Discurso de Luis Abinader Cámara de Americana de Comercio RD 26 de mayo 2020

Señor Ramón Ortega, Presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana; señor William Malamud, Vicepresidente Ejecutivo; señora Robin Bernstein, Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica; Directivos y Miembros presentes, invitados todos:

Buenos tardes y gracias por abrir este espacio de diálogo para conocer las políticas públicas que adoptaremos desde la presidencia de la República, las cuales esperamos contribuirán  a crear un clima de negocios favorable para el comercio y la inversión entre los Estados Unidos y nuestro país.

Felicito a la Cámara Americana de Comercio, por seguir brindando este excelente escenario para que cada candidato a la presidencia pueda ofrecer sus planes y propuestas y los lineamientos principales de su gobierno.

Franklin Roosevelt, el trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos, dijo en una ocasión: “No es suficiente con solo querer, te tienes que preguntar qué es lo que vas a hacer para obtener lo que deseas”.

En este discurso pretendo compartir con ustedes no solo el país que queremos para progresar, sino lo que vamos a hacer exactamente para conseguir el país que necesitamos.

Ese país que necesitamos no se puede alcanzar sin reconocer la importancia de la empresa privada como realidad económica y social básica en el mundo contemporáneo. Una empresa que aprenda a desenvolverse en mercados competitivos y que reniegue de los mercados monopólicos.
En las empresas conviven cotidianamente millones de personas que desempeñan, durante los mejores años de su vida productiva, un trabajo como empresarios, directivos, gerentes o empleados y hasta como consumidores que generan fidelidad a la calidad.

La empresa es por la tanto uno de los principales escenarios en donde se plantea y decide a diario el desarrollo sostenible de los individuos en particular y de la sociedad en general.

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria; y también el derecho de cada persona a dedicarse a la actividad económica de su preferencia, siempre en el marco del respeto a las leyes y estructuras de mercado donde se privilegie la competencia.

En la práctica, esa garantía constitucional está lejos de alcanzar su realización; para concretar esa promesa de libertad de emprender tenemos que desterrar la cultura contraria a la empresa heredada de nuestros antepasados.

Esa cultura anti-empresa fue perfectamente definida con la siguiente frase de Winston Churchill: “Algunas personas consideran la empresa privada como un tigre depredador que debe ser cazado. Otros la ven como una vaca que se puede ordeñar. No muchas personas la ven como un caballo sano que tira de un carro robusto”.

Necesitamos de un compromiso público privado para eliminar del imaginario colectivo los estereotipos de tigre depredador o vaca de ordeño estatal y establecer la idea del caballo sano que tira del carro robusto de la economía nacional.

De la parte pública del compromiso nos encargaremos nosotros a través de la aplicación de políticas públicas para crear instituciones fuertes y eficaces que incentiven y refuercen la iniciativa privada y la competencia.

Pero antes de comenzar a explicar las políticas públicas que proponemos para los problemas de siempre, debemos detenernos un poco en el diagnóstico de la situación causada por los problemas actuales.

Para nadie es un secreto que la realidad económica de nuestro país y del mundo no es ni será la misma durante ni después de esta pandemia. El impacto económico y social del virus se siente en la producción, en la cadena de suministro, en las finanzas de las empresas y en el empleo. Las pérdidas causadas por el Covid-19 superan por mucho las causadas por el crack del 29 y el colapso financiero del 2008. Para poner un ejemplo, el desempleo de los Estados Unidos en el mes de abril  fue  de 20.5 millones de ciudadanos. Eso significa menores importaciones para ellos; y para nosotros, menores exportaciones. 

No cabe duda entonces de que nos tocará manejar esta urgencia triple de la crisis sanitaria, económica y social, mientras atendemos también los temas importantes de las reformas estructurales que ustedes demandan y que necesita el país.

Nuestro gobierno, tal vez como ninguno otro de cualquier periodo anterior, tendrá la responsabilidad de brindar seguridad epidemiológica, mientras mantiene funcionando todas las actividades productivas.

Para ello, haremos lo que debió hacer esta administración durante la presente crisis, ejecutar un programa masivo para detectar, aislar, rastrear y tratar a los contagiados y sus contactos para controlar la propagación del CoVID-19.

Controlar la propagación del virus es un requisito indispensable antes de pasar a organizar y ejecutar un plan integral de estímulos para la recuperación y la reactivación del crecimiento económico.

La paralización de la producción y la suspensión del trabajo por la crisis sanitaria mantienen a muchas personas con sus recursos agotados y con fuertes deudas contraídas; y de igual forma, las empresas vieron reducirse su capital de reserva junto a su capacidad de invertir.

Para recuperar el nivel de actividad anterior a la pandemia será necesario recurrir a estímulos económicos y financieros que permitan un rápido retorno al crecimiento.

Estas condiciones excepcionales justifican medidas que en un contexto económico normal generarían amplios debates, pero que en una situación como la actual creemos que están sobradamente justificadas; porque la teoría económica y la experiencia práctica de anteriores crisis indican que un fuerte componente de gasto público a través de subsidios, transferencias de efectivo, préstamos blandos y beneficios fiscales para las personas y las empresas, es la fórmula adecuada para recuperar el crecimiento.

Si queremos generar un círculo virtuoso de producción y consumo es imprescindible proporcionar facilidades financieras a las empresas para invertir y devolverles la capacidad de compra a las personas que incentivar la producción. Al final es la demanda agregada quien determina el empleo y el producto en el corto plazo.

Casi para todos los países del mundo mover la economía mientras detienen la pandemia es un dilema; pero nosotros tenemos solución, porque creemos posible y necesario proteger las vidas tanto como los medios de vida.

Nosotros vemos esta crisis como una oportunidad para corregir distorsiones que hemos tenido por décadas. De construir un modelo económico, social e institucional más incluyente y solidario que ponga a las personas en el centro de las políticas públicas.

Tenemos que esforzarnos en atender ambas opciones al mismo tiempo, porque el resultado de ese esfuerzo determinará la forma de nuestra recuperación económica.

Todos los expertos coinciden en que tendremos un importante retroceso de la globalización que restringirá el libre flujo de bienes y personas por el comprensible miedo a un rebrote de la pandemia. Nuestro país se verá triplemente afectado por la caída de los sectores más dependientes del mercado externo como las remesas, el turismo y las exportaciones de zonas francas. La recuperación a corto plazo será contando en gran medida con el mercado interno; y simultáneamente haremos todos los esfuerzos para potenciar las exportaciones de bienes y servicios.
Hasta aquí hemos hablado de la recuperación, ahora hablaremos sobre lo que haremos para garantizar que el crecimiento logrado con la reactivación se convierta en desarrollo sostenible.  

Nada tarda tanto en llegar como lo que nunca empieza; por eso nosotros trabajaremos desde el primer día para conseguir que llegue la recuperación y comenzar de inmediato a reformar el modelo económico.

Esta reforma del modelo económico tiene el objetivo de conseguir lo que no hemos podido lograr en más de medio siglo de democracia: mejorar la calidad de vida de la gente, convertir el crecimiento económico en un desarrollo sostenible.

Nosotros sabemos que el crecimiento sin desarrollo es inhumano; y también sabemos que el desarrollo es imposible sin crecimiento. Un modelo económico que funcione debe cuidar el equilibrio entre el aumento material del crecimiento y el bienestar humano que causa el desarrollo.
El desarrollo sostenible que proponemos pretende satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social de las personas. Estamos consciente de la vulnerabilidad del ecosistema de una isla y de los riesgos que implica el cambio climático.

Para conseguirlo el Estado Dominicano tiene que sustituir el clientelismo por los derechos ciudadanos. Hay que construir una visión innovadora de la democracia, centrada en el pluralismo, la diversidad, la participación y empoderamiento ciudadano. Hay que reformar y modernizar las instituciones estatales, fortaleciendo la transparencia, la profesionalización, la rendición de cuentas, y la eficiencia administrativa de todos los órganos del Estado.

La prosperidad no se consigue solo con la mitad de la población. Según el estudio Catalizador para el cambio: Empoderando a las Mujeres y Atacando la desigualdad de ingresos, realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la superación de los desafíos del crecimiento económico mundial están estrechamente relacionados la participación de la mujer en la economía. Las políticas públicas  que creen más y mejores oportunidades laborales para las mujeres pueden generar un aumento en la economía de un país.

Ahora hablaremos sobre las principales prioridades del programa del Gobierno del Cambio: el establecimiento de un sistema de consecuencias para acabar con la impunidad y la corrupción; la firma de un acuerdo para una reforma fiscal integral que estimule la inversión; la importancia que daremos a los mercados y al comercio; la creación de una burocracia pública eficiente; la atención que pondremos en atraer inversión extranjera directa; y la necesidad de garantizar un claro orden reglamentario para competir.  

La corrupción quita capacidad para mejorar la calidad de vida de la población, porque impide servicios de calidad que frenan la creación de nuevas empresas, de más empleos y la expansión de las existentes.

Cualquier intento de fortalecimiento institucional del Estado tiene necesariamente que enfrentar los niveles de dispendio, las nominillas, los sobreprecios, los sobornos, entre otras desviaciones de los fondos públicos.

La corrupción ahuyenta la inversión extranjera, así que tomar medidas para su control debe ser una prioridad. En ese sentido proponemos aumentar la independencia  de las unidades de control interno; promoveremos el establecimiento de sanciones penales y civiles para los miembros de los comités de compras y contrataciones; crearemos la carrera de auditoria pública para garantizar la inamovilidad; autorizaremos el control social ciudadano a través de auditores privados; también transformaremos la justicia devolviendo al Consejo de la Magistratura su composición originaria; garantizaremos un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo; y prohibiremos que una persona con militancia activa pueda ser juez de las Altas Cortes. 

Ningún ingreso es infinito; esa es la razón de que el tema fiscal sea uno de los principales factores de preocupación para los actores productivos que perciben a unas autoridades gastando más de lo que ingresan, incurriendo en amplios déficits fiscales y cuasi fiscales, endeudándose a un ritmo y a un costo insostenibles en el tiempo y tomando decisiones que penalizan las actividades económicas transparentes.

Los actores económicos, políticos y sociales reconocen los obstáculos al crecimiento y al desarrollo sostenible producidos por un sistema fiscal que gasta donde no se necesita, dejando de gastar donde se necesita, que promueve la informalidad, la evasión y la elusión impositiva, porque la sociedad no recibe los servicios públicos por los que paga.

El Gobierno del Cambio del PRM y sus fuerzas aliadas iniciarán su gestión mejorando la calidad del gasto, cuidando las finanzas públicas y los niveles de deuda pública; fortaleceremos la capacidad de fiscalización del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas; promoveremos un régimen de sanciones efectivo para los funcionarios que no cumplan con las leyes; reduciremos el costo y simplificaremos los procesos de cumplir con la leyes, así como vamos a proveer servicios públicos para eliminar el incentivo a la informalidad, la evasión y la elusión de impuestos.

Necesitamos un cultura exportadora, porque los esfuerzos de integración regional en nuestro país son más una reacción a las tendencias internacionales que el resultado de una estrategia deliberada y proactiva.

Los resultados de nuestra balanza comercial de los últimos años indican el desigual éxito del intercambio comercial con los diferentes países con los que tenemos acuerdos de libre comercio.

Aunque el aumento de la actividad exportadora de algunos rubros es innegable después de los acuerdos, también es cierto que es mucho mayor el aumento de las importaciones. El país, hay que decirlo, no ha sacado todo el provecho al acceso que tenemos a millones de consumidores.

Los expertos consultados coinciden en que el problema de nuestra balanza comercial no es por falta de acceso a mercados, sino por falta de competitividad sistémica para desarrollar una cultura exportadora. Vale decir que nuestras instituciones funcionan en forma deficiente, la provisión de los servicios públicos es insuficiente y de mala calidad, el sistema de justicia no opera de la mejor manera y predominan estructuras monopólicas de mercados que distorsionan el sistema de precios.

Nosotros tomaremos medidas para aumentar la oferta de productos industriales con vocación exportadora, revisando y adecuando las leyes que actualmente regulan el sector industrial (nacional y zonas francas) con el objetivo de promover la productividad, competitividad, el empleo, las exportaciones y la descentralización de las actividades económicas en todo el territorio nacional.

Desarrollaremos los mecanismos de inteligencia comercial para identificar potenciales nichos de mercado; impulsaremos misiones comerciales hacia los mercados más importantes de socios comerciales, así como también con mercados potenciales no explotados actualmente; y estableceremos un programa continuo de capacitación y asistencia técnica para desarrollar el capital humano de las empresas del sector industrial.

Vamos a implementar el Programa Gobierno Eficiente mediante el cual nos comprometemos a reducir significativamente la burocracia estatal de permisos, licencias, aprobaciones a las cuales está expuesto el sector privado. Para lograr este objetivo se utilizarán herramientas y tecnologías modernas que permitan el cumplimiento de los procesos para obtener permisos en forma eficiente y expedita.

Vamos a privilegiar la transformación digital de la sociedad, en los negocios, en la educación y en la vida cotidiana en general de los dominicanos y dominicanas. No podemos permitir que se erija un nuevo muro invisible entre los que tienen acceso a la banda ancha y los que tienen las capacidades necesarias para hacer uso de la tecnología y los que no. Nadie se nos puede quedar atrás, no consentiremos una nueva forma de segregación social.

Necesitamos una burocracia pública enfocada en los resultados, por eso nos proponemos renovar  al Estado sobre la base de una amplia y profunda reorganización, que tenga como eje central el logro del bienestar de la población mediante la eficacia y la eficiencia de la acción pública.

Eso implica: Establecer y fortalecer mecanismos de coordinación inter-ministerial y sinergias entre políticas públicas a fin de maximizar su impacto, recursos financieros y recursos humanos; eliminar las instituciones duplicadas o que tengan funciones redundantes y unificar los sistemas de gestión gubernamental.

En una ocasión escuché decir a alguien que la burocracia en los países latinos parece que existe para vejar a los ciudadanos. Eso es así, porque falta una cultura de servicio que coloque a las personas como la principal preocupación de la burocracia pública.

En el Gobierno del Cambio nos ocuparemos de que así sea, sometiendo al Congreso una ley de Simplificación Burocrática, mediante la cual se creará el sistema de archivo digital de documentos, que mantendrá el registro digitalizado de los documentos depositados por las personas y empresas en sus gestiones ante la administración pública. El objetivo es simplificar y centralizar en un sistema digital coordinado las solicitudes y permisos que se necesitan para crear una empresa.

La inversión es un motor del desarrollo, por eso es importante crear las condiciones para mantenernos como un destino atractivo para el capital extranjero.

No cabe duda de que la inversión extranjera directa es el mejor mecanismo de transferencia de conocimiento, de nuevas tecnologías y creación de empleo.

Pero contrario a lo que se pueda creer, la inversión extranjera no fluye por el mundo atraída solo por una rentabilidad alta y rápida, sino motivada por factores políticos, seguridad jurídica, estabilidad económica, calidad de la fuerza laboral y servicios públicos confiables.

El impacto de la inversión extranjera directa se refleja en el crecimiento y en el desarrollo social de los países. Por eso es importante conocer los factores que influyen en los inversionistas y corporaciones para destinar sus fondos de inversión a un determinado país.

Una encuesta reciente realizada por el Banco Mundial a más de 750 ejecutivos reveló lo que más preocupa y lo que más atrae a las grandes corporaciones globales a la hora de tomar decisiones de invertir.

Los resultados fueron publicados en el Informe mundial sobre competitividad para atraer inversiones 2017-2018.

Los incentivos, como reducción o eliminación de impuestos a los negocios, son importantes para el 64% de los inversionistas extranjeros; más de un tercio de los inversionistas reinvierten todas sus ganancias en el país de acogida. Valoran más las políticas que les ayudan a expandir sus negocios, que solo las políticas utilizadas por los gobiernos para atraerlos; las garantías de protección de inversiones son fundamentales para retener y ampliar los flujos a largo plazo en todos los tipos de IED. Más del 90 por ciento de los consultados calificaron varios tipos de protecciones legales como importantes o claves, en lo que fue la nota más alta entre todos los factores incluidos en la encuesta; para casi el 30 por ciento de los inversionistas que experimentó el cierre de una filial en un país en desarrollo, había razones que, de resolverse, podían haber evitado el fin de la inversión, tales como condiciones macroeconómicas inestables y una mayor incertidumbre política y regulatoria.

En nuestra administración garantizaremos estímulos para invertir, incentivos para reinvertir, normas legales para garantizar la inversión, estabilidad política y económica.

Por eso nos proponemos presentar un proyecto de Ley que garantice reglas de juego y normas estables para todos aquellos que inviertan en el país, bajo determinadas facilidades e incentivos.

Además, conformaremos la Dirección general de APP y designaremos su consejo directivo conforme lo establece la ley 47-20 para definir el marco regulatorio que permitirá regular el inicio, la selección, la adjudicación, la contratación, la ejecución, el seguimiento y la extinción de las alianzas público-privadas.

Para tener una economía competitiva es necesario aumentar nuestra productividad; y la productividad conduce al crecimiento, a ingresos más altos y, como es lógico esperar, a un mayor bienestar. Para conseguir un país competitivo necesitamos: desarrollar instituciones confiables para garantizar los derechos de propiedad y la transparencia; disponer de la necesaria infraestructura en cantidad y calidad para garantizar electricidad, transporte y comunicaciones; invertir en investigación y desarrollo para tener capacidad de innovación; tener una educación de calidad para satisfacer la demanda de mano de obra cualificada; un ambiente macroeconómico estable; y un mercado importante y diversificado.

Nosotros nos comprometemos a trabajar  desde el primer día esos factores  que nos convertirán en un país atractivo para la inversión.

Para dejar constancia de que estas palabras no son una efímera declaración de buenas intenciones que el tiempo pueda borrar de la memoria hago el compromiso firme de que en los primeros cien días del Gobierno del Cambio todas las propuestas expresadas hoy aquí serán parte de las primeras decisiones.

Porque así comenzaremos a construir el país del cambio que todos queremos:

Un país con instituciones democráticas estables, donde impere la ley y no la discrecionalidad de los gobernantes;
Un país que promueva la calidad de vida de la gente y que convierta el crecimiento económico en un medio para  el desarrollo y el bienestar de toda la sociedad.

Un país donde valga la pena invertir, trabajar, vivir y retirarse. En fin, un país para la paz y felicidad de todos sus ciudadanos.

Muchas gracias.