domingo, 3 de marzo de 2019

Un pacto eléctrico ligero, que dejará igual la crisis | por Antonio Almonte @AntonioAlmont16 #PactoEléctrico @cearahatton)

Detalles
Un pacto eléctrico ligero, que dejará igual la crisis 
Antonio Almonte | 1 de marzo de 2019 | 12:04 am
Antonio AlmonteA pesar de sus 58 bien escritas páginas, y de reflejar un gran esfuerzo profesional de sus autores, en términos prácticos, el documento del Pacto eléctrico propuesto por el Gobierno no plantea solución a las cuatro causas principales de la crisis del sector eléctrico dominicano.
Las experiencias vividas y los innumerables estudios técnicos realizados por expertos y organismos internacionales y locales, han coincidido en que las causas efectivas de la crisis, entre otras, son las siguientes:
Primero. La ineficiencia y el dispendio exagerado de las tres empresas distribuidoras debido, principalmente, a que las mismas han sido administradas con abierto clientelismo político y como un botín del partido gobernante.
Consecuentemente, se esperaba que el Pacto eléctrico propondría cambios radicales en la manera de designar y conformar el cuerpo gerencial de esas empresas para lograr su despolitización. Pero no lo hizo. Más aún, en el punto 5.3.12 de la página 12 del documento se consigna que:
“Se recomienda que las Empresas de Distribución de Electricidad de propiedad estatal tengan un Consejo de Administración integrado por siete (7) miembros, designados por el Poder Ejecutivo (…)”.
Exactamente lo mismo que tenemos hoy y que se ha repetido desde la Capitalización de la CDEEE en el 1999: Edenorte, Edesur y Edeeste tienen cada una un Consejo de  siete (7) miembros, que son nombrados por decreto presidencial. Entonces, el Pacto propone seguir igual.
El PRM propuso la fusión de los tres consejos de administración de las distribuidoras en uno solo y que sus miembros sean seleccionados mediante concurso público de oposición, para reducir la influencia política directa. Esas propuestas fueron rechazadas por el Gobierno. 
Segundo, la falta de inversión suficiente y a tiempo en nuevas plantas de generación ha sido otra causa de carestía, apagones y conflictos a lo largo de los últimos 20 años.  Por ejemplo, del 2003 al 2012 el parque de generación sufrió una verdadera sequía de inversiones privadas. Esta situación fue manejada por el Gobierno para justificar la construcción de Punta Catalina con fondos públicos. Fue también utilizado por funcionarios y voceros del PLD para una campaña mediática despectiva e inmerecida contra los empresarios del sector a quienes denominaban el “Cartel de los generadores privados”.
En realidad, aquella reticencia del sector privado para realizar inversiones en proyectos de generación al ritmo y escala necesarios se debió, principalmente, a la profunda quiebra financiera de las distribuidoras, la incertidumbre en la regulación y, también, a las propias lógicas y legítimas estrategias de optimización de utilidades de sus empresas.
Esa experiencia demostró que el modelo de mercado mayorista implantado por la Capitalización, conformado por el mercado de contratos y el mercado spot y sus transacciones de compra y venta de energía y potencia con las empresas distribuidoras, carece de incentivos y condiciones estructurales adecuadas para atraer inversiones privadas continuas y de adecuada tecnología y capacidad.
En tal sentido, el PRM esperaba que en la propuesta de Pacto eléctrico ese problema sería abordado a profundidad, con iniciativas innovadoras, a los fines de corregir tan grave falla del mercado.
Sin embargo, el famoso Pacto del Palacio no propone nada al respecto.
En ese punto solo se limita a reiterar la sugerencia de un plan de expansión de generación de costo mínimo, pero sin proponer ninguna estrategia práctica que garantice llevar a los hechos dicho Plan. De lo contrario, todo quedaría como literatura técnica o una simple declaración de deseos que repite lo consignado en el Articulo 27 del Reglamento de la Ley General de Electricidad que en el año 2001 le asigno esa responsabilidad a la Comisión Nacional de Energía [CNE].
La realidad es que en periodos recientes tanto la CNE como la CDEEE han contratado la elaboración de planes de expansión de costo mínimo que nunca se han aplicado. ¿Seguiremos igual, esperando?
El PRM propuso que, basado en ese Plan de Expansión de costo mínimo, se consignara en el Pacto un amplio programa de licitaciones calendarizadas por varios años de nueva energía y potencia pre definiendo tamaño, tecnología y localización de las nuevas plantas. Las licitaciones las harían las distribuidoras, pero las inversiones correrían a cargo de empresas privadas. Pero esas propuestas también fueron rechazadas por el Gobierno. ¿Para qué firmar un Pacto que no propone solución a un problema tan crucial?
Tercero, otra debilidad estructural del mercado eléctrico dominicano es su débil y politizada regulación, que incluye la violación frecuente de la ley de electricidad y sus reglamentos. Violaciones que ocurren sin que la Superintendencia intervenga como y cuando debiera.
Consciente de ello el PRM propuso una modificación al mecanismo de designación del consejo de reguladores en la Superintendencia a los fines de limitar la absoluta discrecionalidad del poder político en su designación, así como otras medidas para reducir su directa dependencia económica de los pagos mensuales que les hacen las empresas públicas y privadas bajo su supervisión. El esquema vigente expone a la SIE a frecuentes gestiones con las empresas para que le paguen el dinero que la sustenta.
Sin embargo, esas propuestas del PRM fueron rechazadas y en su lugar se hizo consignar en la página 12, punto 5.3.13 del Pacto lo siguiente:
“La administración de la Superintendencia de Electricidad corresponderá a un Consejo integrado por un (1) presidente y dos (2) miembros, designados por el Poder Ejecutivo.”
Es decir, todo exactamente igual que lo que tenemos y hemos tenido hasta hoy. Ninguna reforma.
¿Cómo firmar un documento que legitima la continuidad de una regulación ligera y radicalmente sometida a los poderes?
Cuarto, el documento del pacto aborda a partir de la pagina 29 el tema de las perdidas de las distribuidoras, la reformulación de la tarifa y la reducción de los exagerados gastos operativos de las distribuidoras.
En esa mezcla aparentemente lógica se termina proponiendo que para reducir los exagerados costos operativos de las distribuidoras a un minimo de 10% respecto a sus ingresos se requerirían inicialmente seis (6 años), tiempo a partir del cual se haría otra evaluación para llevarlo a estándares internacionales que oscilan entre 6% y 8%. Actualmente los costos operativos de nuestras distribuidoras promedian el 20% de sus ingresos.
Los datos de la tabla incluida en la página 31 del documento del Pacto indican que la reducción de los costos respecto a los ingresos se haría a un ritmo promedio de 1.2% por año, por lo que para bajar el indicador a seis [6] u ocho [8] % requeriría aproximadamente diez (10) anos.
¿Por qué hay que esperar entre seis [6] y diez [10] años para reducir personal superfluo, y nominillas políticas, subcontrataciones innecesarias y sueldos escandalosos en empresas profundamente quebradas? ¿Por qué pedirle al PRM que firme y se comprometa con eso?
De igual manera, el documento del Pacto propone una tarifa de transición, no técnica o eficiente, por cuatro años y luego otra tarifa también transitoria llamada de referencia por cuatro años más, antes de entrar en vigencia la tarifa técnica [ver páginas 37-41del Pacto] que sería la que refleje los costos de producir un kilovatio hora de energía. Se trata de un esquema que contradice la ley y el fundamento de cualquier mercado y también todos los estudios sobre tarifas contratados por la propia Superintendencia y  el Gobierno en el pasado reciente.
Las tarifas de transición fueron típicas [aunque nunca de tan largos periodos] durante los inicios de las reformas eléctricas en América Latina en los 80s y 90s, pero son una costosa aberración en una reforma que como la dominicana lleva 20 años en ejecución y ahora el Pacto propone que la transición tarifaria se extienda a ¡28 años!
Como puede apreciarse, el documento del Pacto eléctrico en realidad no plantea soluciones concretas a ninguna de las cuatro causas principales de la crisis eléctrica. Crisis que ha castigado severamente a la población y que lastra la competitividad de los sectores productivos y empresariales de la economía.
Firmar un documento tan ligero, seria prestarse a una movida cosmética, que cambiaría algunas cosas para dejar igual los asuntos fundamentales… No vale la pena.
https://acento.com.do/2019/opinion/8656230-pacto-electrico-ligero-dejara-igual-la-crisis/


Ingeniero Antonio Almonte, experto en energía 
https://youtu.be/acw8ikGIIzg
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ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA Y COMPARACIÓN CON LAS CIFRAS REALES EN MATERIA DE EMPLEO, SALARIOS, POBREZA Y PENSIONES

ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA Y COMPARACIÓN CON LAS CIFRAS REALES EN MATERIA DE EMPLEO, SALARIOS, POBREZA Y PENSIONES 
Por: Matías Bosch Carcuro | Edgar García Cabrera | Airon Fernández 
28 de febrero de 2019
I.             ¿Se ha dignificado los empleos y disminuido la pobreza? 

El Presidente Danilo Medina ha declarado que “del 2012 hasta finales del 2018, se han creado unos 770,000 nuevos ocupados netos” y que la pobreza se ha reducido al 23%, lo que implica “sacar a más de un millón y medio de personas de la pobreza”.
Sobre este punto, de acuerdo con las cifras que aporta el Banco Central (entidad que oficialmente lleva las estadísticas de esta materia), entre 2014 y 2017 se crearon 380,608 nuevos puestos de trabajos, de los cuales el 47% se crearon en condición de informalidad (sin considerar el crecimiento de la población económica activa). De hecho, en el año 2017 se crearon 121,066 puestos de trabajo, de los cuales el 66.7% fue en la informalidad. Más aún, la informalidad en el mercado de trabajo dominicano creció de 2016 a 2017, situándose en un 59%.
En cuanto a los salarios, con datos de 2017, podemos asegurar que el 60% de los ocupados perceptores de ingresos (formales e informales) percibían un ingreso promedio de RD$11,734, lo que significa que ese 60% de dominicanos estaban viviendo con ingresos por debajo del costo de la canasta familiar más baja, calculada en RD$13,346. Asimismo, el 80% declaró percibir, en promedio, un ingreso menor a RD$17,000, muy por debajo del costo de la canasta media, valorada en RD$23,422. Es decir, la inmensa mayoría de la población dominicana que trabaja gana mucho menos de lo que necesitaría para subsistir.
Hay casos como el turismo, sobre el cual el Presidente afirma que “no hay otro sector que dinamice más la economía y cree más empleos directos e indirectos”. Pues bien, en ese sector en 2018 la informalidad del empleo alcanzó el 48.7% y el “salario mínimo legal” más alto, de las empresas más grandes, apenas llega a los RD$10,355, siendo el sector que paga salarios más bajos.
Sobre esta base es que se puede hablar de cambios reales en las cifras de pobreza.
Si se considera la línea oficial de 2016 cifrada en RD4,644 mensuales por persona en cada hogar, de acuerdo con el ingreso laboral de los dominicanos y dominicanas, descontando las remesas, las transferencias y ayudas del Estado así como otros ingresos extras, el 47% de los dominicanos vive por debajo de la línea de pobreza, que en realidad podría calificarse de miseria. Y si se considerara una línea de pobreza hipotética de RD$6,925 por persona al mes, el 59% de la población se ubica por debajo de dicha, en base al ingreso laboral.
Asimismo, resulta alarmante que el Presidente de la República anuncie la “dignificación de los salarios de los servidores públicos”, señalando que a partir de abril aumentará el salario mínimo del sector público de 5,117 pesos a 10,000 pesos; mientras que los salarios de 10,000 a 20,000 pesos recibirán un incremento del 10%. Fundamentados en los datos antes mencionados, eso quiere decir que el aumento de quienes peor ganan no alcanzará para cubrir la canasta familiar más baja, mientras otros no alcanzarán el nivel de la canasta media. Las mejoras salariales, tal como se anuncian, podrán ser más dinero en el bolsillo de las personas y eso es bueno, pero no significarán una “dignificación” que permita alcanzar los niveles mínimos de subsistencia de los empleados públicos y sus familias, ni cumplir con los preceptos de la Constitución en materia de justicia salarial.
Resulta llamativo que en relación con los salarios de los bomberos, por citar un ejemplo, el presidente de la República informó al país que ha sostenido diálogos “para establecer un nuevo esquema de compensación salarial, orientado a asegurar la justicia y equidad”. Este “esquema”, de acuerdo a las palabras del presidente, establecería “salarios dignos y equitativos, pago de Regalía a final de año y beneficios de la Seguridad Social”.
Resulta impensable que se presenten al país “beneficios” para estos servidores públicos que no son más que aquellos que por el derecho al trabajo y a la seguridad social establecidos en nuestra Constitución, forman parte de los derechos básicos que todos deberían tener garantizados. Es decir, no se trata de “beneficios” ni mucho menos de privilegios o concesiones, y más bien ha sido admitir cómo en el país se violan las normas laborales incluso en las propias instituciones del Estado.  Por algo el artículo 5 de la Constitución nos indica que este instrumento de supremacía normativa se fundamenta, precisamente, en el respeto a la dignidad humana.
Por último, llama poderosamente la atención que se hable de poner en marcha un “Programa Primer Empleo, en alianza con el sector privado” y que “mediante este programa, unos 5,000 jóvenes, especialmente mujeres, se incorporarán por primera vez al mercado laboral y obtendrán capacitación técnica en sus puestos de trabajo”.
Una cantidad de 5000 jóvenes es prácticamente insignificante ante una población económica activa en edades entre 15 y 39 años que ronda los 2.5 millones de personas, y se ha estimado hasta en 700,000 los jóvenes entre 10 y 34 años que ni estudian ni trabajan. Específicamente en cuanto a las mujeres, menos de la mitad de ellas en edad de trabajar (49%) se encuentran participando activamente de la economía, y el 51% de estas genera ingresos por debajo de la pobreza laboral. ¿Qué representarán 5000 eventuales puestos nuevos en esta cruda realidad?
De igual modo, aunque el Presidente Medina señale que en contrapartida el empresariado se compromete a mantener estos  jóvenes en su nómina al menos por dos años, sería importante que el país conozca debidamente las condiciones de derechos laborales a las que se verán sujetos esos jóvenes, en una figura que no existe en el Código de Trabajo y la experiencia dicta que el gran empresariado ha buscado con el concepto de “Primer Empleo” contar con una fuerza de trabajo vulnerable y precaria, como también se ha visto en experiencias de otros países.
II.            ¿De qué se trata reformar el Código de Trabajo y construir “consensos”?
El presidente de la República planteó que “En las últimas semanas se ha retomado con fuerza el diálogo entre gobierno, empresarios y sindicatos en torno a la actualización y modernización del Código de Trabajo. Se ha avanzado como nunca en la búsqueda de consensos y confiamos en que, muy pronto, podremos estar presentando ante esta Asamblea un nuevo código”.
Es curioso que desde el Poder Ejecutivo se invite a una modificación del Código de Trabajo cuando la mayoría de los trabajadores dominicanos ni siquiera han podido gozar de muchas de las conquistas del Código de Trabajo vigente. En nuestro país no se conocen los datos sobre negociación colectiva; no se tiene acceso a datos que demuestren el cumplimiento de la participación en las ganancias de las empresas; y mucho menos se protege la sindicalización, cuestión básica para el verdadero diálogo y la paz laboral, así como para generar salarios y condiciones decentes de trabajo, según toda la evidencia nacional e internacional.
La sindicalización que apenas alcanza un 6% de la clase trabajadora, indica que el Ministerio de Trabajo y la institucionalidad no actúan de manera coherente con los discursos periódicos del Presidente ni cumplen con el mandato que les dicta la Constitución y las leyes, pues los derechos fundamentales de los trabajadores no están protegidos.
¿Acaso tiene sentido hablar de bienestar o de proteger a la población trabajadora si la institucionalidad no funciona, si el Código de Trabajo es violado sistemáticamente, los salarios se discuten entre cuatro paredes bajo un mecanismo de dudosa calidad democrática, y existen más de 22 salarios mínimos legales, que permiten a la clase patronal usar el salario siempre como "factor de ajuste", de los cuales sólo dos superan la canasta familiar promedio?
La desigualdad y asimetría entre los actores patronales y laborales, y el carácter cerrado con que se suelen realizar estas discusiones, obliga a preguntarse por la calidad del consenso que se está buscando. Se trata, entonces, de una serie de negociaciones desconocidas por la mayoría de los trabajadores dominicanos y un sistema cerrado de toma de decisiones, contrario al espíritu de la ley ¿Cuál ha sido la postura del Comité Nacional de Salarios de cara a una eventual modificación del Código? ¿Cuáles nuevas “conquistas” serán incluidas en esta nueva normativa?  El país necesita garantías de que no se impondrá la lógica del gran empresariado, al cual se le ha ofrecido desde hace años un statu-quo donde sus intereses no se vean afectados.
Por último se puede afirmar, que si no se cambia el Modelo económico improductivo, importador, rentista y precarizante del trabajo; si no se construye un auténtico Pacto Laboral y Productivo, orientado a una economía que genere valor, con empleos dignos, derechos garantizados, salarios decentes y una institucionalidad que funcione, nada realmente sustantivo va a cambiar. Asimismo, es inaplazable que el país cuente con aumento justo y general de salarios y se llegue a un consenso sobre un salario mínimo decente nacional.
III.          ¿Se ofrece un cambio de fondo en el sistema de pensiones?
Por último, llama poderosamente la atención que el Presidente Medina anunciara “la esperada reforma de la Ley de Seguridad Social” diciendo que la misma “será un hecho” y en el día de ayer envió al Congreso “la ley para la mejora de la cobertura de la seguridad social”.  Según el proyecto enviado, se sustituirá las dos comisiones que cobran las AFP por una única comisión de 1.4% sobre “los saldos”.
Resulta incomprensible que mientras se ha estado discutiendo desde la pasada legislatura una eventual modificación a la Ley No. 87-01, en un proceso de consultas y debates abiertos con los distintos sectores en la Comisión se Seguridad Social del Senado, el Presidente sorprenda al país con un proyecto ya redactado desde el Poder Ejecutivo. Ante este hecho, cabe traer a la memoria que representantes de varias instituciones gubernamentales se ausentaron de sesiones de la Comisión a las cuales fueron debidamente invitados.
Por lo tanto, queda la interrogante de cómo el Presidente presenta un proyecto cuando la Comisión senatorial a cargo del tema está aún en el proceso de crear los consensos básicos sobre el tema, y surge la duda sobre con quién y mediante qué proceso de diálogo el Poder Ejecutivo ha llegado a la elaboración de este documento que sin aviso previo se anuncia ante la Asamblea Nacional.
Se debería tomar en cuenta qué papel están jugando en este escenario las AFP, que ya administran una cantidad de recursos superior el 11% del PIB y son acreedores de deuda pública en más de 324 mil millones de pesos (a marzo de 2018). Esto ciertamente les da un inmenso poder económico y político, y podría también haber incentivos a que el Gobierno busque con afán reducir lo que las AFP cobran y se ganan producto del endeudamiento público, que en total ya ronda el 50% del PIB.
Finalmente, haciendo una estimación en base a la comisión de 1.4% sobre los fondos de pensiones, propuesta por el Presidente, y considerando los fondos existentes hasta diciembre de 2017, ascendentes a 407,903.8 millones de pesos, aun así las AFP hubiesen obtenido ingresos de 5,710.7 millones de pesos sólo en ese año que, comparados con los ingresos que efectivamente obtuvieron gracias a las comisiones actuales, representarían una reducción sólo de un 24.3%, es decir de 1,835.7 millones de pesos. Como se ve, se trata de mucho menos que lo que podría imaginarse al escuchar que las comisiones se rebajan del 30% al 1.4%. Una de las claves para entender esto, está en que aunque el número parezca mucho menor, ya la ganancia no será sobre la rentabilidad de los fondos, sino sobre la totalidad de sus saldos.
Vale destacar que el patrimonio de los fondos de pensiones crece año tras año, por ejemplo ya para marzo de 2018 ascendían a 424,694.8 millones de pesos, casi 17 mil millones más que en diciembre de 2017, apenas en tres meses. Por lo tanto, con una comisión fija sobre el patrimonio de los fondos de pensiones que crecen como una bola nieve, los ingresos y ganancias de las AFP, si bien podrían ser menores comparados con la actualidad, estarán en continuo crecimiento conforme crezcan los fondos de pensiones. Estimamos que con una comisión de 0.85, ya para el 2033 las AFP prácticamente igualarían los ingresos que obtuvieron en 2017 con las comisiones actuales, más de 7500 millones de pesos, para luego obtener ingresos comparativamente mayores en los próximos años.
Esto supone un negocio aún más seguro y libre de riesgo para las AFP, constituyendo una trampa en beneficio de estas megaempresas y que, por supuesto, no resolverá para nada la crisis del sistema de pensiones.
Frente a los montos que se seguirán ganando las AFP, el monto ofrecido ayer para las “pensiones solidarias” resulta pírrico, y mientras los fondos de pensiones sigan siendo un negocio financiero no podrán incluir a la población que necesita la cobertura ni ofrecer pensiones dignas, ni siquiera a las personas que según la ley debería tener derecho a la supuesta “pensión solidaria”. Otro caso dramático es el de los pensionados públicos, al cual se les ha estado pagando pensiones por debajo del monto establecido, violando la Ley No. 379-81 y afectando a más de 60 mil personas.  
Cambios como el propuesto el día de ayer, que solo hace menos escandalosa la forma de ganar dinero de las AFP, no surgen de ningún diálogo social ni análisis técnico conocido y consensuado. Más bien estas propuestas ya habían sido lanzadas por las propias AFP y por voceros de este modelo de capitalismo salvaje, y se han aplicado en otros países con rotundo fracaso.
Podemos asegurar que la modificación propuesta a la comisión que obtienen las AFP es un subterfugio para no cambiar en nada sustancial el cuadro que se ha pronosticado por distintos organismos nacionales e internacionales: mantener las ganancias exorbitantes de las AFP, sangría de cuantiosos recursos públicos a costa de los impuestos, pensiones de miseria para la gente, y un modelo mercantilista en lugar de verdadera protección social. Esto perpetuará la vulneración de los Derechos Fundamentales, de la Constitución, y seguirá atentando contra el bienestar y la paz social, mientras casi todos los países que han padecido este modelo lo han revertido y transformado a fondo, tal y como recomienda el último informe de la OIT sobre el tema.
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Publicado el: 2 marzo, 2019 | Por: Teófilo Bonilla | e-mail: t.bonilla[@]elnacional.com.doerreira
Doscientos 24 recién nacidos murieron en el país en las primeras cuatro semanas de este año, según establecen las estadísticas publicadas en la página de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Las cifras dan cuenta que durante la semana pasada se notificaron 68 decesos de infantes, que totalizan los 224 en lo que va de año, del 21 al 27 de enero, registra el boletín epidemiológico.
Precisa que el 75 por ciento de los 167 fallecimientos neonatales tenían menos de 28 días de vida en el momento del óbito.
A nivel de región de residencia de la madre, las mayores tasas de mortalidad neonatal se observaron en las regiones del Valle, Cibao, Norte, Valdesia y Cibao Occidental.
En el 2019 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) colocó a la República Dominicana entre los países de mayor mortalidad de recién nacidos, en el lugar número 51 de 186 naciones evaluadas.
La tasa en el país es de 20.8% por cada mil nacidos vivos, o sea que uno de cada 48 recién nacidos muere antes de los 28 días, según la Unicef.
La mortalidad materno-infantil es uno de los grandes desafíos en materia de salud de las autoridades del país. En el 2018 fallecieron 189 mujeres por problemas con el parto y 3,395 neonatos fallecidos.
Recientemente el ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, anunció el inicio de un plan contra la muerte materno-infantil que dijo contará con un presupuesto inicial de 25 millones de pesos, alrededor de medio millón de dólares.
Hace años que diversos sectores de la vida nacional piden la despenalización del aborto cuando corre riesgo la vida de la mujer, cuando es producto de violación o incesto, y cuando el embarazo es inviable, argumento que se esgrime, vendría a favorecer la reducción de los citados índices.
En el 2018, la mortalidad infantil, el promedio de muertes mensual fue de 291. Se reportaron 3,494, para una diferencia de 225 fallecimientos más que en el 2017. Según de la Dirección General de Epidemiología, el 74% (2,595) ocurrieron en recién nacidos de 28 días de vida.
Por la región de residencia de la madre, las mayores tasas de mortalidad neonatal se observan en las regiones VII Cibao Occidental y II Cibao Norte.
Muertes maternas
También el informe epidemiológico señala que en el citado período, se reportaron cuatro muertes maternas en mujeres entre 21 y 31 años de edad, que residían en Santo Domingo, La Vega, Dajabón y La Altagracia, las que totalizan 15 en lo que va del año, una más que la notificada en el 2018.
En las últimas cuatro semanas, la mayor frecuencia de muerte materna ocurrió entre mujeres residentes en las provincias Santo Domingo que estuvo cinco y dos en Santiago.
Según las estadísticas en el país cada mes muere un promedio de 16 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, y según estadísticas, sólo en el 2018 fallecieron 197, de las cuales 89 residían en el Gran Santo Domingo (GSD) y cuatro eran extranjeras.
Objetivos del milenio
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 contemplan poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, y condiciona a todos los países intentar reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1,000 nacidos vivos.
https://elnacional.com.do/mueren-224-bebes-en-hospitales-en-enero/
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