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| La nieve cubre el suelo alrededor del edificio del Capitolio de EE.UU., dos días después de que una tormenta invernal barriera una gran franja de Estados Unidos, en Washington, D.C., 27 de enero de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper) |
Parálisis presupuestaria y la fragilidad de la gobernabilidad en Estados Unidos
La repetición de cierres parciales del gobierno, aunque breves, revela una falla estructural que trasciende la disputa por partidas concretas: erosiona la confianza pública, complica la gestión de emergencias y convierte la financiación del Estado en una moneda de cambio político. Entrar en parálisis a la medianoche por desacuerdos legislativos, aunque la interrupción dure solo días, normaliza una práctica que debería ser excepcional.
El reciente “shutdown” llega apenas meses después del cierre más largo en la historia reciente, lo que subraya la recurrencia del problema y la fragilidad de mayorías que no logran acuerdos estables. Las reglas parlamentarias que exigen consensos y las tácticas de presión partidaria transforman la negociación en un juego de suma cero, con costos reales para la administración pública y la ciudadanía.
En lo inmediato, los efectos materiales pueden ser limitados si la paralización se resuelve pronto y no implica despidos masivos. Sin embargo, la acumulación de episodios de este tipo reduce la previsibilidad necesaria para la planificación estatal, afecta a contratistas y mercados, y debilita la capacidad de respuesta ante emergencias, como las provocadas por tormentas invernales o crisis humanitarias.
La disputa por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, alimentada por la indignación pública tras operaciones migratorias con resultados trágicos, muestra cómo hechos puntuales pueden bloquear acuerdos más amplios. Cuando las demandas sobre prácticas de seguridad y migración se mezclan con la urgencia de mantener al gobierno en funcionamiento, la política se empobrece y las soluciones se postergan.
Los liderazgos legislativos tienen la responsabilidad de priorizar la estabilidad institucional sobre ganancias tácticas a corto plazo. Separar las votaciones que garantizan el funcionamiento básico del Estado de los debates sobre reformas sensibles permitiría negociar con menos presión y más enfoque en soluciones duraderas.
Es hora de convertir la urgencia en oportunidad: establecer mecanismos de financiación automática para evitar cierres técnicos, crear espacios de negociación bipartidista con plazos razonables y exigir transparencia en las operaciones que generan víctimas para que las reformas se discutan con datos y procedimientos claros. La gobernabilidad exige que la financiación del Estado deje de ser rehén de crisis recurrentes y vuelva a ser una garantía para la vida cotidiana de la ciudadanía./
Luis Orlando Díaz Vólquez, articulista.
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