Tormenta Melissa: del socorro de emergencia a una política de Estado basada en riesgo
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La tormenta tropical Melissa expuso, una vez más, la vulnerabilidad estructural del territorio dominicano y la necesidad impostergable de pasar de respuestas reactivas a una gestión del riesgo basada en evidencia. Ello implica contar con mapas públicos y actualizados, alertas tempranas interoperables y regulaciones que protejan al comprador de vivienda y orienten la inversión pública.
Este artículo propone un paquete técnico–legislativo: un Sistema Nacional de Información de Riesgos (SNIR) con datos abiertos y geoservicios en tiempo real; la implementación plena de la Ley 368‑22 de Ordenamiento Territorial y la Ley 147‑02 de Gestión de Riesgos, articuladas con el derecho de acceso a la información (Ley 200‑04); y un esquema fiscal y financiero que combine la evaluación de daños y pérdidas (metodología CEPAL/DaLA) con coberturas paramétricas y fondos de contingencia.
El COE mantuvo 12 provincias en alerta roja por las lluvias asociadas a Melissa; además, más de un millón de personas quedaron sin servicio de agua potable debido a la salida de operación de decenas de acueductos, lo que evidencia la fragilidad de los servicios críticos ante precipitaciones persistentes. Los acumulados reportados por la autoridad meteorológica (Indomet/ONAMET) alcanzaron entre 170 y 180 mm en estaciones del Gran Santo Domingo en 24 horas, con proyecciones de 150 a 300 mm en el litoral sur. El mayor factor de peligro fue la lentitud del sistema (4 km/h), que prolongó la saturación de suelos y la recurrencia de inundaciones urbanas y deslizamientos. Entre el 21 y el 24 de octubre, las alertas y medidas preventivas confirmaron que, aunque la coordinación interinstitucional funciona, el país sigue operando en modo reacción cuando los acumulados pluviales superan la capacidad de drenaje y escorrentía, sobre todo en zonas urbanizadas sin criterios de resiliencia.
A este panorama se suma la gestión de presas y embalses. El Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE) juega un rol crucial en la seguridad hídrica y en la reducción de riesgos, pero la tormenta Melissa evidenció la vulnerabilidad de las comunidades que habitan en zonas de desfogue. Estas poblaciones, muchas veces asentadas sin planificación ni información adecuada, enfrentan riesgos desproporcionados cuando se realizan descargas preventivas o de emergencia. La Ley 368‑22 de Ordenamiento Territorial debe reglamentarse con rigor para impedir nuevos asentamientos en áreas de alto riesgo hidráulico y establecer planes de reasentamiento digno para quienes ya residen en esas zonas. La seguridad de las presas no puede desvincularse de la seguridad de las personas aguas abajo.
El Global Assessment Report 2022 (UNDRR) insiste en que el riesgo es sistémico y en cascada, y que los Estados deben transformar la gobernanza con información accesible y alertas tempranas para todos (EW4All antes de 2027). Esa orientación converge con los esfuerzos caribeños (CDEMA/UNDP/ECHO) para sistemas de alerta temprana multiamenaza centrados en la gente. México opera un Atlas Nacional de Riesgos de acceso abierto, con visor geográfico, capas WMS/WFS y conjuntos de datos para planificar usos de suelo y ubicar refugios; Colombia, por su parte, publica cartografía de amenaza y eventos de inundación (IDEAM/SIAC) y visores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ambos casos muestran que la interoperabilidad de datos acelera decisiones y acorta la brecha entre ciencia y política.
En el caso dominicano, el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo y la Acción Climática del MEPyD (riesgos.mepyd.gob.do) integra explorador de riesgos y datos abiertos en formatos interoperables (GeoJSON, WMS/WFS). La Ley 368‑22 creó el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), que puede y debe convertirse en el bus de datos donde confluyan mapas de inundación, trazabilidad histórica de eventos y proyecciones climáticas.
En lugar de aproximaciones gruesas en medio de la emergencia, propongo activar un DaLA (Damage and Loss Assessment) rápido (metodología CEPAL) para Melissa: cuantificar daños (activos destruidos) y pérdidas (servicios no prestados/producción no realizada) por sector —vivienda, agua y saneamiento, vialidad, agro, comercio, turismo— y estimar costos adicionales y efectos macroeconómicos (cuenta corriente, inflación, deuda). Paralelamente, la República Dominicana debe blindar su liquidez post‑desastre con instrumentos de financiamiento del riesgo. El CCRIF SPC —fondo paramétrico de huracán, sismo y lluvia excesiva— ha probado su capacidad de pagar en 14 días a gobiernos miembros cuando se disparan los umbrales, cerrando la brecha de caja para la respuesta temprana. Evaluar la cobertura o adecuación de pólizas (tropical cyclone/excess rainfall) y otras opciones paramétricas es una decisión fiscal prudente.
Aplicar lo vigente es esencial: la Ley 147‑02 (Gestión de Riesgos) ya ordena construir un sistema integrado de información y fortalecer la prevención y mitigación, no solo la respuesta. Su plena implementación —con estándares de datos y protocolos de intercambio interinstitucional— es el primer escalón. La Ley 368‑22 (Ordenamiento Territorial) crea el SNIT y obliga a integrar la gestión de riesgo en los planes territoriales y usos de suelo; reglamentarla con foco en la zonificación de amenaza de inundación, en las áreas de desfogue de presas y en prohibiciones o condiciones de edificabilidad en zonas de alto riesgo es clave. La Ley 200‑04 (Acceso a la Información) garantiza el derecho ciudadano a obtener información veraz y oportuna; debe hacerse explícito que los mapas de riesgo y las bitácoras de inundaciones son información pública activa, no solo a solicitud.
Santo Domingo y su conurbación exhiben un riesgo alto de inundación urbana por la combinación de lluvias intensas, caliza costera, ocupación de cauces y redes de drenaje insuficientes. Estudios y coberturas periodísticas recientes recuerdan que la magnitud de los acumulados supera con frecuencia la capacidad histórica de diseño. Por tanto, se requiere un plan maestro de drenaje pluvial por cuencas urbanas, con soluciones grises y SUDS (soluciones basadas en la naturaleza), y con mantenimiento como política, no como obra aislada. La evidencia de Melissa —calles anegadas, pasos a desnivel intervenidos de emergencia y más de 1.1 millones de usuarios afectados por la interrupción del servicio de agua— refuerza la urgencia de pasar de operativos de limpieza a intervenciones estructurales (colectores, macro‑drenajes, reservorios de retardo) y micro‑soluciones (imbornales, pozos filtrantes, manejo de residuos), con métricas y cronogramas públicos.
Melissa no es un accidente meteorológico: es un espejo de nuestras deudas históricas en ordenamiento territorial, información pública y prevención estructural. La buena noticia es que la República Dominicana ya cuenta con bases legales (Ley 147‑02, Ley 368‑22, Ley 200‑04), un portal de riesgo en operación (MEPyD) y cooperación regional disponible para fortalecer los sistemas de alerta temprana y las finanzas del riesgo. Convertir esta crisis en oportunidad depende de la voluntad política, la disciplina técnica y un compromiso transparente con el derecho ciudadano a conocer y reducir su riesgo.Los residentes en zonas vulnerables enfrentan riesgos desproporcionados ante eventos como la tormenta Melissa, lo que exige políticas específicas de reasentamiento planificado y protección social. Asimismo, es necesario reconocer las acciones positivas del presidente Luis Abinader, orientadas a mitigar el problema de las inundaciones, incluyendo la inversión en drenajes pluviales y la priorización de obras resilientes en áreas críticas. El análisis de riesgo debe extenderse no solo a quienes desean adquirir casas y apartamentos, sino también a quienes buscan alquilar propiedades, garantizando que conozcan los riesgos asociados a la ubicación antes de firmar contratos. Finalmente, se debe abordar la problemática del sector asegurador en la República Dominicana: las compañías suelen obtener grandes beneficios sin cooperar efectivamente con sus afiliados, ofreciendo coberturas limitadas, controles insuficientes y procesos burocráticos que dificultan el resarcimiento oportuno de los clientes. Estas deficiencias demandan una reforma regulatoria que obligue a las aseguradoras a asumir un rol más activo en la gestión del riesgo y en la protección financiera de la población.
Referencias
- Diario Libre. (2025, 24 de octubre). Doce provincias en alerta roja por tormenta Melissa. Santo Domingo.
- El Periódico. (2025, 24 de octubre). Tormenta Melissa deja más de un millón sin agua potable en RD. Santo Domingo.
- El Nacional. (2025,
Viernes, 24 de octubre de 2025
| Refugiados de la tormenta Melissa | Foto Listín Diario |
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Tormenta Melissa: del socorro a la prevención
— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) October 24, 2025
🚨La tormenta Melissa dejó más de un millón de dominicanos sin agua potable y 12 provincias en alerta roja. Una vez más, reaccionamos tarde: albergues, limpiezas y parches de emergencia. https://t.co/75TAhoZmmv
Pero Melissa no es un… pic.twitter.com/1lX61El4SL




