SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Grupo de Lima rechazó actos violentos en frontera colombo-venezolana
Los países reiteraron su compromiso para continuar apoyando a los venezolanos en su lucha por la democracia
Foto: EFE
Por EL NACIONAL
Los países miembros del Grupo de Lima, en su declaración conjunta, acordaron este lunes rechazar los actos violentos cometidos el sábado por parte de Nicolás Maduro para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria en el país.
Durante la reunión las naciones miembros acordaron solicitar ante la Corte Penal Internacional (CPI) que tome acciones sobre la crisis que confronta Venezuela.
Los países también expresaron su agradecimiento a los países que contribuyeron en la entrega de insumos para la ayuda humanitaria para los venezolanos. Las naciones manifestaron su solidaridad hacia los ciudadanos de Venezuela y reconocieron su valentía.
El Grupo de Lima reiteró su compromiso para continuar apoyando a los venezolanos en el restablecimiento de la democracia en el país. La organización sostuvo un encuentro en el que participó Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos.
Mundo,Latinoamérica,Grupo de Lima
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Grupos políticos y sociales promueven coaliciones para diversificar el poder: Análisis de Juan Bolívar Díaz Juan Bolívar Díaz | 23 de febrero de 2019 | 8:00 am
Foto: Acto de lanzamiento de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional
Nunca antes en el proceso democrático nacional se habían registrado tantos esfuerzos por alianzas o coaliciones de partidos para unas elecciones generales, determinados por el dominio político del Estado logrado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por el cansancio generado por sus cinco gobiernos de los últimos seis a partir del 1996 y por la Ley de Partidos.
El proyecto más ambicioso se expresa en la llamada “Coalición Democrática por unGobierno de Regeneración Nacional”, que pretende una conjunción de toda la oposición para desplazar al PLD del gobierno o por lo menos reducir su monopolio del poder, pero muchos partidos minoritarios buscan también unirse para no desaparecer por las nuevas normativas.
Muchos buscan alianzas
Rafael Chaljub Mejía habla en el acto de formación de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional
Desde el año pasado se plantean alianzas de partidos y sociales para desplazar al PLD del gobierno, promovidas por la experiencia de los comicios del 2012 y 2016, cuando el partido gobernante avasalló abusando de todos los recursos del Estado para afianzar un dominio electoral sin precedentes, que se extiende a las más diversas instancias sociales mediante mecanismos de cooptación como repartos de cargos, subsidios, contratos y exenciones.
Casi todos los partidos de oposición han formulado planteamientos sobre la necesidad de unirse para enfrentar “al monstruo” que domina la sociedad, entre ellos el Revolucionario Moderno, el Reformista Social Cristiano, Alianza País, Frente Amplio, Opción Democrática y Dominicanos por el Cambio. Todos estos y otros cinco pasaron más de dos años en un esfuerzo de concertación, pero sufrieron un tropiezo cuando los dos primeros y mayores apoyaron la Ley de Partidos promovida por la facción peledeísta del presidente Danilo Medina.
Partidos que no se aliaron en el 2016, aunque tienen posiciones políticas similares, como Alianza País y Opción Democrática, ahora persisten en constituir una coalición, aunque tuvieron un tropiezo cuando la Junta Central Electoral les rechazó su propuesta de ir coaligados desde las elecciones primarias a celebrarse el 6 de octubre próximo. Estos tratan de atraerse a otros como el Revolucionario Social Demócrata, el Partido Humanista y Dominicanos por el Cambio.
Por otro lado se mueven una decena de partidos, aliados del PLD, pero que buscan conformar una alianza para las elecciones municipales y congresuales, compelidos por la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que les ha puesto más difícil su sobrevivencia jurídica. Están dispuestos a ofrecer la mitad de las candidaturas a dirigentes sociales para atraerse votación.
La Coalición Democrática
El proyecto más ambicioso es el de la Coalición Democrática (CD) proclamada el 11 de noviembre en Santo Domingo por unos 500 militantes sociales y replicada posteriormente por otros 300 en Santiago, así como en otras ciudades, sobre la base de unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico-Social.
Los lineamientos de la CD están contenidos en 20 prioridades políticas e institucionales y económico-sociales con el objetivo de rescatar la institucionalidad democrática, combatir la corrupción y la impunidad, contener el proceso de insostenibilidad fiscal, restablecer la posibilidad de competencia electoral y echar las bases para un nuevo modelo de desarrollo que estimule la competitividad, el desarrollo y la equidad en la distribución del ingreso.
Como no se trata de una nueva organización política, sino un espacio de concertación, la Coalición trabaja sin publicidad, aunque sí lo hacen varios de los grupos que la integran como el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, Bien Común y el Congreso Cívico, con ramificaciones en múltiples regiones y enNueva York y Florida. Los informes disponibles indican que ya han constituido una mesa de concertación con la mayoría de los partidos de oposición, en la que los lineamientos básicos han tenido absoluto consenso.
Fernando Henríquez, abogado y dirigente de la Coalición Democrática
La CD parte de la necesidad de unir partidos políticos y dirigentes sociales en torno a candidaturas de los mejores cuadros de los partidos y provenientes de los grupos sociales para generar una sinergia que supere el inmovilismo y el pesimismo de amplios segmentos que han perdido confianza en el partidismo político, bajo las premisas de que seunen ahora o habrá peledeísmo por muchos años. En la opinión pública prevalece la convicción de que la unidad de la oposición crearía un nuevo escenario de competencia electoral.
El proyecto Juntos Podemos
Una docena de partidos minoritarios están empeñados en crear su propia coalición y también convencidos de que si se juntan con grupos sociales y ciudadanía, lograrán una representación significativa en los municipios y el Congreso Nacional, compelidos por las nuevas normativas de la Ley de Partidos que deja sin personaría jurídica a los que no alcancen el uno por ciento de la votación, aunque obtengan algúncargo legislativo o en los ayuntamientos, como era hasta ahora.
En Junto Podemos confluyen la mayor parte de los 14 partidos que fueron aliados al PLD en las elecciones del 2016, pero quieren incorporar a otros de oposición para alianzas en las elecciones municipales de febrero del 2020, que serían una especie de referéndum para las de tres meses después. A la cabeza aparece José FranciscoPeña Guaba y su Bloque Institucional Social Demócrata que en el 2016 logró ganar la senaduría de San José de Ocoa, en una alianza variopinta, incluso contra el PLD, a quien sin embargo apoyó al nivel presidencial.
Han tenido la habilidad de realizar un mapeo nacional partiendo de las debilidades provinciales y municipales de los partidos dominantes, especialmente del PLD, ya manifiestas en los resultados del 2016. En esos comicios la votación propia del PLD, sin sus 14 partidos aliados, fue de 50.2 por ciento en el nivel presidencial, pero cayó al 41.7 en el congresual y a 35.7 en el municipal. Juntos Podemos no se define como un proyecto de oposición al PLD, sino de supervivencia política, y deja a quienes lo integren en libertad de decidir a qué candidato presidencial respaldarán. Sus principales promotores son funcionarios del actual gobierno.
Un oligopolio político
Acto de lanzamiento de la Coalición Democrática
Aunque en las pasadas elecciones participaron 26 partidos políticos, e igual número están habilitados para el 2020, aparte de otros cuatro que persiguen reconocimiento, el sistema político tiene una tradición oligopólica, descansando casi siempre en dos, desde el 2016 el PLD y el PRM. El PRSC y el PRD, completan“los mayoritarios”, porque superaron el 5% del sufragio.
A diferencia de lo ocurrido entoda América Latina, en el país no ha habido emergentes que rompan abruptamente el dominio político, y de hecho apenas dos candidatos alternativos han rebasado el 1 por ciento en elecciones presidenciales en el “período democrático” iniciado en 1978, Elías Wessin con el 1.89 en 1982 y Guillermo Moreno, con 1.37 y 1.83 en 2012 y 2016.
Ha habido candidatos presidenciales de izquierda, como Narciso Isa Conde, Rafael Fafa Taveras, Max Puig, José González Espinosa y Raúl Pérez Peña.De derecha como Vincho Castillo, Pelegrín Castillo, Elías Wessin Chávez, Francisco Augusto Lora, Pedro Candelier y Luis Julián Pérez. Del centro como César Estrella Sadhalá, Eduardo Estrella, Rafael Abinader, Roberto Saladín o Hatuey deCamps. También dirigentes populares como Ramón Almánzar y el sacerdote Antonio Reynoso. Como se puede advertir en el cuadro anexo, de 32 candidaturas presidenciales, sólo dos superaron el uno por ciento y tres el 0.50.
Esos resultados tan concentrados no son por falta de méritos, que en muchos sobraban, sino por un sistema político hecho a la medida de los dominantes, por el financiamiento público y privado, por el clientelismo y el abuso de los recursos públicos de los que han usufructuado los poderes del Estado.
Una ley agravante
La ley de Partidos 33-18 agrava la situación de los partidos minoritarios, algunos de los cuales llevan múltiples elecciones adheridos a los dominantes para mantener la personería jurídica. La nueva normativa los pone contra la pared, porque antes bastaba con que obtuvieran algún cargo congresual o municipal, en una alianza para mantener su reconocimiento, pero ahora se requiere que también obtengan al menos el 1 por ciento de la votación.
Si se mide por los resultados de las elecciones del 2016, sólo 12 de los 26 partidos hubiesen mantenido el reconocimiento, al haber obtenido más del 1 por ciento en los tres niveles de elección, presidencial, congresual y municipal. Con el agravante de que ahora los requisitos para nuevos registros son mayores: según el artículo 15 de la Ley 33-18, el 2 por ciento de los votos de la última elección, y tener organismos de dirección y operando en cada municipio. A diferencia de cuando fueron habilitados la mayoría de los partidos, que había un mercado de listados para avalarlos, ahora la JCE verifica por muestreo la validez del apoyo ciudadano.
La nueva legislación también contiene dificultades para los pequeños, como el límite del 20 por ciento de candidaturas para alianzas, aunque hay una contradicción entre la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral. Esta última parece abrir espacio a las coaliciones, más allá de las alianzas, cuando en sus artículos 168 y 269 plantea que “para la postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros acuerdos, los partidos aliados o coaligados serán una sola entidad”. Juristas como Francisco Alvarez Valdez y Fernando Henríquez entienden que la coalición supera el límite de las alianzas y podría permitir mayores posibilidades de candidaturas comunes, pero eso dependerá del reglamento que habrá de dictar la JCE.
El tiempo también pone límites, porque según la ley 33-18 y su reglamento, las alianzas y coaliciones tienen que definirse el 7 de junio, según la Ley 33-18.-
Almonte fundamenta las razones técnicas, económicas y de transparencia por las que el PRM no podía firma el Pacto Eléctrico
El director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó este domingo que en términos prácticos el documento del Pacto Eléctrico propuesto por el Gobierno no plantea solución a las cuatro causas principales de la larga y tormentosa crisis del sector eléctrico dominicano, que por respeto a la sociedad no podía firmar, lo cual haría bajo esas 4 condiciones.
Se esperaba, advierte Almonte, que el Pacto Eléctrico propondría cambios radicales en la manera de designar el personal gerencial de las empresas públicas y otras medidas para acabar con el despilfarro y agregar eficiencia empresarial. Pero no lo hizo.
Por su lado, el PRM propuso que se fusionaran los tres consejos administrativas de las distribuidoras para crear uno solo, y que sus miembros fueran seleccionados mediante concurso público competitivo para reducir o evitar la influencia política. Esa propuesta fue rechazada por el Gobierno.
En el documento oficial el Palacio propone mantener los tres consejos y no sugiere ningún cambio en el mecanismo de escogencia de gerentes y en la dinámica de administración y controles que obligue competir y garantice eficiencia y despolitización.
El PRM no está de acuerdo con un pacto que deje exactamente igual las fuentes de politización e ineficiencia de las empresas distribuidoras.
6 a 10 años para bajar un 10% despilfarro de las EDES
“En esa mezcla aparentemente lógica”, explica el especialista, “se termina proponiendo que para reducir los exagerados costos operativos de las distribuidoras a un minimo de 10% respecto a sus ingresos se requerirían inicialmente 6 años, tiempo a partir del cual se haría otra evaluación para llevarlo a estándar internacional que es entre 4 y 6%, lo cual plantea un horizonte de casi 10 años para llegar a ese estándard. ¿Por qué hay que esperar seis años para reducir personal superfluo y nominillas políticas? ¿Por qué hay que esperar seis años para eliminar subcontrataciones innecesarias, sueldos y viáticos escandalosos de empresas profundamente quebradas? ¿Por qué pedirle al PRM que firme y se comprometa con eso?
De igual manera el documento del Pacto propone una tarifa de transición, no técnica o eficiente, por seis años y luego otra tarifa también transitoria hasta que diez años después pueda aplicarse una tarifa técnica que refleje los costos. Se trata de un esquema inexplicable y que contradice la ley, el fundamento de cualquier mercado y también todos los estudios sobre tarifas contratados por la propia Superintendencia y el Gobierno en pasado reciente.
Generación
Agrega que la reticencia del sector privado en la inversión en proyectos de generación al ritmo y escala necesarios se debió, principalmente, a la profunda crisis financiera de las distribuidoras, la incertidumbre en la regulación y, también, a las propias lógicas y legítimas estrategias de optimización de utilidades de sus empresas.
Esa experiencia demostró que el modelo de mercado mayorista, conformado por la dinámica de transacciones entre generadoras y empresas distribuidoras según la Capitalización del 1999, carecía de incentivos y condiciones estructurales suficientes para garantizarle al sistema inversiones a tiempo y de adecuada tecnología, tamaño y localización geográfica.
Quiere decir, que el PRM esperaba que en la propuesta de Pacto Eléctrico ese tema fuera abordado directa y profundamente y que se propusieran iniciativas innovadoras para corregir tan grave falla en el mercado mayorista palmariamente revelada por la dura experiencia de casi 20 años.
Sin embargo, el Pacto propuesto por el Gobierno no dice nada al respecto.
Por su lado, los técnicos del PRM elaboraron y presentaron propuestas de cambio que también fueron olímpicamente rechazadas por el Gobierno.
“¿Cómo puede pedírsele al PRM que firme un Pacto que ni menciona, ni propone nada sobre tan crucial aspecto estructural del sector para atraer de manera automática y eficiente inversiones privadas [¡no estatales!] continuas en nuevas plantas de generación?”, se pregunta Almonte.
No hay regulación sin independencia
Otra debilidad estructural del mercado eléctrico dominicano es su débil y muy dependiente regulación que incluye la violación olímpica y frecuente de la ley de electricidad y otras normativas. Y se hace sin que la Superintendencia de Electricidad (SIE) intervenga como debiera, apostilla el técnico y dirigente político
“Todo mundo sabe que en un mercado con participación de poderosas empresas privadas locales y extranjeras, y también de empresas estatales directamente articuladas con el poder político, la regulación efectiva requiere fortaleza técnica, independencia política e independencia económica. La independencia del regulador es la primera garantía de su eficiencia operativa”, indica.
Consciente de ello el PRM propuso que en el Pacto se introdujera una modificación al mecanismo de designación del cuerpo regulador de la Superintendencia de Electricidad, y otras para eliminar o reducir su actual dependencia económica tan directa respecto a los aportes de las empresas públicas y privadas bajo su regulación y supervisión.
Sin embargo, esas propuestas fueron rechazadas y se consignó en el documento oficial dejar igual la discrecionalidad absoluta del presidente de la Republica para la designación de los reguladores y también que la SIE tenga que seguir haciendo gestiones directas con las empresas privadas que regula para que le paguen la cuota mensual y lo mismo con las empresas estatales. Según el Pacto ropuesto la regulación del sector anda muy bien, la ley se cumple y nada hay que mejorar.
“¿Cómo se le pide al PRM que firme un documento supuestamente de reforma con tales distorsiones?”, insistió Almonte.
“Como puede apreciarse el documento del Pacto Eléctrico, a pesar de sus 58 bien escritas páginas, en realidad no contesta ninguna de las preguntas sobre las cuatros patas que han sostenido el insaciable monstruo de la crisis eléctrica nacional.
Como se pude ver, el PRM fundamenta su posición sobre la firma del Pacto en un genuino interés general para que se haga una reforma y relanzamiento del sector eléctrico que beneficie a la gente y agregue transparencia, eficiencia y sustentabilidad al mercado eléctrico para que sirva a la competitividad económica y al desarrollo nacional, no para un movimiento cosmético, politiquero, que al final terminaría como ocurrió en el 1999 con la malhadada Capitalización de la CDE realizada por la famosa CREP bajo orientación del PLD y Leonel Fernández. http://hoy.com.do/almonte-fundamenta-las-razones-tecnicas-economicas-y-de-transparencia-por-las-que-el-prm-no-podia-firma-el-pacto-electrico/
El Pacto propuesto esta bien escrito y estructurado, pero recorre la crisis electrica y solo se detiene en las laderas, no entra ni ataca el corazon de la crisis. NINGUNA SOLUCION CONCRETA PARA ACABAR EL DESASTRE DE LAS DISTRIBUIDORAS Y DARLE INDEPENDENCIA A LA REGULACION ETC ET
Las causas principales de la crisis electrica: politizacion y despilfarro de las distribuidoras; las perdidas de energia, la infuncionalidad de la regulacion y la lenta dinamica de inversion privada en generacion. El famoso pacto no propone soluciones concretas a esos puntos.
El PRM hace constar ante la opinión pública, las siguientes consideraciones, que deberán ser tomadas en cuenta a fin de tener un verdadero pacto eléctrico en beneficio del país y de todos los ciudadanos, a saber: 1. Que se respete la Ley General de Electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole. 2. Realizar una reestructuración en referencia a la CDEEE de tener un solo Consejo de Administración y fusionar las tres distribuidoras en una. 3. El Compromiso en firme en dicho pacto de eliminar, en un plazo no superior a 18 meses el problema de los apagones en todos los sectores del país. 4. Realizar las auditorías de lugar a las Distribuidoras, que desde el año 2012 no han sido realizadas. 5. Aplicar un programa de reducción de gastos en las distribuidoras y llevarlo a un tope de un 10% sobre sus ingresos, tal como recomiendan diversas firmas internacionales. 6. Establecer un Programa de Licitaciones para la Contratación de Energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado. 7. Aplicar un sistema de tarifa social transparente acorde con la población de más bajos recursos y/o población vulnerable. 8. El compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. 9. Que se transparente el proceso de ejecución de Punta Catalina, a través de una empresa de auditoría independiente y que se realice una licitación transparente para determinar el precio de la energía al que venderá dicha central. 10. Participación de la oposición, el sector social y representantes de los consumidores, en el proceso de seguimiento al pacto.
