral. La Agenda Digital 2030, aprobada como estrategia nacional de transformación digital, ofrece un brazo operativo natural para esto al priorizar educación y capacidades digitales, gobierno digital y ciberseguridad. Integrar ambas rutas —Meta RD 2036 como visión productiva y Agenda Digital 2030 como infraestructura de capacidades— es una condición para que nadie quede fuera del salto.
La tercera dimensión, quizá la más estratégica en el nuevo orden global, es la soberanía digital democrática. Henry Kissinger, junto a Schmidt y Huttenlocher, advierte que la IA no solo automatiza tareas: reconfigura cómo se produce conocimiento, cómo se toman decisiones y cómo se organiza el poder. En términos nacionales, eso significa que la competitividad ya no se reduce a logística o energía; incluye capacidad estatal para gobernar entornos digitales, proteger infraestructura crítica y sostener confianza en servicios digitales.
El marco dominicano ya tiene tres bases para esa soberanía. La primera es jurídica: la Ley 172‑13 sobre protección de datos personales. La segunda es estratégica: la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030 aprobada por el Decreto 313‑22. La tercera es de gobernanza: la Agenda Digital 2030, que define ejes y evaluación para la transformación digital. Con esos cimientos, Meta RD 2036 tiene una obligación de coherencia: si acelera simplificación de trámites, digitalización e interoperabilidad, debe hacerlo bajo prácticas obligatorias de protección de datos, seguridad, auditoría, trazabilidad y respuesta a incidentes, para que la modernización incremente confianza y no sospecha.
En definitiva, Meta RD 2036 es una oportunidad histórica porque combina ambición con diseño de ejecución. Pero también es una prueba de madurez nacional: sostener un proyecto más allá de banderías, ejecutar sin improvisar y crecer sin perdernos en el intento. Si el plan convierte productividad en bienestar medible, educación en movilidad real y digitalización en soberanía democrática, entonces no solo duplicará el PIB: duplicará la confianza del país en su futuro. Si no lo logra, quedará como otro capítulo de aspiraciones bien redactadas y resultados insuficientes, algo que República Dominicana ya no puede permitirse.
Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasabaraEditor
Ingeniero de Sistemas de Computadora · Escritor y editor bibliográfico · Productor de medios de comunicación
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