Editorial | Prepararse no es tranquilizar: es anticipar, ejecutar y rendir cuentas
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
En un contexto internacional marcado por la escalada bélica en Medio Oriente, el Gobierno dominicano ha transmitido un mensaje de preparación y calma ante eventuales repercusiones económicas. Esa postura, en principio, es pertinente: en economías abiertas y dependientes de importaciones energéticas, el riesgo no suele llegar por los titulares, sino por la factura del petróleo, los fletes, los seguros y la volatilidad financiera. Sin embargo, un país no se blinda con exhortaciones; se protege con planes verificables, medidas oportunas y una comunicación que informe sin generar pánico.
El conflicto, según reportes internacionales, ha elevado la incertidumbre sobre rutas estratégicas y sobre el abastecimiento energético global. Varias coberturas periodísticas han señalado la gravedad de la escalada y el impacto geopolítico de las operaciones militares, así como alertas sobre el Estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita una proporción significativa del comercio petrolero mundial. Esa sola posibilidad —cierre formal o “cierre de facto” por riesgo y costos de seguro— introduce una prima inmediata de riesgo en los precios.
La reacción de los mercados ya ofrece un anticipo del “primer golpe” que suelen recibir países importadores netos de hidrocarburos: el alza del crudo. En los últimos días se han reportado incrementos del Brent y del WTI asociados a la intensificación del conflicto y a la disrupción de rutas marítimas, con movimientos que reflejan nerviosismo global. A la República Dominicana esto le importa no por curiosidad financiera, sino porque el precio del petróleo se filtra en cadena hacia transporte, alimentos, electricidad, manufactura y expectativas inflacionarias.
En ese escenario, la primera obligación del Estado es convertir la previsión en herramientas concretas de mitigación. Hay un precedente inmediato que muestra capacidad de intervención: la política de subsidios para contener variaciones de combustibles esenciales. Para la semana del 28 de febrero al 6 de marzo de 2026, se informó de un subsidio de RD$188 millones con el objetivo de mantener estables varios derivados de alto consumo, precisamente para amortiguar el traspaso de choques externos al bolsillo y a los costos de producción. Este tipo de medidas, bien calibradas y temporalmente acotadas, pueden comprar tiempo mientras se define la magnitud real del shock.
Ahora bien, el subsidio por sí solo no es una estrategia: es un “colchón” fiscal que se vuelve costoso si el conflicto se prolonga o si el crudo se dispara. En momentos así, la discusión madura debe ir más allá del “se puede” y entrar en el “cómo”: ¿se tiene un esquema de cobertura (hedging) más robusto para amortiguar picos de precios? ¿se prioriza un subsidio focalizado que proteja a los más vulnerables y al transporte público sin distorsionar señales de consumo? ¿existe un plan de ajuste gradual para evitar que el Estado quede atrapado en una factura insostenible? Estas preguntas no buscan criticar por criticar; buscan evitar que la estabilidad de hoy se pague con tensiones fiscales mañana.
La segunda obligación del Gobierno es fortalecer la coordinación técnica. Se ha dicho que existe planificación y monitoreo para evaluar impactos económicos, y ese enfoque es el correcto: la incertidumbre no se enfrenta con intuición, sino con seguimiento diario de variables críticas (precio del crudo, fletes, primas de seguro, tipo de cambio, inventarios, expectativas). Pero esa planificación debe traducirse en un tablero de control público, aunque sea simplificado, que permita a ciudadanía y sectores productivos entender el escenario y prepararse. Transparencia no es revelar lo sensible; es compartir lo necesario para sostener confianza.
La tercera obligación es cuidar el “frente interno” con medidas que reduzcan vulnerabilidades estructurales. Un shock externo se vuelve crisis doméstica cuando coincide con debilidades internas: pérdidas eléctricas altas, ineficiencias logísticas, informalidad en cadenas de distribución y baja resiliencia productiva. En este punto, la respuesta pública debe integrar acciones inmediatas (contención de precios críticos, vigilancia de prácticas especulativas, apoyo temporal a sectores más expuestos) con acciones de mediano plazo (eficiencia energética, diversificación de matriz, reducción de pérdidas en distribución, promoción de movilidad más eficiente). Preparación real es usar la crisis como catalizador de reformas, no como excusa para la improvisación.
También hay un componente de comunicación que no se puede subestimar. Pedir calma puede ser útil para evitar compras nerviosas o expectativas desbordadas, pero la calma se sostiene con información consistente: qué escenarios se contemplan, qué medidas se activan en cada escenario, cómo se protegerá el poder adquisitivo y qué señales debe observar la población. Cuando el Estado comunica con datos, reduce el ruido; cuando comunica con generalidades, deja espacio al rumor. Por eso, lo responsable no es solo tranquilizar, sino explicar, educar y actualizar con periodicidad.
En síntesis: la preparación del Gobierno dominicano frente a los impactos de la guerra no debe medirse por la serenidad del discurso, sino por la eficacia de su ejecución. Hoy, el país necesita tres garantías: una estrategia energética-fiscal que amortigüe el choque sin comprometer las finanzas públicas; una gestión técnica que monitoree riesgos y anticipe decisiones; y una política social inteligente que proteja a los más vulnerables sin generar distorsiones permanentes. Si esas piezas se alinean, la República Dominicana puede atravesar la tormenta con estabilidad. Si no, la factura terminará aterrizando —como siempre— en el costo de vida de la gente.
