Puertos secos sí, pero con justicia

Enfoque
Puertos secos sí, pero con justicia
Luis Orlando Díaz | 10/06/2026 00:00

La discusión surgida en Jimaní en torno a la construcción de un puerto seco no puede reducirse a una consigna simplista entre modernidad y atraso. Lo expresado por comerciantes, legisladores, autoridades municipales y comunicadores en la Alcaldía de ese municipio revela una preocupación legítima: que una infraestructura concebida para ordenar el comercio termine alterando la economía real que durante décadas ha sostenido a miles de familias en Jimaní, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. Los mercados binacionales no son un mecanismo marginal; son una red de ingresos, empleo, circulación de mercancías y estabilidad social en una franja históricamente vulnerable y estratégicamente decisiva para la República Dominicana.

Sería injusto, sin embargo, ignorar que la propuesta de puertos secos tiene una lógica de Estado. El Gobierno dominicano anunció en febrero de 2026 una red de puertos secos en la frontera con Haití, bajo régimen de zona franca y con una inversión privada superior a los US$300 millones, como parte de una estrategia para formalizar el comercio, fortalecer el control aduanero y cerrar espacios a la irregularidad. Esa visión fue reforzada por el Decreto 166-26, que declaró de alto interés nacional el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de estas instalaciones en la zona fronteriza. Desde el punto de vista logístico, aduanero y fiscal, el planteamiento tiene sentido.

El problema comienza cuando la racionalidad técnica no conversa con la realidad social. La Ley 168-21 de Aduanas y su reglamentación apuntan a insertar al país en estándares modernos de facilitación del comercio, mientras distintos estudios han advertido que el intercambio dominico-haitiano sigue dependiendo en gran medida de flujos terrestres y de una alta informalidad. El FMI ha señalado que cerca del 85 % del comercio bilateral se mueve por vía terrestre, y diagnósticos sobre la relación económica entre ambos países han recomendado mejorar la infraestructura física y administrativa de la frontera. Todo eso respalda la necesidad de modernizar. Pero modernizar no debe significar desalojar a quienes hoy viven del comercio tradicional.

En Dajabón, reportes periodísticos describen un movimiento semanal superior a RD$400 millones y la participación de más de mil pequeños comerciantes. Ese dato ayuda a entender por qué en Jimaní se teme que un puerto seco mal diseñado concentre operaciones, favorezca a grandes operadores y deje fuera a comerciantes minoritarios, transportistas, cargadores y pequeños suplidores. Una política pública puede ser eficiente en los papeles y, al mismo tiempo, profundamente regresiva en el territorio si no mide quiénes pagan el costo de la transición. No tendría sentido ordenar la mercancía mientras se desordena la vida de los ciudadanos de la frontera.

La salida razonable no es rechazar de plano toda infraestructura logística, sino exigir una política de Estado inclusiva, gradual y territorialmente justa. Si los puertos secos han de existir, deben ser complementarios y no sustitutivos de los mercados binacionales. Eso implica diseñar un modelo dual: una plataforma moderna para carga, inspección, almacenamiento y despacho, y al mismo tiempo reglas de protección y acceso preferente para comerciantes tradicionales, cooperativas, transportistas y mipymes locales. También exige financiamiento, acompañamiento técnico, formalización simplificada y participación real de los actores fronterizos en la gobernanza del proyecto.

Jimaní y los demás pueblos fronterizos no necesitan una modernización que los empobrezca en nombre de la eficiencia, sino una transformación que los incorpore al desarrollo nacional. La frontera dominicana tiene derecho a más institucionalidad, más competitividad y más seguridad, pero también tiene derecho a que el progreso no se construya sobre el sacrificio de su economía popular. Si los puertos secos han de formar parte del futuro, que lo hagan como instrumentos de inclusión, prosperidad compartida y justicia territorial. Solo así dejarán de ser una amenaza y podrán convertirse en una verdadera política de desarrollo.
https://listindiario.com/puntos-de-vista/20260610/puertos-secos-justicia_909178.html

Opinión

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El autor es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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