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Responsabilidad institucional, crimen organizado y democracia: lectura académica del comunicado del PRM
Por LUIS ORLANDO DÍAZ VÓLQUEZ | 16 de octubre de 2025
Resumen. El comunicado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) del 16 de octubre de 2025 reafirma una política de tolerancia cero frente a conductas individuales vinculadas al narcotráfico y apela a la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública. Este artículo sostiene que dicha posición es consistente con el núcleo de la teoría democrática contemporánea sobre responsabilidad institucional, accountability horizontal y resiliencia del Estado de derecho. A partir de literatura especializada y de estudios recientes sobre la interacción entre crimen organizado y política en América Latina, se argumenta que la distinción entre desviaciones individuales y prestigio institucional sólo se sostiene cuando existen mecanismos internos y externos de control, transparencia en el financiamiento político y cooperación internacional. Se aportan ejemplos comparados (Honduras, México y Colombia) que muestran las consecuencias—positivas y negativas—de la respuesta estatal y partidaria frente a la infiltración criminal. [1][2][3][4]
Desarrollo: El comunicado del PRM—publicado el 16/10/2025—afirma que “ninguna conducta individual… podrá jamás colocarse por encima de la ley ni comprometer el prestigio institucional” y respalda la acción del Gobierno contra el narcotráfico sin “excepciones ni privilegios”. La nota aparece en el contexto informativo de una investigación que involucra a un exasesor honorífico y reivindica el compromiso del partido con la legalidad y la ética pública. Desde una perspectiva de ciencia política, la declaración distingue entre acto individual y responsabilidad colectiva de la organización, y apela a salvaguardas institucionales para proteger la reputación partidaria y la integridad del sistema democrático. [1]
Esta distinción está alineada con el marco de accountability horizontal de Guillermo O’Donnell, según el cual la democracia robusta requiere agencias con autoridad legal y capacidad fáctica para supervisar y sancionar ilícitos de otros organismos del Estado—y, por extensión, de actores conectados al sistema político—de modo que la desviación individual no se transforme en corrupción institucional. Donde la accountability es débil, la desviación se “derrama” hacia la estructura organizativa, erosionando confianza y legitimidad. [2]
Además, la literatura reciente en derecho público y criminología política subraya que la corrupción no es sólo la suma de actos individuales: puede adoptar formas estructurales (gran corrupción o captura del Estado) que entrelazan redes criminales con instituciones y partidos. Por ello, la reacción institucional debe ir más allá de separar “manzanas podridas” e incluir diseños que prevengan la infiltración sistemática. [4]
En el plano comparado, la investigación sobre política criminal (Luna & Feldmann) describe “zonas grises” donde interactúan actores estatales, políticos y organizaciones ilícitas. Estas intersecciones producen configuraciones de criminal politics que, si no se contrapesan con controles internos y cooperación internacional, distorsionan la competencia, el desarrollo y la confianza en la democracia. [2][3]
La percepción ciudadana responde de manera sensible a este deterioro. Monsiváis-Carrillo demuestra empíricamente, para México, que la corrupción persistente reduce el apoyo a la democracia como forma de gobierno, no sólo la confianza en autoridades específicas; es decir, tiene efectos “macro” sobre la legitimidad del régimen. Esto refuerza la necesidad de que los partidos actúen como barreras anticaptura y no como “vehículos” de redes ilícitas. [5]
Los estándares internacionales también respaldan la línea del comunicado. Sánchez Berzaín recuerda que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es una obligación global derivada de convenciones de 1961, 1971 y 1988, y de la Convención de 2000 contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Desde ese prisma, el compromiso partidario con la legalidad no es solo un imperativo ético; es parte de la arquitectura internacional del Estado de derecho. [6]
Evidencia comparada: lecciones para la responsabilidad institucional
Honduras. El caso de Juan Orlando Hernández ilustra el tránsito desde desviaciones individuales a captura institucional, y la relevancia de la cooperación judicial. La acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. detalla una conspiración de narcotráfico de larga data protegida mediante recursos estatales; su extradición y juicio en Nueva York muestran que, cuando los controles domésticos fallan, la cooperación internacional puede restituir accountability. La lección para los partidos es clara: blindar el financiamiento y el reclutamiento de élites evita que la “desviación” ascienda a la cúspide del poder. [7][8]
México. La literatura documenta la incidencia electoral del crimen organizado. El reporte Democracia vulnerada (México Evalúa–Data Cívica) y análisis académicos recientes muestran que ataques contra candidatos y autoridades reducen la participación, incrementan la sustitución de funcionarios de casilla y afectan la “limpieza” de los comicios. La violencia política-criminal no sigue siempre un patrón partidista; su lógica es instrumental y territorial, pero erosiona la competencia democrática. Estos hallazgos subrayan que los partidos deben complementar los códigos éticos con sistemas de debida diligencia, monitoreo territorial y cooperación con organismos electorales. [9][10][11]
Colombia. Transparencia por Colombia ha mapeado la relación simbiótica entre narcotráfico y corrupción, recomendando estrategias integrales de prevención de riesgos en políticas y entidades del sector justicia y seguridad. La evidencia comparada sugiere que, sin gobernanza de integridad—riesgos, trazabilidad del dinero, y controles en contratación y policía—, la presión criminal termina por colonizar nodos administrativos, con impactos directos en el Estado de derecho y en la percepción ciudadana de legitimidad. [12]
Los foros y debates recientes en Washington D. C. confirman el diagnóstico regional: líderes y analistas identifican al crimen organizado como amenaza principal para la democracia latinoamericana, y subrayan la necesidad de respuestas multinivel (partidos, gobiernos, cooperación internacional y sociedad civil). Ello incluye estándares de integridad dentro de los partidos gobernantes y de oposición. [13]
Discusión
A la luz de estos antecedentes, la tesis del PRM—separar nítidamente la conducta individual del prestigio institucional—es defendible solo si la organización activa un conjunto de mecanismos verificables: controles éticos ex ante (filtros de candidatos y asesores), auditoría independiente del financiamiento, reglas de conflicto de interés y coordinación con agencias de control. De lo contrario, el riesgo es que la “desviación individual” devenga corrupción significativa o incluso “captura” de espacios del partido y del Estado. La literatura sobre criminal politics muestra que la zona gris entre legalidad e ilegalidad se expande cuando las organizaciones políticas carecen de procedimientos y trazabilidad. [4][2]
Desde un punto de vista pedagógico e institucional, iniciativas como los módulos universitarios anticorrupción de UNODC (E4J) ofrecen marcos de formación para decisores y cuadros técnicos que ayudan a traducir el discurso ético en prácticas de gobernanza de integridad dentro de partidos y gobiernos. [14][15]
Conclusión
El comunicado del PRM se alinea con la mejor teoría y práctica comparada: afirmar principios de legalidad y ética pública es una condición necesaria para proteger la democracia frente a la infiltración criminal. No obstante, la evidencia regional indica que los enunciados deben complementarse con políticas partidarias y estatales medibles. En clave de responsabilidad institucional, una respuesta consistente incluiría: (a) procedimientos de screening y background checks de candidaturas y equipos de asesoría; (b) divulgación proactiva y auditoría independiente de financiamiento y patrimonio; (c) protocolos de debida diligencia y “conozca a su militante/financiador” en estructuras provinciales y municipales; (d) cooperación sistemática con agencias nacionales y socios internacionales (mutua asistencia, decomiso y extinción de dominio); y (e) programas de formación en integridad y cultura de legalidad para cuadros directivos. Allí donde tales mecanismos han fallado—como muestran los casos de Honduras y múltiples episodios locales en México—la desviación individual ha escalado a erosión institucional, con severos costos para la legitimidad democrática; donde se han implementado controles y cooperación—como evidencian experiencias sectoriales en Colombia—se observan mejores condiciones para contener la zona gris y sostener el prestigio institucional. En síntesis, separar conducta individual y prestigio partidario exige pruebas de gobernanza: solo con accountability horizontal robusta, trazabilidad financiera y cooperación transnacional es posible blindar a los partidos como garantes—y no vectores—de la democracia constitucional. [7][9][12]
Por LUIS ORLANDO DÍAZ VÓLQUEZ | 16 de octubre de 2026
Palabras clave. Democracia; Estado de derecho; accountability; crimen organizado; narcotráfico; partidos políticos; República Dominicana.
Referencias
- Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. (2009). Drogas y democracia: Hacia un cambio de paradigma. Global Commission on Drugs. https://globalcommissionondrugs.org [16]
- Departamento de Justicia de los Estados Unidos. (2022, 21 abril). Juan Orlando Hernández… extraditado a los Estados Unidos (traducción al español). https://2021-2025.state.gov/ [7]
- Farah, D. (2025, 9 octubre). Foro “Crimen organizado y democracia en América Latina”. Infobae. https://www.infobae.com/ [13]
- Galain Palermo, P., & Olasolo, H. (2023). Actos individuales desviados, corrupción significativa, gran corrupción, captura del Estado y corrupción institucional. Ius et Praxis, 29(3), 103–127. https://doi.org/10.4067/S0718-00122023000300103 [4]
- Hernández Gutiérrez, J. C., & López Rodríguez, G. (2024). Impacto del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. Revista Mexicana de Sociología, 86(4), 811–839. https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2024.4.62663 [11]
- Listín Diario. (2025, 16 octubre). PRM dice que conductas individuales vinculadas con el narcotráfico no comprometen su prestigio. https://listindiario.com/ [1]
- Luna, J. P., & Feldmann, A. E. (2023). Criminal Politics and Botched Development in Contemporary Latin America. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108955461 [3]
- México Evalúa; Data Cívica. (2024, 16 abril). Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México. https://www.mexicoevalua.org/ (véase PDF). [17][9]
- Monsiváis-Carrillo, A. (2020). Corrupción y legitimidad democrática en México. Revista Mexicana de Sociología, 82(3), 587–618. https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2020.3.58503 [5]
- O’Donnell, G. (2001). Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política. Isonomía, (14), 19–54. https://www.cervantesvirtual.com [2]
- Transparencia por Colombia. (2021). Lucha contra la corrupción y lucha contra el narcotráfico en Colombia: Análisis del fenómeno desde una perspectiva institucional y de política pública. https://transparenciacolombia.org.co/ (véase PDF). [12]
- UNODC (E4J). (s. f.). Módulos universitarios anticorrupción (folleto y materiales docentes). https://www.unodc.org/e4j/ [14][15]
References
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PRM dice que conductas individuales vinculadas con el narcotráfico no comprometen su prestigio
La DNCD informó que Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico para las zonas francas es investigado por la Administración de Control de Drogas
Santo Domingo, RD | 16/10/2025 12:22 | NARCOTRÁFICO
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó que ninguna conducta individual de vínculos con el narcotráfico podrá colocarse por encima de la ley, ni comprometer el prestigio de esa organización política.
A través de un comunicado de prensa, el PRM expresó su posición “firme y categórica” frente a manifestaciones vinculadas al narcotráfico u otras actividades ilícitas que atenten contra la ley, el Estado de derecho y los valores democráticos del país.
“El PRM ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública. Estos principios constituyen el núcleo de nuestra identidad institucional y el compromiso invariable que sostenemos con la nación dominicana”, cita el comunicado.
En ese sentido, manifestaron su respaldo a las acciones del Gobierno en la lucha contra el narcotráfico “orientada a fortalecer las instituciones, consolidar el imperio de la ley y garantizar que toda persona responda por sus actos ante la justicia, sin excepciones ni privilegios”.
Señalan que desde el oficialismo no tolerarán acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que los define como organización.
“Nuestro partido no tolera, ni tolerará, bajo ninguna circunstancia, acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que nos definen como una organización comprometida con la transparencia, la democracia y el bienestar del pueblo dominicano”, dice el citado comunicado.
Caso narcotráfico
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que Fabio Augusto Jorge-Puras, exasesor honorífico para las zonas francas es investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA), con relación a tráfico de sustancias ilícitas y hay una orden de arresto en su contra.
Según dichas investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre el año 2003 y 2019.
El empresario Jorge-Puras fue desvinculado de su posición mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego que las autoridades estadounidenses comunicaron de la investigación a la DNCD, bajo la firme decisión del Gobierno de que hay consecuencias para los que se apartan de los cánones legales.
En el caso también está vinculado Gaspar Antonio Polanco Virella, quien fue director de servicios públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional, en gestiones del hoy partido gobernante. También fue parte de la escolta de seguridad del expresidente Hipólito Mejía.
Lea el comunicado completo:
"COMUNICADO OFICIAL
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reafirma su posición firme, categórica e inquebrantable frente a toda manifestación vinculada al narcotráfico y cualquier otra actividad ilícita que atente contra la ley, el Estado de derecho y los valores democráticos de la República Dominicana.
El PRM ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública. Estos principios constituyen el núcleo de nuestra identidad institucional y el compromiso invariable que sostenemos con la nación dominicana.
Reconocemos y respaldamos la determinación del Gobierno dominicano en la lucha contra el narcotráfico, orientada a fortalecer las instituciones, consolidar el imperio de la ley y garantizar que toda persona responda por sus actos ante la justicia, sin excepciones ni privilegios.
Reafirmamos, con absoluta claridad, que ninguna conducta individual podrá jamás colocarse por encima de la ley ni comprometer el prestigio institucional del PRM.
Nuestro partido no tolera, ni tolerará, bajo ninguna circunstancia, acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que nos definen como una organización comprometida con la transparencia, la democracia y el bienestar del pueblo dominicano.
Dirección Ejecutiva
16 de octubre 2025".
https://listindiario.com/la-republica/20251016/prm-ninguna-conducta-narco-comprometera-prestigio-partido_878505.html
✅ El PRM reafirma su compromiso con la legalidad y la democracia
“Ninguna conducta individual podrá jamás colocarse por encima de la ley ni comprometer el prestigio institucional”.
La lucha contra el narcotráfico no es solo un deber legal, ¡es un compromiso ético con el pueblo dominicano! 🇩🇴
📌 Lecciones internacionales: Honduras, México y Colombia muestran que cuando los partidos fallan en blindar su integridad, la democracia paga el precio. El PRM apuesta por transparencia y responsabilidad institucional.
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