Reforma a Ley de Seguridad Social; 15 años de intentos fallidos en el Congreso Nacional
Ley se aprobó en el 2001 con la esperanza de ser adecuada en diez años lo que no ha sido posible
Publicado: 24/06/2026 - 10:23 AM
Santo Domingo.– El diputado y vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, afirmó que la reforma integral de la Ley 87-01 de Seguridad Social continúa siendo una deuda pendiente del Estado dominicano, al tiempo que cuestionó la lentitud con que avanzan iniciativas de gran impacto social en el Congreso Nacional.
Castillo, quien es además el presidente de la comisión bicameral que estudia el proyecto de reforma a la Ley de seguridad social, sostuvo que la Cámara de Diputados ha demostrado capacidad para aprobar con rapidez proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, mientras que otras iniciativas fundamentales permanecen estancadas durante años.
Como ejemplo, señaló que recientemente fue aprobado en tiempo récord un proyecto de reforma fiscal, mientras que la modificación de la Ley de Seguridad Social acumula más de una década de retraso respecto al mandato establecido en la propia legislación.
“El código laboral se depositó hace dos años y sigue dando vueltas. La Ley de Seguridad Social tiene 14 años atrasada respecto al mandato de revisión que establece la ley”, expresó.
Reforma de la Seguridad Social que ha pasado
Castillo refirió que la legislación ordenaba una revisión integral luego de sus primeros diez años de funcionamiento.
Sin embargo, señaló que, pese a que el sistema tiene ya 25 años de vigencia, la reforma estructural nunca se ha concretado.
Actualmente, la comisión estudia alrededor de nueve propuestas legislativas, algunas parciales y otras integrales, destinadas a transformar el sistema.
El diputado advirtió que uno de los principales problemas es la baja tasa de reemplazo proyectada para las futuras pensiones, la cual, según explicó, podría oscilar entre un 25 % y un 27 % del salario de los trabajadores.
“Lo que se vislumbra es que las pensiones no tendrán una tasa de reemplazo importante”, afirmó.
También cuestionó el funcionamiento del sistema de salud, denunciando que muchos médicos ya no aceptan la cobertura de los seguros y que los afiliados deben asumir pagos adicionales para recibir atención.
Asimismo, señaló dificultades recurrentes para acceder a medicamentos prescritos y consideró que estos problemas evidencian la necesidad urgente de reformar la legislación vigente.
Un informe que nunca prosperó
Castillo recordó que una comisión bicameral anterior trabajó durante más de dos años en una propuesta de reforma que incluyó siete vistas públicas realizadas en distintas provincias del país y la participación de más de 300 sectores vinculados a la seguridad social.
Entre las medidas contempladas figuraban la creación de una procuraduría especializada para perseguir delitos relacionados con la seguridad social y la obligación de que los pensionados permanecieran afiliados a sus respectivas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Sin embargo, la iniciativa no logró ser aprobada.
Según explicó, parte de ese contenido ha sido retomado en uno de los proyectos que actualmente estudia la comisión.
Seguro de desempleo pendiente desde hace 25 años
Otro de los aspectos abordados por Castillo fue la ausencia de un seguro de desempleo, contemplado originalmente en la Ley 87-01.
Indicó que la normativa establecía que dicho mecanismo debía crearse durante los primeros 18 meses de aplicación de la ley, pero que nunca se produjo el consenso necesario entre empresarios, trabajadores y autoridades para ponerlo en marcha.
Aunque algunos sectores han planteado sustituir la cesantía por un seguro de desempleo, el legislador considera que ambos mecanismos son distintos y expresó dudas sobre la viabilidad de implementar ese sistema en el país.
A su juicio, la falta de voluntad de los sectores involucrados y el costo permanente de las cotizaciones han impedido que la propuesta avance.
Finalmente, Castillo manifestó su esperanza de que, una vez concluya la discusión del Código Laboral, el Gobierno presente formalmente una propuesta de reforma a la Seguridad Social que permita alcanzar consensos y aprobar la modificación integral de la Ley 87-01 antes de finalizar el año.
Código Laboral
Sobre la reforma al Código Laboral, Castillo citó que el proyecto fue presentado tras un proceso de diálogo tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores, pero posteriormente surgieron desacuerdos que han provocado múltiples retrasos.
Indicó que, aunque la iniciativa ya fue aprobada en primera lectura en la Cámara de Diputados, el presidente Luis Abinader solicitó una pausa para retomar conversaciones con distintos sectores.
A juicio del legislador, la principal controversia gira en torno a la cesantía laboral, aunque considera que existe consenso mayoritario entre los congresistas para mantener ese derecho.
“Más del 95 % de los legisladores estamos contestes de que la cesantía se va a mantener”, aseguró.
Asimismo, manifestó que la cesantía no ha sido un obstáculo para el crecimiento empresarial en República Dominicana y defendió la necesidad de aprobar el nuevo Código Laboral por los beneficios que aportaría tanto a trabajadores como a empleadores.
Anyelo Mercedes
Es periodista y locutor. Cubre Congreso, Partidos Políticos y JCE.
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La seguridad social como coartada
La Ley 87-01 fue concebida para convertir la protección social en un derecho efectivo y no en una promesa diferida. Veinticinco años después, la República Dominicana exhibe un sistema que ha logrado consolidar una compleja estructura de administración, regulación e intermediación, pero no una garantía suficiente de dignidad para quien cotiza, enferma, envejece o pierde el empleo. La reforma, largamente postergada, ya no es un simple reto legislativo: es una prueba ética del Estado. [tiempodirecto.com], [listindiario.com], [phlaw.com], [vanguardia...lpueblo.do]
Hay instituciones que fracasan por colapso; otras, por una forma más sofisticada y más peligrosa de ineficacia: la permanencia. Siguen ahí, operando, recaudando, administrando, emitiendo discursos de estabilidad y equilibrio, mientras la razón moral que justificó su existencia se vacía lentamente. Ese parece ser, en lo esencial, el destino que ha corrido la seguridad social dominicana. La Ley 87-01 nació con una pretensión republicana mayor: construir un sistema de protección social obligatorio, solidario, universal, integral y funcional, orientado a mejorar la calidad de vida, reducir desigualdades y ofrecer resguardo frente a la enfermedad, la incapacidad, la vejez y la desocupación. Nada menos que eso prometió el Estado dominicano en 2001. Y precisamente por la magnitud de esa promesa, el balance de sus veinticinco años no puede hacerse con indulgencia retórica, sino con severidad institucional. [tiempodirecto.com], [listindiario.com]
Lo primero que debe decirse es que el gran problema del sistema no es la falta de normas, sino la degradación de su propósito. No estamos ante un vacío legal, sino ante un ordenamiento que, existiendo, no ha producido de manera suficiente el bien que proclama. La seguridad social dominicana no puede evaluarse por la prolijidad de su andamiaje ni por la sofisticación de sus órganos; debe juzgarse por un criterio más simple y más exigente: si protege de verdad a las personas. Y ahí el diagnóstico se vuelve severo. La reforma integral que debió acometerse después de la primera década de funcionamiento sigue atrapada en el retraso. El propio presidente de la comisión bicameral que estudia el tema, el diputado Rafael Castillo, recordó el 24 de junio de 2026 que dicha revisión acumula alrededor de catorce años de demora y que actualmente reposan en estudio unas nueve iniciativas legislativas, entre parciales e integrales. Un sistema que reconoce su agotamiento, discute su corrección durante años y aun así no se corrige, deja de ser solo ineficiente: se vuelve políticamente elusivo. [phlaw.com], [vanguardia...lpueblo.do], [tiempodirecto.com]
El dato más revelador de esa elusión se encuentra en las pensiones. Si las proyecciones colocan la tasa de reemplazo futura entre 25 % y 27 % del salario del trabajador, como se ha advertido en el Congreso, entonces estamos frente a una anomalía seria del pacto social. La pensión debería ser la traducción institucional de una vida de trabajo; el reconocimiento concreto de que el esfuerzo contributivo no termina en el desamparo. Pero cuando el resultado previsible es una sustitución tan débil del ingreso, se produce una fractura de legitimidad: el sistema exige disciplina contributiva en el presente sin ofrecer seguridad razonable en el porvenir. Eso no es solo una falla actuarial. Es un desorden moral. Porque una comunidad política que naturaliza la posibilidad de que sus trabajadores envejezcan con pensiones insuficientes está admitiendo, en el fondo, que el trabajo no basta para asegurar dignidad. [phlaw.com], [vanguardia...lpueblo.do]
En salud, la contradicción es igualmente punzante. El carné existe; la cobertura plena, muchas veces no. Las denuncias sobre médicos que no aceptan determinadas coberturas, afiliados forzados a realizar pagos adicionales para ser atendidos y dificultades para obtener medicamentos prescritos revelan que la universalización formal no equivale a garantía material. Y cuando una propuesta de reforma presentada en 2025 debe incluir medidas para prohibir barreras económicas en emergencias, impedir la retención de pacientes y cadáveres y reforzar sanciones contra prestadores infractores, queda claro que el problema no es de matiz, sino de estructura. Un sistema de seguridad social que tolera prácticas que lesionan al paciente en su hora de mayor fragilidad no está simplemente “mejorable”: está conceptualmente desordenado. Porque allí donde la protección depende de pagos extra, negativas de cobertura o vías de acceso agotadoras, lo que se administra no es un derecho, sino una incertidumbre. [phlaw.com], [eldia.com.do]
La omisión histórica del seguro de desempleo agrava aún más el cuadro. La ley lo contempló desde su diseño original y, sin embargo, un cuarto de siglo después sigue sin materializarse. Esa ausencia no es secundaria. Es la demostración de que el sistema dominicano ha sido incapaz de completar una pieza elemental de cualquier esquema moderno de protección social. La desocupación no es un accidente marginal de la vida económica; es uno de sus riesgos constitutivos. No cubrirla de forma adecuada significa exponer a los hogares a la fragilidad más inmediata: la pérdida del ingreso. Y si el sistema promete amparo frente a la desocupación, pero no logra convertir esa promesa en instrumento operativo, entonces su fracaso no se limita a una prestación pendiente: alcanza la credibilidad misma de la palabra estatal. [phlaw.com], [tiempodirecto.com], [listindiario.com]
Con todo, el aspecto más inquietante de este modelo quizá no sea ninguna de esas fallas por separado, sino la racionalidad que las conecta. Durante años, la seguridad social ha sido discutida, con demasiada frecuencia, desde la lógica de la administración del sistema y no desde la primacía del afiliado. Se debate su sostenibilidad, su gobernanza, sus procedimientos, sus equilibrios, su ingeniería regulatoria. Todo eso importa, desde luego. Pero se vuelve insuficiente —e incluso peligroso— cuando desplaza la pregunta esencial: ¿qué recibe, en términos reales, la persona que financia y necesita el sistema? Cuando la arquitectura institucional se vuelve más robusta que la experiencia del derecho, la política social corre el riesgo de convertirse en una coartada tecnocrática. Mantiene el lenguaje de la protección, pero admite de hecho la insuficiencia; preserva la retórica de la universalidad, pero administra exclusiones funcionales; invoca el equilibrio, pero distribuye inseguridad. [tiempodirecto.com], [listindiario.com], [eldia.com.do], [phlaw.com]
Eso obliga a una conclusión más severa: la seguridad social dominicana no necesita una reforma decorativa, sino una rectificación de filosofía pública. Hay que pasar de un sistema centrado en la administración de flujos a uno centrado en la tutela de derechos; de una lógica de intermediación a una lógica de protección; de una cultura de postergación legislativa a una ética de cumplimiento institucional. El país ya acumula diagnósticos, vistas públicas, comisiones, advertencias y proyectos. También acumula el cansancio de los afiliados. Lo que falta no es información, sino jerarquía política; no es deliberación, sino coraje para reorganizar el sistema según su razón original: que la vejez no sea sinónimo de pobreza, que la enfermedad no se convierta en extorsión económica y que la pérdida del empleo no equivalga al abandono. [phlaw.com], [vanguardia...lpueblo.do], [eldia.com.do], [tiempodirecto.com]
Por eso la reforma de la Ley 87-01 debe entenderse como algo más que una tarea congresual. Es una decisión sobre la calidad moral de la República. Una democracia no se mide solo por elecciones periódicas, estabilidad macroeconómica o crecimiento agregado; también se mide por la forma en que protege a quien ya cumplió con su parte. Si el trabajador cotiza y aun así no sabe si su pensión bastará; si el afiliado aporta y aun así encuentra barreras para atenderse; si la ley reconoce riesgos que el sistema nunca termina de cubrir, entonces el Estado no está garantizando derechos: está administrando resignación. Y cuando una nación convierte la resignación en la experiencia ordinaria de su protección social, no solo fracasa una ley. Fracasa una idea de justicia. La hora de la reforma no ha llegado porque lo diga el calendario legislativo, sino porque ya resulta indecente seguir llamando seguridad a lo que, para demasiados dominicanos, no ha sido otra cosa que espera, descuento y desamparo. [phlaw.com], [vanguardia...lpueblo.do], [tiempodirecto.com], [listindiario.com]
Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor
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