🗞️ Comentario
República Dominicana ante el espejo de sus reformas
Luis Orlando Díaz VólquezLa República Dominicana vive una coyuntura que exige mirar de frente sus estructuras institucionales y preguntarse: ¿Estamos construyendo un país más justo, más seguro y verdaderamente solidario?
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La República Dominicana vive una coyuntura que exige mirar de frente sus estructuras institucionales y preguntarse: ¿Estamos construyendo un país más justo, más seguro y verdaderamente solidario?
Las reformas al Código de Trabajo intentan responder al llamado de una sociedad cambiante. Incorporar principios de no discriminación, protección a la maternidad y nuevas modalidades como el teletrabajo es avanzar hacia el respeto de los derechos fundamentales. No obstante, la falta de modificaciones en el régimen de cesantía deja una sombra que podría opacar los avances logrados. ¿Es justo que se mantenga intacta una figura que afecta tanto a empleados como a empleadores y que se ha convertido en fuente de tensiones laborales?
Por su parte, la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social plantea un giro audaz: eliminar las ARS y AFP para dar paso a un sistema público basado en la solidaridad y el enfoque de derechos. Si bien esta visión resulta inspiradora por su intención de universalidad, su ejecución plantea enormes desafíos técnicos, financieros e institucionales. ¿Está el país preparado para una transformación de tal magnitud sin caer en improvisaciones?
Mientras tanto, la seguridad ciudadana sigue siendo una preocupación palpable. Las mujeres y los sectores urbanos enfrentan niveles alarmantes de violencia. Aunque el gobierno ha emprendido acciones para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de personas, las soluciones no deben quedarse solo en el terreno de lo punitivo. La seguridad se construye también con inclusión, oportunidades y fortalecimiento del tejido comunitario.
Estos tres ejes —trabajo, seguridad social y seguridad ciudadana— son pilares esenciales de cualquier democracia funcional. No basta con proponer cambios: es necesario dialogar, consensuar, y sobre todo, proteger los derechos sin caer en prácticas que perpetúen la desigualdad o alimenten el miedo.
Lo que está en juego no es solo una serie de reformas legales, sino el modelo de país que queremos ser. Y ese modelo debe construirse con la participación real de todos los sectores sociales, no desde la imposición ni desde el silencio.
Ing. Luis Orlando Díaz Vólquez @GuasabaraEditor
5 de julio de 2025
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| Congreso Nacional |
✒️ Comentario de Opinión:
Un País en Transformación – Retos y Reformas en la República Dominicana
La República Dominicana transita por una etapa decisiva en la que las reformas sociales, laborales y de seguridad no son meras actualizaciones legales, sino un intento por redefinir el contrato social entre el Estado y la ciudadanía. Este impulso transformador parece responder, por fin, al llamado urgente de equidad, protección y bienestar que durante décadas ha resonado en los sectores más vulnerables y productivos del país.
En el ámbito laboral, los cambios propuestos al Código de Trabajo demuestran una apertura hacia un nuevo modelo de empleo más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. La ampliación de la protección a la maternidad, la regulación del teletrabajo, y la prohibición de la discriminación son pasos valiosos hacia una cultura laboral moderna y justa. Sin embargo, la decisión de no modificar el régimen de cesantía plantea una paradoja: ¿puede haber verdadera reforma sin tocar uno de los pilares más conflictivos y desactualizados del sistema laboral dominicano?
Por su parte, la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social apunta alto. Eliminar las ARS y AFP para construir un sistema público, universal y solidario es una apuesta audaz. Pero con una reforma tan profunda, la clave no será solo el contenido del texto legal, sino su viabilidad en la práctica. ¿Contamos con la capacidad administrativa, los recursos técnicos y la voluntad política para ejecutar lo que se promete?
La seguridad ciudadana es otro frente donde el Estado se juega su credibilidad. Las cifras muestran que el miedo —especialmente entre mujeres y en zonas urbanas— es una constante que limita la libertad individual. Las acciones policiales y reformas migratorias deben ser integrales y respetuosas de los derechos humanos. No se puede garantizar soberanía nacional sin dignidad ciudadana.
En conjunto, estas reformas representan una oportunidad para que la República Dominicana corrija inequidades históricas y construya una sociedad donde los derechos no sean privilegios. Pero también exigen vigilancia pública, diálogo sincero y una ejecución transparente. Porque de nada sirve redactar leyes avanzadas si quedan atrapadas en el papel, mientras las calles siguen hablando otro idioma.
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En detalle
- Un principio de no discriminación más detallado, prohibiendo la discriminación por género, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opiniones políticas, afiliación sindical o creencias religiosas, con excepciones justificadas por requisitos específicos del empleo.
- La ampliación de los derechos básicos del trabajador, integrando explícitamente la libertad sindical, la negociación colectiva, el salario justo, la formación profesional y el respeto a la integridad personal.
- Nuevas condiciones laborales, como la prohibición del uso de dispositivos electrónicos para fines no laborales y la obligación del empleador de proveer medicamentos preventivos en caso de epidemias.
- La suspensión del contrato de trabajo se amplía para incluir licencias por epidemias y otras obligaciones legales.
- Jornadas de trabajo extendidas de hasta 12 horas son posibles con acuerdo entre las partes, prohibiendo horas extras en estas jornadas y regulando el pago de trabajo los fines de semana.
- Se incrementa el tiempo de vacaciones según la antigüedad, con un máximo de 15 días por cinco años de servicio.
- Se fortalece la protección a la maternidad, prohibiendo el desahucio de trabajadoras embarazadas, durante la licencia y hasta tres meses después del parto.
- Se regulan explícitamente las condiciones del teletrabajo, incluyendo la obligación del empleador de facilitar equipos, cubrir costos, garantizar formación y respetar el derecho a la desconexión.
- Una nueva causal de terminación de contrato sin responsabilidad es la concesión de una pensión por vejez, discapacidad o sobrevivencia.
- Las condiciones laborales para trabajadores domésticos se redefinen, estableciendo un máximo de 8 horas diarias y 44 horas semanales, con descansos obligatorios.
- Se otorgan personalidad jurídica a los sindicatos, permitiéndoles adquirir bienes y presentar demandas sin autorización administrativa.
- Los procesos judiciales incluyen un proceso de conciliación más detallado y la posibilidad de acuerdos parciales.
- Un enfoque de la seguridad social como un derecho fundamental y de carácter público, garantizado por el Estado.
- La eliminación y prohibición de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las cuentas de capitalización individual obligatorias. Los fondos acumulados en estas cuentas serían inembargables, y los propietarios tendrían la opción de aportarlos al Sistema Nacional de Pensiones o disponer de ellos.
- La eliminación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y del Plan Básico de Salud, buscando coberturas totales y universales a través del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
- El nuevo SENASA operaría como una entidad autónoma y descentralizada, cubriendo todos los servicios, atenciones, procedimientos y medicamentos necesarios para la salud, sin exclusiones por edad, sexo, religión, discapacidad, o condición social. Se prohíbe el cobro de copagos y la discriminación en la prestación de servicios.
- El Sistema Nacional de Pensiones tendría una estructura mixta, obligatoria, tripartita, pública y solidaria, con beneficios definidos, administrado por el Instituto Dominicano de Pensiones. Las pensiones por jubilación se otorgarían a partir de los 60 años, independientemente de las cotizaciones, buscando garantizar una vida digna y se actualizarán anualmente según el Índice de Precios al Consumidor. Se contempla incluso la inclusión de personas sin oportunidad de cotizar, como las encargadas del cuidado del hogar.
- Se propone un Seguro Nacional de Desempleo y Suspensión Laboral que otorgaría un subsidio del 70% del salario mínimo nacional durante seis meses máximo en caso de pérdida de empleo no decidida por la persona.
- El financiamiento del SDSS provendría de contribuciones de trabajadores, empleadores y aportes estatales vía el Presupuesto General del Estado.
- Aumento de la presencia militar en la frontera, con 860 nuevos soldados que se suman a los 9,500 ya desplegados.
- La ampliación del muro fronterizo, con la licitación para construir 13 kilómetros más.
- Reformas legales para imponer sanciones más severas a funcionarios, empleadores y dueños de viviendas que faciliten la migración irregular, y la creación de una procuraduría migratoria.
- Incremento de agentes migratorios para la localización y repatriación de personas en condición irregular.
- Fortalecimiento del control de los mercados binacionales para evitar su uso como vía de entrada ilegal.
- Establecimiento de nuevos protocolos hospitalarios que exigen identificación obligatoria para la atención y la repatriación tras la recuperación de indocumentados, especialmente en hospitales con alta concentración de partos de indocumentadas
- Un esfuerzo por la "dominicanización" del empleo, trabajando en un pacto con los sectores de la construcción y agrícola, y proponiendo un aumento salarial del 25% en zonas francas y 30% en turismo.
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