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Luis Abinaer, presidente de la República Dominicana
La soberanía no se improvisa: lo que Bruselas le recordó a Europa y lo que Santo Domingo ya está haciendo bien
/ Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La presión migratoria que soporta la República Dominicana —en gran medida asociada al colapso de la seguridad pública en Haití y al control territorial de bandas criminales— ha convertido la gestión migratoria en un asunto de Estado que rebasa coyunturas partidarias. En un país insular con frontera terrestre activa, cada vacío institucional se traduce en riesgos medibles: expansión de redes de tráfico, informalidad laboral, tensión sobre servicios sanitarios y educativos, y deterioro de la confianza ciudadana en el cumplimiento de la ley. En esa perspectiva, el reciente choque entre la Comisión Europea y el Gobierno español por una regularización amplia ofrece una enseñanza comparada valiosa: incluso sistemas con alta capacidad administrativa temen el “efecto señal” que envían las amnistías migratorias masivas, especialmente cuando el marco general de política pública apunta en dirección contraria.
De acuerdo con Euronews (10 de febrero de 2026), la Comisión Europea expresó “serias reservas” ante el anuncio español de conceder estatus legal a alrededor de 500.000 personas en situación irregular, con un permiso de residencia por un año y derecho a trabajar, bajo criterios de entrada previa a finales de 2025 y requisitos mínimos de arraigo. Bruselas no discutió únicamente la legitimidad moral de ordenar una realidad existente; subrayó un problema de coherencia estratégica: una regularización de esa escala puede proyectar hacia fuera un mensaje distinto al que la UE intenta comunicar para disuadir la migración irregular, y puede generar externalidades en un espacio de libre circulación donde el estatus legal obtenido en un país incide en los demás.
La objeción comunitaria se entiende mejor a la luz del giro procedimental que vive Europa. El Consejo de la Unión Europea explica que el Pacto sobre Migración y Asilo, adoptado en mayo de 2024, busca gestionar llegadas de manera ordenada, armonizar reglas, hacer más eficientes los procedimientos y reducir desplazamientos secundarios. En diciembre de 2025, ese rumbo se reforzó con acuerdos sobre el concepto de “tercer país seguro” y una lista común de “países de origen seguros”, con el objetivo de acelerar tramitaciones y elevar la eficacia del sistema. Es decir: la UE está construyendo un mensaje institucional de disuasión y control, mientras cuestiona decisiones que puedan neutralizarlo. Esa coherencia —más allá del debate ético— es el punto duro de la crítica.
¿Por qué esto importa a la República Dominicana? Porque la política migratoria es, ante todo, una arquitectura de incentivos. Cuando un Estado transmite que la irregularidad puede transformarse en un atajo hacia la legalidad, aumenta el atractivo del cruce irregular y se encarece el costo político y administrativo del control. Esa es la preocupación que Euronews recoge de fuentes comunitarias: una regularización masiva, en plena estrategia europea de endurecimiento, puede enviar un “mensaje diferente” a redes y migrantes respecto a los riesgos reales de entrar fuera de regla. En una frontera como la dominicana —donde la presión es cotidiana y los márgenes fiscales son estrechos— esa lógica se vuelve más determinante: la señal equivocada se multiplica por la proximidad geográfica, la informalidad del mercado de trabajo y la vulnerabilidad de quienes migran.
En el plano interno, la defensa de la soberanía dominicana no descansa solo en patrullajes; descansa en la seguridad jurídica del registro y la identidad, que son la frontera administrativa del Estado. La Sentencia TC/0168/13, publicada por el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre de 2013, se ubica precisamente en ese núcleo: aborda la nacionalidad como vínculo jurídico, sociológico y político; reafirma la potestad del Congreso para reglamentar cuestiones migratorias; y desarrolla elementos relativos al registro civil, la verificación documental y la competencia estatal para decidir sobre actos del estado civil en contextos de controversia. En términos institucionales, su valor para el debate soberano es claro: un Estado que no protege la integridad del registro y la identificación pierde capacidad de planificar derechos, deberes y políticas públicas, y abre espacios para el fraude, la suplantación y la expansión de economías ilegales.
Ahora bien, la soberanía no se afirma solo con doctrina constitucional; se sostiene con capacidad estatal y medidas operativas verificables. En abril de 2025, el Gobierno dominicano, presidido por el presidente Luis Abinader Corona, anunció un paquete de quince medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis haitiana, decisiones orientadas a reforzar el control migratorio, reorganizar el despliegue fronterizo, acelerar infraestructura y endurecer sanciones contra el tráfico y la facilitación de la irregularidad. Allí se incluyeron medidas de reorganización de brigadas fronterizas, incremento de personal militar, licitación para ampliar la verja perimetral, fortalecimiento institucional de la autoridad migratoria con nuevos agentes y oficinas provinciales, y reformas para sancionar a quienes faciliten el ingreso irregular —incluidos funcionarios y reincidentes— y a quienes se beneficien económicamente de la irregularidad.
Lo relevante es reconocer el avance comprobable de las medidas oficiales: la política se tradujo en implementación. A los 44 días del anuncio, reportes periodísticos describieron una ampliación del despliegue con más de 11,000 efectivos en la frontera tras sumar 1,500 adicionales, así como el fortalecimiento de la vigilancia mediante drones y cámaras operadas desde centros de mando y unidades especializadas. También se inició la licitación para añadir trece kilómetros a los cincuenta y cuatro ya construidos en la verja perimetral.
En la misma línea, se documentó el aumento de las capacidades administrativas con la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios, la instalación de oficinas en distintas provincias y ajustes regulatorios para evitar que los mercados binacionales funcionen como vías de cruce irregular. A ello se suman la creación de instancias de seguimiento ciudadano y unidades de investigación para combatir el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.
Este es, en rigor, el tipo de “éxito” que se puede defender en un plano académico: la política pública dejó de ser declaración y se convirtió en un esquema de gobernanza con instrumentos, recursos, protocolos y coordinación. Un ejemplo especialmente sensible es el protocolo en hospitales públicos que exige identificación, carta de trabajo y prueba domiciliaria, aplicado desde abril de 2025 según reportes de prensa, con un enfoque que combina atención sanitaria con verificación migratoria y posteriores procedimientos de repatriación cuando corresponda. Se puede debatir su diseño y sus salvaguardas —y de hecho se ha debatido— pero como instrumento de política pública responde a la misma lógica europea: reducir el incentivo estructural de que la irregularidad opere sin costo administrativo.
Aquí aparece el vínculo más importante con la discusión europea: Bruselas cuestiona regularizaciones masivas porque desalinean el sistema de incentivos; la República Dominicana, en cambio, está construyendo una señal opuesta: que la permanencia y el acceso pleno a beneficios estatales requieren trazabilidad, documentación y cumplimiento de reglas, sin dejar de atender urgencias humanas. Esa coherencia no solo fortalece la soberanía; también reduce la discrecionalidad corrupta, porque cuando la regla es clara y el procedimiento es verificable, se estrecha el espacio para arreglos informales. Al mismo tiempo, el énfasis en sancionar facilitadores —funcionarios, redes y empleadores— reconoce un principio clave de la política migratoria moderna: la irregularidad no se reproduce solo por “oferta” (personas que cruzan) sino por “demanda” (trabajo y renta ilegal).
Queda, sin embargo, el desafío de consolidar el paquete en reformas legislativas duraderas, porque la soberanía no debe depender de ciclos de crisis. Y aquí conviene retomar la lección europea: el control funciona cuando es “sistémico”, no episódico. El Pacto europeo articula procedimientos fronterizos, gestión digital, criterios de asilo y retornos, precisamente para evitar que una pieza del sistema contradiga al resto. La República Dominicana debería profundizar su ruta con reformas que conviertan medidas administrativas en obligaciones legales estables: tipificación robusta del tráfico y la facilitación, sanciones efectivas al empleador reincidente, interoperabilidad de bases de datos para identificación y control de permanencia, y un procedimiento de retorno con garantías mínimas para preservar legitimidad estatal. Ese punto último es crucial: Europa enfrenta críticas por endurecer el asilo y por ampliar figuras como “tercer país seguro”; esas críticas muestran que el control sin garantías erosiona legitimidad y, con ella, sostenibilidad política.
En ese marco, la Sentencia TC/0168/13 debe leerse como un recordatorio de que la integridad del Estado también se juega en los papeles, en el registro, en la prueba y en la competencia institucional para verificar identidades y actos civiles. Y las quince medidas dominicanas deben leerse como el complemento operativo: más vigilancia, más capacidad administrativa, más coordinación y un intento explícito de atacar la economía política de la irregularidad, desde el control fronterizo hasta el empleo y los servicios.
La conclusión, entonces, es doble. Primero, la República Dominicana tiene razones legítimas —jurídicas e institucionales— para defender su soberanía migratoria: no solo por el contexto de seguridad regional, sino porque el control de identidad, registro y fronteras es condición de orden constitucional y de planificación pública, tal como reconoce la propia arquitectura de su jurisprudencia constitucional. Segundo, la experiencia europea confirma que las regularizaciones masivas, en ausencia de coherencia sistémica, pueden convertirse en incentivos de nuevas irregularidades; por eso, el camino más sostenible es el que ya se está reforzando: reglas claras, procedimientos verificables, fortalecimiento institucional y sanciones a facilitadores, con salvaguardas que preserven dignidad humana y debido proceso.
Si Europa, con sus recursos, teme el costo estratégico de una señal contradictoria, la República Dominicana —con frontera viva y presión constante— no puede permitirse incoherencias. La soberanía, en el siglo XXI, no es una consigna: es un sistema.
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Sobre el autor
Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.
Soberanía, orden migratorio y seguridad jurídica: lecciones del debate UE–España para la República Dominicana (con propuestas legislativas)
Resumen ejecutivo (Executive Summary)
El episodio UE–España muestra una tensión estructural: cuando un Estado pretende regularizar masivamente población en situación irregular, la autoridad supranacional teme incentivos a la migración irregular, “mensajes contradictorios” hacia el exterior y efectos sistémicos sobre un espacio de libre circulación. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
Según Euronews, la Comisión Europea manifestó reservas serias ante un plan que alcanzaría a ~500.000 personas, con permiso de residencia por un año y derecho a trabajar, alegando que no está en línea con el “espíritu” de la política migratoria de la UE y que podría facilitar desplazamientos dentro de Schengen (regla 90/180). [es.euronews.com], [catalunyapress.es]
Este rechazo se inserta en la tendencia europea a endurecer procedimientos de asilo, acelerar decisiones (incluida la noción de “tercer país seguro”) y elevar la eficacia de retornos, en el marco del Pacto de Migración y Asilo adoptado en 2024 y desarrollado en 2025. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
Para la República Dominicana, asediada por flujos irregulares desde Haití en crisis, la lección central es que la soberanía migratoria se fortalece con coherencia normativa, control fronterizo efectivo, registro civil e identidad robustos y mecanismos de retorno con debido proceso: evitar señales que “premien” la irregularidad reduce el “efecto llamada”. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
La Sentencia TC/0168/13 constituye un pilar doméstico para la seguridad jurídica del régimen de nacionalidad/registro y la potestad del Estado en la administración de los actos del estado civil, lo que conecta directamente con la integridad institucional frente a presiones migratorias. [tribunalco…nal.gob.do], [figueroala…sgroup.com]
Se proponen reformas legislativas concretas: (i) reforma integral a la Ley de Migración para crear una Agencia Nacional de Gestión Fronteriza con atribuciones claras; (ii) Registro Biométrico Migratorio; (iii) régimen de permisos laborales temporales sectoriales y retorno programado; (iv) sanciones escalonadas al empleador que contrate irregularidad; (v) procedimiento de retorno con garantías; (vi) ley de protección a víctimas de trata y tráfico en frontera; (vii) fortalecimiento del registro civil y verificación documental; y (viii) un mecanismo de coordinación interinstitucional permanente con métricas públicas. [consilium.europa.eu], [tribunalco…nal.gob.do]
Artículo de opinión (tono académico)
1. Introducción: migración irregular, capacidad estatal y soberanía en una isla fronteriza
La literatura comparada sobre políticas migratorias coincide en que los Estados enfrentan un doble imperativo: preservar la soberanía (control de acceso y permanencia en el territorio, integridad del registro e identidad) y garantizar estándares mínimos de derechos (debido proceso, protección de población vulnerable, no discriminación). Este equilibrio se vuelve más delicado cuando el país receptor comparte frontera con un vecino en crisis. En el caso dominicano, la intensificación de flujos irregulares desde Haití —afectado por violencia de bandas y deterioro del control estatal— incrementa presiones sobre servicios públicos, mercado laboral, seguridad y legitimidad institucional, haciendo del orden migratorio una condición de gobernabilidad. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
La coyuntura europea ofrece un “laboratorio” útil para extraer lecciones institucionales. El reciente cuestionamiento de la Comisión Europea a una regularización amplia anunciada por España muestra cómo los sistemas regionales temen que medidas nacionales, aunque persigan integración social o formalización laboral, produzcan externalidades: incentivos a la irregularidad y desplazamientos hacia otros territorios. Esta lógica es especialmente relevante para la República Dominicana, donde el margen fiscal y administrativo para absorber choques migratorios es más limitado que el de los Estados europeos. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
2. El caso España–UE: regularización de gran escala y objeción institucional
De acuerdo con Euronews (10/02/2026), España anunció un mecanismo de regularización para aproximadamente 500.000 inmigrantes irregulares, aplicable a quienes hubiesen entrado antes del 31 de diciembre de 2025, con requisitos como acreditar al menos cinco meses de residencia o haber solicitado asilo antes de finalizar 2025; el beneficio consistiría en un permiso de residencia de un año y derecho a trabajar. [es.euronews.com], [catalunyapress.es]
La Comisión Europea expresó “serias reservas” por la posible colisión con la política migratoria comunitaria vigente, advirtiendo que una regularización masiva puede transmitir un mensaje discordante con los esfuerzos europeos de disuasión de la migración irregular. La crítica se enmarca en el énfasis europeo actual por robustecer procedimientos, acelerar decisiones y reforzar retornos. Así, el caso no se reduce a una preferencia política doméstica, sino a la preocupación por la coherencia del sistema y sus señales hacia el exterior. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
3. ¿Por qué Bruselas lo objeta? Tres argumentos con valor comparado
(i) Coherencia disuasoria y “señales” hacia el exterior. Según funcionarios citados por Euronews, regularizar masivamente puede enviar un mensaje distinto al que la UE intenta comunicar para desalentar la migración irregular. En términos de teoría regulatoria, se trata del riesgo de “incentivo perverso”: si la irregularidad se percibe como antesala de estatus legal, crece la probabilidad de nuevas entradas fuera de regla. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
(ii) Externalidades territoriales (Schengen y desplazamientos secundarios). Bruselas también teme que, una vez regularizadas, las personas puedan circular bajo la regla Schengen (estancias cortas 90/180) y que algunos intenten establecerse en otros países, generando tensiones intraeuropeas. Esto convierte una medida nacional en un asunto regional: la libre circulación multiplica el impacto de cualquier regularización doméstica. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
(iii) Priorización europea de retornos y procedimientos fronterizos. El argumento institucional se refuerza porque el Pacto de Migración y Asilo de la UE busca procedimientos más uniformes y eficaces, incluyendo gestión fronteriza y mecanismos de solidaridad, con el objetivo de reducir presiones y desplazamientos. En paralelo, organizaciones de derechos humanos han advertido que la UE está endureciendo el asilo mediante figuras como “tercer país seguro” y listas de “países de origen seguros”, lo que confirma que la estrategia dominante es restrictiva/procedimental, no regularizadora. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
4. El marco UE: Pacto de Migración y Asilo, “tercer país seguro” y lista de “países de origen seguros”
El Consejo de la UE explica que el Pacto sobre Migración y Asilo (adoptado el 14 de mayo de 2024) pretende gestionar llegadas de modo más ordenado, armonizar procedimientos y reducir desplazamientos secundarios. En diciembre de 2025 se registraron acuerdos políticos clave: revisión del concepto de “tercer país seguro” y una primera lista a escala de la UE de “países de origen seguros”, apuntando a acelerar tramitaciones y aumentar la eficiencia. [consilium.europa.eu], [cde.ual.es]
La propuesta de listas comunes y procedimientos acelerados ha sido defendida por Bruselas como una manera de evitar acumulación de expedientes y tomar decisiones más rápidas; a la vez, ha sido criticada por organizaciones como Amnistía Internacional por el potencial debilitamiento de garantías del asilo y por ampliar supuestos de inadmisibilidad. Este contraste —eficiencia/retorno versus garantías— subraya un hecho: incluso en Europa, el debate se está resolviendo hacia la gobernanza del control, no hacia la normalización amplia por vía extraordinaria. [amnesty.org], [consilium.europa.eu]
5. Pertinencia para la República Dominicana: soberanía como capacidad administrativa (no solo discurso)
La pertinencia del caso europeo para la República Dominicana radica en la analogía institucional: un Estado con presiones migratorias intensas debe evitar medidas que, por su diseño, puedan estimular la irregularidad. Si la UE —con mayores capacidades fiscales, tecnológicas y de coordinación— teme que la regularización masiva produzca un mensaje contradictorio, la República Dominicana debería evaluar con mayor cautela cualquier señal doméstica que sea percibida como “premio” a la entrada irregular. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
Ahora bien, la soberanía migratoria no equivale a severidad indiscriminada. En términos académicos, se trata de construir un régimen de gobernanza: (a) reglas claras de entrada y permanencia; (b) trazabilidad documental; (c) control fronterizo; (d) inspección laboral; (e) retornos con debido proceso; y (f) protección a vulnerables. El aprendizaje europeo es que la política migratoria funciona como un “sistema”: cuando una pieza (p. ej., regularización amplia) contradice el objetivo disuasorio del conjunto, el sistema pierde credibilidad y capacidad de control. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
6. Sentencia TC/0168/13: seguridad jurídica del registro e integridad institucional
La Sentencia TC/0168/13 (23/09/2013), accesible en el portal del Tribunal Constitucional dominicano, se inserta en una línea que resalta la centralidad del registro civil, la verificación de actas y la competencia estatal para administrar identidad y documentación. En el plano conceptual, su relevancia para un enfoque pro-soberanía está en vincular nacionalidad/registro con seguridad jurídica: sin reglas verificables, la identidad se vuelve arbitraria; y si la identidad es arbitraria, el Estado pierde capacidad de planificar derechos y obligaciones. [tribunalco…nal.gob.do], [figueroala…sgroup.com]
Diversos análisis doctrinales reconocen que la sentencia generó debates intensos en materia de derechos y estándares internacionales, pero —desde una perspectiva institucional— su aporte al argumento de soberanía radica en la idea de que el Estado debe preservar la integridad del sistema registral y migratorio mediante procedimientos, controles y competencias. Esta dimensión es crucial en contextos de presión fronteriza: cuando los flujos irregulares aumentan, también aumentan los riesgos de informalidad documental, suplantación, trata y explotación, todo lo cual exige un aparato registral fuerte. [tribunalco…nal.gob.do], [do.vlex.com]
7. Propuestas legislativas concretas para fortalecer soberanía y orden migratorio (sin desproteger derechos)
A continuación se presenta un paquete propositivo con orientación legislativa. Su lógica es coherente con las lecciones del debate europeo: evitar señales contradictorias, elevar trazabilidad, fortalecer retornos y garantizar debido proceso. [consilium.europa.eu], [es.euronews.com]
7.1 Reforma integral de la Ley General de Migración (enfoque de gestión fronteriza y trazabilidad)
Proyecto de ley: “Ley de Gestión Integrada de Fronteras y Control Migratorio”. Contenido mínimo:
Creación de una Agencia Nacional de Gestión Integrada de Fronteras (ANGIF), con mando operativo y coordinación interinstitucional (Migración, Defensa, Aduanas, Policía, Cancillería).
Marco de interoperabilidad de bases de datos (migración–registro civil–seguridad–empleo), con auditoría y protección de datos.
Procedimientos fronterizos estandarizados (registro, verificación, derivación a protección/retorno).
Justificación comparada: el Pacto de la UE enfatiza procedimientos fronterizos y gestión ordenada; el caso España–UE demuestra que la coherencia sistémica es clave para no producir externalidades. [consilium.europa.eu], [es.euronews.com]
7.2 Ley de Registro Biométrico Migratorio y Control de Permanencia
Proyecto de ley: “Sistema Nacional de Identidad Migratoria (SNIM)”. Componentes:
Registro biométrico obligatorio (huellas/facial) para todo no nacional que solicite permiso, renovación o regularización individual.
Tarjeta migratoria con verificación digital (QR/firma), para reducir fraude documental.
Control de permanencia: alertas por vencimiento, salidas/entradas, y sanciones administrativas por sobreestadía.
Justificación: La UE avanza hacia gestión digital de fronteras y armonización de procedimientos; la integridad del registro es un eje resaltado por la institucionalidad dominicana y discusiones sobre verificación documental. [consilium.europa.eu], [tribunalco…nal.gob.do]
7.3 Régimen de Permisos Laborales Temporales Sectoriales (PLTS) con retorno programado
Proyecto de ley: “Ley de Movilidad Laboral Temporal y Retorno Asistido”. Diseño:
Permisos por sector (agro, construcción, servicios), con cupos anuales fijados por evidencia (déficits laborales).
Contrato previo, afiliación a seguridad social, y obligación de retorno al término.
Ventanilla única para empleadores, con inspección y verificación.
Justificación: Reduce informalidad, debilita redes de explotación y evita que la irregularidad sea la vía “normal” de acceso al trabajo; se alinea con la lógica europea de ordenar flujos y evitar incentivos a entradas irregulares. [consilium.europa.eu], [es.euronews.com]
7.4 Reforma de inspección laboral y sanciones al empleador por contratación irregular
Proyecto de ley: “Responsabilidad del Empleador y Formalización del Mercado de Trabajo”. Medidas:
Sanciones escalonadas: multa, cierre temporal, inhabilitación para contratar con el Estado.
Incentivos a formalización: reducción temporal de recargos si regulariza contratos y aporta a seguridad social.
Unidad especial de inspección en zonas de alta demanda de mano de obra.
Justificación: Sin control de demanda laboral, la política migratoria se vuelve ineficaz. En Europa, la preocupación por señales contradictorias incluye el mercado laboral como motor de irregularidad. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
7.5 Procedimiento de retorno con garantías (debido proceso) y cooperación
Proyecto de ley: “Ley de Procedimiento Administrativo de Retorno y Protección de Derechos”. Elementos:
Notificación, asistencia de traducción, verificación de identidad, y recurso administrativo breve.
Protocolos diferenciados para niñez, víctimas de trata, solicitantes de protección.
Cooperación consular y mecanismos de retorno asistido.
Justificación: El enfoque europeo refuerza retornos y procedimientos; la crítica de ONG recuerda que la eficiencia debe convivir con garantías mínimas. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
7.6 Ley de Protección Fronteriza contra Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes
Proyecto de ley: “Protección de Víctimas y Desmantelamiento de Redes”. Medidas:
Unidades mixtas (investigación–fiscalía) en puntos críticos.
Protección temporal y rutas seguras para víctimas (especialmente mujeres, niños).
Sanciones agravadas por participación de funcionarios o redes transnacionales.
Justificación: La irregularidad aumenta vulnerabilidad a redes criminales; la agenda europea de control y procedimientos fronterizos busca precisamente reducir la economía del tráfico, aunque sujeta a escrutinio de derechos. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
7.7 Fortalecimiento del Registro Civil, verificación documental y interoperabilidad
Proyecto de ley: “Integridad del Registro e Identidad Jurídica”. Contenido:
Digitalización certificada y auditoría permanente de actas.
Protocolos reforzados de declaración de nacimiento y verificación de identidad de declarantes.
Cruce de datos con el SNIM para evitar duplicidades y fraudes.
Justificación: La TC/0168/13 subraya la relevancia institucional de la verificación registral; la gobernanza migratoria requiere identidad confiable para planificar derechos/servicios y proteger integridad del Estado. [tribunalco…nal.gob.do], [figueroala…sgroup.com]
7.8 Consejo Nacional de Política Migratoria con métricas públicas (rendición de cuentas)
Proyecto de ley: “Consejo Nacional de Política Migratoria y Observatorio”. Funciones:
Publicar indicadores trimestrales y evaluación independiente.
Coordinar cooperación internacional y planes en frontera.
Justificación: La UE estructura su política migratoria en pactos, reglas y seguimiento; la transparencia reduce polarización y fortalece legitimidad del ejercicio soberano. [consilium.europa.eu], [es.euronews.com]
8. Discusión normativa: soberanía robusta con legitimidad (derechos, cohesión y seguridad)
La evidencia comparada sugiere que la “mano dura” sin institucionalidad produce resultados frágiles: aumenta corrupción, discrecionalidad y mercados informales. De ahí que un enfoque pro-soberanía, para ser sostenible, requiere legalidad procedimental: reglas estables, trazabilidad, sanciones coherentes y protección diferenciada a vulnerables. El debate europeo lo exhibe con claridad: mientras se fortalecen instrumentos de control y retorno, la sociedad civil exige que no se sacrifiquen garantías básicas. [amnesty.org], [consilium.europa.eu]
En el caso dominicano, además, la sostenibilidad política de la soberanía migratoria depende de su articulación con la seguridad jurídica de la identidad. El aporte institucional de la TC/0168/13 —en cuanto a la relevancia del registro, documentación y competencias— refuerza que la integridad del Estado no se preserva solo en la frontera física, sino también en la frontera administrativa: quién existe jurídicamente, cómo se documenta, y bajo qué controles. [tribunalco…nal.gob.do], [figueroala…sgroup.com]
9. Conclusión: la lección principal de Bruselas para Santo Domingo
El rechazo institucional de la Comisión Europea a una regularización masiva en España —en el contexto del endurecimiento procedimental del Pacto de Migración y Asilo— enseña una tesis central: las políticas migratorias deben ser coherentes con sus incentivos. Si un Estado transmite que la irregularidad puede convertirse en estatus legal por vía excepcional, corre el riesgo de debilitar la disuasión, aumentar flujos y tensionar su capacidad de gestión. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
Para la República Dominicana, sometida a presiones migratorias persistentes desde un vecino en crisis, la soberanía se defiende mejor como capacidad estatal efectiva: frontera con control, identidad con trazabilidad, mercado laboral formal, retornos con garantías y protección a vulnerables. Con ese enfoque, la Sentencia TC/0168/13 funciona como un punto de apoyo institucional para enfatizar que el orden migratorio y registral es parte de la integridad nacional. En suma: no se trata de negar humanidad; se trata de evitar que la irregularidad sustituya a la ley como puerta de entrada al estatus jurídico. [tribunalco…nal.gob.do], [es.euronews.com]
La decisión del Gobierno español de conceder un estatuto legal a cerca de medio millón de inmigrantes indocumentados ha suscitado una fuerte desaprobación en Bruselas, según funcionarios que hablaron con 'Euronews' bajo condición de anonimato.
La Comisión Europea tiene serias reservas sobre el anuncio del Gobierno español de que concederá un estatuto legal a unos 500.000 inmigrantes irregulares, según han declarado a 'Euronews' tres funcionarios de la UE, preocupados por la posibilidad de que entre en conflicto con la política actual de la Unión Europea.
La decisión se anunció a finales de enero y afecta a las personas que hayan entrado en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Para poder acogerse, los extranjeros indocumentados deben llevar viviendo en España al menos cinco meses, o haber pedido asilo antes de finales de 2025.
El nuevo decreto proporcionará a los beneficiarios un permiso de residencia de un año y el derecho a trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar de España, para reforzar el objetivo del Gobierno de "crecimiento económico y cohesión social", según declaró entonces la ministra de Migración, Elma Saiz, a la radiotelevisión pública española 'RTVE'. La medida del Gobierno de Pedro Sánchez ha suscitado la desaprobación de Bruselas.
"No está en línea con el espíritu de la Unión Europea en materia de migración", declaró a 'Euronews' uno de los responsables comunitarios. Otro señaló que una regularización masiva corre el riesgo de enviar un mensaje diferente al que la UE está comunicando actualmente fuera de Europa para disuadir de la migración irregular.
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Según fuentes de Bruselas, una de las principales preocupaciones se refiere a la posibilidad de que, con su nuevo estatuto, los inmigrantes regularizados puedan viajar por Europa un máximo de 90 días cada 180 días. Lo que preocupa es que esto pueda dar lugar a que algunos intenten fijar su residencia en otros países de la UE sin permiso.
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, intervendrá el martes por la tarde ante el Parlamento Europeo en un debate titulado 'La política española de regularización a gran escala y su impacto en el espacio Schengen y la política migratoria de la UE'. Preguntado por la decisión adoptada por España en enero, Brunner no emitió juicio alguno y dijo que se trata de una responsabilidad nacional.
La UE endurece su política migratoria
La decisión de España parece chocar con los intentos de la mayoría de los demás países europeos de reducir el acceso a la protección internacional de los extracomunitarios y aumentar el número de retornos a los países de origen.
La última legislación de la UE también pretende disuadir de la inmigración ilegal adoptando una política de asilo más estricta con la esperanza de aumentar la tasa de expulsión de inmigrantes irregulares.
El cambio del concepto de "tercer país seguro" amplía el abanico de circunstancias en las que una solicitud de asilo puede rechazarse por inadmisible, lo que permite a los Estados de la UE deportar a los solicitantes de asilo a terceros países con los que no tengan ningún vínculo.
La primera lista de "países de origen seguros" a efectos de asilo, que incluye a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de todos los países candidatos a la UE excepto Ucrania, agilizará el proceso de asilo, ya que las solicitudes de los inmigrantes nacionales de alguno de estos países se evaluarán en procedimientos acelerados.
Se espera que la Eurocámara apruebe definitivamente estos dos cambios legislativos el martes. Otra ley propuesta por la Comisión, denominada "reglamento de retorno", permitirá la deportación de inmigrantes irregulares a terceros países no relacionados con su origen siempre que tengan acuerdos bilaterales en vigor con países de la UE.
Una parte coherente del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, aprobado durante el mandato anterior y que ahora se está aplicando, se centra en los procedimientos fronterizos y su gestión digital, así como en la armonización de las mismas normas para todas las fronteras exteriores de Schengen.
Organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, Save the Children y Human Rights Watch, han condenado reiteradamente a la UE por reducir el acceso al asilo y desatender la protección de los derechos humanos en los procedimientos fronterizos.
Soberanía, orden migratorio y seguridad jurídica: lecciones del debate UE–España para la República Dominicana (con propuestas legislativas)
Resumen ejecutivo (Executive Summary)
El episodio UE–España muestra una tensión estructural: cuando un Estado pretende regularizar masivamente población en situación irregular, la autoridad supranacional teme incentivos a la migración irregular, “mensajes contradictorios” hacia el exterior y efectos sistémicos sobre un espacio de libre circulación. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
Según Euronews, la Comisión Europea manifestó reservas serias ante un plan que alcanzaría a ~500.000 personas, con permiso de residencia por un año y derecho a trabajar, alegando que no está en línea con el “espíritu” de la política migratoria de la UE y que podría facilitar desplazamientos dentro de Schengen (regla 90/180). [es.euronews.com], [catalunyapress.es]
Este rechazo se inserta en la tendencia europea a endurecer procedimientos de asilo, acelerar decisiones (incluida la noción de “tercer país seguro”) y elevar la eficacia de retornos, en el marco del Pacto de Migración y Asilo adoptado en 2024 y desarrollado en 2025. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
Para la República Dominicana, asediada por flujos irregulares desde Haití en crisis, la lección central es que la soberanía migratoria se fortalece con coherencia normativa, control fronterizo efectivo, registro civil e identidad robustos y mecanismos de retorno con debido proceso: evitar señales que “premien” la irregularidad reduce el “efecto llamada”. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
La Sentencia TC/0168/13 constituye un pilar doméstico para la seguridad jurídica del régimen de nacionalidad/registro y la potestad del Estado en la administración de los actos del estado civil, lo que conecta directamente con la integridad institucional frente a presiones migratorias. [tribunalco…nal.gob.do], [figueroala…sgroup.com]
Se proponen reformas legislativas concretas: (i) reforma integral a la Ley de Migración para crear una Agencia Nacional de Gestión Fronteriza con atribuciones claras; (ii) Registro Biométrico Migratorio; (iii) régimen de permisos laborales temporales sectoriales y retorno programado; (iv) sanciones escalonadas al empleador que contrate irregularidad; (v) procedimiento de retorno con garantías; (vi) ley de protección a víctimas de trata y tráfico en frontera; (vii) fortalecimiento del registro civil y verificación documental; y (viii) un mecanismo de coordinación interinstitucional permanente con métricas públicas. [consilium.europa.eu], [tribunalco…nal.gob.do]
Artículo de opinión (tono académico)
1. Introducción: migración irregular, capacidad estatal y soberanía en una isla fronteriza
La literatura comparada sobre políticas migratorias coincide en que los Estados enfrentan un doble imperativo: preservar la soberanía (control de acceso y permanencia en el territorio, integridad del registro e identidad) y garantizar estándares mínimos de derechos (debido proceso, protección de población vulnerable, no discriminación). Este equilibrio se vuelve más delicado cuando el país receptor comparte frontera con un vecino en crisis. En el caso dominicano, la intensificación de flujos irregulares desde Haití —afectado por violencia de bandas y deterioro del control estatal— incrementa presiones sobre servicios públicos, mercado laboral, seguridad y legitimidad institucional, haciendo del orden migratorio una condición de gobernabilidad. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
La coyuntura europea ofrece un “laboratorio” útil para extraer lecciones institucionales. El reciente cuestionamiento de la Comisión Europea a una regularización amplia anunciada por España muestra cómo los sistemas regionales temen que medidas nacionales, aunque persigan integración social o formalización laboral, produzcan externalidades: incentivos a la irregularidad y desplazamientos hacia otros territorios. Esta lógica es especialmente relevante para la República Dominicana, donde el margen fiscal y administrativo para absorber choques migratorios es más limitado que el de los Estados europeos. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
2. El caso España–UE: regularización de gran escala y objeción institucional
De acuerdo con Euronews (10/02/2026), España anunció un mecanismo de regularización para aproximadamente 500.000 inmigrantes irregulares, aplicable a quienes hubiesen entrado antes del 31 de diciembre de 2025, con requisitos como acreditar al menos cinco meses de residencia o haber solicitado asilo antes de finalizar 2025; el beneficio consistiría en un permiso de residencia de un año y derecho a trabajar. [es.euronews.com], [catalunyapress.es]
La Comisión Europea expresó “serias reservas” por la posible colisión con la política migratoria comunitaria vigente, advirtiendo que una regularización masiva puede transmitir un mensaje discordante con los esfuerzos europeos de disuasión de la migración irregular. La crítica se enmarca en el énfasis europeo actual por robustecer procedimientos, acelerar decisiones y reforzar retornos. Así, el caso no se reduce a una preferencia política doméstica, sino a la preocupación por la coherencia del sistema y sus señales hacia el exterior. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
3. ¿Por qué Bruselas lo objeta? Tres argumentos con valor comparado
(i) Coherencia disuasoria y “señales” hacia el exterior. Según funcionarios citados por Euronews, regularizar masivamente puede enviar un mensaje distinto al que la UE intenta comunicar para desalentar la migración irregular. En términos de teoría regulatoria, se trata del riesgo de “incentivo perverso”: si la irregularidad se percibe como antesala de estatus legal, crece la probabilidad de nuevas entradas fuera de regla. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
(ii) Externalidades territoriales (Schengen y desplazamientos secundarios). Bruselas también teme que, una vez regularizadas, las personas puedan circular bajo la regla Schengen (estancias cortas 90/180) y que algunos intenten establecerse en otros países, generando tensiones intraeuropeas. Esto convierte una medida nacional en un asunto regional: la libre circulación multiplica el impacto de cualquier regularización doméstica. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
(iii) Priorización europea de retornos y procedimientos fronterizos. El argumento institucional se refuerza porque el Pacto de Migración y Asilo de la UE busca procedimientos más uniformes y eficaces, incluyendo gestión fronteriza y mecanismos de solidaridad, con el objetivo de reducir presiones y desplazamientos. En paralelo, organizaciones de derechos humanos han advertido que la UE está endureciendo el asilo mediante figuras como “tercer país seguro” y listas de “países de origen seguros”, lo que confirma que la estrategia dominante es restrictiva/procedimental, no regularizadora. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
4. El marco UE: Pacto de Migración y Asilo, “tercer país seguro” y lista de “países de origen seguros”
El Consejo de la UE explica que el Pacto sobre Migración y Asilo (adoptado el 14 de mayo de 2024) pretende gestionar llegadas de modo más ordenado, armonizar procedimientos y reducir desplazamientos secundarios. En diciembre de 2025 se registraron acuerdos políticos clave: revisión del concepto de “tercer país seguro” y una primera lista a escala de la UE de “países de origen seguros”, apuntando a acelerar tramitaciones y aumentar la eficiencia. [consilium.europa.eu], [cde.ual.es]
La propuesta de listas comunes y procedimientos acelerados ha sido defendida por Bruselas como una manera de evitar acumulación de expedientes y tomar decisiones más rápidas; a la vez, ha sido criticada por organizaciones como Amnistía Internacional por el potencial debilitamiento de garantías del asilo y por ampliar supuestos de inadmisibilidad. Este contraste —eficiencia/retorno versus garantías— subraya un hecho: incluso en Europa, el debate se está resolviendo hacia la gobernanza del control, no hacia la normalización amplia por vía extraordinaria. [amnesty.org], [consilium.europa.eu]
5. Pertinencia para la República Dominicana: soberanía como capacidad administrativa (no solo discurso)
La pertinencia del caso europeo para la República Dominicana radica en la analogía institucional: un Estado con presiones migratorias intensas debe evitar medidas que, por su diseño, puedan estimular la irregularidad. Si la UE —con mayores capacidades fiscales, tecnológicas y de coordinación— teme que la regularización masiva produzca un mensaje contradictorio, la República Dominicana debería evaluar con mayor cautela cualquier señal doméstica que sea percibida como “premio” a la entrada irregular. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
Ahora bien, la soberanía migratoria no equivale a severidad indiscriminada. En términos académicos, se trata de construir un régimen de gobernanza: (a) reglas claras de entrada y permanencia; (b) trazabilidad documental; (c) control fronterizo; (d) inspección laboral; (e) retornos con debido proceso; y (f) protección a vulnerables. El aprendizaje europeo es que la política migratoria funciona como un “sistema”: cuando una pieza (p. ej., regularización amplia) contradice el objetivo disuasorio del conjunto, el sistema pierde credibilidad y capacidad de control. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
6. Sentencia TC/0168/13: seguridad jurídica del registro e integridad institucional
La Sentencia TC/0168/13 (23/09/2013), accesible en el portal del Tribunal Constitucional dominicano, se inserta en una línea que resalta la centralidad del registro civil, la verificación de actas y la competencia estatal para administrar identidad y documentación. En el plano conceptual, su relevancia para un enfoque pro-soberanía está en vincular nacionalidad/registro con seguridad jurídica: sin reglas verificables, la identidad se vuelve arbitraria; y si la identidad es arbitraria, el Estado pierde capacidad de planificar derechos y obligaciones. [tribunalco…nal.gob.do], [figueroala…sgroup.com]
Diversos análisis doctrinales reconocen que la sentencia generó debates intensos en materia de derechos y estándares internacionales, pero —desde una perspectiva institucional— su aporte al argumento de soberanía radica en la idea de que el Estado debe preservar la integridad del sistema registral y migratorio mediante procedimientos, controles y competencias. Esta dimensión es crucial en contextos de presión fronteriza: cuando los flujos irregulares aumentan, también aumentan los riesgos de informalidad documental, suplantación, trata y explotación, todo lo cual exige un aparato registral fuerte. [tribunalco…nal.gob.do], [do.vlex.com]
7. Propuestas legislativas concretas para fortalecer soberanía y orden migratorio (sin desproteger derechos)
A continuación se presenta un paquete propositivo con orientación legislativa. Su lógica es coherente con las lecciones del debate europeo: evitar señales contradictorias, elevar trazabilidad, fortalecer retornos y garantizar debido proceso. [consilium.europa.eu], [es.euronews.com]
7.1 Reforma integral de la Ley General de Migración (enfoque de gestión fronteriza y trazabilidad)
Proyecto de ley: “Ley de Gestión Integrada de Fronteras y Control Migratorio”. Contenido mínimo:
Creación de una Agencia Nacional de Gestión Integrada de Fronteras (ANGIF), con mando operativo y coordinación interinstitucional (Migración, Defensa, Aduanas, Policía, Cancillería).
Marco de interoperabilidad de bases de datos (migración–registro civil–seguridad–empleo), con auditoría y protección de datos.
Procedimientos fronterizos estandarizados (registro, verificación, derivación a protección/retorno).
Justificación comparada: el Pacto de la UE enfatiza procedimientos fronterizos y gestión ordenada; el caso España–UE demuestra que la coherencia sistémica es clave para no producir externalidades. [consilium.europa.eu], [es.euronews.com]
7.2 Ley de Registro Biométrico Migratorio y Control de Permanencia
Proyecto de ley: “Sistema Nacional de Identidad Migratoria (SNIM)”. Componentes:
Registro biométrico obligatorio (huellas/facial) para todo no nacional que solicite permiso, renovación o regularización individual.
Tarjeta migratoria con verificación digital (QR/firma), para reducir fraude documental.
Control de permanencia: alertas por vencimiento, salidas/entradas, y sanciones administrativas por sobreestadía.
Justificación: La UE avanza hacia gestión digital de fronteras y armonización de procedimientos; la integridad del registro es un eje resaltado por la institucionalidad dominicana y discusiones sobre verificación documental. [consilium.europa.eu], [tribunalco…nal.gob.do]
7.3 Régimen de Permisos Laborales Temporales Sectoriales (PLTS) con retorno programado
Proyecto de ley: “Ley de Movilidad Laboral Temporal y Retorno Asistido”. Diseño:
Permisos por sector (agro, construcción, servicios), con cupos anuales fijados por evidencia (déficits laborales).
Contrato previo, afiliación a seguridad social, y obligación de retorno al término.
Ventanilla única para empleadores, con inspección y verificación.
Justificación: Reduce informalidad, debilita redes de explotación y evita que la irregularidad sea la vía “normal” de acceso al trabajo; se alinea con la lógica europea de ordenar flujos y evitar incentivos a entradas irregulares. [consilium.europa.eu], [es.euronews.com]
7.4 Reforma de inspección laboral y sanciones al empleador por contratación irregular
Proyecto de ley: “Responsabilidad del Empleador y Formalización del Mercado de Trabajo”. Medidas:
Sanciones escalonadas: multa, cierre temporal, inhabilitación para contratar con el Estado.
Incentivos a formalización: reducción temporal de recargos si regulariza contratos y aporta a seguridad social.
Unidad especial de inspección en zonas de alta demanda de mano de obra.
Justificación: Sin control de demanda laboral, la política migratoria se vuelve ineficaz. En Europa, la preocupación por señales contradictorias incluye el mercado laboral como motor de irregularidad. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
7.5 Procedimiento de retorno con garantías (debido proceso) y cooperación
Proyecto de ley: “Ley de Procedimiento Administrativo de Retorno y Protección de Derechos”. Elementos:
Notificación, asistencia de traducción, verificación de identidad, y recurso administrativo breve.
Protocolos diferenciados para niñez, víctimas de trata, solicitantes de protección.
Cooperación consular y mecanismos de retorno asistido.
Justificación: El enfoque europeo refuerza retornos y procedimientos; la crítica de ONG recuerda que la eficiencia debe convivir con garantías mínimas. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
7.6 Ley de Protección Fronteriza contra Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes
Proyecto de ley: “Protección de Víctimas y Desmantelamiento de Redes”. Medidas:
Unidades mixtas (investigación–fiscalía) en puntos críticos.
Protección temporal y rutas seguras para víctimas (especialmente mujeres, niños).
Sanciones agravadas por participación de funcionarios o redes transnacionales.
Justificación: La irregularidad aumenta vulnerabilidad a redes criminales; la agenda europea de control y procedimientos fronterizos busca precisamente reducir la economía del tráfico, aunque sujeta a escrutinio de derechos. [consilium.europa.eu], [amnesty.org]
7.7 Fortalecimiento del Registro Civil, verificación documental y interoperabilidad
Proyecto de ley: “Integridad del Registro e Identidad Jurídica”. Contenido:
Digitalización certificada y auditoría permanente de actas.
Protocolos reforzados de declaración de nacimiento y verificación de identidad de declarantes.
Cruce de datos con el SNIM para evitar duplicidades y fraudes.
Justificación: La TC/0168/13 subraya la relevancia institucional de la verificación registral; la gobernanza migratoria requiere identidad confiable para planificar derechos/servicios y proteger integridad del Estado. [tribunalco…nal.gob.do], [figueroala…sgroup.com]
7.8 Consejo Nacional de Política Migratoria con métricas públicas (rendición de cuentas)
Proyecto de ley: “Consejo Nacional de Política Migratoria y Observatorio”. Funciones:
Publicar indicadores trimestrales y evaluación independiente.
Coordinar cooperación internacional y planes en frontera.
Justificación: La UE estructura su política migratoria en pactos, reglas y seguimiento; la transparencia reduce polarización y fortalece legitimidad del ejercicio soberano. [consilium.europa.eu], [es.euronews.com]
8. Discusión normativa: soberanía robusta con legitimidad (derechos, cohesión y seguridad)
La evidencia comparada sugiere que la “mano dura” sin institucionalidad produce resultados frágiles: aumenta corrupción, discrecionalidad y mercados informales. De ahí que un enfoque pro-soberanía, para ser sostenible, requiere legalidad procedimental: reglas estables, trazabilidad, sanciones coherentes y protección diferenciada a vulnerables. El debate europeo lo exhibe con claridad: mientras se fortalecen instrumentos de control y retorno, la sociedad civil exige que no se sacrifiquen garantías básicas. [amnesty.org], [consilium.europa.eu]
En el caso dominicano, además, la sostenibilidad política de la soberanía migratoria depende de su articulación con la seguridad jurídica de la identidad. El aporte institucional de la TC/0168/13 —en cuanto a la relevancia del registro, documentación y competencias— refuerza que la integridad del Estado no se preserva solo en la frontera física, sino también en la frontera administrativa: quién existe jurídicamente, cómo se documenta, y bajo qué controles. [tribunalco…nal.gob.do], [figueroala…sgroup.com]
9. Conclusión: la lección principal de Bruselas para Santo Domingo
El rechazo institucional de la Comisión Europea a una regularización masiva en España —en el contexto del endurecimiento procedimental del Pacto de Migración y Asilo— enseña una tesis central: las políticas migratorias deben ser coherentes con sus incentivos. Si un Estado transmite que la irregularidad puede convertirse en estatus legal por vía excepcional, corre el riesgo de debilitar la disuasión, aumentar flujos y tensionar su capacidad de gestión. [es.euronews.com], [consilium.europa.eu]
Para la República Dominicana, sometida a presiones migratorias persistentes desde un vecino en crisis, la soberanía se defiende mejor como capacidad estatal efectiva: frontera con control, identidad con trazabilidad, mercado laboral formal, retornos con garantías y protección a vulnerables. Con ese enfoque, la Sentencia TC/0168/13 funciona como un punto de apoyo institucional para enfatizar que el orden migratorio y registral es parte de la integridad nacional. En suma: no se trata de negar humanidad; se trata de evitar que la irregularidad sustituya a la ley como puerta de entrada al estatus jurídico. [tribunalco…nal.gob.do], [es.euronews.com]
