domingo, 16 de noviembre de 2025

La primera gran prueba de Sheinbaum en las calles termina en violencia

Editorial: La primera gran prueba de Sheinbaum en las calles termina en violencia

La marcha del 15 de noviembre en Ciudad de México, encabezada por la Generación Z y diversos sectores sociales, se convirtió en el primer gran desafío de Claudia Sheinbaum como presidenta. Lo que comenzó como una movilización legítima contra la violencia y la corrupción terminó en enfrentamientos, gases lacrimógenos y un Zócalo tomado por la policía. Este episodio marca un punto de inflexión: la relación entre ciudadanía y poder se estrenó con fractura.


Un debut marcado por la confrontación

La protesta, detonada por el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, reunió a estudiantes, campesinos, familias de víctimas y colectivos juveniles. Su fuerza simbólica fue evidente: pancartas con mensajes de justicia, banderas de anime como códigos generacionales y consignas como “¡Fuera Claudia!”. Sin embargo, la irrupción del Bloque Negro, con el derribo de vallas y choques con la policía, desvió el foco del reclamo central. La respuesta del Estado, con gases y extintores, terminó por dispersar la marcha y dejar imágenes de violencia que dominaron la narrativa.

El dilema de la legitimidad

La presidenta Sheinbaum enfrenta un dilema clásico: cómo garantizar el derecho a la protesta sin permitir que la violencia eclipse las demandas legítimas. Su discurso posterior, que atribuyó la radicalización a grupos de derecha, busca encuadrar el conflicto en términos políticos. Pero para la ciudadanía, la pregunta es más profunda: ¿puede el nuevo gobierno escuchar la indignación juvenil sin criminalizarla?

El riesgo de la radicalización

La presencia de encapuchados y el caos en el Zócalo ponen en riesgo la credibilidad del movimiento. La protesta pierde fuerza cuando se confunde con violencia. Al mismo tiempo, el Estado corre el riesgo de responder con mano dura, lo que podría alimentar la narrativa de represión y distanciamiento entre gobierno y sociedad.

La prueba de gobernabilidad

Este episodio es más que un disturbio: es la primera gran prueba de gobernabilidad para Sheinbaum. La capacidad de su administración para abrir canales de diálogo, atender las demandas de seguridad y justicia, y evitar que la indignación se convierta en ruptura será decisiva. La juventud mexicana ha demostrado que no está dispuesta a callar. El Estado debe demostrar que sabe escuchar.


Conclusión: La violencia del 15 de noviembre no solo empañó una protesta legítima, sino que inauguró el mandato de Sheinbaum con un choque directo en las calles. La pregunta que queda abierta es si este gobierno será capaz de transformar la indignación en reforma, o si la fractura entre ciudadanía y poder se profundizará.

Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez


Fuentes académicas

Long, T., & Smith, B. T. (2025). State, crime, and violence in Mexico, 1920–2000: Arbiters of impunity, agents of coercion. Past & Present, 266(1), 229–263. https://doi.org/10.1093/pastj/gtad032

Institute of the Americas. (2024). Organized Crime and Violence in Mexico [Report]. https://iamericas.org/wp-content/uploads/2024/08/Organized-Crime-and-Violence-in-Mexico-report.pdf

Trevizo, D. (2020). Violence in Mexico, then, there, and now: A review essay. Latin American Perspectives. https://doi.org/10.1177/0094582X20951824


Piden a la COP 30 declarar la Amazonía región excluida de fósiles y prohibir en el Caribe la apertura de nuevos pozos de hidrocarburos

Panel conformado, de izquierda a derecha, por José Atizol de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, Luis Carvajal, de la Comisión Ambiental de la UASD, Luis Alejo Javier y María Antonia Taveras del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, IDDI, Heidy Lorenzo del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y Enrique de León del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC.

Piden a la COP 30 declarar la Amazonía región excluida de fósiles y prohibir en el Caribe la apertura de nuevos pozos de hidrocarburos

Domingo, 16 de noviembre de 2025 | Santo Domingo, D.N.

El Foro Socioambiental Cambio Climático, 2025, celebrado el pasado miércoles, 12 de noviembre, se dirigió a la Cumbre Mundial del Clima, COP 30, mediante manifiesto emitido por las organizaciones sociales y ambientales de la República Dominicana, para solicitar que la Amazonía sea declarada región excluida de los fósiles y que en el Caribe se prohíba la apertura de nuevos pozos de hidrocarburos, especialmente en aguas profundas.

El evento al que acudieron dirigentes y activistas sociales y ambientales del Gran Santo Domingo, de la región sur, este y del Cibao, proclamó el manifiesto denominado la brecha climática dominicana: de la promesa a la acción, un llamado urgente a la coherencia.

Heidy Lorenzo del Instituto de Abogados
para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA

Entre las organizaciones que participaron en el Foro Socioambiental Cambio Climático, 2025, figuran el Consorcio Ambiental Dominicano, CAD, la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, la Coalición en Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la provincia Peravia, la Coalición Ambiental del Este, Eco Jóvenes de San Pedro de Macorís, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, IDDI, la Fundación de Campesinos Hacia el Progreso de la provincia Monseñor Nouel, Justicia Climática RD, la Coalición Enriquillo y la Asociación Dominicana de Profesores, ADP.

También el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, Unidos Somos Más Fuertes, el Observatorio Nacional de Protección al Consumidor, ONPRECO, RD100% Renovable, Coalición Río Higüamo, la Comisión Ambiental de la UASD, el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores, CODIA, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y muchas otras entidades.

En el manifiesto las organizaciones sociales y ambientales del país exigen a la COP 30, garantizar que el Norte Global cumpla con su obligación de aportar los recursos para que el Sur Global pueda enfrentar las catástrofes que provocan los efectos extremos del cambio climático, y para que esta parte del planeta adapte la vida, la cultura y los sistemas productivos a las nuevas condiciones del clima.

Igualmente, el manifiesto se une a las voces que se han levantado en todo el mundo para que el Caribe y América Latina continúe siendo una zona de paz y de vida, libre de armas nucleares.

“En consecuencia que se exija el inmediato retiro de la Armada de los EUA de las aguas del Caribe que amenaza la soberanía de las naciones de esta región, así como condenar las ejecuciones extrajudiciales que está realizando el Gobierno de EUA contra supuestos o reales narcoterroristas en el Caribe y en otros lugares, por ser violatorias a los derechos humanos y al derecho internacional”, afirmó.

Diagnóstico y propuestas

El manifiesto considera que la inconsistencia de las autoridades impide fortalecer la capacidad de la naturaleza para enfrentar los efectos del cambio climático, sino que por el contrario, disminuye sistemáticamente esta capacidad.

El documento identifica estas inconsistencias en primer lugar en una matriz energética que apuesta por los fósiles, en la degradación del ecosistema y en la urbanización de alto riesgo, y en la brecha entre planificación y el presupuesto nacional. 

Plantea que una grave inconsistencia es la aplicación de una economía extractivista en el país, con una megaminería insostenible para una plataforma insular como la nuestra, un turismo por lo general depredador y la expansión de una agroproducción destinada a la exportación que amenaza las aéreas protegidas. 

Siete propuestas

El Foro Socioambiental Cambio Climático, 2025, mediante este manifiesto propone en primer lugar que las autoridades y la sociedad civil de forma conjunta deben establecer nuevas metas climáticas más ambiciosas, además de cumplir las existentes.

Propone la aplicación urgente de la Ley de ordenamiento territorial y que se respeten los usos de suelo, se prohíba de manera estricta la ocupación de áreas protegidas y zonas de riesgo, y se condicione el desarrollo urbano a la resiliencia climática.

“En este sentido, se debe disponer un plan nacional de reasentamiento de la población que reside en lugares de extremo peligro en zonas seguras que dispongan de viviendas dignas y de servicios básicos”, proclama.

Sugiere establecer un cronograma público y definitivo para el cierre de todas las plantas de carbón, la eliminación de las barcazas y de la generación a partir de fósiles. Reconocer el libre derecho de aprovechar el sol para generar energía y facilitar las condiciones legales y prácticas para ejercer este derecho.

Considera que es imprescindible que el Presupuesto Nacional sea alineado con el clima, asignando partidas suficientes y blindadas para la protección de cuencas, la restauración de ecosistemas críticos y la gestión de riesgos.

Se debe respaldar la acción ciudadana fortaleciendo y financiando las iniciativas de adaptación y vigilancia comunitaria, así como desarrollar un programa de educación ambiental y climática desde el nivel inicial hasta la educación media, sobre cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente”, enfatizó.

Vista general del público que asistió
al Foro Socioambiental Cambio Climático, 2025, el miércoles pasado

Cambio Climático: De la Promesa a la Acción, un Desafío Inaplazable

El Foro Socioambiental 2025 exige coherencia entre el discurso internacional y las políticas nacionales para enfrentar la crisis climática.

En República Dominicana, el discurso oficial sobre cambio climático se viste de compromisos y promesas en escenarios globales, pero la realidad interna cuenta otra historia. El reciente Foro Socioambiental Cambio Climático 2025, celebrado en Santo Domingo, ha puesto en evidencia una brecha alarmante entre lo que se proclama y lo que se ejecuta.

El manifiesto titulado “La brecha climática dominicana: de la promesa a la acción” denuncia la persistencia de políticas que socavan la resiliencia de nuestros ecosistemas. Mientras se habla de sostenibilidad, la matriz energética sigue anclada en combustibles fósiles, con plantas de carbón y barcazas contaminantes que contradicen cualquier compromiso serio de descarbonización. A esto se suma la degradación de humedales, la ocupación de áreas protegidas y una urbanización que ignora los mapas de riesgo, multiplicando la vulnerabilidad ante fenómenos extremos.

El documento no se limita a señalar inconsistencias; propone soluciones concretas: transición energética justa y democrática, aplicación vinculante de la Ley de Ordenamiento Territorial, presupuesto alineado con el clima, protección de cuencas y educación ambiental desde la base. Son medidas impostergables si queremos garantizar la seguridad hídrica, la resiliencia comunitaria y la credibilidad internacional del país.

El llamado a la COP30 para declarar la Amazonía región excluida de fósiles y prohibir nuevos pozos de hidrocarburos en el Caribe es más que una demanda ambiental: es una exigencia ética y estratégica. No podemos permitir que la región se convierta en la última frontera de la industria extractiva mientras el planeta clama por soluciones.

La República Dominicana no puede seguir jugando al doble discurso. La acción climática no es opcional; es la única vía para asegurar paz, vida y futuro en el Caribe. El tiempo de las excusas terminó. La sociedad dominicana exige coherencia, presupuesto y voluntad política. Porque frente al cambio climático, la inacción no es neutral: es complicidad.


Cita destacada para impresión:

“La acción climática no es opcional; es la única vía para asegurar paz, vida y futuro en el Caribe.”

....

A: La Opinión Pública Nacional

Al Gobierno Dominicano

A los Delegados de la COP30

De: Coalición de Organizaciones Ambientales y Climáticas de la República Dominicana

LA BRECHA CLIMÁTICA DOMINICANA: DE LA PROMESA A LA ACCIÓN. UN LLAMADO URGENTE A LA COHERENCIA

En ocasión del inicio de la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cliomático (COP30), las organizaciones de la sociedad civil dominicana comprometidas con la sostenibilidad y la justicia climática, elevamos nuestra voz para presentar un breve diagnóstico alternativo y una serie de propuestas impostergables.

Observamos con preocupación una creciente desconexión entre las disposiciones legales y constitucionales y los compromisos internacionales que suscribe el país y las políticas públicas que se ejecutan a nivel nacional. Mientras el discurso oficial en foros internacionales llama a la acción climática, en nuestro territorio persisten y se profundizan modelos de desarrollo que incrementan nuestra vulnerabilidad y socavan la resiliencia de nuestros ecosistemas.

Nuestra principal responsabilidad como nación es fortalecer la capacidad de la naturaleza para enfrentar los cambios climáticos. Sin embargo, esta capacidad está siendo sistemáticamente disminuida.

Las Inconsistencias de la Política Climática Nacional

Identificamos tres áreas críticas donde la política pública dominicana contradice directamente los objetivos climáticos declarados:

1. La Matriz Energética y la Apuesta por los Combustibles Fósiles

La matriz energética de República Dominicana sigue anclada en el pasado. A pesar de los avances en energías renovables, la presencia de las plantas de carbón de Punta Catalina, de Barahona Carbón y las ITABO I y II,  y la dependencia de barcazas que generan electricidad  con combustibles contaminantes en zonas vulnerables como Puerto Viejo (Azua) y el río Ozama demuestran una falta de visión integral y un irrespeto al derecho constitucional a un medio ambiente sano de la población. Estas infraestructuras no solo perpetúan la emisión de gases de efecto invernadero, sino que contradicen cualquier compromiso serio de descarbonización, representando un pasivo económico y ambiental para la nación.

2. Degradación Ecosistémica y Urbanización de Alto Riesgo

La resiliencia climática depende de ecosistemas sanos. No obstante, asistimos a:

  • Destrucción de Humedales: El relleno sistemático de humedales y manglares para desarrollos turísticos e inmobiliarios elimina la primera línea de defensa natural del país contra inundaciones y huracanes.
  • Ocupación de Áreas Protegidas: La tolerancia y, en ocasiones, la promoción de actividades agrícolas, ganaderas y urbanísticas dentro de los límites de nuestras áreas protegidas debilita el patrimonio natural que garantiza nuestra seguridad hídrica y climática.
  • Urbanización Descontrolada: Un patrón de ocupación del suelo que ignora los mapas de riesgo. Se permite la construcción en zonas de alta inundación y se interrumpen los drenajes naturales, multiplicando el riesgo estructural para miles de familias ante eventos climáticos, en lugar de reducirlo.

La resiliencia climática se socava al priorizar modelos económicos que contradicen la protección declarada de los recursos naturales:

  • Presión sobre el Territorio: La expansión de la megaminería metálica y un modelo depredador de turismo que ocupa espacios de alta vulnerabilidad (costas, humedales) son tratados como "pilares" económicos. Esta ocupación entra en conflicto directo con la cogestión y protección efectiva de las áreas protegidas y la seguridad hídrica.
  • Crisis de Gobernanza del Agua: A pesar de los planes oficiales para proteger el agua ante el cambio climático y la existencia de un "Compromiso Nacional para el pacto por el agua", la gobernanza del agua sigue siendo un desafío crítico. La falta de una gestión integrada afecta la salud pública y el desarrollo, aumentando la vulnerabilidad general del país.

 

3. La Brecha entre Planificación y Presupuesto

Los documentos oficiales, como la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y los planes del Ministerio de Medio Ambiente y del Consejo Nacional para el Cambio Climático, a menudo señalan los problemas correctos. Sin embargo, el análisis del Presupuesto General del Estado revela una asignación de recursos insuficiente y desarticulada.

Las denuncias del movimiento ambiental, incluyendo el Comité de Lucha contra el Cambio Climático, CNLCC, y los análisis de las academias, han sido claros: sin un soporte presupuestario real, las estrategias de adaptación y mitigación son letra muerta.

Propuestas Inmediatas para la Coherencia Climática

La sociedad dominicana exige acciones concretas. Este documento alternativo no busca solo denunciar, sino proponer un camino claro. Instamos al Estado a adoptar una planificación que sea estratégica, operativa, participativa y transparente, orientada a resultados tangibles y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

  1. Metas climáticas más significativas y ambiciosas: Además de cumplir las disposiciones legales y constitucionales, y los compromisos internacionales, el Estado junto con la sociedad civil deben formular metas climáticas que sean realmente eficientes. La reducción de las emisiones de carbono y la sustitución de los fósiles por energías renovables para la generación de electricidad y el transporte debe expresarse en porcentajes que reflejen la determinación de la Nación de reducir las causas del cambio climático y adaptar la vida y el sistema productivo a las nuevas condiciones del clima.
  2. Ordenamiento Territorial Vinculante: Aplicar con urgencia la Ley de Ordenamiento Territorial y que se que respeten los usos de suelo, se prohíba de manera estricta la ocupación de áreas protegidas y zonas de riesgo, y se condicione el desarrollo urbano a la resiliencia climática. En este sentido, se debe disponer un plan nacional de reasentamiento de la población que reside en lugares de extremo peligro en zonas seguras que dispongan de viviendas dignas y de servicios básicos.
  3. Transición Energética Real, Justa y Democrática: Establecer un cronograma público y definitivo para el cierre de las plantas de carbón, la eliminación de las barcazas y de la generación a partir de combustibles fósiles. Reconocer el libre derecho de aprovechar el Sol para generar energía y facilitar las condiciones legales y prácticas para ejercer este derecho. Los recursos públicos deben reorientarse decididamente hacia la generación renovable, la eficiencia energética y la democratización de la energía.
  4. Presupuesto Alineado con el Clima: Garantizar que el Presupuesto Nacional asigne partidas suficientes y blindadas para la protección de cuencas, la restauración de ecosistemas críticos (humedales y bosques) y la gestión integral de riesgos.
  5. Agua como Eje de Seguridad Nacional: Implementar una gestión de cuencas hidrográficas que detenga la deforestación, proteja las fuentes de agua, garantice el drenaje natural de las ciudades para disminuir el impacto de inundaciones y garantice el caudal ecológico mínimo para los ecosistemas.
  6. Respaldo a la Acción Ciudadana: Fortalecer y financiar las iniciativas de adaptación y vigilancia comunitaria, reconociendo que la sociedad civil es un actor indispensable para lograr los objetivos climáticos.
  7. Educación ambiental y climática: Poner en práctica un programa de educación ambiental y climática desde el nivel inicial hasta la educación media, que cree la conciencia y suministre los conocimientos para forjar una ciudadanía resiliente y plenamente responsable del cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente.

La sociedad dominicana está atenta. No aceptamos que los intereses particulares, la gobernanza deficiente o la inacción sean la excusa para el fracaso en la modificación del uso y explotación de nuestros recursos y el consecuente abandono de los objetivos y compromisos climáticos.

El país no puede permitirse un doble discurso. La credibilidad de la República Dominicana en la COP30 y, más importante aún, la seguridad de su población, dependen de la capacidad del gobierno para cerrar la brecha entre lo que se promete y se compromete y lo que se hace.

Exigimos coherencia, presupuesto, voluntad política y acciones inmediatas.

Por último, desde nuestra condición de pequeño Estado insular del Caribe, llamamos a la 30º Conferencia de las Partes dse la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 30, a que garantice que el Norte Global cumpla con su obligacion de aportar los recursos suficientes para que el Sur Global pueda enfrentar las catástrofes que provocan los efectos extremos del cambio climático, y para que adapte la vida, la cultura y los sistemas productivos a las nuevas condiciones del clima.

Nos unimos a todos aquellos que demandan que La Amazonía sea zona de exclusión de exploración y explotación de fósiles, y que se declare una moratoría que prohiba la apertura de nuevos pozos de hidrocarburos en el Caribe, especialmente en aguas profundas.

Igualmente solicitamos que este cónclave mundial se haga eco y magnifique el reclamo de que el Caribe y América Latina continúen siendo zona de paz y vida, sin armas nucleares. En consecuencia que se exija el inmediato retiro de la armada de EUA de las aguas del Caribe que amenaza la soberanía de las naciones de esta región, así como condenar las ejecuciones extrajudiciales que está realizando el Gobierno de EUA contra supuestos o reales narcoterroristas en el Caribe y en otros lugares, por ser violatorias a los derechos humanos y al derecho internacional. Necesitamos paz para que todos los pueblos del planeta unidos enfrenten el cambio climático que es la principal amenaza contra la supervivencia de la humanidad.

12 de noviembre de 2025,

Hotel Barceló Santo Domingo,

Santo Domingo, D.N., República Dominicana.

Transporte, confianza y gobernanza: el gran plan de movilidad de Abinader

Transporte, confianza y gobernanza: el gran plan de movilidad de Abinader

Por Luis Orlando Díaz Vólquez  

La decisión del presidente Luis Abinader de destituir a Rafael Santos Pérez como director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), a casi una semana del apagón general que paralizó el país y dejó fuera de servicio el Metro de Santo Domingo, no puede interpretarse como un simple relevo administrativo. Es, en realidad, un gesto político que reafirma el compromiso del Gobierno con un plan integral de movilidad que busca transformar la República Dominicana en un referente regional de transporte seguro, moderno y confiable.

Santos Pérez, uno de los pocos funcionarios que permanecía en su cargo desde 2020, salió mediante el decreto 652-25 tras una crisis que expuso fallas graves en la planificación operativa: combustible vencido, baterías inoperantes y un sistema de respaldo desconectado en plena jornada laboral. La explicación oficial —“aprovechamos el final de la temporada ciclónica para intervenir el sistema”— no logró convencer a una ciudadanía que exige previsión y calidad en su principal medio de transporte masivo.

La designación de Jhael Isa Tavárez como nuevo director ejecutivo de la Opret, y a título honorífico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), abre un capítulo alineado con la visión presidencial. Isa no solo deberá garantizar la continuidad del Metro, sino también articular el gran plan de movilidad nacional: una red integrada de transporte público masivo que conecte ciudades, fortalezca la resiliencia urbana y consolide al país como hub logístico del Caribe.

El apagón del martes pasado fue más que un fallo eléctrico: fue una advertencia sobre cómo la falta de previsión puede oscurecer los avances logrados. En contraste, el plan de Abinader plantea un modelo de movilidad que prioriza la seguridad, la planificación y la confianza ciudadana. La República Dominicana no puede permitirse improvisaciones en un momento en que busca atraer inversión, consolidar infraestructura y proyectarse como líder regional.

La destitución de Santos Pérez debe entenderse como un acto de rendición de cuentas y como parte de una estrategia mayor: demostrar que la gobernanza moderna exige sistemas críticos —energía, transporte, salud— con planes de contingencia robustos y transparentes. El mensaje es claro: no basta con inaugurar obras, hay que sostenerlas con mantenimiento, previsión y responsabilidad.

El reto para Jhael Isa Tavárez será convertir el Metro de Santo Domingo y la red de transporte masivo en símbolos de resiliencia y confianza, dentro de un plan que ya se perfila como uno de los pilares de la gestión de Abinader. La ciudadanía espera que el apagón de noviembre sea recordado no como un fracaso, sino como el detonante de una transformación institucional que coloque la movilidad en el centro de la política pública.

En tiempos de incertidumbre, la movilidad no es solo un servicio: es un derecho ciudadano, un motor de competitividad y un pilar de la democracia.

“No basta con inaugurar obras: hay que sostenerlas con mantenimiento, previsión y responsabilidad.”


@LuisOrlandoDia1

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Presidente Abinader designa a Jhael Isa Tavárez como nuevo director de la Opret 

La medida procura reorganizar las instituciones vinculadas al Sistema Integrado de Transporte

16 de Noviembre 2025 |Presidencia

Decreto

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 652-25, mediante el cual dispone una reorganización profunda del Sistema Integrado de Transporte, orientada a optimizar la planificación, operación y sostenibilidad del transporte público masivo en todo el territorio nacional.

Como parte de estas disposiciones, el mandatario designó al ingeniero Jhael Isa Tavárez como director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret). De igual forma, en cumplimiento del decreto, Isa también fungirá, a título honorífico, como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), órgano responsable del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.

Isa Tavárez tiene una trayectoria vinculada al desarrollo del transporte masivo. Hasta la fecha, se desempeñaba como director ejecutivo del Fitram, desde donde supervisó proyectos clave como el Monorriel y Teleférico de Santiago, además de las Líneas 1, 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo, que forman parte del Sistema Integrado de Transporte.

Es ingeniero civil egresado del Intec, cuenta con una maestría en Ingeniería de Transporte obtenida en el Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) en Nueva York, mediante la prestigiosa beca Fulbright. Actualmente, cursa un doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil con concentración en Transporte en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Desde el Ministerio de la Presidencia, donde ha trabajado por más de una década, ha impulsado iniciativas estratégicas de movilidad y ha coordinado la implementación de proyectos de infraestructura orientados a la modernización del transporte público. Su experiencia incluye consultorías especializadas y participación constante en foros y conferencias internacionales sobre movilidad sostenible.

El ingeniero Jhael Isa Tavárez ha sido citado como una de las figuras técnicas más influyentes en la transformación del transporte masivo en el país, aportando una visión orientada a la sostenibilidad y a la integración de modelos de movilidad ajustados a estándares internacionales.

El decreto del presidente Abinader reconoce que el sistema de transporte masivo constituye un servicio nacional de uso público, por lo que resulta de interés prioritario del Gobierno la incorporación de modos alternativos de transporte terrestre que coadyuven a una distribución más equilibrada del patrimonio y a frenar el deterioro progresivo del medio ambiente, en mejora de la movilidad urbana. Para estos fines, dispone que se priorice la eficacia del servicio y la eficiencia en el manejo de los recursos para la prestación del mismo, procurando que las distintas entidades públicas involucradas trabajen de manera coordinada, oportuna y transparente.

https://www.presidencia.gob.do/noticias/presidente-abinader-designa-jhael-isa-tavarez-como-nuevo-director-de-la-opret

Abinader destituye al director de la Opret a casi una semana de apagón general https://www.diariolibre.com/politica/gobierno/2025/11/16/abinader-destituye-al-director-de-la-opret/3317788 @luisabinader

https://x.com/GUASABARAeditor/status/1990104422689488897?t=INHLF1moB0EfLwoXrA43dg&s=08