Gobierno dominicano cierra 2025 con un gasto de capital de 2.6 % del PIB
Los recursos invertidos alcanzaron los RD 207,751.7 millones, un 11 % más que en 2024 y un 18 % por encima de lo aprobado en el presupuesto inicial, concentrados en infraestructura de transporte, vivienda y obras viales.
Santo Domingo. – El Gobierno dominicano cerró el ejercicio fiscal de 2025 con un déficit equivalente al 3.45 % del producto interno bruto y una deuda pública situada en 47.9 % del PIB, en una clara señal de contención fiscal consistente con los objetivos de sostenibilidad macroeconómica y estabilidad financiera, pese a un contexto adverso de presiones económicas internas y externas.
Según los resultados divulgados por el Ministerio de Hacienda y Economía, los ingresos del sector público ascendieron a RD 1.246 billones, equivalentes al 15.6 % del PIB esperado, reflejan
do un crecimiento interanual de 2.8 %.
Este desempeño estuvo impulsado principalmente por mayores niveles de recaudación del impuesto sobre la renta, tanto de personas físicas, generado por el aumento del empleo formal, como de personas jurídicas, mayores niveles de pagos por ganancias de capital, y el incremento en los aportes del sector minero a consecuencia del alza del precio internacional del oro.
Un punto destacado del cierre fiscal 2025 fue el aumento de la inversión pública. El gasto de capital alcanzó RD 207,751.7 millones, correspondientes al 2.6 % del PIB, representando un incremento de 11 % respecto al 2024, y una ejecución de 18.0 % por encima del total aprobado en el presupuesto inicial del 2025.
Entre las entidades con mayores niveles de ejecución presupuestaria se destacan el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) y el Ministerio de Educación (Minerd).
Entre los proyectos emblemáticos figuran la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, inversiones viales en Santo Domingo Oeste y el desarrollo de infraestructura turística en Cabo Rojo, Pedernales, además de programas de rehabilitación de carreteras, caminos vecinales y mejoramiento de viviendas.
El gasto del Gobierno central alcanzó RD 1.521 billones, equivalente al 19.1 % del PIB, con una ejecución orientada a protección social, desarrollo productivo y una política fiscal de carácter contracíclico. El gasto primario creció 4.9 % nominal, manteniéndose dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en 2024.
Este desempeño fiscal fue altamente valorado por los mercados financieros, caracterizado por una mejora en la percepción del riesgo país, reflejada en indicadores como el Emerging Markets Bond Index (EMBI) y la revisión favorable de la calificación crediticia por parte de Moody’s. Todos estos elementos refuerzan el posicionamiento del país como destino de inversión en el Caribe y Centroamérica.
El cierre fiscal de 2025 apunta a una estrategia gubernamental clara: preservar la estabilidad macroeconómica sin sacrificar la inversión pública, ambos elementos de suma importancia para los inversionistas y organismos internacionales ante los desafíos fiscales del mediano plazo y el crecimiento económico.
https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-dominicano-cierra-2025-con-un-gasto-de-capital-de-26-del-pib
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EDITORIAL
Invertir sin desordenar la casa
El cierre fiscal de 2025 deja un mensaje que, leído con serenidad, merece más análisis que aplauso automático: la República Dominicana logró sostener un esfuerzo de inversión pública relevante sin romper los márgenes de la disciplina macroeconómica. El Gobierno reportó un déficit de 3.45% del PIB y una deuda pública en 47.9% del PIB, mientras los ingresos del sector público ascendieron a RD$1.246 billones (15.6% del PIB esperado). En una región donde las urgencias tienden a imponerse a los balances, la combinación de contención y obra pública sugiere un intento deliberado de gobernar el ciclo sin hipotecar el mediano plazo.
La cifra que concentra el debate es el gasto de capital: RD$207,751.7 millones, equivalentes a 2.6% del PIB. Ese nivel no es solo un dato contable; es una decisión de Estado. Significa apostar a que la infraestructura —cuando se elige bien y se ejecuta mejor— puede ampliar la capacidad productiva del país, reducir costos logísticos, mejorar movilidad urbana y sostener el crecimiento con bases más robustas. Pero también significa asumir una obligación: cada peso invertido debe demostrar retorno social y económico, porque la infraestructura improductiva es la forma más cara de populismo.
Comparado con años recientes, el salto de 2025 es nítido. La propia comunicación oficial subraya que el gasto de capital fue 11% mayor que en 2024 y 18% superior a lo aprobado inicialmente. Y los datos de ejecución disponibles para 2024 registran un gasto de capital ejecutado de RD$186,661.6 millones (2.5% del PIB), mientras en 2023 se consignaron RD$180,291.2 millones (2.6% del PIB). La lectura es doble: en monto, 2025 acelera con claridad; en proporción del producto, retorna a 2.6%, un umbral que comunica voluntad de inversión sin caer en el vértigo de un “boom” fiscal.
Ahora bien, la historia de la inversión pública no se decide en el porcentaje del PIB, sino en la calidad del portafolio. En 2025, las entidades con mayor ejecución incluyen al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, la OPRET y el Ministerio de Educación. Y entre los proyectos emblemáticos resaltan la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, las inversiones viales en Santo Domingo Oeste y el desarrollo de infraestructura turística en Cabo Rojo, Pedernales, además de rehabilitación de carreteras, caminos vecinales y programas de mejoramiento de viviendas. Este conjunto describe una cartera con lógica productiva: movilidad masiva, conectividad territorial y apoyo a polos turísticos —tres palancas que tienden a multiplicar actividad privada cuando se articulan con planificación urbana, ordenamiento territorial y servicios públicos complementarios.
El impacto económico inmediato de estas inversiones suele expresarse en empleo y demanda agregada, especialmente en construcción y servicios conexos. La evidencia del FMI, basada en datos de múltiples países, estima que US$1 millón de gasto en infraestructura puede crear entre 10 y 17 empleos directos en economías emergentes. No es una promesa automática, pero sí una guía: obras bien diseñadas y ejecutadas a tiempo tienden a sostener puestos de trabajo, cadenas de suplidores y consumo local. Sin embargo, la creación de empleo es apenas la primera capa; la verdadera ganancia está en la productividad futura: menos horas perdidas en desplazamientos, menor costo de transporte de mercancías y mayor competitividad regional.
Para que esa productividad se materialice, la disciplina fiscal no puede ser un eslogan: debe ser una arquitectura. En ese punto, la Ley núm. 35-24 de Responsabilidad Fiscal establece una regla de crecimiento del gasto primario y fija como objetivo que la deuda del Gobierno General no supere 40% del PIB nominal hacia 2035, además de requerir marcos de seguimiento y transparencia. Esta normativa es relevante porque obliga a que la inversión pública conviva con límites explícitos y con rendición de cuentas, reduciendo el incentivo a financiar “obras de vitrina” a costa del futuro. Dicho de otra forma: la ley no garantiza buena inversión, pero eleva el costo político e institucional de la mala inversión.
Los mercados, por su parte, suelen reaccionar menos a los discursos que a la coherencia. El reporte oficial vincula el cierre fiscal con una mejor percepción de riesgo país, medida por indicadores como el EMBI, y con una revisión favorable de calificación crediticia. Y ese contexto se entiende mejor si se recuerda que Moody’s elevó la calificación soberana de República Dominicana a Ba2 con perspectiva estable en agosto de 2025, destacando fortaleza macroeconómica y manejo prudente de deuda, aunque señalando desafíos fiscales estructurales ligados a una base de ingresos limitada y exposición de endeudamiento en moneda extranjera. En términos prácticos, credibilidad fiscal e inversión productiva pueden traducirse en menor prima de riesgo y mejores condiciones financieras, pero solo si la trayectoria de ingresos y la eficiencia del gasto acompañan.
Y ahí emerge el desafío que 2025 deja sobre la mesa: la inversión crece, pero el país sigue operando con una presión tributaria moderada en relación con sus necesidades de desarrollo y con un conjunto de obligaciones crecientes. De hecho, el propio informe de ejecución 2024 reflejó un déficit fiscal contenido de 3.1% del PIB y un superávit primario de 0.4% del PIB, señales de manejo responsable, pero también recordatorios de que el equilibrio se sostiene con decisiones finas, no con milagros. En el mediano plazo, la sostenibilidad exigirá priorizar obras con alto retorno, robustecer evaluación ex ante, reforzar supervisión de costos/plazos y garantizar mantenimiento, porque infraestructura sin mantenimiento es deuda diferida.
En síntesis, el gasto de capital de 2.6% del PIB no debe leerse como una meta alcanzada, sino como una oportunidad: la de convertir obra pública en ventaja competitiva, y disciplina fiscal en reputación país. La República Dominicana está mostrando que puede invertir sin desordenar la casa; el paso siguiente es demostrar que puede invertir mejor cada año, con menos improvisación y más evidencia. Porque el verdadero progreso no se mide por la cantidad de cemento, sino por la calidad de las decisiones que lo colocan donde más transforma la vida de la gente.
Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez @GuasabaraEditor
