miércoles, 17 de diciembre de 2025

Estabilidad no basta: el salto pendiente de la economía dominicana Bajada: IA, encadenamientos y gobernanza eléctrica para competir mejor.


Estabilidad no basta: el salto pendiente de la economía de la República Dominicana

  • IA, encadenamientos y gobernanza eléctrica para competir mejor.
  • Cincuenta años de industria estabilidad y evolución productiva en República Dominicana (1970–2025)

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Durante más de cinco décadas, la República Dominicana ha logrado un equilibrio raro en América Latina: crecimiento sostenido con inflación contenida y un marco institucional que inspira confianza a la inversión y sostiene el empleo formal. Ese desempeño no es obra de la casualidad ni responde a un ciclo de bonanza aislado; es el resultado de una arquitectura que colocó la estabilidad de precios en el centro del mandato del Banco Central, combinada con el dinamismo de la demanda interna, la continuidad de la inversión pública, el crédito privado y una apertura inteligente que integró al país en cadenas globales de valor. Hoy, sin embargo, ese activo histórico enfrenta su prueba decisiva: convertir estabilidad en productividad, y productividad en un salto de valor agregado que asegure tasas de expansión más altas, empleo de calidad y resiliencia ante choques externos y climáticos.

Tras los sobresaltos inflacionarios de 2021–2022, el país regresó al corredor objetivo, con una inflación que, en 2025, se mantuvo cerca de la meta, apoyada por expectativas firmemente ancladas y un esquema de metas creíble. Al mismo tiempo, los organismos internacionales han señalado que, aunque la República Dominicana conserva fundamentos sólidos —posición externa financiada por inversión extranjera directa, reservas robustas y banca estable—, el crecimiento proyectado para 2025 y 2026 será moderado, por encima del promedio regional pero insuficiente para romper la trampa de bajo crecimiento que la CEPAL identifica en la región. La conclusión es clara: estabilizar no basta. Si la productividad no acelera, el país corre el riesgo de consolidar un “crecimiento cómodo” que no eleve de forma sostenida el ingreso y la calidad del empleo.

En el ingreso por persona hay señales de convergencia que merecen subrayarse. El PIB per cápita dominicano superó los diez mil ochocientos dólares en 2024, frente a menos de tres mil dólares en el año 2000. En dos décadas el país avanzó lo que a otros les toma generaciones. Ese dato resume bien la transformación de la economía, pero también abre interrogantes: ¿cuánto de ese avance se explica por estabilidad y cuánto por productividad? ¿Qué barreras frenan que el crecimiento potencial se acerque a su trayectoria histórica de 5%? ¿Qué cambios institucionales y sectoriales se requieren para que la próxima etapa, más que administrar estabilidad, impulse valor agregado y densidad tecnológica en todo el tejido productivo?

La estructura sectorial ofrece pistas de respuesta. Los servicios superan la mitad del PIB y actúan como amortiguador de choques; la industria —manufactura, construcción, minería y utilidades— mantiene un peso cercano a un tercio; y el agro, aunque redujo su participación relativa a alrededor de 5% del producto, preserva vocación exportadora en rubros de nicho. En ese entramado, las zonas francas han sido un catalizador decisivo: en 2024 aportaron más de 8,400 millones de dólares en exportaciones, con 843 empresas distribuidas en 94 parques y casi 200,000 empleos directos. En 2025 se registró un máximo histórico superior a 200,000 plazas. Lo crucial no es solo el volumen: son los encadenamientos con proveedores nacionales. Las compras locales superaron los 155 mil millones de pesos en 2024, cifra que habla de densidad productiva, aprendizaje colectivo y derrames tecnológicos. Cuando una empresa exportadora compra más insumos locales, no solo reduce costos logísticos: multiplica las oportunidades para que talleres, pymes y manufactureras domésticas mejoren procesos, suban estándares, se certifiquen y ganen escalabilidad.

La composición de la canasta exportadora de zonas francas también ha cambiado. Dispositivos médicos y eléctricos/electrónicos ganaron peso, junto con la tradicional fortaleza del tabaco. Eso obliga a acelerar una agenda de clústeres de alto valor: encadenar manufactura avanzada con servicios especializados, logística, diseño, software industrial y certificaciones. La adopción de inteligencia artificial y automatización —desde control de calidad con visión computarizada hasta mantenimiento predictivo, gemelos digitales y planificación avanzada de producción— no es un lujo, sino una condición para fracturar la barrera de productividad. La industria que incorpora IA en planta y procesos logra menos defectos, ciclos más cortos y ahorro energético; traduce datos en decisiones y, en definitiva, compite mejor.

El agro cuenta una historia paralela de sofisticación. Las exportaciones agropecuarias superaron los 3,200 millones de dólares en 2024, con el tabaco, el cacao y las frutas como estandartes. El cacao fino y de aroma se consolidó como motor, mientras otros rubros como el azúcar evidencian rezagos que exigen tecnificación, mejora logística y gestión hídrica. La vulnerabilidad climática impone una modernización impostergable: riego eficiente, trazabilidad desde finca, digitalización de cadenas de frío y certificaciones que abran puertas en mercados exigentes. Si el país logra convertir su ventaja agroecológica en reputación de calidad y trazabilidad, el impacto se verá no solo en precios y cuotas de mercado, sino en la atracción de inversiones y en la estabilidad de ingresos de productores.

La minería ilustra la importancia de una visión de portafolio. La caída de las exportaciones de ferroníquel en 2023, asociada a interrupciones operativas y a ciclos de precios, recuerda que la estrategia no puede descansar en un solo mineral ni en una sola operación. Se requiere diversificar productos, mercados y tecnologías de extracción, con gobernanza corporativa y estándares ambientales que reduzcan riesgos operativos y reputacionales. La meta no es abandonar la minería, sino administrarla con prudencia, para que aporte divisas, empleo y encadenamientos sin comprometer estabilidad fiscal ni ambición ambiental.

En el sector externo, el país ha logrado financiar déficits de cuenta corriente con inversión extranjera directa, apoyado por exportaciones y remesas, lo que ha sostenido la estabilidad cambiaria. Pero la coyuntura internacional seguirá exigiendo resiliencia: menor dinamismo de la demanda externa, ajustes en políticas comerciales de Estados Unidos y volatilidad de los flujos de financiamiento pueden afectar turismo, exportaciones y crédito. El desafío es convertir el buen nombre del país —estabilidad, reglas claras, apertura al mundo— en una estrategia de nearshoring y logística inteligente. Eso significa facilitar comercio con una ventanilla única interoperable, digitalizar procesos aduaneros, estandarizar datos de trazabilidad y consolidar corredores de frío. Significa, también, aprovechar las sinergias con Puerto Rico y el Caribe anglófono, y mirar con pragmatismo oportunidades en Centroamérica y la costa este de Estados Unidos.

Si hay un cuello de botella transversal es el energético. La gobernanza eléctrica, incluida la reducción de pérdidas, la expansión de renovables y el despliegue de almacenamiento, no es un tema técnico: es el corazón de la competitividad costo‑energía de la industria. Un kilovatio más caro o más inestable se convierte en margen perdido, horas extras, rechazo de lotes y reputación dañada ante compradores internacionales. Implementar con rigor el pacto eléctrico, mejorar la gestión de redes, reformar incentivos tarifarios y acelerar inversiones en generación y almacenamiento son pasos esenciales. La transición energética debe ser pragmática: más solar y eólica donde son óptimas, almacenamiento para balancear carga, redes más inteligentes y eficiencia en planta con gestión de demanda, recuperación de calor y motores de alta eficiencia.

La productividad no sube sin talento. El país necesita un salto de formación dual que articule INFOTEP, universidades y gremios sectoriales; currículos que respondan al piso tecnológico de dispositivos médicos, electrónica, farmacéutica y agroindustria; certificaciones reconocidas por compradores internacionales; programas de aprendizaje en planta y rutas de carrera que retengan técnicos e ingenieros. El talento 4.0 no se improvisa: se construye con instructores actualizados, laboratorios funcionales, prácticas reales y evaluación continua de competencias. Hay, además, una oportunidad estratégicamente subestimada: elevar la participación femenina en ocupaciones técnicas y de supervisión, donde los datos muestran avances pero aún existe margen para cerrar brechas y ampliar productividad en equipos diversos.

El financiamiento debe acompañar. Un mercado de capitales con bonos verdes y sociales, instrumentos para infraestructura logística y energética, y vehículos orientados a clusters permitiría canalizar ahorro hacia proyectos de alto impacto. Al mismo tiempo, la banca comercial, el factoring y los fondos de garantías pueden aliviar el cuello de botella del capital de trabajo en proveedores locales. Cuando una pyme certifica procesos y entrega a tiempo a una zona franca, el país gana dos veces: sube el contenido local y se aprende a competir en estándares globales.

Las pymes requieren un programa de desarrollo de proveedores quirúrgico: diagnóstico de brechas, hoja de ruta de mejora, financiamiento atado a hitos de calidad, mentoría en estandarización y compras coordinadas de insumos críticos. Un esquema de “proveedor ancla” —una gran empresa que adopta y acelera a tres o cinco pymes por año— puede multiplicar el efecto demostración. La política industrial moderna no es subvención generalizada: es punta de lanza, foco en sectores con potencial y evidencia de resultados.

Para evitar vaguedades, la agenda debe definirse con métricas. Tres objetivos medibles: elevar en cinco puntos porcentuales el contenido local de las exportaciones de zonas francas en dos años; reducir las pérdidas eléctricas en al menos tres puntos; y aumentar en 20% la productividad total de factores en tres clústeres prioritarios mediante adopción de tecnologías digitales, I+D y formación especializada. Acompañemos esos objetivos con indicadores de valor agregado doméstico, intensidad de I+D, tiempos de despacho en frontera, certificaciones activas y participación de mujeres en ocupaciones técnicas. Lo que no se mide no mejora; lo que se mide bien, cambia conductas.

La gestión del riesgo debe estar integrada desde el diseño. El país tiene exposición climática y sísmica; la continuidad operativa en parques industriales exige protocolos, simulacros y seguros paramétricos, especialmente en agro y manufactura de exportación. La resiliencia no se improvisa: se invierte en infraestructura, se coordina público‑privado, se diseñan redundancias y se entrenan equipos.

El cronograma importa. Un primer semestre de 2026 debería concentrarse en tres frentes: ventanilla única interoperable con metas de reducción de tiempos; paquete de gobernanza eléctrica para pérdidas y almacenamiento; y programa de desarrollo de proveedores con enfoque en dispositivos médicos y eléctrico/electrónico. En paralelo, una agenda de formación dual y certificaciones alineadas a demandas reales de planta debe arrancar sin dilación, con cohortes pequeñas pero medibles. Para el segundo semestre, el despliegue de pilotos de IA industrial en calidad y mantenimiento puede mostrar resultados rápidos: menos rechazos, menos paradas, más productividad.

La comunicación también cuenta. Inversionistas, cámaras y compradores internacionales responden a señales claras y consistentes: reglas estables, tiempos previsibles, compromiso con estándares. Una narrativa que combine estabilidad macro con productividad sectorial y clima de inversión creíble es un activo que no se debe descuidar.

La lección de estas cinco décadas es, en el fondo, una invitación: cuidar la estabilidad, sí; pero sobre todo usarla como plataforma para el próximo salto. La República Dominicana tiene credenciales que la región mira con respeto —inflación en meta, cuentas externas financiadas por IED, reservas robustas, exportaciones diversas— y tiene, además, aprendizaje institucional para sostener el rumbo. Lo que falta es transformar esa base en un pacto económico que articule industria, servicios y agro; una conexión virtuosa entre zonas francas y proveedores locales; talento 4.0 y cambio tecnológico; electricidad competitiva y logística moderna; un Estado que preserve la prudencia macro mientras apuesta por la productividad. Si esa es la hoja de ruta, la estabilidad no será un fin en sí mismo: será el mejor seguro para un crecimiento sostenible e inclusivo que eleve de manera palpable el bienestar de la gente. Y en ese propósito, la prensa, la academia y la política tienen un rol común: exigir evidencia, medir resultados y sostener continuidad. Porque el verdadero salto pendiente no es solo económico: es el salto institucional que convierte consensos en capacidad de ejecución.
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✅ República Dominicana: 5 décadas de estabilidad y crecimiento
La economía dominicana mantiene inflación controlada (4 % ± 1 %), PIB per cápita en US$10,876 y proyecciones de crecimiento moderado para 2025–2026 (CEPAL/FMI).
🔹 Zonas Francas: US$8,425.9 MM en exportaciones y 200,134 empleos (oct. 2025).
🔹 Agroexportaciones: cacao y tabaco lideran con US$3,273.5 MM en 2024.
🌍 Retos: menor demanda global, riesgos climáticos y volatilidad financiera.
📌 Agenda 2026: productividad, innovación y resiliencia.
#EconomíaRD #ZonasFrancas #AgroExportador #CEPAL #FMI #Innovación

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Estabilidad no basta: el salto pendiente de la economía de la República Dominicana

  • IA, encadenamientos y gobernanza eléctrica para competir mejor.
  • Cincuenta años de industria estabilidad y evolución productiva en República Dominicana (1970–2025)

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Durante más de cincuenta años, la República Dominicana ha escrito un capítulo singular en América Latina: un crecimiento sostenido acompañado de precios contenidos y un clima macroeconómico capaz de atraer inversión y sostener el empleo formal. Esa trayectoria no responde a la casualidad ni a un único ciclo expansivo; es el resultado de una arquitectura institucional que ha puesto a la estabilidad de precios en el centro del mandato del Banco Central, del empuje persistente de la demanda interna, de la inversión pública y del crédito privado, y de un proceso de apertura que insertó al país en cadenas globales de valor, todo ello con una industria cada vez más compleja y una plataforma exportadora que se ha profesionalizado y diversificado. Esa es, en esencia, la tesis que el economista Adolfo Martí Gutiérrez sintetiza al afirmar que la economía dominicana ha transitado por cinco décadas de crecimiento con precios estables, donde la industria ha sido clave y la apertura un factor determinante (Martí Gutiérrez, 17/12/2025; Hoy Digital, 17/12/2025). Esta narrativa encuentra respaldo en los pilares de la política monetaria moderna del país, que se compromete —por mandato constitucional y la Ley Monetaria y Financiera 183-02— con la preservación de la estabilidad de precios (Banco Central de la República Dominicana, s. f.).

No es posible hablar de estabilidad sin hablar de inflación. Tras los picos de 2021–2022, asociados a choques globales de oferta y a la normalización pospandemia en alimentos y energía, la inflación dominicana recondujo su trayectoria hacia la banda meta de 4 % ± 1 %: el año 2024 cerró en torno a 3.3–3.6 %, y noviembre de 2025 marcó 4.8 %, todavía dentro del corredor objetivo, reflejando expectativas ancladas y credibilidad del régimen de metas (Datosmacro, 2025; El Nacional, 06/06/2025). Esa convergencia no se explica únicamente por los precios internacionales; se explica por decisiones de política, por instrumentos de liquidez aplicados oportunamente y por una comunicación efectiva de la autoridad monetaria, elementos que el FMI subraya en su Consulta del Artículo IV de 12 de noviembre de 2025, al reconocer que el esquema de metas ha mantenido la inflación alrededor del objetivo con expectativas bien encauzadas (IMF, 12/11/2025; Globe Banner, 15/09/2025).

La estabilidad macroeconómica se ha reflejado en el ingreso por persona. Según las World Development Indicators, el PIB per cápita dominicano alcanzó US$ 10,876 en 2024, frente a valores cercanos a US$ 2,846 en 2000, confirmando una convergencia de ingresos significativa en dos décadas (World Bank/FRED, 02/07/2025; Trading Economics–WDI, 10/2025). Ese avance convivió, sin embargo, con una realidad regional menos halagüeña: la CEPAL, en su Balance preliminar divulgado el 16–17 de diciembre de 2025, proyecta para República Dominicana un crecimiento de 2.9 % en 2025 y 3.6 % en 2026, dentro de una secuencia de bajo crecimiento regional que la propia Comisión denomina “trampa de bajo crecimiento” (Diario Libre, 16/12/2025; Dominican Today, 17/12/2025). Aunque estas cifras para RD superan el promedio regional (2.4–2.3 %), constituyen una llamada de atención: por muy sólida que sea la estabilidad, no basta para garantizar tasas altas de expansión si la productividad no acompaña.

El andamiaje productivo dominicano ofrece una clave para comprender la menor volatilidad relativa del país: un sector servicios que supera la mitad del PIB y actúa como amortiguador de choques, un núcleo industrial con peso estructural y un agro que, si bien redujo su participación relativa en el producto —del entorno de una cuarta parte del PIB en los años setenta a alrededor de 5–6 % en años recientes—, mantiene vocación exportadora, especialmente en rubros de calidad y de nicho. La evidencia comparativa sitúa la industria (entendida como manufactura, minería, construcción y utilidades) en torno a 25–31 % del PIB y los servicios en torno a 56–62 %, cifras que, aun con variaciones según metodología, refrendan una diversificación de la estructura que ayuda a suavizar el ciclo (TheGlobalEconomy/WDI, 2023; Hoy Digital, 17/09/2024). En esa matriz, la manufactura y, en particular, las zonas francas, han sido decisivas para la inserción competitiva de RD en cadenas globales, aportando empleo formal y un flujo exportador de creciente sofisticación.

Los números de zonas francas son elocuentes: al cierre de 2024, el régimen registró US$ 8,425.9 millones en exportaciones (alrededor de 61 % del total), 843 empresas, 94 parques y 198,552 empleos directos (CNZFE, Informe Estadístico 2024, agosto 2025; Revista Mercado, 30/08/2025). En 2025, el empleo alcanzó un máximo histórico de 200,134 puestos en octubre y las exportaciones acumularon US$ 7,936.1 millones a noviembre —cifra que refleja corte parcial y que, por tanto, debe compararse con prudencia frente a datos anuales—, con liderazgo en dispositivos médicos, tabaco y productos eléctricos y electrónicos (Listín Diario, 12/12/2025; Hoy Digital, 12/12/2025). Más allá del volumen, lo relevante es el contenido tecnológico y la densidad de encadenamientos: cuando las compras de las zonas francas a la industria local aumentan —RD$ 155.5 mil millones en 2024, según CNZFE— se fortalece el tejido de proveedores, mejora la productividad y se multiplican los derrames de conocimiento (CNZFE, 08/2025; Hoy Digital, 12/12/2025).

El agro ha vivido una transformación silenciosa. Si bien su participación en el PIB se redujo en términos relativos —en un país que se terciarizó y profundizó su industria—, la canasta exportadora agropecuaria muestra dinamismo. 2024 cerró con US$ 3,273.5 millones en exportaciones agropecuarias, con tabaco (US$ 1,340.4 millones), cacao y sus manufacturas (US$ 464.3 millones) y frutas (US$ 342.3 millones) como rubros líderes (Acento, 23/01/2025). En enero–agosto de 2025, los productos tradicionales —café, azúcar, cacao, tabaco— sumaron US$ 1,673.5 millones; el cacao se convirtió en el motor (+62.9 % interanual), mientras el azúcar retrocedió (−15.7 %) (El Nacional, 26/09/2025). Este desempeño revela una oportunidad y un desafío: el país puede consolidar liderazgo en cacao fino y de aroma, profundizar trazabilidad y certificaciones, e impulsar agregación de valor; al mismo tiempo, debe recuperar productividad en rubros con rezagos, como el azúcar, con tecnificación, logística y gestión hídrica, en un contexto de vulnerabilidad climática que obliga a invertir en riego eficiente y resiliencia (CEPAL, 08/2025; El Nacional, 26/09/2025).

El caso de la minería de ferroníquel ilustra la importancia de la gestión corporativa y de la coyuntura de precios. En 2023, las exportaciones de ferroníquel cayeron hasta US$ 319 millones (−40.6 % interanual) por interrupciones operativas en Falcondo; la recuperación del rubro depende de la estabilidad operacional de la empresa y del ciclo internacional del níquel (Listín Diario, 29/01/2024; Diario Libre, 22/01/2024). La minería no es ajena a los ciclos; por eso, la estrategia debe ser de portafolio, donde el país aproveche los nichos competitivos, minimice vulnerabilidades y diversifique tanto mercados como productos.

El sector externo aporta una pieza clave del rompecabezas de la estabilidad. Aun con déficits de cuenta corriente, la economía ha logrado financiarlos casi en su totalidad con inversión extranjera directa (IED), apoyada por remesas y exportaciones, lo que ha permitido mantener reservas internacionales elevadas y estabilidad cambiaria (El Nacional, 26/02/2024; BCRD – Estadísticas del sector externo, 2025). La evaluación del FMI para 2025 proyecta alrededor de 3 % de crecimiento, con inflación cerca de la meta, banca sólida, y un déficit del gobierno central que, por el estímulo fiscal de 2025, se ubicaría alrededor de 3.5 % del PIB antes de retomar la consolidación gradual (IMF, 12/11/2025; Globe Banner, 15/09/2025). En otras palabras: el país entra en 2026 con fundamentos razonables para sostener la estabilidad, pero necesita un empuje estructural para evitar que el crecimiento se rigidice en tasas moderadas.

El entorno geopolítico y financiero de 2026 exige prudencia inteligente. La CEPAL advierte que el desempeño regional dependerá del crecimiento global, de la política monetaria estadounidense, de la volatilidad de los flujos de financiamiento y del comportamiento de la demanda externa, con menor dinamismo esperado para consumo privado y comercio (Hoy Digital, 16/12/2025; Diario Libre, 16/12/2025). En ese escenario, la ventaja dominicana es su estabilidad macro y su diversificación productiva; la tarea es convertirla en productividad, innovación y resiliencia, con una agenda que articule industria–servicios–agro, eleve el contenido tecnológico y fortalezca el capital humano.

Esa agenda debe ser concreta. Primero, consolidar la prudencia macro: metas de inflación dentro de banda y una senda creíble de consolidación fiscal que proteja la inversión pública de alto impacto (IMF, 12/11/2025; BCRD – Sector externo, 2025). Segundo, profundizar la política industrial con encadenamientos locales: expandir las compras nacionales de las zonas francas, mejorar estándares de calidad y tiempos, y facilitar el financiamiento de capital de trabajo para proveedores, de modo que el aumento de exportaciones sea también un aumento de densidad productiva doméstica (CNZFE, 08/2025; Hoy Digital, 12/12/2025). Tercero, acelerar los clusters de alto valordispositivos médicos, farmacéutico, eléctrico/electrónico— con adopción de IA y automatización, incentivos a I+D, y formación dual con gremios y centros de capacitación, pues sin talento especializado el valor agregado no escala (AIRD, 2025; CEPAL, 08/2025). Cuarto, impulsar una agenda exportadora de nearshoring y logística —frío, trazabilidad—, y profundizar la facilitación comercial con ventanilla única interoperable, a fin de reducir costos y tiempos en frontera (Hoy Digital, 04/09/2024; CEPAL, 08/2025). Quinto, modernizar el agro: certificaciones, trazabilidad, riego eficiente y recuperación del azúcar con tecnificación y logística, evitando que los avances en cacao y tabaco se neutralicen por rezagos en otros rubros (Acento, 23/01/2025; El Nacional, 26/09/2025). Sexto, abordar la gobernanza eléctrica y la transición energética —reducción de pérdidas, expansión renovable y almacenamiento—, imprescindibles para la competitividad costo‑energía de la industria (Hoy Digital, 04/09/2024; IMF, 12/11/2025). Séptimo, profundizar el mercado de capitales con bonos verdes/sociales y vehículos de inversión productiva, que canalicen ahorro hacia infraestructura y clusters (IMF, 12/11/2025; CEPAL, 08/2025). Octavo, gestionar riesgos climáticos y geopolíticos mediante tableros de riesgo, seguros paramétricos para agro y protocolos de continuidad en parques industriales (CEPAL, 08/2025; BCRD – Sector externo, 2025).

La lección que nos deja la historia reciente de la República Dominicana es clara: la estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente. El país tiene credenciales que la región observa con respeto —inflación en meta, posición externa financiada con IED, reservas robustas, plataforma exportadora diversa—; tiene, además, el aprendizaje institucional para mantener el curso. La pregunta que nos debemos hacer en la prensa, en la política y en la academia es cómo convertir esa estabilidad en crecimiento de alta productividad y alto valor agregado, capaz de elevar de forma sostenida el ingreso, mejorar la calidad del empleo y reducir las vulnerabilidades que la desaceleración global vuelve a poner sobre la mesa. La respuesta no vendrá de una única medida ni de un solo sector; vendrá de la articulación inteligente de industria, servicios y agro, de la conexión virtuosa entre zonas francas y proveedores nacionales, del talento 4.0 y del cambio tecnológico en planta y en procesos, de una infraestructura eléctrica y logística a la altura, y de un Estado que preserve la prudencia macro mientras apuesta por la productividad. Si ese es el pacto económico de la próxima etapa, no solo sostendremos la estabilidad de cinco décadas: la convertiremos en el mejor seguro de crecimiento sostenible e inclusivo que el país puede ofrecer a su gente.

(Fuentes consultadas: Hoy Digital, 17/12/2025; Diario Libre, 16/12/2025; Dominican Today, 17/12/2025; Banco Central de la República Dominicana – estadísticas de inflación y sector externo (2024–2025); Datosmacro – IPC RD (2025); IMF – Country page y Artículo IV (12/11/2025); CNZFE – Informe Estadístico 2024 (08/2025); Revista Mercado (30/08/2025); Acento (23/01/2025); El Nacional (06/06/2025; 26/09/2025); Listín Diario (12/12/2025; 29/01/2024); Diario Libre (22/01/2024); World Bank/FRED – WDI PIB per cápita 2024).
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República Dominicana ha experimentado cinco décadas de estabilidad económica y crecimiento sostenido, con una inflación controlada y un PIB per cápita creciente, apoyado por la industria, zonas francas y el sector agroexportador. El país enfrenta riesgos globales y climáticos, pero mantiene una sólida base macroeconómica respaldada por organismos internacionales.

·         Crecimiento y estabilidad macroeconómica: La economía dominicana ha mantenido una inflación dentro del rango meta (4 % ± 1 %), con una inflación de 3.3–3.6 % en 2024 y 4.8 % en noviembre de 2025. El PIB per cápita alcanzó US$ 10,876 en 2024, con proyecciones de crecimiento de 2.9 % para 2025 y 3.6 % para 2026 según la CEPAL, y cerca de 3 % según el FMI. La cuenta corriente se financia principalmente con inversión extranjera directa y el sistema bancario es sólido.

·         Desempeño de sectores clave: Las zonas francas cerraron 2024 con exportaciones por US$ 8,425.9 millones y más de 198,000 empleos, incrementando a 200,134 empleos en octubre de 2025. El sector agroexportador, aunque con menor peso relativo, destaca en productos premium como cacao, tabaco y frutas, alcanzando US$ 3,273.5 millones en 2024 y US$ 1,673.5 millones en los primeros ocho meses de 2025.

·         Riesgos y desafíos externos: El entorno global presenta incertidumbre por menor demanda externa, políticas monetarias de EE. UU., volatilidad financiera y riesgos climáticos. Se enfatiza la necesidad de fortalecer la resiliencia climática, mejorar la logística y gestionar riesgos para mantener la competitividad exportadora.

·         Recomendaciones políticas para 2026–2028: Se propone mantener la estabilidad macroeconómica con metas de inflación y consolidación fiscal gradual, impulsar la productividad industrial y la adopción de tecnologías avanzadas, modernizar el sector agro con certificaciones y riego eficiente, desarrollar capital humano en áreas tecnológicas, promover energías renovables, profundizar la financiación productiva y gestionar riesgos geopolíticos y climáticos con herramientas como seguros paramétricos y tableros de riesgo. 


Industria ha sido clave: cinco décadas de estabilidad y transformación productiva en República Dominicana (1970–2025)

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Resumen. Entre 1970 y 2025, la economía dominicana ha mostrado un patrón singular de crecimiento estable con precios contenidos. El desempeño de largo plazo se explica por la demanda interna, la inversión pública, el crédito privado y la apertura, bajo la arquitectura monetaria del Banco Central orientada a la estabilidad de precios. La industria y las zonas francas se consolidan como ejes del valor agregado y del impulso exportador; el agro pierde peso relativo en el PIB, pero reafirma su vocación internacional en cacao y tabaco. Para 2025–2026, la CEPAL anticipa crecimientos moderados en la región y en el país (2.9 % en 2025; 3.6 % en 2026), en un contexto de “trampa de bajo crecimiento”, mientras el FMI destaca la credibilidad del esquema de metas de inflación del BCRD y la capacidad de la economía para financiar la cuenta corriente con IED. (Martí Gutiérrez, 2025; CEPAL, 2025; IMF, 2025; BCRD, 2024–2025). 2 [dr1.com] [forbescent…merica.com], [revistamercado.do]

Palabras clave. República Dominicana; estabilidad macroeconómica; industria; zonas francas; agroexportaciones; productividad; CEPAL; FMI.


1. Introducción: estabilidad y mandato monetario

La estabilidad de precios es el mandato principal del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y ha respaldado la narrativa de cinco décadas de crecimiento con inflación contenida destacada por Adolfo Martí Gutiérrez, quien enfatiza el papel de la demanda interna, la inversión pública y el crédito privado, con la apertura comercial como determinante. (BCRD, s. f.; Martí Gutiérrez, 2025). 5 [dr1.com]


2. Inflación y convergencia del ingreso (actualización 2025)

Precios. A diciembre de 2025 (corte al 17/12), el último dato consolidado disponible es noviembre 2025, con 4.8 % de inflación interanual; la trayectoria 2023–2025 confirma el retorno a la banda meta (4 % ± 1 %) tras los picos de 2021–2022. (Datosmacro, 2025; BCRD, 2025). [cepal.org], [listindiario.com]

Gráfico 5. Timeline de inflación (dic de cada año, 2015–2025)
grafico_timeline_inflacion_2015_2025.png
Lectura: Picos transitorios en 2021–2022 (8.5 % y 7.8 %) y convergencia 2023–2024 (3.6–3.3 %), con repunte moderado en 2025 (4.8 % en nov.), dentro de la banda meta. (Datosmacro; BCRD). [cepal.org], [listindiario.com]

Ingreso. El PIB per cápita de 2024 se sitúa en US$ 10,876 (WDI), una convergencia notable desde US$ 2,846 en 2000; esta serie oficial corrige interpretaciones periodísticas que reportaban “millones” como unidad en lugar de “US$ por persona”. (World Bank/FRED; Trading Economics–WDI). [us-prod.as…rosoft.com], [hoy.com.do]


3. Exportaciones y empleo: zonas francas, agro y minería (corte 2024–nov. 2025)

Zonas francas. Al cierre de 2024, las zonas francas registraron US$ 8,425.9 MM en exportaciones (≈ 61 % del total), 843 empresas, 94 parques y 198,552 empleos. (CNZFE, 2025; Revista Mercado, 2025).
A noviembre de 2025, las exportaciones acumuladas del régimen suman US$ 7,936.1 MM, y el empleo directo marcó 200,134 puestos (máximo histórico) en octubre. (Listín Diario, 12/12/2025; Hoy Digital, 12/12/2025). [one.gob.do], [Centro de…Padre …] [diariolibre.com], [one.gob.do]

Gráfico 1 (actualizado). Exportaciones de Zonas Francas: 2024 vs. ene–nov 2025
grafico_zf_2024_vs_2025.png
Fuente: CNZFE (2024) y reportes de prensa con corte ene–nov 2025. [one.gob.do], [one.gob.do]

Agro exportador. En 2024, las exportaciones agropecuarias alcanzaron US$ 3,273.5 MM (25.33 % del total), lideradas por tabaco (US$ 1,340.4 MM), cacao y manufacturas (US$ 464.3 MM) y frutas (US$ 342.3 MM); 2025 (ene–ago) suma US$ 1,673.5 MM en tradicionales, con cacao como motor (+62.9 % interanual) y azúcar a la baja (−15.7 %). (Acento, 01/23/2025; El Nacional, 09/26/2025). [acento.com.do], [us-prod.as…rosoft.com]

Gráfico 2. Exportaciones agropecuarias (2024): principales rubros
grafico_exportaciones_agro_2024.png
Gráfico 3. Exportaciones agrícolas tradicionales (ene–ago 2025)
grafico_exportaciones_tradicionales_2025.png

Minería (ferroníquel). 2023 cerró con US$ 319 MM (−40.6 % interanual) por interrupciones operativas en Falcondo; el reposicionamiento del rubro depende de precios internacionales y estabilidad corporativa. (Listín Diario, 01/29/2024; Diario Libre, 01/22/2024). [statisticstimes.com], [Centro de…uis Alemán]


4. Estructura sectorial y volatilidad

La economía dominicana exhibe diversificación y menor volatilidad relativa al promedio regional; estimaciones recientes sitúan servicios en ≈ 56–62 % del PIB, industrias en ≈ 25–31 %, y agro en ≈ 5–6 %. (TheGlobalEconomy/WDI, 2023; Hoy Digital, 09/17/2024). [us-prod.as…rosoft.com], [us-prod.as…rosoft.com]

Gráfico 4. Estructura sectorial del PIB (aprox. 2023)
grafico_estructura_sectorial_pib.png
Fuente: Hoy Digital (servicios 62.2 %, industrias 25.4 %, agro 5.4 %); el residual se considera impuestos netos/otros. [us-prod.as…rosoft.com]


5. Sector externo y reservas

Aun con déficits en cuenta corriente (ej. 2023: −3.8 % del PIB), la economía los ha financiado casi íntegramente con IED, apoyada por remesas y exportaciones, lo que contribuye a reservas internacionales elevadas y estabilidad cambiaria. (El Nacional, 02/26/2024; BCRD—Sector Externo, 2025). [agrolatam.com], [revistamercado.do]


6. Perspectivas y riesgos (cierre 2025)

La CEPAL (informe 16–17 de diciembre de 2025) reduce la proyección de crecimiento para República Dominicana a 2.9 % (2025) y 3.6 % (2026), dentro de una senda regional de bajo crecimiento; el organismo advierte menor dinamismo en consumo privado y demanda externa, con riesgos por incertidumbre financiera y choques globales. (Diario Libre, 12/16/2025; Hoy Digital, 12/16/2025; Dominican Today, 12/17/2025). 221
El FMI tras la Consulta Artículo IV (11/12/2025) estima ≈ 3 % de crecimiento en 2025, con retorno gradual al potencial, inflación cerca de la meta, banca sólida y cuenta corriente financiada por IED. (IMF Country Page, 2025; Globe Banner, 09/15/2025). [hoy.com.do] [forbescent…merica.com], [eldinero.com.do]


7. Agenda 2026: productividad, innovación y resiliencia

Industria y encadenamientos. Profundizar compras locales desde zonas francas (RD$ 155.5 mil millones en 2024) y desarrollar proveedores para elevar la productividad total. (CNZFE, 2024; Hoy Digital, 12/12/2025).
Alto valor agregado. Acelerar la transición hacia dispositivos médicos, farmacéutico, eléctrico/electrónico y servicios intensivos en conocimiento, con IA y automatización en planta y back-office. (AIRD, 2025).
Agro moderno. Afianzar cacao y tabaco con trazabilidad, certificaciones, gestión hídrica y control fitosanitario; recuperar azúcar con mejoras tecnológicas y logística; consolidar frutas y banano. (Acento, 01/23/2025; El Nacional, 09/26/2025).
Prudencia macro. Mantener metas de inflación y consolidación fiscal gradual para asegurar confianza y empleo en un entorno global menos dinámico. (CEPAL, 2025; IMF, 2025). 2 [one.gob.do], [one.gob.do] [us-prod.as…rosoft.com] [acento.com.do], [us-prod.as…rosoft.com] [forbescent…merica.com]


8. Conclusión (actualizada a diciembre de 2025)

República Dominicana arriba al cierre de 2025 con fundamentos macro robustos y una estructura productiva que, al combinar servicios predominantes con un núcleo industrial dinámico, amortigua choques externos y sostiene el empleo formal. La plataforma exportadora de zonas francas se reafirma —con un año de máximos en empleo y alto dinamismo— y el agro confirma su vocación internacional en rubros premium (cacao fino, tabaco de alta calidad). (CNZFE, 2025; Acento, 2025; El Nacional, 2025).
La próxima frontera es productividad + innovación + resiliencia: encadenar industria–servicios–agro, tecnificar procesos, desplegar capacidades digitales y gestionar riesgos climáticos y logísticos. Con política monetaria creíble, fiscalidad prudente y una estrategia de desarrollo que apueste por alto valor agregado, el país puede convertir cinco décadas de estabilidad en crecimiento sostenible e inclusivo bajo la desaceleración regional prevista para 2025–2026. (CEPAL, 2025; IMF, 2025; BCRD, 2025). 2 [one.gob.do], [acento.com.do], [us-prod.as…rosoft.com] [forbescent…merica.com], [revistamercado.do]


Figuras (actualizadas)

  • ZF 2024 vs. ene–nov 2025: grafico_zf_2024_vs_2025.png
  • ZF 2024 (detalle): grafico_exportaciones_zonas_francas_2024.png
  • Agro 2024 (top rubros): grafico_exportaciones_agro_2024.png
  • Tradicionales ene–ago 2025: grafico_exportaciones_tradicionales_2025.png
  • Estructura sectorial PIB (aprox. 2023): grafico_estructura_sectorial_pib.png
  • Timeline inflación 2015–2025: grafico_timeline_inflacion_2015_2025.png

Referencias (formato APA, corte dic‑2025)


📌 Industria ha sido clave en RD: 5 décadas de crecimiento con estabilidad.

📈 2025: 2.9 % (CEPAL) / ≈ 3.0 % (FMI)
📊 Inflación nov‑2025: 4.8 % (rango meta 4 % ± 1 %)
🏭 Zonas francas 2024: US$ 8,425.9 MM; oct‑2025: 200,134 empleos
🌱 Agro 2024: US$ 3,273.5 MM; cacao al alza en 2025
🔧 PIB: Servicios ~62 %, Industria ~25 %, Agro ~5 %
🚀 2026–2028: productividad, IA, nearshoring, riego eficiente, reforma eléctrica, talento 4.0 y finanzas verdes.
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Estabilidad no basta. El salto pendiente de la economía dominicana

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Durante más de cinco décadas, la República Dominicana ha logrado lo que pocos países en América Latina: combinar crecimiento sostenido con inflación contenida y un entorno macroeconómico capaz de atraer inversión y sostener empleo formal. Esta trayectoria no es fruto del azar ni de un ciclo aislado; responde a una arquitectura institucional que ha puesto la estabilidad de precios en el centro del mandato del Banco Central, al empuje de la demanda interna, la inversión pública y el crédito privado, y a una apertura que insertó al país en cadenas globales de valor. Todo ello acompañado por una industria cada vez más compleja y una plataforma exportadora diversificada.

Tras los choques globales de 2021 y 2022, la inflación volvió a la banda meta del Banco Central y cerró noviembre de 2025 en torno a 4.8%, reflejando expectativas ancladas y credibilidad del régimen de metas. El Fondo Monetario Internacional, en su más reciente evaluación, destacó que la economía mantiene fundamentos sólidos, inflación cerca del objetivo y una posición externa financiada por inversión extranjera directa, con reservas robustas y un sistema financiero estable. Sin embargo, también advirtió que el crecimiento proyectado para 2025 será de apenas 2.9%, con una recuperación moderada hacia 3.6% en 2026, cifras que superan el promedio regional pero confirman la advertencia de la CEPAL sobre la “trampa de bajo crecimiento” que afecta a América Latina.

El ingreso por persona refleja avances significativos: el PIB per cápita dominicano alcanzó cerca de 10,876 dólares en 2024, frente a menos de 3,000 dólares en el año 2000. Este salto evidencia convergencia, pero también plantea un desafío: sostener el ritmo requiere más que estabilidad. La estructura productiva dominicana ofrece pistas sobre la resiliencia del país. Servicios representan más de la mitad del PIB, la industria mantiene un peso cercano a un tercio y el agro, aunque reducido a alrededor de 5% del producto, conserva vocación exportadora. En este entramado, las zonas francas han sido decisivas: en 2024 aportaron más de 8,400 millones de dólares en exportaciones, 843 empresas, 94 parques y casi 200,000 empleos directos, con liderazgo en dispositivos médicos, tabaco y productos eléctricos y electrónicos. Más allá del volumen, lo relevante es la densidad de encadenamientos: las compras locales superaron los 155 mil millones de pesos, fortaleciendo proveedores nacionales y multiplicando derrames de conocimiento.

El agro también muestra señales de sofisticación. En 2024, las exportaciones agropecuarias sumaron más de 3,200 millones de dólares, con tabaco, cacao y frutas como rubros líderes. El cacao, en particular, se convirtió en motor de crecimiento, mientras otros productos como el azúcar enfrentan rezagos que exigen tecnificación, logística y gestión hídrica en un contexto de vulnerabilidad climática. La minería, por su parte, ilustra la dependencia de ciclos internacionales: las exportaciones de ferroníquel cayeron en 2023 por interrupciones operativas, recordando la necesidad de diversificación y estabilidad corporativa.

El sector externo completa el cuadro: aunque persisten déficits de cuenta corriente, la economía los financia casi en su totalidad con inversión extranjera directa, apoyada por remesas y exportaciones, lo que ha permitido mantener estabilidad cambiaria y reservas elevadas. El reto, sin embargo, no está en la estabilidad sino en la productividad. Convertir esta base en crecimiento de alto valor agregado exige una agenda clara: consolidar la prudencia macro sin sacrificar inversión pública estratégica; profundizar la política industrial con encadenamientos locales; acelerar clusters de alto valor con adopción de inteligencia artificial y automatización; impulsar una agenda exportadora orientada al nearshoring y la logística inteligente; modernizar el agro con certificaciones, trazabilidad y riego eficiente; abordar la gobernanza eléctrica y la transición energética para reducir costos y riesgos; y fortalecer el mercado de capitales con instrumentos que canalicen ahorro hacia infraestructura y sectores productivos.

La historia reciente deja una lección inequívoca: la estabilidad es condición necesaria, pero no suficiente. La República Dominicana tiene credenciales que la región observa con respeto —inflación en meta, posición externa sólida, reservas robustas, plataforma exportadora diversa— y cuenta con aprendizaje institucional para mantener el curso. La pregunta es cómo convertir esa estabilidad en crecimiento sostenido, capaz de elevar ingresos, mejorar la calidad del empleo y reducir vulnerabilidades. La respuesta no vendrá de una sola medida ni de un único sector, sino de la articulación inteligente entre industria, servicios y agro, de la conexión virtuosa entre zonas francas y proveedores nacionales, del talento 4.0 y del cambio tecnológico en planta y procesos, de una infraestructura eléctrica y logística a la altura y de un Estado que preserve la prudencia macro mientras apuesta por la productividad. Si ese es el pacto económico de la próxima etapa, la estabilidad de cinco décadas se convertirá en el mejor seguro de crecimiento sostenible e inclusivo que el país puede ofrecer a su gente.


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Balance institucional 2025 en República Dominicana: una lectura crítica del informe de Participación Ciudadana con énfasis en soberanía y acción gubernamental


Balance 2025: una lectura crítica que reivindica la capacidad del Estado y la soberanía dominicana

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La República Dominicana cerrará 2025 con un cúmulo de decisiones, reformas y resultados que, vistos con rigor, describen un Estado más equipado para gobernar y defender su soberanía efectiva. El análisis difundido por Participación Ciudadana insiste en un “balance mixto” donde los avances aparecen ensombrecidos por retrocesos, escándalos y preocupaciones difusas. Sin embargo, al contrastar los hechos y las cifras disponibles, se observa un cuadro institucional que, lejos de la caricatura del estancamiento, exhibe logros concretos en control del gasto, seguridad ciudadana, persecución del crimen organizado, garantías constitucionales y modernización de la identidad, todo ello con componentes de cooperación internacional acotados y bajo supervisión local. En una democracia que aprende, la crítica es saludable; pero debe estar alimentada por evidencia y proporción, no por un sesgo que relativiza reformas de gran calado o subestima indicadores que hablan de capacidades públicas reales.

El primer punto que se trata con ligereza en ese “balance mixto” es la reforma estructural de las contrataciones públicas. La Ley 47‑25, promulgada este año, no es un ajuste cosmético: sustituye el marco anterior, amplía el alcance institucional para abarcar Poderes Legislativo y Judicial, fideicomisos y empresas con participación pública, fortalece la planificación, la trazabilidad y la gobernanza, y empuja la digitalización del ciclo de compras con estándares de integridad más exigentes. La arquitectura de la ley está orientada a que la planificación sea el eje del ciclo de contratación, que los procesos sean interoperables y trazables en tiempo real, y que las responsabilidades estén claramente definidas. Reducir este hito a una nota al margen desdibuja su impacto potencial en la contención de la discrecionalidad, la prevención de irregularidades y la rendición de cuentas. Las compras del Estado no son una cuestión técnica menor: son uno de los grandes canales por donde se expresa la política pública y, también, por donde pueden filtrarse las malas prácticas. Por eso, actualizar el régimen, incorporar herramientas de trazabilidad y robustecer el órgano rector son avances que favorecen al gobierno y a la soberanía, porque blindan la capacidad de ejecutar políticas sin capturas indebidas.

Algo similar cabe decir del nuevo Código Penal, Ley 74‑25, que reemplaza una legislación de 141 años e incorpora más de setenta tipos penales modernos. No se trata de “sancionar más”, sino de tipificar conductas del siglo XXI y de dotar de herramientas contemporáneas a la persecución penal. La ley reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contempla ciberdelitos, violencia de género en sus formas más actuales, delitos financieros complejos y endurece escalas de pena para crímenes graves y crimen organizado. Su vacatio legis hasta 2026 no es una dilación; es un período de adaptación institucional para aplicar una norma exigente: formación de operadores, ajustes de protocolos, coordinación interinstitucional y preparación técnica. Presentar este avance como un dato de trámite, sin ponderar su efecto potencial sobre la impunidad futura, desatiende la dimensión estructural de la prevención y la sanción. Cuando el Estado actualiza su repertorio punitivo, mejora su capacidad de disuasión y de respuesta frente a amenazas reales, y, en consecuencia, protege con mayor eficacia a la ciudadanía y al erario.

Si el control del gasto es un nervio vital del Estado, la conformación de una nueva Cámara de Cuentas (2025–2029), con juramentación parlamentaria y mandato expreso de restaurar confianza en el órgano auditor, constituye otro pilar institucional que el balance de PC menciona sin el énfasis correspondiente. La elección del pleno encabezado por una figura con trayectoria reconocida y la exhortación legislativa a una gestión ética y transparente enviaron una señal clara de reconstrucción de capacidades de fiscalización. Ese hecho no cancela debates políticos—propios de cualquier democracia—sobre procedimientos y perfiles, pero sí reencauza el sistema de vigilancia externa de los recursos públicos, particularmente tras años de tensiones y cuestionamientos. Reanclar la auditoría pública en una institucionalidad que funcione, con liderazgo y reglas claras, es uno de los caminos más directos para fortalecer la soberanía: un Estado que controla el uso de sus fondos es un Estado menos vulnerable a la captura y más capaz de servir a la gente.

El año también estuvo marcado por sentencias del Tribunal Constitucional que refuerzan garantías fundamentales frente a actos administrativos desproporcionados. La anulación de facultades para imponer impedimentos de salida sin orden judicial y la reafirmación de que ninguna autoridad administrativa puede retener vehículos de forma indefinida sin proceso penal abierto son hitos que consolidan el debido proceso, la libertad de tránsito y el derecho de propiedad. No son líneas declamatorias; son resoluciones con efectos prácticos en la vida de los ciudadanos y en la disciplina institucional. Omitir su peso en el balance equivale a eludir una parte sustantiva del fortalecimiento del Estado de derecho en 2025. Cada vez que una alta corte coloca límites claros a la administración, no “debilita” al Estado: lo ordena y lo hace más legítimo, porque obliga a que el poder se ejerza dentro de la Constitución y no por mera inercia burocrática.

La seguridad pública—campo donde, por décadas, el escepticismo fue moneda corriente—muestra datos difíciles de relativizar. La tasa acumulada de homicidios descendió a 8.3 por cada 100,000 habitantes en 2025, representando un logro notable respecto de años previos y manteniéndose por debajo del promedio regional. Esta reducción, vinculada a la coordinación interinstitucional, el uso creciente de tecnología, la inteligencia operativa y la reforma del modelo de patrullaje, no invalida la existencia de crímenes ni dolores sociales, pero sí evidencia una capacidad de contención y respuesta más eficaz. Negarlo no mejora la política; simplemente congela el análisis en prejuicios que no resisten el contraste empírico. El descenso de homicidios no se explica por un evento aislado sino por un cúmulo de decisiones: reuniones de seguimiento, interoperabilidad de datos, focalización de recursos, mejoras en el abordaje ciudadano y, sobre todo, una clara comprensión de que la prevención requiere presencia, mediación y disciplina táctica.

La persecución del crimen organizado exhibe otro capítulo contundente: las incautaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas consolidaron cifras históricas y un cierre anual que supera las 47 toneladas de drogas, con operativos coordinados y colaboración internacional controlada, impactando rutas, logística y activos de redes transnacionales. Reducir esta evidencia a un inciso puede ser políticamente conveniente para quien desea subrayar únicamente lo negativo, pero es analíticamente incompleto; reconocer la magnitud de la interdicción es reconocer capacidad estatal y mensajes disuasivos que fortalecen soberanía operativa. Esos números—más allá de vaivenes diarios—no son retórica: implican casos, detenciones, bienes ocupados, rutas desarticuladas y cooperación judicial que encarece la operación criminal. La lucha contra el narcotráfico es por definición transnacional; por tanto, una soberanía responsable no niega la colaboración, la subordina a marcos temporales, objetivos técnicos y supervisión nacional estricta.

Respecto del “caso SeNaSa”, al que se le atribuyen desfalcos millonarios y un daño moral especialmente doloroso por afectar el derecho a la salud, conviene una lectura bifocal: condena social y exigencia de sanción, sí; pero también valoración de los mecanismos institucionales que detonaron la investigación y la judicialización. Es incuestionable la gravedad de cualquier esquema que desvíe recursos destinados a los más vulnerables; precisamente por eso, tanto más relevante es que el proceso se haya activado con auditorías, remisiones y acción coordinada, en línea con una política pública que ha declarado tolerancia cero a la corrupción. En términos de fortalecimiento institucional, autodepuración y recuperación de activos no son coartadas: son la prueba de que el Estado reconoce un problema, lo judicializa y busca resarcir el daño. El llamado a audiencias públicas y celeridad se alinea con el interés ciudadano; lo que desbalancea ciertos diagnósticos es la insinuación de una inercia judicial generalizada que desconoce la existencia de reformas y controles aprobados este año para limitar futuras capturas patrimoniales del Estado. La exigencia de justicia es legítima y urgencia; la negación de avances sistémicos, no.

La tragedia de la discoteca Jet Set exige del periodismo y de la sociedad un trato ético y prudente. Las cifras variaron conforme avanzó la identificación oficial; el dolor se instaló en familias y comunidades; la indignación convive con el reclamo de responsabilidades. La discusión pública debe sostenerse sobre la mejor evidencia disponible, evitando usar un hecho devastador como ariete para conclusiones genéricas sobre “debilitamientos sistémicos” sin los peritajes y procedimientos judiciales concluidos. Honrar a las víctimas y exigir justicia es compatible con no sobredimensionar la tragedia como metáfora generalizante de toda la institucionalidad, cuando se requiere, ante todo, rigor técnico, responsabilidades individualizadas y reformas de seguridad estructural donde sean pertinentes. De esa prudencia nace también una política pública seria, capaz de aprender y corregir.

En modernización de la identidad, la Junta Central Electoral avanzó la nueva cédula en policarbonato con chip y capacidades de firma digital, alineada con estándares internacionales. Esto no es un detalle técnico; es soberanía documental, protección contra la suplantación y base para servicios digitales seguros. La licitación y la presentación del proyecto reflejan una dinámica de transparencia y diálogo con partidos y ciudadanía. Conviene subrayar que la identidad resguardada y moderna es una herramienta directa contra el fraude y, por ende, contra oportunidades de captura y corrupción en trámites y contratos asociados a la vida pública y privada. Un documento robusto es también un ancla de confianza para el sistema electoral y para la interacción del ciudadano con el Estado y con el sector privado.

La economía, por su parte, transita una desaceleración que diversos organismos sitúan alrededor de un crecimiento moderado para 2025, con inflación dentro del rango meta y una estabilidad macro que no es trivial en el entorno regional. Se ha señalado el “deterioro de servicios públicos” y la “dependencia del endeudamiento” como diagnósticos generales; sin embargo, la reducción de la pobreza monetaria en distintos trimestres y la continuidad de variables como turismo, remesas e inversión extranjera directa sugieren un cuadro más complejo, con resiliencia y retos sectoriales que ameritan análisis desagregados. La ponderación aquí importa: desaceleración no equivale a colapso, y la evidencia de descenso en pobreza y control inflacionario matiza cualquier sentencia apocalíptica. La economía, al igual que la seguridad y la institucionalidad, demanda políticas de ajuste fino: gasto de capital que empuje productividad, reforma de cuellos normativos, alianzas público‑privadas eficientistas y un enfoque territorial que atienda brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales.

Queda la cuestión de soberanía frente a la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos. Se han expresado “preocupaciones” sobre el tema. La información disponible indica que el acceso a instalaciones aeroportuarias y militares se concedió bajo criterios temporales, supervisados y con objetivos técnicos definidos: apoyo logístico, reabastecimiento, vigilancia e interdicción en el Caribe. En términos de soberanía, esto no es cesión de jurisdicción ni presencia indefinida: es una cooperación limitada en un delito transnacional con alto costo social y económico para el país, inscrita en protocolos bilaterales con supervisión dominicana. La discusión pública es legítima, incluso necesaria; pero debe reconocer el marco jurídico y operativo que resguarda la decisión política. Defender la soberanía no significa negar toda colaboración; significa diseñarla, controlarla, limitarla y hacerla servir a fines nacionales.

A la luz de todo lo anterior, el 2025 no puede despacharse con una sentencia monocorde. El Estado dominicano, con todas sus asignaturas pendientes, es hoy más competente para asignar y vigilar recursos, para perseguir delitos complejos, para garantizar derechos y para resguardar la identidad ciudadana. Se ha reformado el esqueleto legal de las contrataciones públicas, se ha actualizado un Código Penal obsoleto, se ha reencauzado el control externo del gasto, se han emitido sentencias constitucionales que acotan poderes administrativos desbordados, se ha reducido la tasa de homicidios, se han decomisado drogas en volúmenes inéditos y se ha avanzado en una cédula robusta y segura. Ninguno de esos elementos anula la necesidad de acelerar procesos judiciales, de mejorar capacidades en justicia y servicios, de revisar políticas sociales o de debatir la cooperación internacional con ojo crítico. Pero sí obligan a reconocer que el balance del año contiene fundamentos objetivos para valorar positivamente la capacidad del gobierno y la soberanía efectiva del Estado.

Las organizaciones cívicas cumplen un papel esencial en la democracia; su tarea es cuestionar, vigilar y proponer. Un balance responsable, no obstante, debe ponderar los avances con la misma intensidad que los retrocesos, distinguir entre casos en investigación y conclusiones firmes, y evitar que el legítimo reclamo por transparencia derive en una narrativa que invisibiliza reformas profundas y resultados comprobables. La República Dominicana ha dado pasos concretos para blindar sus instituciones, y esa es la dimensión que debe ocupar una parte mayor del espacio público cuando hablamos de soberanía en tiempo presente: la capacidad real de gobernar—con controles, garantías y datos—en favor de la ciudadanía.

Luis Orlando Díaz Vólquez, articulista
Martes, 16 de diciembre de 2025

Palabras clave: República Dominicana; transparencia; contrataciones públicas; seguridad ciudadana; soberanía; corrupción; Participación Ciudadana.

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Balance 2025: instituciones más fuertes, soberanía más efectiva

Este año, la República Dominicana consolida capacidades estatales clave. La reforma de contrataciones públicas moderniza el ciclo de compras, fortalece trazabilidad y gobernanza, y reduce espacios de discrecionalidad. El nuevo Código Penal trae al presente el repertorio punitivo, con delitos modernos y responsabilidad penal de personas jurídicas, para enfrentar el crimen organizado y la corrupción con herramientas contemporáneas. La nueva Cámara de Cuentas reancla la auditoría pública y la rendición de cuentas, mientras el Tribunal Constitucional reforzó garantías frente a medidas administrativas desproporcionadas.

En seguridad, la disminución de homicidios se explica por coordinación interinstitucional, inteligencia y patrullaje con enfoque ciudadano. La interdicción del crimen organizado y la cooperación internacional acotada, con supervisión nacional estricta, elevan la soberanía operativa. La nueva cédula (policarbonato + chip + firma digital) aporta identidad robusta y servicios más seguros. En economía y política social, conviven estabilidad y retos sectoriales, con avances que requieren ser ponderados y acelerados.

Un balance responsable no niega pendientes; los ordena y exige celeridad donde haga falta. Pero también reconoce reformas y resultados que blindan institucionalidad y soberanía efectiva. Esa es la lectura que propongo para 2025.

https://x.com/GUASABARAeditor/status/2001003584868245649?s=20


Balance 2025: una lectura crítica que reivindica la capacidad del Estado y la soberanía dominicana

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La República Dominicana cerrará 2025 con un cúmulo de decisiones, reformas y resultados que, vistos con rigor, describen un Estado más equipado para gobernar y defender su soberanía efectiva. El informe difundido por Participación Ciudadana (PC) a través de El Caribe insiste en un “balance mixto” donde los avances aparecen ensombrecidos por retrocesos, escándalos y preocupaciones difusas. Sin embargo, al contrastar los hechos y las cifras disponibles, se observa un cuadro institucional que, lejos de la caricatura del estancamiento, exhibe logros concretos en control del gasto, seguridad ciudadana, persecución del crimen organizado, garantías constitucionales y modernización de la identidad, todo ello con componentes de cooperación internacional acotados y bajo supervisión local. En una democracia que aprende, la crítica es saludable; pero debe estar alimentada por evidencia y proporción, no por un sesgo que relativiza reformas de gran calado o subestima indicadores que hablan de capacidades públicas reales. (El Caribe, 16/12/2025: https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/informe-oficial-del-balance-2025-por-participacion-ciudadana/ )

El primer punto que PC trata con ligereza es la reforma estructural de contrataciones públicas. La Ley 47‑25, promulgada en julio, no es un ajuste cosmético: sustituye el marco anterior (340‑06), amplía el alcance institucional (Poderes Legislativo y Judicial, fideicomisos y empresas con participación pública), fortalece planificación, trazabilidad y gobernanza, y empuja la digitalización del ciclo de compras con estándares de integridad más exigentes. La propia Dirección General de Contrataciones Públicas destacó la interoperabilidad, la trazabilidad en tiempo real y los mecanismos de prevención y sanción de irregularidades; el Presidente subrayó el carácter de reforma sustantiva orientada a la eficiencia y la transparencia. Reducir este hito a una nota al margen desdibuja su impacto potencial en la contención de discrecionalidad y la rendición de cuentas. La prensa nacional recogió con claridad su promulgación y alcances (Diario Libre, 28/07/2025: https://www.diariolibre.com/politica/congreso-nacional/2025/07/28/poder-ejecutivo-promulga-nueva-ley-de-contrataciones-publicas/3196351 ; Jiménez Peña Abogados, 30/07/2025: https://jpadvisors.do/2025/07/30/novedades-de-la-ley-num-47-25-sobre-contrataciones-publicas-promulgada-en-fecha-28-de-julio-de-2025/ ).

Algo similar cabe decir del nuevo Código Penal, Ley 74‑25, que reemplaza una legislación de 141 años e incorpora más de setenta tipos penales modernos (delitos informáticos, responsabilidad penal de personas jurídicas, feminicidio, sicariato, estafa piramidal, entre otros), endurece escalas de pena y potencia herramientas para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Su vacatio legis hasta 2026 no es una dilación, sino un período de adaptación institucional—formación, protocolos, gestión interna del sistema de justicia—para aplicar una norma compleja con exigencias contemporáneas. Presentar este avance como un mero dato de trámite, sin ponderar su efecto sobre la impunidad futura, desatiende la dimensión estructural de la prevención y la sanción. La Presidencia y diversos medios documentaron el cambio y sus objetivos de protección de derechos y fortalecimiento de la seguridad ciudadana (Diario Libre, 03/08/2025: https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/08/03/codigo-penal-el-documento-completo/3203035 ; 7 Segundos, 03/08/2025: https://7segundos.com.do/abinader-promulga-el-nuevo-codigo-penal-se-convierte-en-ley-74-25/03/08/2025/ ).

Si el control del gasto es un nervio vital del Estado, la conformación de una nueva Cámara de Cuentas (2025–2029), con juramentación parlamentaria y mandato de restaurar confianza en el órgano auditor, constituye otro pilar institucional que el balance de PC menciona sin el énfasis correspondiente. La elección del pleno encabezado por Emma Polanco Melo y la exhortación legislativa a una gestión ética y transparente enviaron una señal clara de reconstrucción de capacidades de fiscalización. Ese hecho no cancela debates políticos—propios de cualquier democracia—sobre procedimientos y perfiles, pero sí reencauza el sistema de vigilancia externa de los recursos públicos, particularmente tras años de tensiones y cuestionamientos. Las fuentes oficiales y periodísticas acreditan el proceso y sus compromisos (Senado RD, 23/04/2025: https://www.senadord.gob.do/senado-de-la-republica-juramenta-y-posesiona-a-los-nuevos-miembros-de-la-camara-de-cuentas/ ; El Caribe, 24/04/2025: https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/juramentan-a-los-nuevos-miembros-camara-de-cuentas/ ).

El año también estuvo marcado por sentencias del Tribunal Constitucional que refuerzan garantías fundamentales frente a actos administrativos desproporcionados. La anulación de facultades para imponer impedimentos de salida sin orden judicial y la reafirmación de que DIGESETT no puede retener vehículos sin proceso penal abierto son hitos que consolidan el debido proceso, la libertad de tránsito y el derecho de propiedad. No son líneas declamatorias; son resoluciones con efectos prácticos en la vida de los ciudadanos y en la disciplina institucional. Omitir su peso en el balance equivale a eludir una parte sustantiva del fortalecimiento del Estado de derecho en 2025 (Ahora Noticias RD, 26/11/2025: https://www.ahoranoticiasrd.com/2025/11/tc-elimina-facultad-de-migracion-para.html ; Al Instante Diario, 24/04/2025: https://www.alinstanteadiario.com/2025/04/tribunal-constitucional-prohibe-la.html ).

La seguridad pública—campo donde, por décadas, el escepticismo fue moneda corriente—muestra datos difíciles de relativizar. La tasa acumulada de homicidios descendió a 8.3 por cada 100,000 habitantes en 2025, según reportes consistentes del Ministerio de Interior y Policía y diversos medios, representando un logro notable respecto de años previos y manteniéndose por debajo del promedio regional. Esta reducción, que se vincula a la coordinación interinstitucional, el uso creciente de tecnología y la reforma del modelo de patrullaje, no invalida la existencia de crímenes ni dolores sociales, pero sí evidencia una capacidad de contención y respuesta más eficaz. Negarlo no mejora la política; simplemente congela el análisis en prejuicios que no resisten el contraste empírico (Diario Libre, 23/06/2025: https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/06/23/en-tres-anos-rd-reduce-su-tasa-de-homicidios-en-el-pais/3160200 ; Prensa Latina, 17/06/2025: https://www.prensa-latina.cu/2025/06/17/tasa-acumulada-de-homicidios-se-situa-en-8-3-en-dominicana/ ).

La persecución del crimen organizado exhibe otro capítulo contundente: las incautaciones de la DNCD en 2025 consolidan cifras históricas y un cierre anual que supera las 47 toneladas de drogas, con operativos coordinados y colaboración internacional controlada, impactando rutas, logística y activos de redes transnacionales. Reducir esta evidencia a un inciso puede ser políticamente conveniente para quien desea subrayar únicamente lo negativo, pero es analíticamente incompleto; reconocer la magnitud de la interdicción es reconocer capacidad estatal y mensajes disuasivos que fortalecen soberanía operativa. Esos números—más allá de vaivenes diarios—no son retórica; están en reportes oficiales y en la cobertura de la prensa nacional (El Día, 14/12/2025: https://eldia.com.do/republica-dominicana-cerrara-2025-con-mas-de-47-toneladas-de-drogas-decomisadas/ ; CDN, 19/10/2025: https://cdn.com.do/nacionales/dncd-alcanza-record-en-decomiso-de-drogas-y-registra-187-mil-arrestos-en-cinco-an/ ).

Respecto del “caso SeNaSa”, que PC define como “el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano”, conviene una lectura bifocal: condena social y exigencia de sanción, sí; pero también valoración de los mecanismos institucionales que detonaron la investigación y la judicialización. Los comunicados del Ministerio Público y las declaraciones de sus autoridades describen un presunto entramado criminal y la solicitud de medidas de coerción contra imputados, con estimaciones de desfalco que superan los RD$15,000 millones. La gravedad es incuestionable; y tanto más relevante es que el proceso se haya activado con auditorías, remisiones y acción coordinada, en línea con la política de “tolerancia cero”. En términos de política pública, autodepuración y recuperación de activos son parte del fortalecimiento institucional, no una coartada. En ello, el llamado de PC a audiencias públicas y celeridad se alinea con el interés ciudadano; lo que desbalancea su texto es la insinuación de una inercia judicial generalizada que desconoce la existencia de reformas y controles aprobados este año para limitar futuras capturas patrimoniales del Estado (Listín Diario, 10/12/2025: https://listindiario.com/la-republica/20251210/wilson-camacho-sobre-caso-senasa-mas-siniestro-cruel-hemos-tenido_885648.html ; Diario Libre, 12/12/2025: https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2025/12/12/mp-red-en-senasa-capto-miles-de-millones-en-sobornos-para-lucrarse/3376087 ).

La tragedia de la discoteca Jet Set exige del periodismo y la sociedad un trato ético y prudente. Las cifras variaron conforme avanzó la identificación oficial; el INACIF publicó la lista de 230 fallecidos legalmente identificados, mientras que recuentos periodísticos y posteriores balances ascendieron hasta 236 víctimas. La discusión pública debe sostenerse sobre la mejor evidencia disponible, evitando usar un hecho devastador como ariete para conclusiones genéricas sobre “debilitamientos sistémicos” sin los peritajes y procedimientos judiciales concluidos. Honrar a las víctimas y exigir justicia es compatible con no sobredimensionar la tragedia como metáfora generalizante de la institucionalidad, cuando se requiere, ante todo, rigor técnico, responsabilidades individualizadas y reformas de seguridad estructural donde sea pertinente (Diario Libre, 15/04/2025: https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/04/15/lista-del-inacif-del-total-de-fallecidos-en-discoteca-jet-set/3075495 ; Wikipedia – verificación secundaria: https://es.wikipedia.org/wiki/Colapso_del_techo_de_la_discoteca_Jet_Set ).

En modernización de la identidad, la JCE avanzó la nueva cédula en policarbonato con chip y capacidades de firma digital, alineada con estándares OACI/ISO. Esto no es un detalle técnico; es soberanía documental, protección contra la suplantación y base para servicios digitales seguros. La licitación y la presentación pública del proyecto reflejan, además, una dinámica de transparencia y diálogo con partidos y ciudadanía. Conviene subrayar que la identidad resguardada y moderna es una herramienta directa contra el fraude y, por ende, contra oportunidades de captura y corrupción en trámites y contratos asociados a la vida pública y privada (JCE, 2025: https://jce.gob.do/Noticias/category/nueva-c%C3%A9dula ; RDE Digital, 24/06/2025: https://rdedigital.com/jce-presenta-la-nueva-cedula-de-identidad-y-electoral-2025/ ).

La economía, por su parte, transita una desaceleración que la CEPAL sitúa alrededor de 2.9% para 2025 y que el Banco Central ubica en la banda de 2.5% al cierre del año, con inflación dentro del rango meta y una estabilidad macro que no es trivial en el entorno regional. PC señala “deterioro de servicios públicos” y “dependencia del endeudamiento” como diagnósticos generales; sin embargo, la reducción de pobreza monetaria, según los boletines oficiales (por ejemplo, 18.05% en el primer trimestre), y la continuidad de variables como turismo, remesas e inversión extranjera directa sugieren un cuadro más complejo, con resiliencia y retos sectoriales que ameritan análisis desagregados. La ponderación aquí importa: desaceleración no equivale a colapso, y la evidencia de descenso en pobreza y control inflacionario matiza cualquier sentencia apocalíptica (CEPAL, 16/12/2025: https://www.cepal.org/es/publicaciones/84460-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2025 ; Demócrata/Europa Press, 29/10/2025: https://www.democrata.es/economia/banco-central-republica-dominicana-anticipa-crecimiento-economico-25-2025/ ; 7Días, 26/05/2025: https://7dias.com.do/2025/05/26/pobreza-monetaria-en-rd-baja-a-18-05-en-el-primer-trimestre-de-2025-segun-informe-mepyd/ ; MEPyD, boletines oficiales: https://mepyd.gob.do/vaes/boletin-pobreza-monetaria ).

Queda la cuestión de soberanía frente a la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos. PC alude a “preocupaciones” sobre el tema. La información pública indica un acceso temporal y supervisado a áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las Américas, para apoyar operaciones de vigilancia e interdicción, con vigencia definida hasta abril de 2026 y acompañamiento permanente de autoridades dominicanas. El comunicado de la Embajada y otros medios explican el carácter técnico de la colaboración—reabastecimiento, transporte de equipos, apoyo logístico—dentro de protocolos bilaterales antiguos y bajo control nacional. En términos de soberanía, esto no es cesión de jurisdicción ni presencia indefinida: es una cooperación limitada en un delito transnacional con alto costo social y económico para el país. La discusión pública es legítima; pero debe reconocer el marco jurídico y operativo que resguarda la decisión política y la supervisión dominicana (Embajada de EE.UU., 28/11/2025: https://do.usembassy.gov/es/republica-dominicana-amplia-cooperacion-con-los-ee-uu-para-reforzar-vigilancia-contra-narcotrafico/ ; Infobae/Europa Press, 27/11/2025: https://www.infobae.com/america/agencias/2025/11/27/republica-dominicana-permite-a-eeuu-usar-sus-aeropuertos-para-su-despliegue-militar-en-el-caribe/ ; CNN en Español, 26/11/2025: https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/26/mundo/video/republica-dominicana-eeuu-militar-narcotrafico ; PoliticoLatam, 02/12/2025: https://politicolatam.com/2025/12/02/abinader-fija-fecha-de-termino-al-acuerdo-con-estados-unidos-para-uso-de-aeropuertos/ ).

A la luz de todo lo anterior, el 2025 no puede despacharse con una sentencia monocorde. El Estado dominicano, con todas sus asignaturas pendientes, es hoy más competente para asignar y vigilar recursos, para perseguir delitos complejos, para garantizar derechos y para resguardar la identidad ciudadana. Se ha reformado el esqueleto legal de las contrataciones públicas, se ha actualizado un Código Penal obsoleto, se ha reencauzado el control externo del gasto, se han emitido sentencias constitucionales que acotan poderes administrativos desbordados, se ha reducido la tasa de homicidios, se han decomisado drogas en volúmenes inéditos y se ha avanzado en una cédula robusta y segura. Ninguno de esos elementos anula la necesidad de acelerar procesos judiciales, de mejorar capacidades en justicia y servicios, de revisar políticas sociales o de debatir la cooperación internacional con ojo crítico. Pero sí obligan a reconocer que el balance del año contiene fundamentos objetivos para valorar positivamente la capacidad del gobierno y la soberanía efectiva del Estado.

Las organizaciones cívicas cumplen un papel esencial en la democracia; su tarea es cuestionar, vigilar y proponer. Un balance responsable, no obstante, debe ponderar los avances con la misma intensidad que los retrocesos, distinguir entre casos en investigación y conclusiones firmes, y evitar que el legítimo reclamo por transparencia derive en una narrativa que invisibiliza reformas profundas y resultados comprobables. La República Dominicana ha dado pasos concretos para blindar sus instituciones, y esa es la dimensión que debe ocupar una parte mayor del espacio público cuando hablamos de soberanía en tiempo presente: la capacidad real de gobernar—con controles, garantías y datos—en favor de la ciudadanía.

Ing. Luis Orlando Díaz Vólquez, articulista

Martes, 16 de diciembre de 2025

Palabras clave: República Dominicana; transparencia; contrataciones públicas; seguridad ciudadana; soberanía; corrupción; Participación Ciudadana.

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Balance institucional 2025 en República Dominicana: una lectura crítica del informe de Participación Ciudadana con énfasis en soberanía y acción gubernamental

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

@GuasabaraEditor | 16 de diciembre de 2025


Resumen: El informe publicado por Participación Ciudadana (PC) y difundido por El Caribe presenta un balance mixto del año 2025 en República Dominicana. Este artículo ofrece una crítica fundada en evidencia pública y datos oficiales recientes, resaltando los avances que fortalecen la capacidad del Estado, la transparencia, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional. En particular, se analizan las reformas normativas (Ley 47‑25 de Contrataciones Públicas; nuevo Código Penal 74‑25), la conformación de una nueva Cámara de Cuentas, los indicadores de seguridad (tasa de homicidios), la lucha contra el crimen organizado (incautaciones de la DNCD), y la modernización de la identidad ciudadana (nueva cédula). Se examina también el “caso SeNaSa” desde la perspectiva del debido proceso y la política de autodepuración institucional. Finalmente, se discute el acuerdo de cooperación antinarcóticos con Estados Unidos, subrayando sus límites temporales y mecanismos de supervisión, en clave de soberanía. [elcaribe.com.do]

1. Introducción

El texto de PC difundido por El Caribe sintetiza avances e insuficiencias del 2025, pero utiliza categorías amplias y, por momentos, un lenguaje valorativo que exige contrastes empíricos adicionales. Esta crítica adopta un enfoque analítico: verifica hechos con fuentes oficiales y prensa nacional acreditada; identifica sesgos y omisiones; y enfatiza los componentes que fortalecen gobierno, institucionalidad y soberanía. [elcaribe.com.do]

A nivel regional, la CEPAL confirma un entorno de bajo crecimiento para 2025–2026; en ese marco, apreciar avances institucionales y de seguridad es relevante para la resiliencia del Estado dominicano. [cepal.org], [diariolibre.com]


2. Revisión metodológica del documento de PC

El informe de PC reúne hechos heterogéneos (cambios legales, casos judiciales, tragedias) bajo una narrativa de “retrocesos”, sin ponderar de manera equivalente el peso de reformas estructurales ni la evidencia cuantitativa reciente en seguridad o gestión pública. [elcaribe.com.do]

Para una evaluación más balanceada, conviene contrastar cada afirmación con datos y normas promulgadas en 2025 (Leyes 47‑25 y 74‑25, nueva Cámara de Cuentas, decisiones del Tribunal Constitucional), y con indicadores de criminalidad e incautaciones de drogas reportados por DNCD y Ministerio Público. [diariolibre.com], [diariolibre.com], [senadord.gob.do], [ahoranoticiasrd.com], [wp.consejo…srd.gob.do]


3. Avances normativos y de control: pilares de gobernanza

3.1. Ley 47‑25 de Contrataciones Públicas
La promulgación de la Ley 47‑25 moderniza el régimen de compras del Estado, amplía el alcance institucional, refuerza la planificación y la trazabilidad digital, y eleva estándares de integridad. Es una reforma de gran calado que PC menciona sin ponderar su impacto sistémico. [diariolibre.com], [jpadvisors.do]

La propia norma fija entrada en vigor con vacatio legis y prevé reglamentos para interoperabilidad y control, elemento clave para reducir discrecionalidades y fortalecer la fiscalización. [eldia.com.do], [phlaw.com]

3.2. Nuevo Código Penal (Ley 74‑25)
El nuevo Código Penal sustituye una legislación de 141 años, incorpora delitos modernos (ciberdelitos, crimen organizado, feminicidio), aumenta escalas de pena y reconoce responsabilidad penal de personas jurídicas; PC lo califica como avance, pero subestima su potencial para cerrar brechas de impunidad. [diariolibre.com], [7segundos.com.do]

La vacatio legis (entrada en vigor 2026) permite ajustes operativos y capacitación judicial, mientras que su diseño mejora herramientas contra la corrupción (plazos y sanciones). [cronicajud…ial.com.do], [phlaw.com]

3.3. Nueva Cámara de Cuentas (2025–2029)
La conformación del pleno presidido por Emma Polanco reancla el control externo del gasto público; la legitimidad parlamentaria y el mandato explícito de transparencia fortalecen la arquitectura anticorrupción. [senadord.gob.do], [elcaribe.com.do]

3.4. Tribunal Constitucional y garantías
En 2025, el TC emitió sentencias que robustecen derechos fundamentales, incluyendo la anulación de impedimentos de salida sin orden judicial y límites a retenciones administrativas arbitrarias, reforzando debido proceso y libertad de tránsito. [ahoranoticiasrd.com], [alinstante…diario.com]


4. Seguridad y reforma policial: evidencia frente al delito

PC reconoce la actuación de DNCD y la reducción de homicidios, pero insiste en una narrativa de “penetración del narcotráfico” sin contraste proporcional con los resultados operativos y el rediseño policial. [elcaribe.com.do]

La tasa acumulada de homicidios se redujo a 8.3 por cada 100,000 en 2025, cifra sostenida por varias publicaciones oficiales y de prensa; es un descenso relevante frente a registros previos y por debajo del promedio regional. [diariolibre.com], [prensa-latina.cu]

La reforma policial avanzó en formación, carrera de patrullero, equipamiento y propuesta de nueva ley orgánica, con metas para incrementar policías dedicados a prevención y fortalecer supervisión y derechos humanos. [diariolibre.com], [elnacional.com.do]


5. Crimen organizado y resultados de interdicción

La DNCD reportó decomisos significativos durante 2025, con cierres de año que superan decenas de toneladas, consolidando una ofensiva sostenida contra rutas y estructuras de apoyo del narcotráfico. [eldia.com.do], [cdn.com.do]

Estos resultados, junto con el descenso de homicidios y la coordinación interinstitucional, son factores que PC debería incorporar con mayor peso en su balance, en lugar de concentrarse en casos de penetración política sin dimensión comparativa de impacto. [elcaribe.com.do], [reporteextra.com]


6. El “caso SeNaSa”: entre el deber de sanción y la autodepuración institucional

El informe de PC califica el “caso SeNaSa” como el hecho más grave del año. Los datos del Ministerio Público y prensa señalan un presunto desfalco superior a RD$15,000 millones y la judicialización en curso con solicitudes de coerción. [listindiario.com], [diariolibre.com]

La lectura crítica debe considerar que, según versiones públicas, el proceso surge con cooperación del Ejecutivo (auditorías y remisión a PEPCA), como expresión de una política de “tolerancia cero” y recuperación de activos; de confirmarse plenamente, sería evidencia de autodepuración y fortalecimiento institucional, más que de “blindaje” de impunidad. [es.wikipedia.org], [diariolibre.com]

El debido proceso exige audiencias públicas y celeridad, tal como demanda PC, pero sin prejuzgar sentencias ni descalificar avances estructurales que reducen oportunidades de captura patrimonial (Ley 47‑25; nueva Cámara de Cuentas). [elcaribe.com.do], [diariolibre.com]


7. Tragedia del Jet Set: rigor y prudencia en los recuentos

PC incorpora el colapso del techo de la discoteca Jet Set como hito del año, con cifras de víctimas que varían según cortes temporales y fuentes (listas oficiales del INACIF vs. recuentos periodísticos). Registros públicos reportan 230 identificados y balances que ascienden hasta 236 fallecidos en reportes posteriores; el análisis responsable debe reconocer la variación y la actualización de cifras. [diariolibre.com], [es.wikipedia.org]

El tratamiento judicial y técnico que demanda PC es pertinente, aunque extrapolar esta tragedia para concluir debilitamientos sistémicos sin evidencia adicional puede ser metodológicamente problemático. [elcaribe.com.do]


8. Modernización de identidad y gobernanza digital

La JCE avanzó en el proyecto de nueva cédula (material policarbonato, chip, firma digital, estándares OACI/ISO), lo que fortalece trazabilidad, servicios digitales y la protección de la identidad—un componente clave de soberanía documental. [jce.gob.do], [rdedigital.com]

La licitación, cronogramas y presentación pública de especificaciones demuestran transparencia y dirección técnica del proceso. [diariolibre.com], [elsoldelar…ublica.com]


9. Economía y política social: desaceleración con estabilidad y reducción de pobreza

La economía dominicana cerraría 2025 con crecimiento cercano a 2.5–2.9% según Banco Central y CEPAL; pese a la desaceleración, la inflación se mantiene dentro del rango meta y la estructura macro conserva estabilidad. [democrata.es], [diariolibre.com]

Indicadores oficiales reportan disminución de la pobreza monetaria (por ejemplo, 18.05% en el primer trimestre), con boletines del MEPyD y ONE que respaldan una tendencia de reducción anual y mejoras distributivas recientes. [7dias.com.do], [mepyd.gob.do]

Este marco contradice el énfasis del informe de PC en un “deterioro general” de servicios públicos sin matices; se requiere un análisis sectorial desagregado y longitudinal para sostener tal afirmación. [elcaribe.com.do]


10. Soberanía y cooperación antinarcóticos con EE. UU.: alcance y límites

PC sugiere “preocupaciones sobre soberanía” por acuerdos antinarcóticos. La documentación pública indica que el acceso temporal y supervisado a instalaciones (San Isidro; AILA) forma parte de una cooperación técnica para reforzar vigilancia en el Caribe contra redes transnacionales, con vigencia definida hasta abril de 2026 y acompañamiento de autoridades dominicanas. [infobae.com], [politicolatam.com]

La Embajada de EE. UU. y medios internacionales describen la iniciativa como apoyo logístico y de reabastecimiento para operaciones de interdicción, insertas en protocolos bilaterales y bajo supervisión nacional, lo que matiza el cuestionamiento de soberanía y lo ubica en la categoría de cooperación controlada. [do.usembassy.gov], [cnnespanol.cnn.com]


11. Conclusiones

El balance de PC acierta al exigir celeridad procesal y audiencias públicas en casos de gran corrupción; no obstante, su narrativa subestima reformas estructurales y resultados operativos que aumentan la capacidad estatal y la soberanía efectiva (contrataciones públicas, control externo, nuevas garantías constitucionales, reducción de homicidios, interdicción de drogas y fortalecimiento de identidad). [diariolibre.com], [senadord.gob.do], [ahoranoticiasrd.com], [diariolibre.com], [eldia.com.do], [jce.gob.do]

Una lectura equilibrada del 2025 muestra un Estado con más herramientas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción y el crimen organizado, con cooperación internacional limitada y supervisada en materia antinarcóticos, y con avances en identidad y control del gasto—logros que favorecen al gobierno y a la soberanía de la República Dominicana. [politicolatam.com], [jce.gob.do], [diariolibre.com]


Referencias


Notas finales

  • Esta crítica se centra en ponderación y verificación: los avances institucionales y métricas de desempeño estatal deben recibir un peso proporcional en el balance anual, especialmente cuando impactan la soberanía efectiva del Estado (capacidad de controlar el gasto, interceptar delitos transnacionales, garantizar derechos y documentar la identidad).
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