Los diálogos convocados para debatir las grandes reformas del país en las últimas décadas se han convertido en reflexiones agridulces para los sectores político, económico y social, además de dejar una estela de frustraciones a la población dominicana.
El convulso resultado es revelador. Se ha potenciado desde las sesiones del Diálogo Tripartido iniciado a finales de la década de 1980, pasando por el Pacto por la Democracia de 1994, las reformas electorales de 1999 y 2002, Seguridad Social, Código Laboral y la reforma tributaria de 2004.
También se evidenció con el Pacto de las Corbatas Azules para reformar la Constitución en 2010, Estrategia Nacional de Desarrollo, Pacto de Civilidad, Pacto Nacional para la Reforma Educativa, los fallidos pactos Social, Eléctrico y Fiscal de Danilo Medina anunciados en 2012, así como cantidades de diálogos para conquistas salariales y sindicales.
Ahora el presidente Luis Abinader convocó al liderazgo nacional el 30 de este mes, para discutir una transformación integral del Estado, en la que plantea un pacto para la aprobación de 12 importantes reformas en medio de una crisis económica y social provocada por la pandemia del Covid-19. El encuentro será coordinado por el Consejo Económico y Social (CES).
Esta iniciativa anunciada por el presidente Abinader en su discurso al país el 18 de este mes, al cumplir su primer año de gestión, desde ya ha suscitado objeciones en algunos de sus planteamientos, lo que augura enconados debates y posibles disidencias como la sugerida por el expresidente Leonel Fernández en torno a la reforma constitucional.
Las reformas expuestas por el mandatario abarcan los sectores eléctrico, agua, Policía Nacional, salud y seguridad social, calidad educativa, transformación digital, hidrocarburos y laboral.
Pero sin lugar a duda, las más intrincadas diferencias apuntan hacia la parte que contempla la transparencia y la institucionalidad, que incluye una reforma a la Constitución para que la figura del Procurador General de la República sea independiente y no dependa de la voluntad del presidente de la República.
Otro de los temas sensibles se advierte en lo referente a la reforma fiscal integral, una medida que ha sido evadida por los distintos gobernantes debido al gran costo político que le atribuyen, y que se advierte imperativa ante la actual crisis económica, bajos niveles de ingresos y alto endeudamiento del país.
Crisis electoral
Cada vez que los gobiernos hablan de acuerdo con los sectores político, económico y social, aunque no guarde relación, los ojos del país se trasladan al 1994 cuando se firmó el Pacto por la Democracia en medio de una profunda crisis postelectoral que puso en peligro la estabilidad democrática.
La situación de caos, protestas y desconfianza de las autoridades electorales estalló al producirse un virtual empate técnico en las elecciones presidenciales entre el candidato del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), presidente Joaquín Balaguer, que buscaba una nueva reelección, y el candidato del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez, que denunció un “fraude colosal” al cambiarse los resultados.
El conflicto mereció la intervención de organismos internacionales y la mediación de la iglesia católica.
Entre los principales acuerdos se estableció la reducción de dos años al período de Balaguer y celebrar nuevas elecciones en 1996, prohibir la reelección presidencial en dos períodos consecutivos, establecer el sistema de doble vuelta electoral si ninguno de los candidatos obtenía el 50% más un voto.
También separar las elecciones congresionales y municipales, realizándolas en 1998 cada cuatro años; sistema de votación de colegios cerrados y reformas al sistema judicial, creando el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros puntos.
Asimismo, se denunció que el documento firmado por Balaguer y Peña Gómez el 10 de agosto de ese año fue alterado al someterlo al Congreso para perjudicar al líder opositor en cuanto al porcentaje para ganar en primera vuelta.
Pacto de Civilidad
Los candidatos presidenciales y las autoridades de los partidos de cuatro organizaciones políticas acordaron un Pacto de Civilidad el 30 de marzo de 2012 para mantener durante la campaña electoral un discurso y un lenguaje caracterizado por propuestas, que no fomentaran el odio, las rencillas ni las reacciones violentas de su militancia.
Los candidatos Danilo Medina, del PLD; Hipólito Mejía, del PRD; Eduardo Estrella, Dominicanos por el Cambio (DxC), y Max Puig, de Alianza por la Democracia (APD), firmaron el pacto en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), ante el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, monseñor Agripino Núñez Collado, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y Fidel Merán, por la Iglesia evangélica.
También se comprometieron a no proclamarse vencedores e instruir a sus representantes para que no celebraran antes de los resultados oficiales por parte de la JCE.
Los candidatos afirmaron que impulsarían para su aprobación ese año los proyectos de Ley de Partidos y de Régimen Electoral sometidos por la JCE, y elaborados en colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA). Ambos proyectos se encontraban en el Congreso y luego fueron desestimados.
Los candidatos Guillermo Moreno, de Alianza País, y Julián Serulle, del Frente Amplio, decidieron no asistir al acto tras considerar que desde sus respectivas organizaciones no se realizaban campañas bajas, ni negativas.
Los pactos de Danilo
Como resultado de un extenso proceso de consultas y concertaciones entre los sectores social, político y económico de la sociedad, el Poder Ejecutivo promulgó el 26 de enero de 2012 la Ley número 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo República Dominicana 2030.
La normativa define un conjunto de políticas públicas con el propósito de lograr avances en el desarrollo del país a largo plazo y alcanzar, en un espacio de dieciocho años, conquistas en los sectores educativo, eléctrico y fiscal.
En sujeción al artículo anterior, el Poder Ejecutivo promulgó el 13 de agosto de 2013 el decreto 228-13, que configura el Pacto Nacional para la Reforma Educativa. En cumplimiento del decreto, el 12 de septiembre de ese año se convocó a diversos sectores de la sociedad para el lanzamiento del “Pacto Nacional para la Reforma Educativa”.
El evento, encabezado por el presidente Medina, tuvo como propósito iniciar el diálogo consensuado para la toma de decisiones necesarias para la transformación del sistema educativo, decisiones que debían acogerse en conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades estatales, como indicaba la Ley número 1-12.
El Pacto Nacional para la Reforma Educativa se consideró como uno de los acuerdos más trascendentales generado por la sociedad dominicana en su historia reciente, pero todavía está en proceso.
