La geopolítica volvió a tensar el Caribe con un mensaje directo desde Washington. En una audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el Gobierno de Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, citando como factor la presencia recurrente de buques militares rusos —incluidos submarinos de propulsión nuclear— en puertos cubanos. La comparecencia, centrada originalmente en prioridades de defensa y presupuesto, derivó hacia la discusión sobre cooperación entre Cuba, Rusia y China y sobre presuntas actividades de inteligencia en la isla. En ese marco, el congresista republicano Mario Díaz‑Balart interrogó a Hegseth sobre si embarcaciones militares rusas habían utilizado territorio cubano; el secretario confirmó que sí, consolidando en registro público una preocupación que suele manejarse con cautela por su sensibilidad estratégica.
El intercambio fue relevante no solo por el “sí” del jefe del Pentágono, sino por el lenguaje de disuasión que acompañó la respuesta. Hegseth explicó que para Washington es “altamente problemático” que un adversario extranjero utilice una ubicación tan cercana a Estados Unidos, una frase que convierte la geografía cubana en variable de seguridad dura y no solo en tema diplomático. Los reportes también reactivaron el foco sobre infraestructura de inteligencia, incluyendo referencias al histórico complejo de señales en Lourdes, presentado como un motivo persistente de preocupación por la posibilidad de que actores rivales operen capacidades de vigilancia e interceptación en el entorno inmediato de EE. UU. Aunque Hegseth evitó detallar aspectos clasificados, su testimonio fue interpretado como confirmación de actividad de “adversarios extranjeros” cerca de La Habana, en un contexto donde también se mencionó a China, al menos como hipótesis operativa discutida en la audiencia.
Esta escalada discursiva se inserta en una arquitectura política ya activada por la Casa Blanca. En enero de 2026, una orden ejecutiva declaró una emergencia nacional al considerar que las políticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, citando explícitamente vínculos y apoyos a actores adversarios, incluidos Rusia y la República Popular China, así como el riesgo de que se basen capacidades militares e inteligencia en la isla. En otras palabras, lo ocurrido en el Congreso no es un episodio aislado: es la verbalización de una línea institucional que busca fijar un marco de competencia entre grandes potencias en el hemisferio occidental. Para el Caribe, esto suele traducirse en mayor vigilancia, presión diplomática y una redefinición de umbrales de tolerancia frente a visitas navales, acuerdos portuarios o proyectos tecnológicos que puedan interpretarse como “infraestructura sensible”.
En ese tablero, República Dominicana aparece como un actor inevitable por su ubicación y por el nivel de cooperación en seguridad que mantiene con Washington. El país ha renovado memorandos de entendimiento para compartir información de radares y sensores mediante redes como el “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII)”, orientados a reforzar el conocimiento del espacio marítimo, aéreo y terrestre para seguridad, búsqueda y rescate y respuesta ante desastres. En comunicaciones oficiales, tanto autoridades dominicanas como representantes de EE. UU. han subrayado que esta cooperación busca fortalecer vigilancia, detección temprana de amenazas y toma de decisiones basada en datos, reconociendo la vulnerabilidad del “corredor Caribe” ante dinámicas ilícitas transnacionales. En paralelo, medios dominicanos han descrito a República Dominicana como un aliado clave de Estados Unidos en el Caribe en un contexto regional volátil, lo que eleva la importancia de administrar cuidadosamente señales de alineamiento sin comprometer soberanía ni estabilidad interna.
La lectura dominicana no se limita a lo militar: toca el corazón económico del país. República Dominicana viene consolidando una narrativa de “hub logístico” apoyada en infraestructura portuaria, zonas francas y conectividad. El Puerto/Terminal de Caucedo, operado por DP World, se presenta como la principal puerta marítima del país y como un ecosistema integrado entre terminal, zona económica y servicios logísticos, con énfasis en eficiencia, documentación y seguridad. En 2026, Diario Libre reseñó datos de un estudio (Oxford Economics) que atribuye al puerto contribuciones económicas y proyecciones de impacto en exportaciones hacia 2035, además de reportar que en 2024 movilizó mercancías valoradas en torno a US$13,300 millones y que la conectividad podría traducirse en aumentos relevantes de exportaciones a mediano plazo. Asimismo, se ha divulgado la expansión prevista de Caucedo y su zona franca bajo un memorando de entendimiento por US$760 millones para elevar capacidades, incorporar sistemas avanzados de vigilancia e infraestructura de seguridad y fortalecer la competitividad del país en cadenas de suministro regionales. En un entorno de mayor rivalidad geopolítica en el Caribe, la reputación de los nodos logísticos —puertos, aeropuertos, parques industriales— se vuelve un activo estratégico: la confianza se mide en trazabilidad, cumplimiento y gestión de riesgos.
Por eso, el impacto más sensible para República Dominicana podría sentirse en el terreno de la “seguridad económica”: controles más exigentes, mayor escrutinio sobre rutas, cargas y transbordos, y presión para blindar infraestructuras críticas ante amenazas híbridas (contrabando, crimen transnacional, ciberinterferencias o uso indebido de facilidades logísticas). En ese contexto, herramientas de facilitación y control como los programas de seguridad de la cadena logística cobran un valor adicional. La certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) en República Dominicana ha sido presentada como un mecanismo para asegurar y facilitar el comercio, reduciendo riesgos y fortaleciendo confianza en la cadena de suministro mediante estándares de seguridad y validaciones rigurosas. La propia Dirección General de Aduanas define su rol como autoridad de frontera que trasciende la recaudación para actuar como garante de seguridad del Estado y facilitador del comercio, una visión que adquiere mayor relevancia cuando el Caribe vuelve a ser visto como teatro de competencia estratégica. En síntesis, lo dicho por Hegseth sobre Cuba no es solo una noticia internacional: es un recordatorio de que, para un país-hub como República Dominicana, la geopolítica se traduce rápidamente en estándares, controles, reputación y resiliencia de la logística nacional.
EDITORIAL
El Caribe vuelve a “zona de disuasión”: implicaciones para República Dominicana ante el nuevo endurecimiento de EE. UU. sobre Cuba
La reciente calificación pública de Cuba como amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, vinculada a señales de presencia naval rusa, reintroduce una lógica de vigilancia reforzada en el entorno caribeño. Para República Dominicana —aliado de Washington y hub logístico en expansión— el giro eleva el valor estratégico de la seguridad marítima, la integridad portuaria, la ciberresiliencia y la trazabilidad de la cadena de suministro.
El Caribe ha vuelto a hablar en el idioma de la disuasión. En una audiencia congresual en Washington, la narrativa de seguridad nacional de Estados Unidos reubicó a Cuba en el centro del tablero hemisférico al sostenerse, en registro público, que la isla representa una amenaza para su seguridad nacional y que buques militares rusos han utilizado puertos cubanos de manera recurrente.¹ Esa forma de enmarcar el problema —amenaza, proximidad, adversarios extrarregionales— no es un matiz semántico: es un reordenamiento del clima estratégico regional. Cuando la mayor potencia del hemisferio decide nombrar un riesgo y fijarlo en actas, el resto del vecindario no puede actuar como si solo se tratara de un episodio mediático.
El punto más delicado no es únicamente la afirmación, sino el tipo de lógica que activa. Al describirse como “altamente problemático” que un adversario extranjero opere tan cerca del territorio estadounidense,² la geografía vuelve a convertirse en variable dura: el Caribe deja de ser periferia y retorna, por momentos, a la condición de “frente”. En regiones de distancias cortas, donde un atraque, un ejercicio o un despliegue se interpreta como señal, la percepción puede ser tan determinante como el hecho. Por eso, incluso sin anuncios de medidas inmediatas, el mensaje tiende a traducirse en más vigilancia, mayor escrutinio de infraestructuras críticas y umbrales más estrictos para evaluar “riesgos” en puertos, telecomunicaciones, logística y ciberseguridad.¹
Este endurecimiento discursivo no ocurre en el vacío: se inserta en una arquitectura política previamente activada por Washington. A finales de enero de 2026, una hoja informativa oficial vinculada a la orden ejecutiva que declaró emergencia nacional respecto a Cuba presentó el caso en términos de “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses, con énfasis en presuntos vínculos con actores adversarios y en la posibilidad de capacidades de inteligencia situadas en la isla.³ Ese marco convierte el episodio congresual en continuidad, no en excepción: la línea institucional se consolida, y con ella se refuerza la tendencia a securitizar el entorno caribeño.
Ahora bien, para República Dominicana el asunto no es “Cuba” como tema ajeno, sino el efecto dominó sobre el espacio regional que compartimos. Cuando el Caribe se endurece como corredor de seguridad, la primera consecuencia es que los países bisagra —los que conectan rutas marítimas, aéreas, logísticas y financieras— pasan a ser evaluados por su capacidad de control y por la confiabilidad de sus nodos críticos. En ese mapa, República Dominicana aparece como un actor inevitable: por ubicación, por conectividad y por el grado de cooperación con Estados Unidos en seguridad y conocimiento situacional.
Esa cooperación ya tiene instrumentos concretos. Un memorando de entendimiento bilateral sobre el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII) describe una red de intercambio que permite fusionar datos de radares y sensores —aéreos, marítimos y terrestres— para construir un panorama operativo común, con usos declarados que van desde la lucha contra el tráfico ilícito hasta búsqueda y rescate y respuesta ante desastres.⁴ En términos geopolíticos, esta capacidad equivale a elevar el “conocimiento del dominio marítimo” (maritime domain awareness), un activo que se vuelve más valioso cuando la región entra en fase de vigilancia reforzada. En el nuevo clima, la cooperación no solo se mide por afinidad política, sino por interoperabilidad, velocidad de intercambio de información y estándares de gestión de riesgo.⁴
La lectura dominicana, además, debe incorporar el ángulo económico: República Dominicana viene consolidando una narrativa de hub logístico apoyada en puertos, zonas francas y servicios. El puerto de Caucedo, operado por DP World, ha sido presentado en la prensa económica como un nodo con impacto medible: un estudio de Oxford Economics reseñado por un medio dominicano atribuye a la terminal contribuciones al PIB, empleo indirecto y un volumen movilizado en 2024 en torno a US$13,300 millones, además de proyectar que mejoras de conectividad podrían impulsar exportaciones hacia 2035.⁵ En paralelo, el Estado dominicano firmó un memorando de entendimiento con DP World Dominicana para una inversión estimada de US$760 millones destinada a expansión de terminal y zona económica, incluyendo sistemas avanzados de monitoreo e infraestructura de seguridad.⁶ Es decir: la apuesta país por logística y nearshoring está íntimamente ligada a la reputación de seguridad del nodo.
Aquí emerge la idea clave: en tiempos de competencia estratégica, la logística deja de ser solo eficiencia y costo; pasa a ser confianza, cumplimiento y resiliencia. Cuando un socio mayor redefine amenazas en el vecindario, tiende a elevar requisitos de trazabilidad, controles de transbordo, verificación de cargas, auditorías de seguridad y, cada vez más, exigencias cibernéticas. Esto puede impactar tiempos, costos y reputación si no se anticipa. Para un país-hub, el riesgo no es únicamente “militar”: es de “seguridad económica”, porque un incidente de integridad portuaria o un evento cibernético en infraestructura crítica puede traducirse en sobrecostos, pérdida de competitividad o degradación del perfil de riesgo ante operadores globales.
En ese punto, instrumentos de facilitación segura del comercio adquieren valor estratégico adicional. El programa de Operador Económico Autorizado (OEA) en República Dominicana se define como una herramienta para garantizar niveles mínimos de seguridad en la cadena de suministro y facilitar el flujo del comercio internacional, consolidando alianzas público‑privadas y reconociendo a actores confiables.⁷ En un Caribe más escrutado, fortalecer la masa crítica de operadores certificados, elevar estándares de cumplimiento y profundizar la gestión de riesgos no es un “proyecto técnico”: es política geoeconómica aplicada. Porque, cuando los flujos globales se fragmentan, el diferencial competitivo no se juega solo en infraestructura dura, sino en gobernanza, transparencia, controles inteligentes y capacidad de respuesta.
También conviene recordar la naturaleza ampliada del rol aduanero contemporáneo. La propia Dirección General de Aduanas describe su responsabilidad como autoridad nacional de frontera que trasciende la recaudación y se extiende a la seguridad del Estado y la protección de la sociedad, con integridad y servicio.⁸ Esa autodefinición encaja con el momento: si el Caribe entra en fase de disuasión y vigilancia, las aduanas —junto a armadores, puertos, operadores logísticos y autoridades de seguridad— se convierten en primera línea de resiliencia. Y resiliencia aquí significa tres cosas: prevenir (gestión de riesgo), resistir (continuidad operativa) y recuperar (capacidad de restablecer flujos con rapidez y credibilidad).
La conclusión estratégica para República Dominicana es nítida: no se trata de reaccionar al titular, sino de anticipar el cambio de época. Si Washington reabre el expediente caribeño como un asunto de seguridad dura, el efecto será más presión por integridad de infraestructuras críticas, más demanda de cooperación operativa y más sensibilidad ante cualquier ambigüedad en puertos, telecomunicaciones o vínculos tecnológicos. En ese contexto, la mejor defensa de un país-hub no es la retórica, sino la arquitectura: seguridad marítima robusta, puertos blindados, ciberhigiene de infraestructura crítica, certificaciones de cadena logística, transparencia regulatoria y diplomacia serena que preserve soberanía sin erosionar confianza. El Caribe puede tensarse; la tarea dominicana es que su logística no se fracture. Ahí, y no en el ruido, se juega la competitividad estratégica del país.
Luis Orlando Díaz Vólquez
Notas (Chicago):
- “Secretario de Guerra afirma que Cuba representa amenaza a la seguridad nacional de EEUU,” Infobae (Agencia EFE), 12 de mayo de 2026, https://www.infobae.com/america/agencias/2026/05/12/secretario-de-guerra-afirma-que-cuba-representa-amenaza-a-la-seguridad-nacional-de-eeuu/. [infobae.com]
- “U.S. Secretary of Defense confirms that the Cuban regime is a threat to national security,” CiberCuba, 12 de mayo de 2026. [en.cibercuba.com]
- “Hoja informativa: El presidente Donald J. Trump se pronuncia respecto a las amenazas a Estados Unidos por parte del Gobierno de Cuba,” U.S. Department of State, 29 de enero de 2026. [state.gov]
- “Memorando de Entendimiento… sobre el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII),” Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) (documento PDF). [mirex.gob.do]
- “DP World genera potencial de US$2,400 millones anuales en exportaciones para la economía dominicana,” Diario Libre, 3 de mayo de 2026. [diariolibre.com]
- “DP World pretende invertir US$760 millones en Punta Caucedo,” Listín Diario, 9 de mayo de 2025; ver también “El Gobierno y DP World Dominicana firman un memorando para invertir US$760 millones,” Diario Libre, 9 de mayo de 2025. [listindiario.com], [diariolibre.com]
- “¿Quiénes somos? Programa Operador Económico Autorizado (OEA),” Operador Económico Autorizado RD (DGA). [oea.aduanas.gob.do]
- “Quiénes somos,” Dirección General de Aduanas (DGA) (sitio institucional). [aduanas.gob.do]
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