lunes, 23 de marzo de 2026

Del “alto” de cinco días al fuego en Teherán: la guerra energética que también se paga en República Dominicana

Del “alto” de cinco días al fuego en Teherán: la guerra energética que también se paga en República Dominicana

_ Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La crisis energética global volvió a confirmar una regla incómoda: en tiempos de guerra, la economía se mueve al ritmo del titular. Este lunes, el presidente Donald Trump anunció una pausa de cinco días en los ataques estadounidenses contra plantas eléctricas e infraestructura energética iraní, alegando conversaciones “muy buenas y productivas” con Teherán en busca de una “resolución completa”. Sin embargo, desde Irán se negó la existencia de esos contactos y se sugirió que el anuncio perseguía un objetivo inmediato: enfriar el precio de la energía. En otras palabras: el mercado “compró” el titular; la guerra, en el terreno, siguió su curso. 

La reacción financiera fue la radiografía de esa fragilidad. Tras el anuncio, el petróleo registró una caída abrupta: se reportó un desplome superior al 14%, con el Brent rondando los US$96 por barril y el WTI cerca de US$84.37, luego de haber estado sensiblemente más alto durante la misma jornada. De inmediato, las principales bolsas europeas revirtieron pérdidas y pasaron a terreno positivo alrededor de las 11:30 GMT. Ese “alivio” no es sinónimo de normalidad: es el reflejo de lo poco que necesita el mercado para girar cuando percibe —aunque sea provisionalmente— una ventana de distensión.

Pero la noticia que desnuda el núcleo del problema llegó como contrapeso: Israel lanzó nuevos ataques contra Irán después del anuncio de Trump. Ese mismo lunes se reportó que Israel inició “una ola de ataques a gran escala” contra objetivos de infraestructura en Teherán. La contradicción es decisiva: mientras Washington anuncia una pausa condicionada al éxito de conversaciones, Tel Aviv mantiene operaciones que sostienen el riesgo de escalamiento. Y es precisamente ese desfase —diplomacia declarada versus ofensiva activa— el que mantiene la volatilidad y reduce la vida útil de cualquier “respiro” en los mercados. 

En este contexto, la advertencia del economista Jaime Aristy Escuder adquiere un peso mayor: el conflicto entró en una fase más peligrosa porque ya no se limita a intercambios militares convencionales, sino que golpea infraestructura energética. Cuando se atacan nodos críticos, la disrupción deja de ser episódica y pasa a tener un horizonte de reconstrucción de dos a tres años en escenarios de alta intensidad. En ese punto, el shock deja de ser transitorio: obliga a un ajuste forzoso de demanda y abre la puerta a escenarios extremos de precios.

De ahí que el “fantasma” de un barril cercano a US$200 no sea retórica: es aritmética de choque de oferta. Aristy Escuder lo plantea con claridad: con demanda rígida, una pérdida sustancial de capacidad puede empujar el precio a niveles que reordenan toda la economía mundial. Y ahí aparece el riesgo mayor: estanflación, esa combinación tóxica de inflación alta con estancamiento o caída de la actividad. La historia económica recuerda que shocks energéticos pueden detonar esa mezcla cuando el alza de costos se filtra a precios y, al mismo tiempo, comprime producción y consumo. 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) elevó el tono con una advertencia que debería ser portada en cualquier capital importadora: el mundo podría enfrentar la peor crisis energética en décadas. Su director, Fatih Birol, afirmó que el mercado habría perdido alrededor de 11 millones de barriles diarios, una cifra superior al impacto combinado de las dos grandes crisis petroleras de los años setenta. En ese mismo marco, los reportes sobre el Estrecho de Ormuz —cuello de botella histórico del comercio de hidrocarburos— refuerzan la idea de que el problema ya no es solo “precio”, sino disponibilidad y logística.

El mensaje del presidente Abinader: serenidad, ajustes y protección focalizada

Con esta tormenta de fondo, el presidente Luis Abinader decidió hablarle al país con un encuadre doble: realismo económico y capacidad de respuesta. En su mensaje, subrayó que la República Dominicana es una economía abierta y que, en choques internacionales de esta magnitud, aumentan costos de transporte, energía y materias primas. Identificó como punto neurálgico el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural que consume el mundo, y advirtió que la afectación de ese flujo ha generado una de las mayores interrupciones recientes del suministro global.

El Presidente fue explícito en un aspecto que no admite romanticismos: “la República Dominicana importa la totalidad de los combustibles que consume”; por tanto, no fija precios, los recibe, y el alza internacional termina impactando inevitablemente la economía local. Pero, a renglón seguido, sostuvo que el país está mejor preparado que en crisis anteriores y anunció un monitoreo diario de los mercados para anticipar impactos y responder con rapidez. 

Abinader organizó la respuesta en tres objetivos de política pública:

  1. Preservar “a toda costa” la estabilidad macroeconómica, fiscal y social, reforzando protección a hogares vulnerables y reasignando recursos desde partidas menos prioritarias. Informó que se han identificado alrededor de RD$10,000 millones para estos fines sin aumentar el gasto total. 
  2. Contener presiones en alimentos e insumos agropecuarios, reintroduciendo un subsidio a fertilizantes por un monto inicial de RD$1,000 millones para evitar que el alza internacional se traduzca en mayores precios al consumidor. 
  3. Sostener la inversión pública como motor del crecimiento aun en un contexto internacional adverso, evitando que la coyuntura “determine” el futuro del país.

Luego vino la parte más sensible —y, por eso mismo, más necesaria—: la explicación del costo fiscal de amortiguar el shock. Abinader recordó que el Estado ha venido subsidiando combustibles y electricidad; indicó que en 2025 se subsidiaron RD$11,500 millones al combustible y más de RD$105,000 millones al sector eléctrico. Y señaló que, en lo que va de 2026, el subsidio a combustibles ya ronda los RD$4,000 millones.

El punto de quiebre, explicó, es presupuestario: el Presupuesto 2026 se formuló con un petróleo estimado en US$65, pero el aumento hacia valores cercanos a US$100 implica una presión fiscal creciente que, si se mantiene sin ajustes, comprometería la sostenibilidad de las finanzas públicas. De ahí su defensa de ajustes graduales: informó una corrección parcial en gasolinas y gasoil (entre 5.2% y 6.7%) que permitiría reducir el subsidio en al menos RD$12,000 millones durante el resto del año. Aun así, enfatizó que el Estado seguiría subsidiando combustibles por montos elevados y anunció mantener sin variación el GLP por su impacto directo en los hogares más vulnerables. 

El Presidente también preparó al país para lo inevitable: “habrá presiones” en tarifas eléctricas, transporte y, en alguna medida, alimentos; no por debilidades internas, sino por un choque externo. Y en un gesto que conecta con la recomendación técnica de reducir demanda, llamó a la responsabilidad compartida, invitando a empresas a adoptar esquemas de trabajo remoto y a la ciudadanía a optimizar el consumo de combustible. 

En cuanto a fortaleza macro, Abinader destacó reservas internacionales superiores a US$16,000 millones, acceso a financiamiento y un enfoque de gestión que permitiría amortiguar el golpe. Y, respecto al sector eléctrico —históricamente vulnerable— subrayó que la diversificación de la matriz, el mayor peso de renovables y decisiones estratégicas como la fijación del precio del carbón para Punta Catalina y contratos de gas natural asegurados por un año ayudarían a mitigar el impacto. 

El discurso presidencial cambia el eje: la discusión deja de ser “si suben o no suben los combustibles” y pasa a ser cómo se distribuye el costo de un shock externo sin sacrificar estabilidad ni protección social. Ese es el punto en el que la política pública debe empatar con el análisis técnico: subsidios focalizados, señales claras para reducir consumo, preservación de inversión pública y un manejo macro prudente.

En el frente monetario, esa prudencia es condición de estabilidad. Aristy Escuder ha advertido que, ante un shock de oferta, una política monetaria excesivamente expansiva puede agravar la inflación sin rescatar crecimiento, empujando hacia estanflación. En esa dirección, la credibilidad del Banco Central funciona como ancla: hoy la tasa de política monetaria se sitúa en 5.25%, un dato relevante porque la “señal” monetaria en tiempos de inflación importada puede ser tan importante como las reservas. 

En conclusión, la pausa de Trump —y el desplome inmediato del petróleo— mostró cuánto necesita el mercado para respirar. Pero la nueva oleada de ataques sobre Teherán, ocurrida después del anuncio, recordó cuánto necesita la realidad para desmentir ese alivio. En ese choque entre expectativa y hechos, la República Dominicana no puede apostar a la suerte: debe apostar a resiliencia

El mensaje del presidente Abinader introduce, además, una hoja de ruta: proteger a los vulnerables con recursos reasignados, contener alimentos con subsidio a fertilizantes, sostener inversión pública y ajustar gradualmente combustibles para preservar sostenibilidad fiscal, manteniendo el GLP sin variación. Complementado con prudencia monetaria y un llamado explícito a reducir consumo mediante eficiencia y teletrabajo, el país busca cruzar el temporal sin que el shock externo se convierta en una crisis interna.  

Porque cuando la energía entra en guerra, la factura siempre llega. La diferencia —como país— es si nos encuentra preparados, con decisiones responsables y protección focalizada, o reaccionando tarde al último titular.

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Sobre el autor, Luis Orlando Díaz Vólquez, es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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